domingo, 31 de diciembre de 2017

LIBERIA ENCARA SU PRIMERA TRANSICIÓN DE GOBIERNO PACÍFICA EN 73 AÑOS



En Liberia, un país fundado por ex esclavos estadounidenses, el próximo 22 de enero asumirá como presidente un jugador profesional de futbol.

La República de Liberia, cuyo nombre significa “tierra de los libres”, apareció reiteradamente en las noticias asociada a una cruenta y prolongada guerra civil, a los niños soldados, los “diamantes de sangres” y la epidemia de ébola.

Ahora esta a punto de ingresar al “Libro Guinness de los Récords” por ser el primer país del mundo en ser gobernado por un ex futbolista profesional ganador del “Balón de Oro” de la FIFA.

Ubicada en el África Occidental, con costas bañadas por las aguas del Atlántico, esta república subsahariana se caracteriza por presentar un paisaje caracterizado por amables llanuras costeras que van elevándose hacia el centro del paisaje. Primero en forma de una meseta y luego en elevaciones de poca altura en el noreste.

La población de Liberia comprende aproximadamente a cuatro millones de personas distribuidas en dieciséis grupos étnicos distintos. Donde el grupo de los Kpelle asentados en el centro y oeste del territorio liberiano constituyen el grupo más numeroso.
Sin embargo, la etnia más influyente política y económicamente son los “afroamericanos” o “Congos” descendientes de esclavos estadounidenses liberados que constituyen tan sólo el 5% de la población total.

A partir de 1821, los ex esclavos arribaron a Liberia enviados por la “Sociedad Americana de Colonización”. Desde la llegada al país su relación con la población local fue siempre conflictiva.

Liberia también alberga minorías de otros países africanos y no africanos: libaneses, indios, europeos y estadounidenses blancos.

Se trata de un país anglófono, aunque se hablan lenguas tribales, de mayoría cristiana y fuerte presencia musulmana. Ambas comunidades religiosas conviven sin mayores conflictos.

El 26 de julio de 1847, los “afroamericanos”, con la aprobación y el apoyo de los Estados Unidos, crearon la “República de Liberia”, adoptando las instituciones y símbolos inspirados en los estadounidenses.

Aunque Liberia, gracias a la protección diplomática de los Estados Unidos, logró escapar al reparto colonial del mundo, surgido de la Conferencia de Berlín de 1884, debió ceder gran parte de su territorio a sus voraces vecinos imperialistas: Francia y el Reino Unido.

Aunque se trataba de un país independiente, la economía y el nivel de desarrollo de Liberia, no fue muy distinto de alcanzado por sus vecinos coloniales. Una sociedad aún tribal con una economía agrícola casi de subsistencia. Pero, esto comenzó a cambiar cuando, en 1926, estableció allí sus plantaciones de caucho la empresa Firestone.

Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, los Estados Unidos comenzaron a intervenir para impulsar el desarrollo del país.

La inestabilidad política comenzó el 12 de abril de 1980 cuando el sargento mayor Samuel Kanyon Doe llevó a cabo un golpe de Estado y asesinó al presidente William R. Tolbert Jr., quien había gobernado los últimos nueve años.

Samuel Doe, profundamente anticomunista, estableció una férrea dictadura encarcelando, exilando o asesinado a los políticos opositores. Doe se mantuvo en el poder con el apoyo y la asistencia de los Estados Unidos.

El 1989, la crueldad del régimen de Doe dio lugar al comienzo de una sangrienta guerra civil que con un breve intermedio se prolongaría hasta 2003 y que costaría al país 250.000 muertos y 40.000 niños soldados.

En septiembre de 1990, Samuel Doe fue depuesto y como es tradición en África, asesinado por las fuerzas comandadas por Yormie Johnson y miembros de la etnia Gio. La anarquía se apoderó del país.

En 1997, después de un acuerdo de paz se celebraron elecciones presidenciales en las que se impuso un señor de guerra llamado Charles McArthur Ghankay Taylor, comandante de las Fuerzas Nacionales Patrióticas de Liberia, quien mantenía muy buenas relaciones con Muammar Al Gadafi. Una vez en la presidencia, Taylor se dedicó a perseguir a los políticos opositores. Por lo cual, en 1999, comenzó otra vez la guerra civil hasta 2003.
Finalmente, en ese año una conferencia de paz logró pacificar al país. Charles G. Taylor tomó los “diamantes de sangre” que había logrado acumular vendiéndole armas a las guerrillas del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona y se refugió en Nigeria, afirmando al partir: “Si Dios quiere, volveré”.

En las elecciones de noviembre de 2005, Ellen Johnson-Sirleaf, una economista graduada en Harvard derrotó en una cuestionada segunda vuelta electoral al vencedor de la primera, el futbolista George Weah.

Johnson-Sirleaf, antigua funcionaria del Citibank y el Banco Mundial, residió gran parte de su vida en los Estados Unidos, por lo cual desconocía la realidad liberiana en detalle, pero contaba con el decidido apoyo de los Estados Unidos. Inmediatamente se sospechó que había ganado las elecciones mediante el fraude.

Convertida en la primera mujer africana en alcanzar la presidencia, Johnson-Sirleaf se dedicó a restablecer el funcionamiento de los servicios básicos: agua y electricidad, desarmar a los niños soldados y poner en funcionamiento la economía e investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la prolongada guerra civil para lo cual creó una “Comisión por la Verdad y la Reconciliación”.

En 2006, el gobierno de Liberia logró la extradición de Charles Ghankay Taylor, pero por temor a la desestabilización del país se lo trasladó a la Institución Penitenciaria Haagalenden, en La Haya, donde fue juzgado por el Tribunal Especial para Sierra Leona de la Corte Penal Internacional.

En abril de 2012, Taylor fue hallado culpable de once cargos, entre ellos, asesinatos, violaciones, esclavismo, mutilaciones y uso de menores soldados. Se convirtió así en el primer exjefe de Estado contra el que la justicia internacional completaba un juicio. Fue condenado a cincuenta años de cárcel por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Liberia y Sierra Leona. Al parecer Dios no quiere que el ex dictador regrese a Liberia donde tanto daño ha hecho.

En 2011, Ellen Jonhson-Sirleaf se convirtió en la primera liberiana en ganar el Premio Nobel de la Paz por su labor en pro de la paz, la justicia y la reconciliación en su país.

En 2010, Johnson-Sirleaf fue reelecta como presidente de Liberia, pero su segunda presidencia se vio ensombrecida por el estancamiento de la economía -que actualmente enfrenta la mayor tasa de desempleo del mundo: 88%), los altos niveles de corrupción gubernamental y la epidemia de ébola que, en 2014, mató a unas cinco mil personas.

