viernes, 28 de diciembre de 2018

¿UNA PROFUNDA GRIETA SE INSTALA EN AMÉRICA?




La posible aplicación de la Carta Democrática de la OEA frente a la violación de derechos humanos en Nicaragua amenaza con instalar una suerte de división en el continente americano dividiendo a las democracias de las dictaduras populistas.

LA CRISIS EN NICARAGUA

En 2017, el presidente nicaragüense Daniel Ortega fue investido para su cuarto mandato de cinco años y tercero consecutivo.

El comandante guerrillero Daniel Ortega, es el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que derrocó a la dinastía de los Somoza con ayuda de Cuba, la Unión Soviética y grupos terroristas latinoamericanos como los argentinos Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo y Organización Político Militar Montoneros, en 1979.

El régimen sandinista pronto enfrentó la resistencia guerrillera de los “Contra” apoyados por el presidente estadounidense Ronald Reagan. Los sandinistas se mantuvieron en el poder gracias al apoyo económico y militar que recibían de Fidel Castro y los países del entonces Bloque Socialista.

Cuando en 1986, Mijaíl Gorbachov inició su política de “glasnost” y “perestroika” recortó abruptamente la ayuda económica que enviaba a sus clientes del Tercer Mundo, en especial, a Cuba y Nicaragua, el régimen sandinista entró en crisis.
La caída del Muro de Berlín y la desaparición del Bloque Socialista, en 1989, fue el golpe de gracia.

Daniel Ortega asfixiado económicamente y hostigado por los Estados Unidos, decidió (contra el consejo de Fidel Castro) convocar a elecciones. Resultó derrotado frente a la Unión Nacional Opositora, una coalición de catorce partidos nicaragüenses que impulsó la candidatura de Violeta Barrios de Chamorro.

Ortega intentó infructuosamente retornar al gobierno en las elecciones de 1996 y 2001. Finalmente, en 2007, con la generosa ayuda de los petrodólares del bolivariano Hugo Chávez Frías logró retornar al poder, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente.

Eran los buenos tiempos del Socialismo del Siglo XXI y los gobierno populistas y antiimperialistas brotaban como hongos en América Latina. A la Cuba de los Castro se sumaban Venezuela con Chávez, Argentina con Néstor y Cristina Kirchner, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa, Paraguay con Fernando Lugo, Perú con Ollanta Humala, Brasil con Luis Inacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff y hasta, en buena medida, Chile con Michelle Bachelet hacían un clima de acompañamiento para una época dorada del populismo latinoamericano.

Pero la fiesta populista duró poco. La crisis económica del 2008, el descenso brusco del precio de las materias primas, en especial del petróleo, se sumó a la corrupción, el descontrol y la ineficacia de las economías populistas para poner en jaque a los gobiernos de izquierda en la región.

Hasta la biología parecía conspirar contra el populismo. En rápida sucesión dejaron el escenario político Néstor Kirchner (2010), Hugo Chávez (2013) y Fidel Castro (2016).
Finalmente, los gobiernos populistas comenzaron a ser desplazados por procesos electorales adversos en Perú, Argentina, Ecuador y Chile, mientras que en Brasil Dilma Rousseff fue destituida, Lula da Silva encarcelado por corrupción y el derechista Jair Bolsonaro se impuso en las urnas.

En los primeros años del régimen de Ortega, Nicaragua vivió una cierta recuperación económica gracias al aporte solidario de algunos gobierno socialistas europeos dispuestos a colaborar en la reconstrucción del pequeño país centroamericano, la generosidad (y el petróleo barato) de Hugo Chávez que necesitaba aliados para conformar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y los préstamos que recibía de los mismos organismos financieros que el presidente Ortega condenaba en público.

Pero los últimos años fueron de “vacas flacas” y el humor social se hizo adverso a los sandinistas.

Cuando cesó el flujo de dólares de Venezuela y desaparecieron las escasas inversiones europeas y chinas, el gobierno de Ortega no tubo mejor idea que reclamar a los Estados Unidos el pago de una indemnización establecida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en 1986, de 17.000 millones de dólares por haber sido responsable de “actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”. Washington hizo oídos sordos al reclamo por desconocer la jurisdicción de la CIJ y, en 1991, la entonces presidenta Violeta Barrios de Chamorro decidió renunciar al reclamo.

En 2017, Ortega recién reelegido para su tercer período consecutivo, insistió en la indemnización. La respuesta estadounidense fue contundente, la Cámara de Representantes aprobó la “Nica Act”, una ley que pretendía bloquear los prestamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua, hasta tanto este no tomara “medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes.”

La iniciativa de la cámara baja estadounidense puso en estado de máxima alerta al empresariado nicaragüense que veía como se cerraban todas las fuentes de financiamiento externo y la posibilidad de recibir inversiones.

La crisis se precipitó en abril de 2018, con la decisión del gobierno de reformar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social aumentando del 6,25 al 7% los aportes jubilatorios de los trabajadores y del 19 al 22,5% el aporte patronal, al tiempo que reducía en 5% el monto de las jubilaciones (la jubilación mínima era de 127 dólares).

