Entre el 23 y
24 de enero de 1989, cuarenta y seis terroristas del Movimiento Todos por la
Patria atacaron las instalaciones del RIM 3, en la localidad bonaerense de La Tablada,
asesinando a nueve militares y dos policías. Las memorias del expresidente Raúl
Alfonsín agregan nuevos elementos al hecho.
El 10 de diciembre de
1983, el voto popular restableció el régimen republicano y constitucional en
Argentina. El abogado Raúl Ricardo Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica
Radical, asumió la presidencia. Inmediatamente comenzó a desmantelar el sistema
represivo organizado por los militares durante su gobierno y a investigar las
desapariciones forzadas de personas ocurridas durante el régimen de facto entre
1976 y 1983.
La restauración de
convivencia democrática no fue una tarea sencilla. Había demasiadas pasiones
encontradas, demasiados sentimientos de revancha.
Alfonsín ordenó
investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno
militar. Para ello creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas
-CONADEP-, presidida por el escritor Ernesto Sábato, que contabilizó la
desaparición de 8.960 personas. También ordenó enjuiciar a los integrantes de
todas las Juntas Miliares del Proceso de Reorganización Nacional, así como a
las cúpulas de las dos principales organizaciones terroristas que actuaron en
las décadas de 1960 y 1970, la Organización Político Militar Montoneros y
el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT – ERP).
Debido a un acuerdo
entre la UCR y el Partido Justicialista, solo se investigaron los hechos
ocurridos a partir del día del golpe de Estado, es decir desde el 24 de marzo
de 1976. En esta forma nunca se investigaron los delitos de lesa humanidad
cometidos por las organizaciones terroristas entre 1967 y 1976, ni los hechos
de terrorismo de Estado ocurridos durante los gobiernos constitucionales de
Juan D. Perón (12/10/1973 a 1/7/1974) y de María Estela Martínez Carta de Perón
(1/7/1974 a 23/3/1976) a través de grupos parapoliciales como la “Triple
A”, o Alianza Anticomunista Argentina.
En 1985, el Juicio a
las Juntas terminó con la condena de nueve de los militares enjuiciados, dos de
ellos a reclusión perpetua. Inmediatamente se abrieron juicios contra otros
militares por los hechos ocurridos durante la lucha antisubversiva.
Los militares no
aceptaron dócilmente la revisión de los hechos ocurridos durante la represión
de las actividades terroristas.
Hubo protestas
militares con actos de rebeldía en Campo de Mayo durante la Semana Santa de
1978, en la localidad correntina de Monte Caseros (16/1/1988) y en la
bonaerense de Villa Martelli (1/12/1988), forzando al presidente Alfonsín a
aprobar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para calmar la turbulencia
castrense.
Alfonsín tampoco
demostró mucha idoneidad en la gestión del país. El “Plan Austral” pergeñado
por el ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille fracaso estruendosamente.
La inflación, en 1987, alcanzó al 174% y en 1988, superó el 387% anual.
Alfonsín debió suspender las negociaciones paritarias pese a la oposición del
sindicalismo peronista que le hizo trece huelgas generales al gobierno radical.
En el tórrido verano de 1989, el gobierno radical se vio obligado a imponer
cortes de energía eléctrica y a reducir las emisiones televisivas al horario de
18.00 a 24.00 horas. El mal humor se instaló sólidamente en la sociedad
argentina.
“En
enero de 1989, recuerda Juan Bautista Tata
Yofre, el país vivía bajo el fervor de una campaña presidencial que
debía terminar el 14 de mayo de 1989. Los que no vivieron intensamente ese
largo trayecto deben saber que varios meses antes Carlos Saúl Menem había
ganado su candidatura presidencial en la última gran interna que realizó el
partido justicialista. Además, el candidato del oficialismo radical era el
gobernador Eduardo César Angeloz, que poco tenía de “alfonsinista”, por lo que
tuvo que sumergirse en una interna que no le daba respiro. Solo hay que
recordar cuando el canciller alfonsinista, Dante Mario Caputo, quiso disputarle
la candidatura a pesar de que “El Pocho” Angeloz ya era el candidato. Caputo no
estuvo solo, en ese momento fue acompañado de Ricardo Barrios Arrechea, ex
gobernador de Misiones y ministro de Salud y Acción Social de Alfonsín”.