En las elecciones de octubre de 2017 compitieron por el oficialista Partido de la Unidad, el actual vicepresidente Joseph Boakai, de 73 años, apodado “Joe, el dormilón” por su costumbre de quedarse dormido en los actos oficiales. Antiguo graduado de la Universidad de Kansas ha pasado sus últimos treinta años como alto funcionario. Fue consultor del Banco Mundial, director de la Refinería Estatal de petróleo y, vicepresidente los últimos doce años.

El candidato opositor, era el senador George Weah, de 51 años, postulado por el “Congreso por el Cambio Democrático”, partido político que creara en 2004.
George Manneh Oppong Ousman Weah, nació el 1° de octubre de 1966, en Clara Town, un suburbio pobre de “Isla Bushrod”, una isla situada a la entrada del puerto de Monrovia, capital de Liberia. En el seno de una familia cristiana perteneciente a la etnia Kru. Desde pequeño vivió en la pobreza que compartía con sus doce hermanos. Su crianza pronto quedó a cargo de su abuela paterna, Emma Kljonjlaleh Brown.

A los quince años, Weah comenzó a jugar al futbol profesionalmente en el Young Survivors of Claratow. En 1988 fue contratado por el A. S. Mónaco comenzando su carrera como futbolista internacional. En 1992, pasó al Paris Saint Germain. A finales de 1995, recibió cuatro premios internacionales. El más importante fue el Balón de Oro, el primero en ser obtenido por un futbolista africano. Además, fue nombrado jugador Mundial de la FIFA, Jugador del Año en África por la Confederación Africana de Fútbol y la revista francesa “Onze Mondial” le otorgó el “Once de Oro” al mejor futbolista de Europa.

En agosto de 2003, mientras jugaba en el equipo “Al Jazira” de Emiratos Árabes Unidos, anunció su retiro del futbol. George Weah, que tiene ciudadanía estadounidense y francesa, además de liberiana, pasó toda la guerra civil en el extranjero como jugador de futbol. Además, sus dos hijos -hoy futbolistas de la selección estadounidense- se educaron en los Estados Unidos. Luego de su retiro anunció que se dedicaría a la política en su país.
Aprovechando la reciente pacificación del país y la convocatoria a elecciones, creó el partido “Congreso para el Cambio Democrático” con el cuál ganó la primera vuelta electoral, en las elecciones de 2005, con el 28,3% de los votos. Como hemos señalado, en la segunda vuelta fue derrotado por Johnson-Sirleaf, en unos comicios sospechados de fraudulentos.

En 2007, se trasladó a Miami donde estudio administración de empresas y criminología en la Escuela de Negocios y Gestión de la DeVry University Miramar.

En la primera vuelta electoral, celebrada el 10 de octubre de 2017, obtuvo el primer lugar con 38,4% de los votos y ratificó en la segunda vuelta consiguiendo un aplastante 61,5% de los sufragios.

Weah, conocido popularmente como “Míster George”, es un político joven y carismático que ha sabido lograr el apoyo de la juventud, en un país donde uno de cada cinco liberianos tiene entre 18 y 20 años. Ese apoyo juvenil se observa en el activismo callejero que realizan los miembros de partido.

El presidente electo recibe un país empobrecido, carene de las infraestructuras básicas para asistir a una población sumida en la pobreza, con un alto nivel de desocupación, con las heridas provocadas por años de guerra civil no totalmente cicatrizadas y con la temible amenaza de un nuevo brote de ébola siempre presente.

El presidente electo tiene apoyos y una excelente relación con Francia, país donde vivió mucho tiempo y del, como se ha dicho tiene la ciudadanía. El presidente Emmanuel Macron saludó el triunfo electoral del ex futbolista con el siguiente tweet: “Felicidades a George Weah” por su brillante elección y a todo el pueblo liberiano por su viaje a la paz y a la reconciliación. A “Míster George” congratulaciones”.

Esto hace pensar que, en Liberia, durante el mandato de Weah, posiblemente Francia obtenga una gran influencia en el país. Especialmente, porque el presidente Donald Trump no ha mostrado mucha preocupación por el continente y su reciente decisión en la cuestión de Jerusalén no le ha ganado muchos amigos en la región.

Mientras que el presidente Macron a demostrado con su asistencia a cumbres regionales, sus frecuentes viajes al continente y la presencia militar francesa en el Sahel, que África constituye una prioridad para Francia. Especialmente, el África Occidental francófona.
Pero, lo que realmente preocupa a todos los observadores es el papel que ocupará en el futuro gobierno la vicepresidente electa. La hasta ahora senadora Jewel Howard Taylor, ex esposa del “señor de la guerra” Charles G. Taylor, quien a sus 69, cumple la condena de cárcel en la Haya que le impuso la Corte Penal Internacional.

Por el momento, la presidente Johnson-Sirleaf ha creado por decreto un “equipo de transición”, compuesto de varios ministros para organizar una transferencia ordenada de poderes que tendrá lugar el próximo 22 de enero de 2018. Ese día Liberia será el primer país gobernado por una ex estrella del fútbol y habrá efectuado la primera transición del mando en paz en los últimos 75 años.


jueves, 28 de diciembre de 2017

ARGELIA EN UNA ENCRUJIDA ECONÓMICA




El país más extenso del Magreb enfrenta una brutal pérdida de reservas monetarias como resultado de un gasto militar desbordado y una economía poco diversificada, basada únicamente en exportaciones de hidrocarburos, en una época de bajos precios para el petróleo.

Argelia esta pagando las consecuencias de una combinación de factores negativos que la condena inexorablemente a una explosiva crisis económica y social.

La actual situación se ha estado formando gradualmente en la medida en que su liderazgo envejecía sin abandonar los prejuicios ideológicos de los tiempos de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, su economía nada diversificada se concentraba únicamente en la exportación de gas y petróleo, de donde proviene el 95% de las exportaciones argelinas.

Por otra parte, Argelia vive por encima de sus posibilidades, en especial en materia de gasto militar.

El gasto militar argelino es el mayor de África, el tercero entre los países árabes y el número dieciocho del mundo, con casi 11.000 millones dólares, que representa el 6,7% del PBI, en 2016.

El gobierno de Argelia dedicó a la defensa el 14,65% del gasto público total. Además, el pueblo debe soportar la pesada carga de apoyar al separatismo saharaui. Las erogaciones que demanda el sostener la estructura burocrática del Frente Polisario con el costo de solventar a sus milicias y a las actividades de propaganda y el turismo diplomático que hacen los polisarios por los foros internacionales y en diversos países. Además, están los gastos que ocasiona mantener a la población marroquí retenida en los campos del sur del Sáhara argelino.