Así comenzó el ciclo de movilizaciones callejeras, signadas por la violencia y los enfrentamientos entre opositores (en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios), la policía y los grupos parapoliciales del FSLN conocidas como “turbas divinas”.

En la oposición, además de los estudiantes, se situó el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), los medios de comunicación independientes, los diarios La Prensa y Confidencial (ambos pertenecientes a miembros de la familia Chamorro), el canal televisivo “100% Noticias”, Radio Darío y en alguna medida la propia Iglesia Católica.

Daniel Ortega dio marcha atrás y suprimió el decreto de reforma del INSS, pero a esa altura, los opositores reclamaban la renuncia del Presidente responsabilizándolo por los muertos provocados por la dura represión policial y parapolicial.

Desde que se iniciaron las protestas contra el régimen de Ortega la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha registrado al menos 325 muertos (entre ellos 24 menores de edad), más de 2.000 heridos, 550 detenidos y enjuiciados (incluidos la jefa de noticias del canal 100% Noticias, la periodista costarricense Lucía Pineda Ubau y el presentador de noticias Miguel Mora), así como 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos públicos por asistir medicamente a los manifestantes heridos, al menos 80 estudiantes universitarios y el asalto por parte de la Policía Nacional al edificio de “Confidencial” y luego de “100% Noticias”, el incendio de Radio Darío, en la ciudad de León, y la anulación de la personería jurídica y la confiscación de bienes a nueve ONG dedicadas a la protección de los derechos humanos.

El 13 de octubre el gobierno de Nicaragua subió la apuesta y decretó la prohibición de las marchas e implementó un férreo dispositivo policial para impedir cualquier reunión masiva o marcha, tomando el control de todos los grandes espacios públicos, como las rotondas de la ciudad de Managua.

INTERVIENE LA OEA

El jueves 27 de diciembre de 2018, a petición de siete países, la OEA convocó a una sesión extraordinaria para tratar la crisis de Nicaragua.

Durante la sesión Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina solicitaron que se evalué la situación imperante en Nicaragua mediante la Carta Democrática de la OEA, creada en 2001, para preservar la institucionalidad de Latinoamérica.

La decisión de estos países fue adoptada después de que un grupo independiente de expertos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el gobierno de Daniel Ortega había perpetrado crímenes de lesa humanidad, que no prescribían.

El Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro y la vicepresidente de la CIDA, esmeralda de Troitino y los gobiernos de esos cuatro países consideran que debe aplicarse la Carta Democrática.

Sin embargo, se requieren 18 países de la OEA para poner en marcha la Carta Democrática y luego el de 24 de los 35 estados miembros para suspender a Nicaragua de la organización regional. Un número que parece difícil de obtener especialmente por la decidida defensa que Venezuela, Bolivia y Cuba han hecho del régimen sandinista y posiblemente la solidaridad de México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

CONSECUENCIAS

Es así como América Latina aparece hoy dividida por una profunda grieta. Por un lado, se sitúa la mayoría de los países que tienen gobiernos constitucionales, que respetan las bases de la democracia y respetan los derechos humanos.

Del otro lado de grieta, están un puñado de países donde el orden constitucional ha sido vulnerado o modificado al servicio de la continuidad vitalicia de dictadores populistas que amañan los procesos electorales, persiguen e intimidan a los opositores políticos y ahogan cualquier expresión de disidencia con un aparato de seguridad que invade los derechos de los ciudadanos y responde ciegamente a los dictados del gobierno.

El grupo de las dictaduras latinoamericanas esta encabezado por Cuba, hoy en manos de Miguel Diaz-Canel, Venezuela con Nicolás Maduro, Bolivia con Evo Morales y ahora Nicaragua con Daniel Ortega.

Aislados de sus vecinos latinoamericanos, de los organismos financieros internacionales, sin inversiones extranjeras, con sus economías en crisis y su población migrando en grandes cantidades, las dictaduras latinoamericanas pronto sentirán la tentación de buscar la solidaridad de otros gobiernos igualmente segregados del orden internacional forjado por las democracias.

Entre estos estados marginados pueden citarse en primer término a la Rusia de Vladimir Putin, después de la anexión de Crimea en 2014, seguida de Irán, Corea del Norte, Siria y Argelia.

Las dictaduras populista invertirán sus escasos recursos financieros y sus aparatos de propaganda en apoyo de políticos latinoamericanos del mismo signo ideológico para intentar romper el cerco político que los aísla. Pronto los partidos políticos y los dirigentes latinoamericanos comenzaran a identificarse con uno y otro de los bandos en puja acentuando las diferencias en la región. También buscarán el apoyo de grupos políticos extrarregionales como el partido español Podemos y los separatistas del Frente Polisario.

Si en los años de la Guerra Fría, un solo país, la Cuba de los Castro fue un problema para la gobernabilidad de los países latinoamericanos, un eje de cuatro países parias constituye una seria amenaza a la seguridad de la región.

Por último, la inestabilidad en Nicaragua incrementará la crisis migratoria que se inicia en Venezuela y se extenderá por toda Centroamérica como una gigantesca ola humana que golpea en forma continua la frontera de México con los Estados Unidos.