En ese contexto un
grupo remanente de terroristas del Partido Revolucionario de los Trabajadores –
Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), liderado por Enrique Haroldo
Gorriarán Merlo, creó el 8 de mayo de 1986, una nueva organización el “Movimiento
Todos por la Patria”.
El terrorista
Gorriarán Merlo (1941 – 2006), nombre de guerra “El Pelado” o “Richard”,
tenía un largo historial de violencia y como mercenario al servicio de
gobiernos comunistas.
Perteneciente
a una familia de origen radical de la localidad bonaerense de San Nicolás de
los Arroyos, Gorrirán participó de la fundación del PRT-ERP, de la fuga de
guerrilleros del Penal de Rawson, en 1972, y del ataque a la Guarnición Militar
de Azul, provincia de Buenos Aires, el 14 de enero de 1974, en que murieron el
coronel Camilo Arturo Gay, su esposa Nilda Cazaux de Gay, el teniente coronel
Jorge Roberto Ibarzabal y el soldado conscripto Daniel González.
Cuando
el PRT-ERP debió retirarse de la Argentina, tras la muerte de Mario Roberto
Santucho y otros miembros del Comité Central, el 19 de julio de 1976, los
cuadros terroristas sobrevivientes se trasladaron a Nicaragua para combatir en
las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional que conducía el
comandante Daniel Ortega, hoy dictador de Nicaragua.
En
octubre de 1979, Roberto “El gato” Felicetti y el “Pelado”
Gorriarán Merlo lograron atraer con engaños a la ciudad de Tegucigalpa, en
Honduras, al líder de “los Contras”, Pablo Emilio Salazar Paz, alías “Comandante
Bravo”, un excoronel de la Guardia Nacional de Nicaragua, a quien
torturaron salvajemente con un soplete en la cara y los ojos, le arrancaron las
uñas y lo castraron antes de asesinarlo.
A
comienzos de los años ochenta, Gorriarán Merlo condujo el comando de
mercenarios argentinos, ex miembros del PRT-ERP, que llevó a cabo la “Operación
Reptil”, el asesinato del exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle,
el 17 de septiembre de 1980, en su exilio de la ciudad de Asunción, en
Paraguay, por encargo del gobierno sandinista de Nicaragua.
En
1986, Gorrirán Merlo contando con el apoyo político – financiero de la
inteligencia cubana, del gobierno sandinista y con considerables fondos
provenientes de sus operaciones ilegales, decidió crear una estructura política
movimientista y cristiana para impulsar “la revolución” en Argentina.
Además, de un partido político el Movimiento Todos por la Patria, Gorriarán
Merlo decidió crear canales de difusión política e ideológica al servicio de
este movimiento.
Para
ello financió la creación, el 26 de mayo de 1987, el diario Página 12,
que dirigió por el joven periodista Jorge Lanata contaba con la colaboración de
un grupo de periodistas de izquierda integrado por Horacio “el
perro” Verbitsky, Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós,
Eduardo Blaustein, Carlos Alberto “Quito” Burgos y
Francisco “Pancho” Provenzano y Jorge Baños.
Las
rebeliones militares, la crisis económica y el mal humor social imperante en la
sociedad argentina, convencieron a Gorriarán Merlo, un dirigente revolucionario
con vocación “foquista castro guevarista” y tendencia
militarista, que desde 1970 se movía en la más absoluta clandestinidad,
vinculado a estructuras de inteligencia y seguridad, que nunca había hecho
militancia de masas, que no era un dirigente surgido de un barrio, una fábrica
o la militancia universitaria, que estaban dadas las “condiciones objetivas”
para desencadenar una “insurrección popular de masas”.