Para financiar su elevado gasto público, Argelia necesitaría que el precio del barril de petróleo se situara en torno a los ochenta dólares, pero el precio actual del hidrocarburo se encuentra estancado alrededor de los cincuenta dólares.

Por lo tanto, el gobierno del presidente Bouteflika, con un déficit comercial de 17.000 millones de dólares al año esta consumiendo en forma acelerada sus divisas.

Entre finales de 2014 y finales de 2016, Argelia perdió 65.000 millones de dólares de sus reservas que pasaron de 176.000 millones a 114.000 millones de dólares. Actualmente, las divisas que continuaron descendiendo a una tasa anual de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, se sitúan en aproximadamente 94.000 millones.

En los últimos años, el gobierno consumió totalmente los recursos provenientes del Fondo de Control de Ingresos (FRR por sus siglas en inglés), creado en el año 2000 para recaudar el excedente de los ingresos petroleros.

Durante los años de prosperidad, en que el barril de petróleo se mantuvo entre los 120 y 150 dólares, el FRR contaba con grandes reservas de divisas. En 2012, el FRR contaba con 72.000 millones de dólares. Hoy ese dinero se ha agotado.

Para colmo de males, Bouteflika y sus ministros se empeñan en aplicar la misma receta económica que llevó al desastre económico a la Venezuela chavista. Esta consiste en la emisión descontrolada de papel moneda sin respaldo que a su vez provoca altas tasas de inflación. Para combatir el desborde inflacionario el gobierno argelino recurrió a la imposición de precios máximos a los productos de primera necesidad, prohibiciones de importación a productos considerados suntuarios y persecución a los pequeños comerciantes que violan los precios máximos.

Recientemente, el primer ministro Ahmed Ouyahia, dio a conocer una nómina de 851 productos cuya importación quedaba prohibida (entre ellos teléfonos inteligentes, computadoras y otros artefactos electrónicos)

Estas medidas económicas, además de ser ineficaces, terminan fomentando el contrabando, el mercado negro y la economía informal y son sumamente impopulares entre la población.

La única solución posible hoy no esta al alcance de un gobierno dictatorial y opaco ante la opinión pública internacional. Esta consiste simplemente en abrir y diversificar la economía.
Abrir la economía argelina al mundo y atraer inversiones extranjeras es imposible para un país asolado por la corrupción, sin seguridad jurídica y donde la legislación prohíbe a los extranjeros poseer más del 49% de una empresa.

En estas condiciones, aunque 90.000 millones de dólares en reservas pueden ser enviables para otros países del Tercer Mundo, Argelia está transitando la misma senda que antes recorrieron Venezuela y Zimbabue y ya sabemos a dónde conduce ese camino.


Por otra parte, la declinación económica que enfrenta Argelia se ve reflejada en la clara perdida de influencia política del país en el campo internacional. Las recientes cumbres africanas, donde el anciano presidente Abdelaziz Bouteflica estuvo ausente, han sido una clara evidencia de ello, como así también la escasa importancia que el presidente francés Emmanuel Macron dio a su visita a Argelia. 

martes, 26 de diciembre de 2017

PERÚ ENFRENTA UNA SERIA CRISIS DE GOBERNABILIDAD



La decisión del presidente Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori ha cambiado la correlación de fuerzas en el Perú y abierto la mayor crisis institucional de los últimos tiempos.

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, que asumió el cargo en 2016 como la gran esperanza latinoamericana contra el populismo, ha pasado a ser una decepción para propios y ajenos.

Primeros fue la revelación de sus vínculos ocultos con la corrupta empresa constructora brasileña Odebrecht que durante décadas repartió jugosos sobornos entre funcionarios y políticos de doce países para asegurarse la adjudicación de grandes contratos de obras públicas que no siempre finalizaba.

En Perú, Odebrecht distribuyó, entre 2005 y 2014, aproximadamente veintinueve millones de dólares en sobornos que le permitieron obtener beneficios por más de ciento cuarenta y tres millones de dólares.

En un principio las sospechas cayeron sobre los gobiernos de Alejandro Toledo (2001 – 2006); Alan García (2006 – 2011) y Ollanta Humala (2011 – 2016).

El ex presidente Alejandro Toledo fue condenado (en ausencia) a 18 meses de prisión preventiva mientras se investiga si recibió un soborno de veinte millones de dólares. Pero, prudentemente el ex mandatario huyó, primero a los Estados Unidos y ahora se ha refugiado en Francia.

El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia también fueron condenados a dieciocho meses de prisión preventiva acusados de haber recibido una “contribución” ilegal de tres millones de dólares para financiar su campaña presidencial en 2010.

También la dirigente opositora del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue acusada de haber recibido financiamiento ilegal de Odebrecht para la campaña presidencial de 2016. Es que la empresa brasilera financiaba a todos los candidatos para no perder negocios cualquiera fuera el triunfador. No obstante, en el caso de Keiko Fujimori, al menos por el momento, la acusación no ha prosperado.

Pero el acontecimiento que cambio la política peruana fue la imputación de que una empresa perteneciente al presidente Pedro Pablo Kuczynski vendía servicios de asesoría al conglomerado Odebrecht al mismo tiempo que él se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo.

Inmediatamente, el congreso, dominado por los fujimoristas, abrió la instancia de juicio político, que en Perú asume la forma de “vacancia por incapacidad moral”.
Cuando el presidente Kuczynski parecía estar a punto de ser destituido logró forjar un acuerdo espurio que salvó a su gobierno.

Por un lado, pactó con la líder izquierdista Veronika Mendoza para que sus diez diputados se abstuvieran. Para convencer a la dirigente izquierdista le aseguró que, en caso de ser destituido sus dos vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Araoz, renunciarían también. En ese caso la presidencia del Perú quedaría en manos del presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta. La posibilidad de un presidente fujimorista venció todos los reparos de Mendoza.

Simultáneamente, acordó con el sector fujimorista disidente liderado por el hijo menor del ex presidente, Kenji Fujimori.

En esta forma la propuesta de destitución que necesitaba 87 votos sólo obtuvo 79 votos afirmativos, 19 votos en contra y 21 abstenciones. Kuczynski se salvó de la destitución por tan sólo ocho votos.