En otras palabras, en Nicaragua no sólo están en juego los derechos humanos y las libertades democráticas del pueblo nicaragüense sino la estabilidad de todo el continente.

martes, 25 de diciembre de 2018

DURO REVÉS PARA LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC



La caída en combate del narcoterrorista Walter Arrízala Vernaza, alias “Guacho” y la desarticulación del Frente Oliver Sinisterra, debilita a las disidencias de las FARC que aún mantienen en pie a 1.749 combatientes en las selvas de Colombia.

GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS RESIDUALES

Las disidencias de las FARC -que el gobierno colombiano denomina “Grupos Armados Organizados Residuales” (GAOR)- son frentes o grupos de guerrilleros que no aceptaron desmovilizarse -es decir, ir a las zonas veredales, entregar sus armas y hacer el tránsito hacia la vida en la legalidad y la paz- como lo estipula el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia y la organización narcoterrorista, en 2016.

Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- constituyen un serio desafío a la paz y la seguridad tanto de Colombia como de sus países vecinos: Ecuador, Brasil y Venezuela. Estas narco guerrilla han minado la confianza sobre el actual proceso de paz.

El número de narcoguerrilleros que continúan en actividad es incierto. Las cifras oficiales los sitúan en los 1.749, pero otras fuentes incrementan su número hasta los 2.500 o 3.000 combatientes. Los mismos se encuentran distribuidos en decenas de grupos de diversas dimensiones.

FRENTE OLIVER SINISTERRA

Oscar Armando Sinisterra Sevillano, cuyo alias en la organización era “Oliver”, era un líder de las FARC de la localidad de Nariño que cayó en combate en febrero de 2015.

Sus hombres tomaron el nombre de “Oliver Sinisterra” para denominarse al separarse de las FARC, en 2016.

Hoy el Frente Oliver Sinisterra cuenta con aproximadamente 250 combatientes que antes pertenecían a las Columnas Móviles Aldana y Mariscal Sucre del Frente 29 de las FARC que se negaron a desmovilizarse y responden al comando de Walter Arrízala Vernaza, alias “Guacho”, el narcotraficante más buscado en Colombia y Ecuador y por quien se ofrece una recompensa conjunta de 247.000 dólares.

ALIAS “GUACHO”

Walter Arrízala Vernaza es colombiano, aunque nació en proximidades a la frontera con Ecuador y cuenta con parientes radicados en el pequeño poblado de Limones en la provincia costera de Esmeraldas.

Alias “Guacho” ingresó a las FARC, en 2007, reclutado por alias “Alexis” o “Tachuela”. Ascendió rápidamente en la estructura del grupo narcoterrorista hasta alcanzar el rango de “comandante”.

En su carrera criminal de más de una década, alias “Guacho” se destacó como responsable financiero y experto en explosivos. Precisamente, el Frente Oliver Sinisterra es responsable por nueve ataques con explosivos en Ecuador durante los primeros meses de 2018.

Arrízala Vernaza fue también el encargado de organizar las redes de tráfico de cocaína por las rutas y corredores terrestres que unen el Alto Mira y la frontera de Tumaco (Nariño) con cabo Manglares en el Océano Pacífico, como así también las rutas con Carchi y Esmeraldas en Ecuador, especialmente en la región del río Mataje, que delimita la frontera entre ambos países.

Cuando en 2016, las FARC acordaron desmovilizarse para cumplir con el proceso de paz, los hombres del Frente 29 decidieron transformarse en Frente Oliver Sinisterra para impedir que grupos guerrilleros pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional -ELN- y a las Guerrillas Unidas del Pacífico -GUP- se apropiaran de sus campos de cultivo y rutas de tráfico. Cabe destacar que ni el ELN ni las GUP pertenecieron nunca a las FARC.

El Frente Oliver Sinisterra organizó sembradíos de coca, comenzó a cobrar por protección a otros grupos de narcotraficantes, a recaudar “impuestos revolucionarios” de los habitantes de la región y a reclutar nuevos combatientes en la región de Tumaco (Nariño) y a ambos lados de la frontera colombo – ecuatoriana.

Pronto el Frente conducido por alias “Guacho” estaba administrando un lucrativo “negocio” que las autoridades colombianas estiman genera 25 millones de dólares semanales.

Alias Guacho fue responsable del asesinato de seis campesinos cocaleros en Tumaco en 2017. Luego, el 27 de enero de 2018, combatientes del Frente Oliver Sinisterra atentaron con un automóvil cargado de explosivos contra la Estación de Policía de San Lorenzo, en Ecuador.

Pero el hecho que lo colocó en el ojo de todas las agencias de seguridad del continente fue el asesinato, el 23 de marzo de 2018, de un equipo periodístico del diario ecuatoriano “El Comercio” integrado por el cronista Javier Ortega (32), el fotógrafo Paul Rivas (46) y su chofer y asistente Efraín Segarra (60). A ello se sumó, el 11 de abril de 2018, el asesinato de una pareja de ecuatorianos Oscar Villacís y Katty Velasco de la localidad de Santo Domingo de los Tsáchilas, que se habían trasladado a San Lorenzo, Esmeraldas, a realizar negocios.