Es
así como 46 (40 hombres y seis mujeres) militantes del Movimiento Todos por la
Patria, bajo la dirección estratégica del “Pelado Gorriarán” se
lanzaron a atacar el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, en La
Tablada, partido bonaerense de La Matanza, con la intención de llamar la
atención de los medios de comunicación para desencadenar la esperada “insurrección
popular” y con los tanques del Regimiento emprender una marcha a la
Casa Rosada, en la Plaza de Mayor, distante a 23 kilómetros, para “exigir
cambios de fondo” en el gobierno y “hacer la Revolución”.
Todo
ello bajo la insólita patraña de que estaban repeliendo un inexistente golpe de
Estado de militares carapintadas.
Este
delirio de una “Armada Brancaleone” de cuarenta y seis
iluminados, mal armados, muchos de ellos sin ninguna experiencia militar, ni
apoyo aéreo, tomando el control de un país de treinta millones de habitantes,
era una graciosa comedia. Pero, en su loco intento, los improvisados
terroristas asesinaron a nueve militares (cuatro de ellos soldados conscriptos
de 18 años) y dos miembros de la Policía Bonaerense, además de provocar
mutilaciones y heridas de consideración a otros sesenta militares y policías.
El
ataque al RIM 3 se decidió para el amanecer de un lunes de enero. Los
terroristas entendían que muchos soldados estarían de franco y que otros
regresarían esa misma mañana. El ataque tomaría por sorpresa a la guarnición.
El
plan original de la “Operación Tapir”, como denominaron al ataque
los terroristas, preveía que, tres horas después que un camión rompiera el
portón del Regimiento de Infantería, saldrían con los tanques blindados del
Ejército que tomarían de los galpones, y se iniciaría la movilización con gente
de las barriadas y las villas miserias de La Matanza. Sería el modo de anunciar
que el ataque al cuartel del RIMec 3 había frustrado el golpe de Estado de los
militares carapintadas.
Pensaban engañar a la opinión pública y
hacer creer que el Movimiento Todos por la Patria se había anticipado a un
golpe de Estado, había salvado a la democracia, y esa acción, legitimada por el
pueblo, obligaría al presidente Alfonsina adoptar políticas de revolución
social que condujeran a la instalación de una dictadura comunista.
En el ataque murieron 32 terroristas. El
5 de octubre de 1989, veintiún integrantes del Movimiento Todos por la Patria
fueron juzgados y sentenciados a penas que fueron de reclusión perpetua a diez
años de prisión.
En
1997, después de su detención en México, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo y su compañera
de ese entonces, Ana María Sívori fueron condenados a cadena perpetua y 19 años
de prisión respectivamente.
En
diciembre del año 2000, el entonces presidente radical Fernando de la Rúa
conmutó las penas de todos los condenados en 1989, permitiendo que nueve de los
once condenados por el ataque terrorista que aún estaban encarcelados salieran
en libertad en 2001, mientras que los dos restantes (Felicetti y Acosta) fueron
liberados recién en 2006.
El
20 de mayo de 2003, por decreto N° 1230/2003, el presidente Eduardo Duhalde
indultó a todos los condenados por el ataque terrorista al RIM 3, esto permitió
a Gorriarán Merlo y Ana María Sívori salir en libertad después de tan sólo seis
años de cárcel.
No
hubo ningún indulto para el mayor Horacio Fernández Cutiellos y a los otros
diez héroes (entre ellos cuatro jóvenes soldados que prestaban el Servicio
Militar Obligatorio) que perdieron su vida defendiendo la ley y el orden
constitucional en el Cuartel de La Tablada por los delirios de un grupo de
iluminados conducidos por un mercenario loco.