Cuatro días más tarde, cumpliendo con un pacto secreto con Kenji, Pedro Pablo Kuczynski procedió a otorgar un “indulto y derecho de gracia por razones humanitarias” al ex presidente Alberto Fujimori, de 79 años y enfermo de cáncer, preso desde hace doce años, sentenciado a cumplir una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad cometidos por grupos paramilitares durante su mandato, entre 1991 y 1992.

Kuczynski defendió su decisión diciendo: “Estoy convencido que, quienes nos sentimos demócratas, no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión. La justicia no es venganza.”

Al conocerse la liberación del ex presidente, la sociedad peruana se dividió inmediatamente y quienes se oponían al indulto ganaron las calles para protestar violentamente.

El presidente Kuczynski logró salvar su cargo, pero su posición es sumamente débil. Solo cuenta con el apoyo de 15 legisladores en la bancada oficialista del partido peruanos Por el Kambio, mientras que Fuerza Popular cuenta con 71 legisladores del total de 130 que tiene el Congreso.

Además, aquellos que lo apoyaron considerándolo un freno para el populismo de los fujimoristas hoy se sienten traicionados.

En tanto que su acuerdo con los fujimoristas es sumamente precario. Liberado el ex presidente y patriarca del clan, Pedro Pablo Kuczynski no tiene mucho más que ofrecer en una negociación.

El presidente ganó algo de tiempo y evitó pasar a la historia como un mandatario destituido por corrupto, pero se ha quedado muy solo y desprestigiado. Nadie puede decir cuanto tiempo logrará sobrevivir en la presidencia bajo esas condiciones.



lunes, 25 de diciembre de 2017

EL KIRCHNERISMO APELA AL LUMPEN SOCIAL PARA MANTENER SU VIGENCIA



Los hechos de violencia política que rodearon a la sanción de la “reforma provisional” impulsada por el presidente Macri indican que el peronismo kirchnerista están empleando a barras bravas y pibes chorros para compensar su falta de militancia y peso electoral.

Desde que se organizó el Estado argentino en la segunda mitad del siglo XIX, cuatro sectores sociales, representados por sendos partidos políticos se alternaron en el gobierno del país.

En un primer momento la conducción del país estuvo en manos del patriciado conformado por grandes terratenientes (estancieros) y comerciantes (importadores, proveedores del Estado y dueños de almacenes de ramos generales). Los únicos que poseían la educación, el dinero y el tiempo suficiente para dedicarse a los asuntos públicos.

Ellos aprovecharon las condiciones internacionales que favorecían al librecambismo y el “modelo agroexportador” para convertir a la “Gran Aldea” en la mayor metrópoli del cono sur de América.

Su época dorada transcurrió entre 1880 y 1916 y fuerza política que los representó fue el Partido Autonomista Nacional que con el tiempo fue cambiando de denominación y de dirigentes transformándose sucesivamente en Partido Conservador, Partido Demócrata Nacional, Unión de Fuerzas de Centro o Unión de Centro Democrático.

A partir de la llamada Revolución del Parque, en 1890, los sectores medios y los hijos de inmigrantes comenzaron a disputar el control del Estado a los miembros del patriciado.
Finalmente, después de varios intentos de conquistar el poder por vía del golpe de Estado cívico – militar (llamados pomposamente “revoluciones”), llevaron al gobierno de la mano de una reforma electoral conocida como “Ley Sáenz Peña”, que estableció el voto universal masculino, obligatorio y secreto.

En lo económico y en las alianzas internacionales (con Inglaterra) la llegada de la Unión Cívica Radical al gobierno no constituyó un cambio significativo.

La UCR fue y es el partido político que mejor expresa los intereses y valores de la clase media, de los profesionales independientes (abogados, graduados en ciencias económicas, médicos, etc.) y sectores asalariados en tareas administrativas.

En 1914, la guerra interrumpió, aunque nunca se detuvo totalmente, la afluencia de inmigración europea. La guerra mundial, la revolución rusa y la siguiente pandemia conocida como la “Gripe Española” llevaron a la tumba a veinticinco millones de personas, muchos de ellos hubieran sido potenciales inmigrantes.

Mientras tanto, se producían importantes cambios en el perfil demográfico en Argentina. Hizo su aparición en la vida política del país la primera generación de hijos de inmigrantes que, gracias a los efectos de la ley 1420, de enseñanza pública, gratuita, laica y obligatoria, incrementó el volumen de la clase media urbana.

La clase media en expansión comenzó a demandar empleos de “cuello blanco” que la economía privada de un país no industrializado no podía prever.

El radicalismo en el gobierno apeló a una doble vía para solucionar el problema. Por un lado, implementó, en 1918, una “reforma” de la enseñanza universitaria que abrió el acceso a las profesiones liberales que requerían titulación universitaria a la clase media. Los inmigrantes pudieron cumplir con su sueño de decir: “mi hijo el Doctor.” Argentina se convirtió en un país con una gran clase media formada por profesionales e intelectuales.

Por otro lado, el radicalismo expandió el empleo público para contener las demandas de aquellos que no podían o no querían encarar la vía universitaria hacia la inserción laboral y el accenso social.

A partir de 1930, la Argentina comenzó a industrializarse por vía de la sustitución de importaciones. Este proceso contribuyó a la formación de un proletariado industrial que, a partir de 1945, encontró su representación política en el peronismo -o Partido Justicialista-.

Los sindicatos no clasistas y controlados por el Estado pasaron a convertirse en la “columna vertebral” del peronismo. La inmigración europea comenzó a detenerse y, en lo demográfico, la época se caracterizó por las fuertes migraciones internas desde los pueblos rurales del interior con economías estancadas hacia las ciudades. Las capitales de las provincias más industrializadas comenzaron a rodearse de un cinturón de urbanizaciones informales constituidas por viviendas precarias ocupadas por familias obreras. Estos humildes barrios informales fueron estigmatizados bajo la denominación de “villas miserias” y a sus habitantes se los denominaba como “villeros”.

El periodo entre 1930 y 1983 estuvo caracterizado por una puja encarnizada entre los tres sectores sociales: el patriciado, la clase media profesional, cuentapropista y asalariada, y los sectores obreros sindicalizados, por el control del Estado y sus recursos. Fue una época de golpes de Estado, prescripciones y frecuentes crisis de gobernabilidad.

La proscripción del peronismo después de 1955 derivó en el establecimiento de gobiernos constitucionales pero ilegítimos que no lograban sustentarse.

Las Fuerzas Armadas pasaron a convertirse en actores políticos que frecuentemente intervenían para alterar la voluntad popular o ayudar a superar las crisis de gobernabilidad.