Estos crímenes convirtieron a alias “Guacho” en el criminal más buscado de Colombia. El entonces presidente Juan Manuel Santos duplicó la recompensa por datos que permitieran su captura de 150 millones de pesos a 300 millones (unos 110.700) dólares.

Finalmente, el 23 de diciembre las fuerzas del orden colombianas terminaron con las actividades del narcoterrorista. La muerte de alias “Guacho” se produjo en la vereda de Peña Caraño, en Llorente, zona rural de Tumaco, una zona de esteros cercana al mar.
Alias “Guacho” fue abatido por el disparo de un francotirador cuando intentaba escapar al cerco de las fuerzas colombianas vestido de mujer.

Para ubicar al narcoterrorista las autoridades rastrearon ciento veinte líneas telefónicas y reclutaron quince informantes en la zona. En su localización participaron el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, la Brigada de Inteligencia Militar N° 1, la Policía Nacional de Colombia y el Grupo N° 1 de la Drug Enforcemment Administration (DEA) de los Estados Unidos.

La muerte de Walter Arrízala y la desarticulación del Frente Oliver Sinisterra constituye un claro éxito para el gobierno del presidente Iván Duque que no dudó en denominar “héroes de Colombia” a los hombres que participaron de la operación.

GRUPOS NARCOTERRORISTAS COLOMBIANOS

No obstante este importante logro, en Colombia aún permanecen en pie de guerra al menos 7.265 combatientes de diversas organizaciones narcoguerrilleras que operan en 26 de los 32 departamentos del país, a saber:

2.206 combatientes distribuidos en siete frentes de guerra en catorce departamentos, pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional.

1.749 combatientes de las Disidencias de las FARC que operan en diecinueve departamentos.

1.600 combatientes del Clan del Golfo que operan en diez departamentos.

260 combatientes de Los Pelusos que actúan en tres departamentos.

50 combatientes de Los Puntilleros operando en dos departamentos.

1.400 criminales más integran diversos grupúsculos que actúan en once departamentos.

Por lo tanto, el gobierno del presidente Iván Duque tiene mucha tarea por delante si quiere llevar la paz definitiva al pueblo colombiano.   




lunes, 24 de diciembre de 2018

EN ARGENTINA LOS LIBERALES VUELVEN A TENER PARTIDO PROPIO




El economista José Luis Espert presentó su Partido Libertario que defiende el ideario de la economía liberal y con el cual pretende competir por la presidencia en octubre de 2019.

En Argentina suele confundirse y emplearse indistintamente los términos: derecha, conservador y liberal. Siendo que la derecha suele ser nacionalista, proteccionista en lo económico y xenófoba. Mientras que los conservadores se caracterizan por ser elitista y dividirse frente al tema del proteccionismo económico. Hay conservadores proteccionistas que miran con simpatía al populismo en tanto no amenace sus privilegios y posición social. Otros conservadores, por el contrario, abrazan los principios del libre mercado y la apertura económica mientras se atrincheran en los valores familiares, la Iglesia Católica y la idea de una sociedad jerarquizada y de escasa movilidad social.

Por último, están los auténticos liberales que no sólo defienden a la economía de mercado sino la totalidad de los principios de la democracia liberal, la libre competencia, la meritocracia, la movilidad social ascendente y la plena vigencia de los derechos humanos.
En otras palabras, el término “liberal” está rodeado en Argentina de una total ambigüedad.

Para incrementar la confusión terminológica, el economista José Luis Espert no encontró mejor idea que denominar a su partido “Libertario” lo que a primera impresión hará pensar que se trata de un grupo anarquista.

Algo que, después de todo no está muy lejos de la realidad. Porque tanto los anarquistas como los liberales ortodoxos consideran al Estado una institución nociva e innecesaria a la que debería suprimirse.

De todas maneras, la aparición de un partido liberal ortodoxo resulta saludable para la política argentina, entre otras cosas, para que de una buena vez quede claro que el partido PRO de Mauricio Macri no es de derecha y mucho menos liberal. En último caso, el PRO es un partido formado por empresarios sin otra ideología que el pragmatismo más puro.

El pasado miércoles 19 de diciembre, Espert reunió a trescientos de sus seguidores en el Salón Hamburgo del tradicional Club Alemán de Buenos Aires para presentar el Partido Libertario.

El lugar elegido para la presentación y el perfil social de la asistencia auguran que el Partido Libertario no será un partido de masas, sino, en el mejor de los casos un “partido de cuadros”, según la terminología creada por el politólogo francés Maurice Duverger.

Los partidos de cuadros están formados por profesionales y actúan en alianza con los partidos de masas. Cuando los partidos de masas llegan al gobierno los partidos de cuadros le suministran expertos para cubrir áreas técnicas de la administración del Estado.

El MID, Movimiento de Integración y Desarrollo fundado por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, actuó como partido de cuadros para los gobiernos peronistas en la década de los setenta y noventa.

El problema que tendrá el Partido Libertario es que los partidos de masas de hoy: el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical e incluso el PRO cuentan con suficientes cuadros técnicos experimentados sin recurrir a otros partidos.