Raúl
Alfonsín y el ataque al RIMec 3 de La Tablada
En
su libro titulado “Memoria Política”, el expresidente Raúl Alfonsín
expresa sus sentimientos con respecto al ataque terrorista diciendo: “Si
bien teníamos información sobre el grupo MTP, nada nos hacía presumir que
podían lanzarse a un disparate de esa naturaleza, matando a soldados
conscriptos inocentes, y arriesgando a sus propios militantes.” (P. 109)
Sorprende
que el presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
además de un hombre que debe su educación al Ejército Argentino como cadete de
la segunda promoción del Liceo Militar General San Martín, no considere “inocentes”
y dignos de piedad a los cuadros del Ejército y de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires que perdieron la vida o sufrieron horrendas mutilaciones en
defensa de la ley y las instituciones de la democracia.
Alfonsín
solo se preocupa por los “militantes” de izquierda que pusieron su vida
en peligro al efectuar un ataque terrorista a sangre y fuego contra un cuartel
en tiempos de paz y bajo un gobierno constitucional libremente elegido por el
pueblo.
No
hay en las memorias del expresidente una sola palabra de reconocimiento hacia
los héroes caídos o hacia sus familias, es como si no hubieran existido. Pero
no olvida consignar la amable carta con que el terrorista preso Enrique Haroldo
Gorriarán Merlo, después de recordarle su reunión con los terroristas del
PRT-ERP, Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga (ambos pertenecientes a
familias de dirigentes radicales), le pide en el año 2000 que intervenga en
favor de su liberación.
Raúl
Alfonsín dedica 29 páginas de las 357 que componen su libro de Memoria Política
a explicar su accionar y el de los funcionarios de su Gobierno durante los días
previos y al ataque terrorista contra el RIMec 3.
En
especial, Alfonsín pone énfasis en demostrar que la recuperación del cuartel de
La Tablada y el trato que se dio a los terroristas capturados fue acorde con la
ley y el respeto a los derechos humanos de los terroristas capturados.
También
el presidente intenta refutar que el ataque estuvo vinculado a presiones de los
militares para que el gobierno radical reivindicara al Ejército y a la “lucha contra
la subversión”. Veamos como lo dice Alfonsín.
Por
ejemplo, Alfonsín menciona que instruyó a su ministro del Interior, Enrique “Coty”
Nosiglia que le preguntara al ministro del Interior de Nicaragua el
exguerrillero Tomás Borge por la participación de su país como apoyo del ataque
efectuado por los terroristas del MTP.
La
respuesta de Borge fue muy curiosa, según Alfonsín: “…se comprometió a
viajar a La Habana para entrevistarse con Manuel Piñeiro, jefe del Departamento
América del Partido Comunista cubano, es decir; el máximo responsable de las
organizaciones armadas en América Latina, también conocido como ‘Barbarroja’, para
ver si conocía la información que le habíamos brindado”. Una burla absoluta.
Alfonsín
también señala que el embajador de Nicaragua en Buenos Aires, Ariel Granera, “negó
en forma terminante que Gorriarán Merlo hubiera participado en Nicaragua en
actividades oficiales y declaró que el gobierno sandinista no se hacía responsable
de lo que hagan ciudadanos extranjeros después de visitar Nicaragua. ‘Ese señor
-en referencia a Gorriarán- no ha ocupado ni ocupa función oficial en el
gobierno de Nicaragua. En algún momento estuvo por allá es público, en los
primeros años de la revolución, como lo hacían ciudadanos de diferentes países,
sin que esto signifique que el gobierno de mi país tuviese alguna relación
política con ese señor.’”
Es
muy posible que el apoyo sandinista al demencial ataque de Gorriarán Merlo haya
sido una devolución de gentilezas por el envío de armas a los contras por parte
del gobierno de Alfonsín. Según, Jorge Lanata, en un artículo publicado en el
semanario El Porteño, el 15 de
diciembre de 1985, el buque de bandera argentina Punta Brava descargó en Puerto
Cortés (Honduras) cincuenta camiones de transporte de tropas, veinte conteiner
con armas y medio centenar de cajas de repuestos, todo lo cual había sido
embarcado un mes antes en el puerto de Buenos Aires; el despacho fue autorizado
por el presidente Raúl Alfonsín, con el aval del canciller Dante Caputo y el
ministro de Defensa, Raúl Borrás; el destinatario de material bélico que
aparecía en los papeles oficiales era el Ejército de Honduras; sin embargo, los
camiones y las armas habían sido adquiridas para ser derivadas al comando
antisandinista “contra”, liderado en aquel entonces por Edén Pastora, el
célebre “Comandante Cero”, operación respaldada por el gobierno de
Ronald Reagan.