Así, la Argentina vivió bajo regímenes de facto controlados por los militares (en tácita asociación con diversos partidos políticos y grupos empresariales) entre 1930 y 1932, de 1943 a 1946; de 1955 a 1958; de 1962 a 1964; de 1966 a 1973 y por último de 1976 y 1983.

El último gobierno de facto militar finalizó después de la tácita aventura de la guerra de Malvinas. La derrota militar, las violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada de personas y la apropiación ilegal de niños terminaron con cualquier posibilidad de un futuro protagonismo político de los militares.

En diciembre de 1983, el orden constitucional se restableció sin que el sistema ganara en estabilidad. A partir de entonces, la Unión Cívica Radical gobernó en dos ocasiones sumando un total de siete años y seis meses en el poder; la alianza Cambiemos - Pro ha gobernado los últimos dos años y el peronismo; como partido hegemónico, lo ha hecho durante 24 años y seis meses. Es decir, que la Argentina actual ha sido en gran medida moldeada por el peronismo.

En cuanto a la gobernabilidad de la nueva democracia. Si excluimos del análisis a los tres presidentes que ocuparon el cargo por pocas horas: Ramón Puerta, Eduardo Caamaño y Federico Pinedo; por ser poco significativos.

Durante los últimos 34 años se alternaron diez presidentes (contando por separado los dos períodos en que gobernaron Carlos S. Menem y Cristina Fernández de Kirchner). Esto nos deja una media de 3,4 años por presidente. Cuando la duración del mandato presidencial fue de seis años entre 1983 y 1995; de cuatro años a partir de 1995. La debilidad institucional de la Argentina se hace más evidente cuando se observa que cuatro de los diez presidentes no pudieron concluir el mandato para el cual habían sido electos o designados: los radicales Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa y los peronistas Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde.

En todos los casos (salvo con Adolfo Rodríguez Saá) los presidentes fueron forzados a dejar el cargo por fuertes protestas sociales, seguidos de incidentes callejeros y saqueos. Al intentar restablecer el orden, la represión policial provocaba víctimas fatales, llegado a ese punto la continuidad del presidente se hacía insostenible. Sólo quedaba asegurar una transición rápida y lo más ordenada posible.

En esas protestas siempre tuvieron un papel destacado los partidos y agrupaciones de izquierda radicalizada, algunos “militantes y referentes sociales” de agrupaciones sociales que agrupan a personas sin vivienda, sin trabajo o jubilados pauperizados. Actuando juntamente con elementos del lumen social. Karl Marx y Federico Engels, en su libro “La filosofía alemana”, denominaron “lumpen proletario” (del alemán “lumpen”: andrajoso) una subclase dentro de la clase explotada y desposeída de los medios de producción. Según la teoría marxista, el lumpen estaba constituido básicamente por individuos degradados, desclasados y no organizados provenientes del proletariado urbano. Elementos sin conciencia de clase dispuestos a vender sus servicios al mejor postor.

En el caso argentino, el “lumpen” está conformado por “barras bravas” de futbol, individuos oportunistas que se encuentran en las calles: “limpiavidrios”, “cuidacoches”, ocupantes de viviendas intrusadas, vagabundos que viven en las calles y hasta vendedores ambulantes. A ellos se suman en algunos casos, se suman algunos elementos criminales: arrebatadores, “motochorros” e incluso vendedores callejeros de drogas.

En algunos casos la sola oportunidad del robo por saqueo y la transmisión de imágenes de los incidentes por los medios de comunicación convoca a personas dispuestas a sumarse a los incidentes no por motivación política sino para conseguir algún provecho.

Las protestas nunca fueron espontáneas sino organizadas por sectores ligados al peronismo (salvo en el caso de la muerte de Kosteki y Santillán. en junio de 2002, organizado por sectores de izquierda), que convocan al lumpen incentivándolo con dinero y asegurándole la existencia de “áreas liberadas” del control policial e impunidad en caso de ser detenidos.

Los golpes de Estado blandos, renuncias de presidentes debido al acoso provocado por reiteradas protestas sociales en las calles, seguidas de muertos, se han vuelto frecuentes en América Latina y especialmente en Argentina.

En mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner alcanzó la presidencia con tan sólo el 22% de los votos, carecía de control del Partido Justicialista, el Congreso o la adhesión de los gobernadores peronistas que aún respondían al liderazgo del ex presidente Eduardo Duhalde. Entonces se vio forzado a crear una nueva base de poder buscando el apoyo de las organizaciones piqueteras, los referentes sociales y las entidades defensoras de derechos humanos.

El kirchnerismo se mantuvo en el poder por doce años empleando una estructura clientelística que comprendía a esos sectores políticos, a la población de los barrios marginales, a los inmigrantes irregulares arribados desde los países limítrofes y hasta el lumpen social.

El kirchnerismo se convirtió en la representación política de la izquierda y la marginalidad que sostenía en base a prebendas de todo tipo: desde subsidios a cooperativas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos feministas, etc. hasta repartos de bolsones de comida, planes sociales, la asignación universal por hijo, reparto de computadoras a los escolares y hasta las emisiones televisivas gratuitas de futbol. Siguiendo la antigua norma romana del “pan y circo”.

Si el peronismo representaba a los trabajadores formales a través del control de los sindicatos. En un país con el 32% de la población bajo la pobreza y la mitad de la economía en la informalidad, el lógico que el kirchnerismo se inclinara hacia la población marginada y tomara a las agrupaciones sociales que las representan como su “columna vertebral”.

En esta forma se cerraba el círculo. Los conservadores representaron al patriciado, los radicales a la clase media, los peronistas a los sectores obreros formales y el kirchnerismo a los trabajadores informales y la población marginada. De allí que no siempre los intereses del peronismo sean iguales.

Es por ello que los incidentes de la semana pasada en torno al edificio del Congreso han estado originados más por el hecho de que hay 23 altos funcionarios en prisión preventiva por hechos de corrupción, otros tienen pendiente su encarcelamiento al hecho de que poseen fueros legislativos (como es el caso de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner), también están presos o procesados dirigentes sindicales, empresarios y hasta figuras del mundo del espectáculo, vinculados al kirchnerismo; que por la “reforma previsional”.

El kirchnerismo busca presionar o hasta provocar la renuncia del presidente Macri en un intento por frenar las investigaciones por hechos de corrupción producidos durante su gobierno.


Esto puso de nuevo en la vidriera a la alianza entre la izquierda radicalizada y el lumpen social. Sólo que no lograron provocar muertos, el humor social es muy distinto al de diciembre de 2001 y especialmente Mauricio Macri no es Fernando De la Rúa.

martes, 19 de diciembre de 2017

EN COLOMBIA PROSPERAN LOS GRUPOS ARMADOS POST DESMOVILIZACIÓN


Después de un año, el proceso de paz en Colombia no ha podido solucionar los problemas más urgentes de insurgencia y narcotráfico, que asolan el país desde hace décadas.