Por otra parte, la ideología liberal ortodoxa y cerrada tampoco facilitará las alianzas con otros partidos.

Los cuadros de conducción del nuevo partido están formados por un elenco de economistas y consultores financieros muy conocidos en la City porteña y entre el periodismo especializado pero carente de toda experiencia en la política de comité y mucho menos en la construcción de un partido político nacional.

Entre ellos figuraban: el economista mediático Javier Milei, Miguel Boggiano, Fausto Spotorno del estudio Orlando Ferreres, Agustín Etchebarne de la Fundación Libertad y Progreso; el titular de la consultora Economía y Regiones y ex socio de Rogelio Frigerio, Diego Giacomini, Guillermo Nielsen, ex viceministro de Néstor Kirchner que renegoció la deuda en default y luego candidato a jefe de gobierno porteño en las filas del Partido Renovador de Sergio Massa, Eliana Scialabba, Daniel Lema, Mariano Fernández, Gustavo Lazzari, Jorge Bertolino, Miguel Adorni, Germán Messina, Leandro Moro, Guillermo Maresco, Juan Tyberian, Juan Martín Gazaneo, Guido Vignoli, Nicolas Naimo Charo y Martín Krause. Es decir, lo más granado de los economistas liberales.

En la segunda fila, como militantes, se encuentra un nutrido grupo de jóvenes subtreinta: en su mayoría graduados o estudiantes universitarios de carreras empresariales y de economía, pertenecientes a la clase media acomodada. Jóvenes con mucho entusiasmo y grandes ideas pero que están haciendo sus primeras armas en el ámbito de la política argentina.

El propio José Luis Espert (1961) es un outsider de la política. Se trata de un licenciado en Economía, con un máster en Economía de la UCEMA que siempre ha sido consultor y analista económico. Se inició en consultoría en el estudio del economista Miguel Broda, luego pasó por el Estudio Arriazu, fue socio de Econométrica S. A. hasta que en el año 2000 se independizó y fundo su propia consultora “Estudio Espert” donde brinda asesoramiento a diversas empresas locales y del exterior. No ha ocupado cargos públicos y tampoco gestionó empresas o industrias de envergadura.

Su experiencia política se reduce a la actuación como panelista en programas televisivos y a los artículos sobre economía que suele publicar en los diarios La Nación y El País de Uruguay.

Su candidatura es apoyada por la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad, que sostiene financieramente a los partidos liberales en todo el mundo y por un grupo de empresarios locales a los cuales beneficia la apertura total de la economía argentina.
Espert aspira a representar a los votantes descontentos tanto con la gestión de Mauricio Macri como con un posible retorno del kirchnerismo.

Por el momento, el Partido Libertario enfrenta tres importantes desafíos. En primer término, lograr la personería jurídica en algún distrito para poder presentar candidatos.

Según la reforma electoral del 2009, Ley 26571 de Partidos Políticos, se requieren cuatro mil afiliados con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro tanto en la provincia de Buenos Aires. Tan sólo para obtener la personería jurídica en alguno de estos distritos y poder presentar una lista lectoral de diputados nacionales y provinciales en los próximos comicios.

Además, una candidatura presidencial requiere la personería nacional que a su vez demanda que el partido cuente con personería en al menos cinco distritos (provincias). Es decir, contar con unos veinte mil afiliados a nivel nacional pero distribuidos en cinco provincias.

El Partido Libertario tiene hasta el 22 de junio próximo para obtener la personería en cada distrito en el que aspire a presentar candidatos locales, nacionales y presidencial.

Claro que los libertarios siempre pueden recurrir al procedimiento habitual de realizar una alianza electoral con alguno de los pequeños partidos con personería jurídica y escaso caudal electoral, conocidos en el ambiente político como “sellos de goma”.

Este recurso extremo suele ser habitual en partidos nuevos y en candidatos sin partido para poder concretar rápidamente sus aspiraciones. Estas alianzas coyunturales en raras ocasiones resultan bien. Siempre surgen disputas al momento de confeccionar las listas de candidatos y por el manejo de la publicidad y los fondos de campaña.

El segundo obstáculo será superar el 1,5% de los votos válidos emitidos en cada distrito en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del 11 de agosto próximo. Para entonces, el Partido Libertario deberá reunir 100.000 fiscales para supervisar la votación en todo el país. Sólo los candidatos que superen esa barrera podrán competir en las elecciones generales del domingo 27 de octubre.

Por último, para ingresar a la política argentina el Partido Libertario deberá obtener alguna representación legislativa nacional. Ningún partido que defienda el ideario liberal logro representación nacional desde que la Unión de Centro Democrático, creada por el ingeniero y economista Álvaro Alsogaray, obtuviera un escaño en las elecciones legislativas de octubre de 2001.

Por el momento, la iniciativa de José Luis Espert y su equipo de economistas liberales esta muy lejos de constituir una auténtica opción electoral, ni siquiera son un partido político legalmente constituido.

La lógica indica que un nuevo partido que irrumpe en la política con dirigentes poco experimentados, casi desconocidos para el gran público y con un rígido planteo ideológico debería, al menos en una primera etapa, concentrar sus limitados recursos humanos y financieros en un solo distrito y más tarde ir incrementando gradualmente su presencia en otros distritos hasta llegar a la personería jurídica nacional. El Partido Libertario no ha seguido este procedimiento.

