Hace unos días, cuando la atención estaba centrada en
lo que podía declarar el fiscal Jeff Sessions ante el Comité de Inteligencia
del Senado, el presidente Donald Trump presentó a su nominado para ocupar el cargo
de director del FBI para los próximos diez años.
El
nominado, un abrogado republicano de 50 años, que se ha especializado en casos
que involucran delitos de cuello blanco, con larga experiencia, tanto como
litigante como dentro de la burocracia del Departamento de Justicia, de nombre
Christopher A. Wray.
El
abogado Christopher Asher Wray, nació en la ciudad de Nueva York, el 17 de
diciembre de 1966. Su padre Cecil Wray Jr. era también un abogado litigante de
la firma Debevoise & Plimpton y su madre, Gilda Gates Wray trabajaba para
la Fundación Charles Haydeen.
Wray
comenzó sus estudios en un colegio privado, Phillips Academy, en Andover,
Massachusetts. En 1989, Wray se graduó cum laude en la Universidad de Yale y
como abogado en la Escuela de Derecho de Yale, en 1992, donde fue redactor
ejecutivo del Yale Law Journal.
Una
vez recibido, trabajó brevemente para el juez J. Michael Lutting, en la Corte
de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito.
Entre
1993 y 1997 trabajó como abogado para la firma legal Kings & Spalding, en
la ciudad de Atlanta.
En
1997, ingresó a justicia como asistente de Fiscal Federal para el Distrito Norte
de Georgia.
En
2001, se trasladó al Departamento de Justicia como subprocurador asociado y
principal procurador general adjunto.
En
2003, el presidente George W. Bush propuso a Wray como asistente del fiscal
general para dirigir la División Criminal del Departamento de Justicia. Su
nominación fue aprobada por unanimidad en el Senado.
Como jefe
de la División Criminal combatió la ola de escándalos por fraudes corporativos
y trabajó para restaurar la integridad a los mercados financieros. Sirvió
también en la “Fuerza de Tareas de Fraude
Corporativo” del presidente y supervisó el Grupo de Trabajo para Enron.
Desde
esa posición dirigió investigaciones, procesamientos y desarrollo políticas en
casi todas las áreas del derecho penal federal, incluyendo fraudes en valores,
fraude de salud, ley de prácticas corruptas en el extranjero y violaciones a
las sanciones comerciales, corrupción, piratería de marcas y de propiedad
intelectual, cibercrimen y ley RICO.
También
cumplió un papel clave en la supervisión de la guerra contra el terrorismo.
Al
concluir su mandato, en 2005, Wray recibió el Premio Edmund J. Randolph, el
mayor premio otorgado al servicio público.
Mientras
Christopher A. Wray se desempeñaba como procurador general adjunto, entre 2003
y 2005, el hoy destituido ex director del FBI, James Comey era el procurador
general adjunto y el hoy asesor especial del Departamento de Justicia para la
investigación del papel de Rusia en las elecciones de 2016, Robert Mueller, era
director del FBI, cargo para él está nominado Wray.
Actualmente,
los tres altos funcionarios y abogados prestigiosos se vuelven a reunir en el
centro del tablero, aunque en posiciones muy distintas.
Después
de dejar la función pública, Wray retornó a la firma jurídica Kings &
Spalding para llevar adelante casos de delitos de cuellos blanco. Allí dirigió
el Grupo Kings & Spaling para Investigar Temas Especiales y Prácticas
Gubernamentales, considerado el “grupo
legal sobre crímenes de cuello blanco” del año por Law360 y fue denominado “la firma principal en esta área de práctica
legal” por US News & Word Report.
Wray
tuvo como clientes a muchas de las empresas que figuran entre las 100 mayores
de la lista elaborada por la revista Fortune.
Durante
su etapa como litigante en Kings & Spalding, Wray actuó como abogado
personal del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, durante el escándalo
en Bridgegate, provocado por el
cierre de carriles en el puerto George Washington, en 2013, como medio de
atacar a los opositores políticos.
Si
bien Christie fue declarado inocente, dos de sus colaboradores fueron
condenados y la actuación de Wray fue cuestionada, después de que dos años más
tarde, apareció en su poder un teléfono perteneciente a Christie, buscado durante
el juicio.
El
principal problema para la candidatura de Wray al FBI es que la firma Kings
& Spaldins, que emplea unos 600 abogados, entre ellos Bobby Burchfield
quien se desempeña actualmente como asesor de ética del presidente Trump; es
que entre sus clientes se cuentan las grandes empresas estatales rusas Rosnefl
y Gazprom. Nuevamente, los vínculos con Rusia aparecen en segundo plano.
Si
bien Wray presenta buenas credenciales para ocupar el cargo de director del FBI,
falta saber si esta opinión es compartida por la mayoría de los senadores o
pesarán más las sospechas sobre Kings & Spalding y el affaire Bridgegate.
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