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos y la narcoguerrilla terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se ha presentado ante el mundo como un gran logro en favor de la paz.

De hecho, le reportó al presidente Santos obtener el premio Nobel a la Paz y a los narcoterroristas pasar a convertirse en políticos legales y “democráticos”. Todo ello sin realizar una mínima autocrítica, expresar arrepentimiento por sus crímenes o entregar el cuantioso botín acumulado en décadas de tráfico de drogas, extorsiones, robos y saqueos.
Pero ha hecho muy poco en favor de la auténtica pacificación de Colombia.

Como ocurrió con la “desmovilización” de los paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y otras denominaciones similares, sus integrantes no abandonaron las actividades ilegales, en especial las acciones guerrilleras y el tráfico de drogas.

Los líderes históricos de las FARC, que controlan los contactos políticos internacionales (especialmente con Cuba y Venezuela), además del dinero ilícito oculto en paraísos fiscales, tienen la posibilidad de alcanzar un “retiro dorado” como políticos. Incluso pueden soñar como Timochenko en convertirse en presidente constitucional de Colombia en mayo de 2018.

Pero, esa alternativa no existe para el grueso de los jóvenes combatientes que no poseen educación, ni un oficio y que, además, no cuentan con la asistencia política y financiera de la organización que los reclutó y los convirtió en terroristas.

Para la mayoría de los combatientes de los grupos de narcoguerrilleros colombianos, como las FARC y el ELN, el único modo de vida que conocen -y en el que son eficientes y se sienten cómodos- es la “lucha armadas” y el tráfico de drogas.

Es por ello por lo que muchos guerrilleros simplemente apelan al “cambio de brazalete”, es decir a pasar de una organización que se desmoviliza a otra que sigue “combatiendo”, o a crear su propia banda criminal (Bacrim) para continuar con sus actividades de narcotráfico.

Es así como, a un año de la firma de los Acuerdos de Paz, entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el líder de las FARC, se han formado quince nuevas organizaciones narcoterroristas integradas por sus ex miembros. A estas nuevas organizaciones, se las conoce como “disidencias de las FARC” o “Grupos Armados Post Desmovilización” (GAPD).

Las tres más grandes operan en el Guaviare, Tumaco y el Cauca. Los doce GAPD restantes son grupos más pequeños formados en muchos casos por un par de decenas de combatientes. En conjunto, las “disidencias de las FARC” tienen presencia en cuarenta y tres municipios de Colombia.

La presencia de estos grupos explica que continúen los desplazamientos masivos y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes en las áreas rurales. En 2017, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Consejo Noruego para los Refugiados, el número de personas desplazadas fue de 139.359, lo que constituye un 32% más que en 2016.

Antes de la desmovilización las FARC actuaban en 243 municipios de Colombia, hoy las disidencias sólo ocupan 43 de ellos. Por lo tanto, hay numerosos municipios antes afectados por la actividad narcoguerrillera que actualmente constituyen “espacios vacíos”. Una ley de la física indica que todo espacio libre tiende a ser ocupado. Esto mismo ocurre con el narcotráfico. La organización más grande no desaparece totalmente, sino que se comportan en forma similar a una gota de mercurio al caer al piso, primero se fragmenta en múltiples grupos pequeños. Luego, los fragmentos se adhieren a otras organizaciones existentes o terminan por reagruparse formando una nueva entidad más grande. Veamos un ejemplo de este proceso.

EL RESURGIR DEL EPL

Un claro ejemplo de este proceso es el resurgir del Ejército Popular de Liberación. En 1983, el Ejército Popular de Liberación, brazo armado del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), estableció en Catatumbo, al Norte de Santander, el “Frente Libardo Mora”.

El Catatumbo es una extensa región selvática del Departamento Norte de Santander que tradicionalmente ha sido una de las más atrasadas del país y su territorio abarca los municipios de Convención, El Carmen, Hacari, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama.

En 1991, el PCC-ML y su brazo armado el EPL negociaron con el gobierno colombiano dejar la lucha armada. En ese momento, trece estructuras que respondían al fundador del EPL, “Francisco Caraballo” continuaron combatiendo. Entre ellas se encontraba el “Frente Libardo Mora”, inicialmente conducido por un campesino convertido en líder guerrillero, Hugo Carvajal.

Hasta 2005, el Frente Libardo Mora era tan sólo una pequeña organización guerrillera. En ese entonces pasó a involucrarse en el narcotráfico y gradualmente a convertirse en una entidad narcoterrorista que reivindicaba para sí la denominación de PCC-ML.

Actualmente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos insiste en negarle al Frente Libardo Mora la condición de organización política que lleva a cabo la lucha armada. Lo considera tan sólo otra banda criminal a la que denomina “Los Pelusos”.

Los cierto es que el PCC-ML y su brazo armado el EPL, o la bacrim “Los Pelusos”, opera en once municipios del Departamento Norte de Santander, reúne a unos cuatrocientos combatientes y está expandiendo sus actividades en el territorio donde antes actuaban los guerrilleros de las FARC.

Para justificar su condición de “organización político militar”, el EPL edita el antiguo periódico clandestino “Revolución”, ponen pasacalles y distribuyen panfletos de consignas y propuestas políticas.

En el plano militar mantiene fluidos vínculos con el Frente de Guerra Nororiental de la organización narcoterrorista Ejército de Liberación Nacional y con los restos del Bloque Magdalena Medio de las FARC.

Sus actividades en el narcotráfico se centran en exportar cocaína a los Estados Unidos y Europa, especialmente a través de México en asociación con el Cartel de Sinaloa.

Es por ello, que el gobierno colombiano la considera tan sólo una organización de narcotraficantes más dedicada exclusivamente a esa actividad delictiva.

En respuesta, la dirección del Frente Libardo Mora coloca minas antipersonales y suele atacar con disparos de francotiradores a los policías y militares que combaten el narcotráfico, mientras afirma ser una “guerrilla política militar” con base social.

Al parecer, el reconocimiento de “Los Pelusos” como una entidad política y no simplemente delictiva, abriría a los narcoterroristas la posibilidad de llegar en el futuro a un acuerdo de impunidad a cambio de la desmovilización. En forma similar al acuerdo alcanzado por el liderazgo de las FARC.