Lo cual hace pensar que para José Luis Espert y sus principales socios en el Partido Libertario sus candidaturas en estas elecciones generales son tan sólo una gran campaña publicitaria para darse a conocer no sólo como economistas sino como potenciales dirigentes políticos.

domingo, 23 de diciembre de 2018

LA INDUSTRIA ELECTORAL PUEDE REACTIVAR LA ECONOMÍA ARGENTINA EN 2019




En 2019, los argentinos concurrirán a las urnas en reiteradas ocasiones para elegir autoridades municipales, provinciales y hasta un nuevo presidente. Un proceso que involucrará un movimiento financiero de quinientos millones de dólares que puede contribuir a reactivar la alicaída economía del país.

La Argentina tendrá, en 2019, un cargado calendario electoral que forzará a los votantes a concurrir en diversas ocasiones a las urnas y que generarán fuertes erogaciones fiscales y privadas que, sin embargo, pueden contribuir a reactivar, al menos parcialmente, a una economía en recesión.

En 2017, las elecciones legislativas (nacionales, provinciales y municipales) implicaron erogaciones superiores a seis mil millones de pesos, que con un dólar por debajo de los veinte pesos implicaban trescientos millones de dólares.

Desde entonces, la inflación subió 47,5% y el dólar se situó, al menos por el momento, en torno a los cuarenta pesos. Además, el aporte que hará el Estado para el financiamiento de las campañas electorales se triplicará a partir de este años. Por cada votante, el Estado pagará el 3,5 por mil (antes era 1,3 por mil) del valor asignado al Salario Mínimo, Vital y Móvil que esta fijado actualmente en $ 11.900.

Por último, en 2019, además de los cargos legislativos se elegirán autoridades ejecutivas: intendentes, gobernadores y presidente. Lo que abre la posibilidad para una segunda vuelta electoral.

Todos estos factores hacen difícil estimar a priori cuánto se gastará en los comicios de este año.

No obstante, es importante destacar que no todo el dinero invertido en las elecciones son una pérdida para el Estado sino que se reinvierten en la economía nacional, crean puestos de trabajo y reactivan la capacidad ociosa de empresas locales.

En 2015, por ejemplo, el Correo Argentino cobró por su participación en la distribución y recolección de urnas y el envío de telegramas, tan sólo en la provincia de Córdoba, 36,8 millones de pesos, que con un dólar a diez pesos eran 3,68 millones de dólares.

Un proceso similar ocurre con los gastos de seguridad para los comicios donde el Estado nacional y provincial se contratan a sí mismos. El Estado paga los salarios, viáticos, gastos de combustible, etc., del personal destinado a la custodia de los locales de votación y al traslado de las urnas. Dinero que ingresa al presupuesto de cada fuerza y se vierte, en parte, en el salario y pago de horas extra del personal asignado a estas tareas.

En otras palabras, el Estado se paga a sí mismo y a los empleados públicos que trabajan en los comicios en forma de horas extra, viáticos y contratos de mano de obra temporal.
Claro está que no todo el gasto electoral se reabsorbe en la economía nacional. La firma española Indra, por ejemplo, obtuvo importantes ganancias por llevar a cabo el recuento provisorio y la difusión pública de los datos de los comicios. Pero, aun así, Indra contrató mano de obra e insumos locales (además de pagar impuestos en el país) para llevar a cabo las tareas para la cual fue contratada.

Pero, si el gasto estatal en las elecciones es difícil de dimensionar, mucho más difícil es saber cuanto gastan los partidos políticos en una elección presidencial.
Los expertos estiman que un partido político o una alianza electoral que presente no sólo la candidatura presidencial, sino también candidatos a gobernador en las veinticuatro provincias y a intendentes en todos los municipios del país (acompañados de sus respectivos candidatos legislativos) deberá invertir en la práctica no menos de cien millones de dólares.

En un país donde los afiliados a los partidos políticos no pagan cuotas partidarias el financiamiento de las campañas electorales dependen por entero de los aportes del Estado y de los que realizan financistas privados: empresarios, sindicalistas e incluso contribuciones de algunos gobiernos extranjeros.

A medida que se va aproximando la fecha de los comicios, las firmas encuestadoras electorales son contratadas por el gobierno, por los partidos e incluso en forma individual por los posibles candidatos para llevar acabo las mediciones de opinión e imagen más diversas.

Los expertos en marketing político, los asesores de imagen, los asesores de prensa, custodios, etc. venden sus servicios a los candidatos y partidos.
Las imprentas trabajan intensamente para la impresión de gigantografías, pasacalles, volantes, afiches y otros materiales de propaganda, etc.
Los expertos en informática son contratados como “community managers” para atender la imagen de los candidatos en las redes, crear videos y memes u operar como trolls informáticos.

Los analistas políticos son cada vez más consultados y contratados para dar conferencias, asistir a mesas redondas o a programas televisivos y radiales.