Por el momento, al menos parece que la paz es algo muy lejano en Colombia.



viernes, 15 de diciembre de 2017

LA ARGENTINA NECESITA UNA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA


La Argentina debe revisar con urgencia su política migratoria que, en gran medida, aun depende de la filosofía del proyecto de la “Generación de 1837”.

Domingo F. Sarmiento, el único educador y periodista que llegó a ser presidente de la Argentina, comienza su libro “Facundo, Civilización y barbarie en las pampas argentinas”, con las siguientes palabras: “El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión: el desierto la rodea por todas partes, y se le insinúa en las entrañas: la soledad, el despoblado sin una habitación humana, son, por lo general, los límites incuestionables entre unas y otras provincias. Allí, inmensidad por todas partes: inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos, el horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes y vapores tenues, que no dejan, en la lejana perspectiva, señalar el punto en que el mundo acaba y principia el cielo…”

El “Facundo” fue escrito por Sarmiento, en 1845, como folletín en el diario chileno “El Progreso”, donde el sanjuanino trabajaba como periodista. Hoy es el libro considerado como la obra en prosa más importante del siglo XIX y le ganó con justicia el título de “sociólogo de la Pampa”. Pero, la voz de Sarmiento en favor de la inmigración fue la única entre los hombres de la “Generación de 1837”.

Juan Bautista Alberdi hizo célebre la frase “Gobernar es poblar” y el ex canciller Estanislao Ceballos escribió en su libro “La rejión del trigo” (1883) con igual dramatismo: “! Nos ahoga el desierto¡ ¡El desierto es la muerte, la barbarie, la soledad cuando menos¡”

Esta visión de la Argentina se plasmó en la Constitución Nacional de 1853 y la Ley 817 de “Inmigración y Colonización” sancionada en 1876 por el presidente Nicolás Avellaneda, quien había sido ministro de Justicia e Instrucción Pública de su predecesor, Domingo F. Sarmiento.

El ministro de Guerra de Avellaneda y su sucesor en la presidencia fue el general Julio A. Roca quién incorporó efectivamente las tierras de La Pampa y la Patagonia a la explotación productiva. Luego como presidente firmó el Tratado General de Límites con Chile consolidando ese dominio territorial y delimitando la más extensa frontera argentina, extendió el ferrocarril hasta la provincia de Tucumán. Además, creó las instituciones necesarias para la asimilación de los inmigrantes y sus hijos. Sancionó la Ley de Registro Civil que aseguraba el matrimonio civil y el derecho a los inmigrantes no católicos de registrar el nacimiento de sus hijos, las defunciones y el acceso a los cementerios públicos hasta ese entonces tareas gestionadas en exclusividad por las iglesias católicas. En su segunda presidencia completó la obra de asimilación con la creación, en 1902, de la ley de Servicio Militar Obligatorio donde los hijos de los inmigrantes se forjaban en el amor y el servicio a su patria.

Cuando se llevaron a cabo esas reformas y se implementaron esas leyes, el mundo albergaba menos de mil millones de personas. La Argentina tenía una población de 1.877.490 habitantes (según el primer censo nacional, realizado en 1869, organizado por iniciativa del presidente Sarmiento).

El grueso de la inmigración que llegaba a las costas del Río de la Plata provenía de la Europa mediterránea, de Rusia y Europa Central, de Medio Oriente y en mucho menor medida del Norte de África. Para la época, la mayoría de esta población por sus conocimientos agrícolas o industriales y sus hábitos laborales debían ser considerados como “mano de obra calificada”. Especialmente si se la comparaba con la mayoría de los trabajadores autóctonos.

El viaje en barco de vela desde el puerto de La Coruña tenía una duración aproximada de 45 días según el clima y el número de escalas que realizaba la nave. El viaje se incrementaba aún más si se realizaba desde el puerto de Génova. La navegación, sobre todo en la tercera categoría que empleaban los inmigrantes pobres era costosa, incómoda e insegura. El único medio de comunicación de los inmigrantes con sus familias es su lugar de procedencia era epistolar. El correo demoraba varios meses en llegar y además tanto el inmigrante como sus familiares era analfabetos y debían recurrir a amigos, sacerdotes y escribas profesionales para comunicarse.

Con un país vacío, en un mundo notoriamente menos poblado y sin problemas de cambio climático, era lógico que el país buscara atraer población. Y lo logró ampliamente. Para el segundo censo, realizado en 1895, la población había aumentado un 200% y registraba 4.044.911 habitantes. Aunque todavía era un gran país semidesértico desde el punto de vista demográfico.

Hoy la situación demográfica y las posibilidades tecnológicas son totalmente distintas. Hoy el mundo alberga a 7.500 millones de seres humanos de los cuales 2.000 millones están en continuo movimiento por el planeta ya sea por turismo, negocios, estudios o la búsqueda de atención médica de mejor calidad. Los viajes entre continentes se reducen a pocas horas y las comunicaciones por vos e imagen son instantáneas, directas y muy económicas.

Los flujos migratorios que en el siglo XIX iban del mundo industrializado hacia el mundo en subdesarrollo (en su mayoría colonias europeas) en búsqueda de mejores oportunidades de vida.

En el siglo XXI los flujos migratorios van del mundo subdesarrollado del sur hacia el mundo desarrollado del Norte. Con casos particulares, como el del desaparecido Bloque Socialista y de Rusia hacia la Unión Europea y América del Norte (EE. UU. y Canadá). Mientras que Rusia intenta contener la inmigración que recibe de sus ex repúblicas soviéticas: Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania, Armenia, Moldavia, etc.; en su mayoría formada por rusos étnicos nacidos y radicados durante décadas en esas nuevas repúblicas.

Las mayores barreras antiinmigración establecidas en los países industrializados han generado una fuerte corrientes migratoria Sur – Sur en África y América Latina, donde la población de los países más inestables o en crisis económica se trasladan a países vecinos con menos resistencia a la inmigración, aprovechando facilidades idiomáticas y mejores servicios educativos y sanitarios y otras ventajas.

Las migraciones forzadas, que tradicionalmente eran provocadas por guerras, inestabilidad y persecuciones, ahora se ven incrementadas por los denominados “refugiados ambientales” que dejan sus hogares escapando a catástrofes naturales tales como sismos, maremotos, terremotos, o los efectos de calentamiento global que provocan desertificación, inundaciones, aumento de nivel de los mares y otros daños ecológicos y, frecuentemente, grandes hambrunas y pandemias.

La pregunta es hasta cuando la Argentina puede continuar con una política de puertas abiertas con respecto a la inmigración y sin adoptar una legislación especial con respecto a los extranjeros que delinquen.

Tampoco tiene ningún sentido tratar de aplicar una política de “inmigración cero” que no aplica ningún país del mundo o políticas fuertemente restrictivas como las que pretenden implementar sin éxito tanto los Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea.

La Argentina posee una superficie de 2.780.400 km², que sitúa como el octavo país más extenso del planeta. Además, el 90% de ese territorio es apto para la instalación humana y el desarrollo de actividades económicas y además dispone con el 1,1% del agua potable del mundo. A diferencia de países muy extensos como Libia, con 1.759. 450 km², se sitúa en el puesto 17 en extensión, pero donde sólo el 8% del territorio es apto para la vida humana permanente y dispone del 0% del agua potable del mundo.

El territorio argentino es habitado, según el censo realizado en 2010, por 44.044.811 personas. La densidad poblacional es de tan sólo 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Aunque la distribución poblacional esta muy distorsionada, podemos considerar que el país continúa estando muy poco poblado.

Esta situación convierte a la Argentina en un potencial receptor de inmigración. Lo que obliga a rediseño de los criterios con que se aceptan a los inmigrantes y el conjunto de derechos y obligaciones que tendrán cuando se conviertan en residentes o ciudadanos naturalizados.

Es curioso que la mayoría de los partidos políticos (la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista y todos los partidos de izquierda) que son los más críticos de la “Generación del Ochenta” y del modelo de desarrollo librecambista aplicado de 1880 a 1916 (y aunque los radicales lo nieguen enérgicamente siguió en vigencia en sus gobiernos de 1916 a 1930) que convirtió a la Argentina en uno de los países de mayor crecimiento del planeta en ese período. Se aferran insistentemente a los criterios demográficos de ese modelo.

Esos criterios eran acertados en la segunda mitad del siglo XIX, por las condiciones que imperaban en Argentina y en el mundo en ese momento, pero hoy son obsoletas y deben ser urgentemente modificadas.

No se puede aceptar a todos los inmigrantes sin distinguir en cuanto a sus antecedentes penales, su capacitación o las condiciones para desarrollar actividades laborales en el país. 

No podemos seguir aceptando, trabajadores sin capacitación ni especialización, en muchos casos analfabetos, en otros analfabetos tecnológicos, que escasamente hablan español. Tampoco a ancianos sin recursos que terminan siendo una carga para sus familias y para el Estado porque requieren asistencia médica e inmediatamente reclaman pensiones a la vejez sin haber vivido o trabajado en Argentina.

Debemos dar prioridad al ingreso de inmigrantes que sean útiles para el desarrollo del país y no meros demandantes de asistencia social, alimentos y vivienda, así como demandantes de servicios educativos y sanitarios gratuitos. Argentina necesita trabajadores y no solicitantes de planes sociales y subsidios.

Tampoco en justo mantener a los potenciales trabajadores en la ilegalidad. Hoy los inmigrantes ilegales provenientes de países latinoamericanos ingresan al país sin visa, en condición de turistas por 90 días y no pueden trabajar.

No obstante, comienzan inmediatamente a trabajar en forma clandestina y por supuesto permanecen en el país más allá de los tres meses permitidos.

Los más afortunados, con mayor capacitación o con conocimientos de algún oficio, consiguen un trabajo como operadores de computadoras, diseñadores gráficos, como trabajadores en la construcción, las mujeres con buena presencia como vendedoras en comercios legales o empleadas en el servicio doméstico.

Pero, en todos los casos los inmigrantes ilegales terminan alimentado la economía informal. En muchos casos se convierten en víctimas de las mafias como trabajadores en talleres clandestinos que alimentan con sus productos tanto a las “saladas y saladitas” como a los locales de los más lujosos centros comerciales.

Otros, los menos capacitados, terminan trabajando al servicio de las mafias que controlan la venta informal e ilegal en las calles y en temporada de veraneo en las playas y centros turísticos.

Hay también inmigrantes que son víctimas del “trabajo esclavo” en instalaciones agropecuarias y en las llamados “supermercados y autoservicios de comida rápida” gerenciados por miembros de la comunidad china.

Por último, están los que ingresan directamente en el ámbito de delito. Las mujeres en las redes de prostitución, los jóvenes en el traslado (como mulas y camellos) drogas o en el comercio al menudeo en los barrios. Los más propensos a la violencia se transforman en ladrones, motochorros o incluso sicarios.

Pero, en todos los casos, los recién llegados, aún con residencia ilegal, deben vivir en la marginalidad en contacto con el delito. Sin embargo, se convierten inmediatamente en demandantes de ayuda social, piden alimentos, subsidios, utilizan los hospitales y escuelas, para ellos o para sus hijos. Es decir, todo aquello de lo que no disponen en sus países de origen.

Si tienen hijos menores pueden, aún sin residencia legal, tramitar su Asignación Universal por Hijo. Si ingresaron al país con sus padres o abuelos, o los trajeron al poco tiempo, comienzan a gestionar para ellos una pensión a la vejez, aunque nunca hayan residido o trabajado en Argentina.

Curiosamente, aquellos políticos y dirigentes sociales que defienden con todas sus fuerzas las políticas de puertas abiertas a la inmigración proveniente de los países vecinos, no se preocupan en absoluto por la explotación laboral y humana que sufren los recién llegados.

Ningún gobierno nacional puede terminar con un 33% de población en la pobreza si continuamente ingresa población en situación de pobreza extrema y con residencia ilegal proveniente de los países limítrofes que se asienta en villas y asentamientos poblacionales ilegales, sobrecarga los servicios públicos de educación, sanidad, seguridad, etc.

Hasta cuando seguiremos subsidiando indirectamente a los países vecinos recibiendo a sus pobres y desocupados sin exigir pagos compensatorios. O, al menos demandando una reciprocidad de trato cuando un argentino gestiona un permiso de residencia o laboral en Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay o Uruguay. Los profesionales (médicos, abogados, docentes y periodistas) y futbolistas que han pretendido trabajar en esos países saben bien de lo que se habla.

También se deben crear mecanismos confiables para garantizar la expulsión de los residentes ilegales, especialmente para aquellos que han cometido delitos, han sido condenados y han cumplido su condena. Hoy estos extranjeros ilegales luego de cumplir la condena no son expulsados, sino que continúan ilegalmente en el país. En muchos casos reincidiendo en sus actividades criminales.

Es perentorio formar una comisión interministerial e interdisciplinaria para estudiar el tema migratorio en todos sus complejos aspectos. Realizar audiencias públicas para que se expresen todos los sectores involucrados en la cuestión. Sin discriminaciones o planteos utópicos.

A los efectos de llevar a cabo una profunda y realista reforma de la política migratoria argentina.