Los periodistas tienen mayor material para informar, opinar y especular. Los menos éticos suelen ser incentivados para mejorar con sus artículos la imagen o dar mayor espacio a las actividades de un candidato. En algunos casos, incluso para ocultar algún escándalo. Los más célebres y con mayor audiencia suelen ser consultados y/o contratados por medios extranjeros.

Hacia el final de la campaña, incluso llegan equipos periodísticos extranjeros que contratan hoteles, traductores, vehículos y choferes locales durante sus estadías.
La industria publicitaria vende sus espacios (físicos, radiales, televisivos y de internet) a los políticos que deben instalar su imagen y a los partidos que necesitan dar a conoce sus propuestas.

Mucho dinero circulará por canales informales para financiar las actividades proselitistas de distinta naturaleza.

La organización de actos de masas demandan fuertes inversiones para alquilar locales (estadios deportivos, anfiteatros, salones de fiestas, etc.), convocar y movilizar a los asistentes, contratar micros, alquilar equipos audiovisuales, luminarias, efectos especiales (bengalas, bombas de humo y estruendo, etc.), pinturas, bebidas, alimentos, banderas y otras parafernalias.

Todo ello sin hablar de la distribución de fondos extra a los militantes involucrados en la organización del evento y, más tarde, a los que reclutarán fiscales para controlar los comicios el día de la votación, e incluso para el pago de esos fiscales partidarios.

Los candidatos además deben recorrer la extensa geografía del país si se postulan para cargos nacionales o al menos de sus provincias e intendencias. En estos traslados el candidato nunca viaja solo, siempre lo hace con parte de su equipo de campaña, según sus posibilidades presupuestarias.

Para sus traslados los candidatos suelen emplear aviones, micros y flotas de automóviles. En ocasiones cedidos por empresas y en otros alquilados. Pero, en todos los casos el equipo de campaña suele hacerse cargo de los salarios y viáticos de los pilotos, choferes y personal de seguridad.

En ocasiones deben enviarse “equipos de avanzada” o trasladar una flota de automóviles  para brindarán apoyo local al candidato a su visita a una localidad alejada. En otros casos, se desplazan un par de micros cargados de manifestantes para dar una mayor presencia de masas al candidato en una localidad donde sus simpatizantes son escasos.

Todos estos gastos se incrementan cuando hay que sumar los costos de la hotelería y viáticos del personal de campaña y apoyo que se traslada y, en ocasiones, debe permanecer varios días fuera de sus bases.

Estos gastos de traslado, alojamiento y viáticos también deben ser afrontados por los medios de prensa que desplazarán a sus periodistas para cubrir una campaña o que deben contratar los servicios de medios o periodistas locales.

Pero, lo que son gastos para unos son oportunidades de negocios para otros. Los hoteles que alquilan sus habitaciones y salones de conferencias, estaciones de servicio que venden más combustible, bares y restaurantes locales que reciben a los clientes de visita, personal de seguridad que tiene una sobrecarga de trabajo pero también cobran horas extras.

El día de la votación, además de organizar un ejército de fiscales para controlar la votación, los partidos deben organizar un sistema logístico para distribuir boletas adicionales (porque suelen ser robadas de los cuartos oscuros), distribuir viandas a los fiscales y coordinar los relevos de los fiscales cuando es necesario que interrumpan su labor para descansar o ir al baño.

Todo ello sin hablar de los pagas ilícitos para captar voluntades y “comprar votos” que siempre forman parte de la “distribución de recursos” que acompañan a los años electorales.

Resumiendo, el desarrollo de un proceso electoral implica grandes movimientos de fondos que constituyen una suerte de “gasto keynesiano” que moviliza la economía de los países cuando se llevan a cabo elecciones y redistribuye fondos del Estado y la política hacia la sociedad.

martes, 18 de diciembre de 2018

¿OTRA CRISIS EN EL CARIBE?




La posibilidad de una presencia constante de fuerzas estratégicas rusas en el Caribe incrementa las tensiones regionales y recrea los escenarios de la Guerra Fría.

TENSIONES EN EL CARIBE

Aún no han cesado las repercusiones negativas de las maniobras militares conjuntas entre Venezuela y Rusia en aguas del Caribe que surgen nuevos motivos de preocupación con las versiones de una presencia permanente de fuerzas estratégicas rusas en una isla venezolana y la presencia de tres navíos de guerra iraníes paseando pabellón en una visita de cinco meses en puerto venezolanos.

Este año la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana ha realizado maniobras conjuntas con contingentes cubanos, rusos y ahora iraníes.

Para escalar todavía más las tensiones regionales, Nicolás Maduro, en una muestra más de su natural verborragia, salió a denunciar un supuesto complot orquestado por el Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton con la participación de Colombia y Brasil.

“Me quieren asesinar”, dramatizó el dictador venezolano y luego acuso en tono amenazador al presidente colombiano: “Tú, Iván Duque eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela.”

CRISIS EN DESARROLLO O SOLO OTRA FAKE NEWS

En ese contexto la versión del posible establecimiento de una base permanente de fuerzas estratégicas rusas en una isla venezolana despertó todas las alertas.
La versión surgió de un artículo publicado en agencia oficial de noticias rusa TASS. Veamos de que se trató:

“Es una idea correcta incluir a Venezuela en las misiones de largo alcance de nuestros aviones”, dijo el coronel Shamir Gareyev al periódico Nezavisimaya Gazeta. “Nuestros bombardeos estratégicos ya no tendrán que retornar a Rusia, ni tampoco deberán reabastecerse en vuelo mientras realizan sus misiones de patrullaje en América. [con Este acuerdo] Nuestros Tu-160 arribarán a su base en Venezuela, realizarán vuelos, ejecutarán sus misiones y serán reemplazados de acuerdo con una rotación normal. Es como debe hacerse”, agregó

En tanto el coronel Eduard Rodyukov, miembro de la Academia de Ciencia Militar de Rusia, dijo a Nezavisimaya Gazeta que el despliegue de los Tu-160 en el Caribe “es una especie de señal hacia [el presidente de los Estados Unidos] Trump para hacerlo darse cuenta de que si abandona los acuerdos de desarme nuclear esto tendrá un efecto boomerang”, en referencia a las intenciones del mandatario estadounidense de retirar a su país del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio firmado en 1987 con la antigua URSS.

“Nosotros estamos claramente ayudando al gobierno venezolano a mantenerse a flote”, dijo en sintonía con los anteriores el investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias de Rusia, Emil Dabagyan, en una entrevista al periódico ruso Kommersant. “Dado que Rusia se beneficia de la exploración petrolera, queremos que el régimen venezolano permanezca en pie”, agrego. En cuanto a Caracas, los ejercicios militares con Rusia y otras actividades de este tipo son muy importantes para ello en este momento. Según el experto, las autoridades venezolanas “tratan de mostrar su determinación de proteger al país de la posible agresión de Estados Unidos, que ha calificado al régimen de Maduro como ilegítimo.”

Los Tupolev Tu-160, conocidos como “Cisnes Blancos” o “Black Jack”, en la terminología de la OTAN, son bombarderos estratégicos supersónicos que entraron en servicio en la Unión Soviética en 1987 y siguen siendo utilizados en Rusia. Tiene una tripulación de cuatro personas y pueden volar a una velocidad máxima de 2.200 kilómetros con una autonomía de vuelo de 5.500 kilómetros, llevando armamento de todo tipo, incluyendo misiles nucleares y de crucero. Son capaces de ser armados con doce cohetes de crucero con ojivas nucleares o convencionales y cuarenta toneladas de bombas.

El Tu-160, hasta el momento, el avión de combate más grande en servicio es comparable en capacidades al Rockwell B-1 Lancer estadounidense. Fue empleado por primera vez en la guerra de Siria cumpliendo misiones de bombardeo empleando misiles de crucero Kh-101 armados con ojivas explosivas convencionales.

UNA ISLA EN EL CARIBE

El lugar elegido para la instalación de la base rusa es la isla de Orchila, de unas 40 hectáreas de extensión, a unos 160 kilómetros de Caracas y al este del Archipiélago de los Roques.

El nombre Orchila es la denominación popular de líquenes del reino de los hongos, utilizados de tiempos inmemoriales para extraer colorantes.

La isla alberga instalaciones militares y la Base Aeronaval Antonio Díaz con su pista de aterrizaje. Son instalaciones secretas cerradas al público y de solo acceso para contados altos funcionarios del régimen chavista. Incluso está prohibido el sobrevuelo de aviones civiles.

En 2009, altos mando rusos visitaron la isla de la Orchila para conocer sus instalaciones. En esa oportunidad, el “comandante eterno” Hugo Chávez Frías le ofreció al entonces presidente ruso Dmitri Medvedev usar la isla cada vez que “la aviación estratégica rusa necesite hacer un toque en Venezuela para cumplir con sus planes estratégicos.” Pero, el ofrecimiento nunca se materializó hasta el momento.

El principal inconveniente para la concreción de esta iniciativa es la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, modificada por el actual régimen chavista.
El artículo 13 de la ley suprema venezolana dice: “El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional. Las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra.”

Por lo tanto, para instalar una base rusa o cubana en cualquier isla venezolana primero hay que reformar la constitución.

Es por ello, que el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello se apresuró a negar la noticia.

“Sale una noticia por ahí: Rusia prepara la instalación de una base militar en Orchila. Ojalá fuera verdad, no una, dos, tres, cuatro, diez” dijo el número dos del régimen chavista.
Cabello atribuyó la información a quienes buscan hacer aparecer a la Revolución Bolivariana como una amenaza a la estabilidad de la región y alentar una intervención estadounidense en Venezuela.

CONCLUSIONES

Como la versión nació de prestigiosas publicaciones rusas, nunca fueron desmentidas por el Kremlin y Rusia no es un país donde sus altos mandos militares o sus académicos prestigiosos hacen declaraciones imprudentes sin autorización cabe preguntarse si se trató de una habitual campaña rusa de desinformación a base de “fake news” -noticia falsa- destinada a medir las reacciones de los Estados Unidos y otros países de la región sobre el incremento de su presencia militar en el Caribe o de enviar un mensaje al presidente Donald Trump de que el abandono del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio tendrá serias consecuencias.