Juan Bautista “Tata” Yofre, posiblemente el
historiador argentino que más conoce de las actividades de la inteligencia
cubana y sandinista en América Latina ha escrito al respecto: “En
sus Memorias, Gorriarán Merlo sostiene que la decisión de atacar al RIMec
3 se tomó el 19 de enero, es decir 4 días antes. Puede ser, pero la preparación
venía de mucho antes y de muy lejos. Entre tantas fuentes, Víctor
Boitano, un ex coronel del Ejército nicaragüense le relató a la periodista
televisiva María Elvira Salazar que parte del grupo subversivo
se entrenó en Nicaragua, con el conocimiento de la Inteligencia de ese país y
con el financiamiento del narcotráfico. Si los “nicas” lo hicieron, los cubanos
por lo menos lo sabían. Sospechosamente el reportaje del canal de Miami
desapareció años más tarde.
“Otros agregarán que colaboró en la planificación el
cubano (nacionalizado nicaragüense) Andrés Barahona López, alias Renán
Monteros, jefe de la Quinta División de la Inteligencia sandinista. Por si
no se lo recuerda, Monteros era el hombre que debía vincular a la guerrilla
de Ernesto Guevara con los grupos subversivos bolivianos de La Paz.
Cuando el “Che” llegó a Bolivia -y Fidel Castro le soltó la mano- Monteros
desapareció y Guevara se quedó sin contactos. Monteros apareció en París como
Agregado Militar y posteriormente llegó a Managua.”[i]
¿Fue el ataque a La Tablada un complot del gobierno
radical?
Sigamos con el relato de Raúl Alfonsín en sus
memorias: “La verdad es que a más de 15 años de producido el ataque al
cuartel de La Tablada no se encuentran causas suficientes que expliquen una
acción suicida como la perpetrada por el grupo del MTP. Solo pueden hacerse
especulaciones, algunas más cercanas a la verdad que otras, pero la realidad de
lo sucedido puede ser reconstruida con los distintos testimonios que se fueron
brindando con el correr de los años”, señala el jefe radical. (P.129)
“Entre las hipótesis que
existen en torno del hecho se cuenta la de que se trató de una operación de
inteligencia, no sé exactamente de qué sector, destinada a fortalecer a los
sectores legalistas de las Fuerzas Armadas frente al carapintadismo, no sé con qué
fines, pero aparentemente reivindicatoria de un sector del Ejército frente a la
sociedad, además de instalar la idea de la necesidad de las Fuerzas Armadas
frente a la agresión de una izquierda violenta. Esta es una conclusión a la que
algunos observadores han arribado luego de varios años de análisis y a partir
de declaraciones de Gorriarán Merlo, con sus dichos recogidos a lo largo del
tiempo”, continua Alfonsín.” (P.130)
Alfonsín también menciona en Memoria Política que
“Antes del ataque, el 16 de enero de 1989, el dirigente del MTP Jorge Baños -muerto
en el asalto-, que había sido abogado del CELS durante los años ochenta y
militante de la Juventud Peronista en la década de 1970, Francisco Provenzano,
militante del ERP, Roberto Felicetti, exjefe del Partido Intransigente en Mar
del Plata, y el sacerdote Antonio Puigiané ofrecieron una conferencia de prensa
para suministrar detalles de un presunto “complot golpista” acordado entre
Carlos Menem, Lorenzo Miguel y Mohammed Alí Seineldín, denuncia que tuvo amplia
repercusión en la opinión pública”.
Como la maniobra de los integrantes del MTP guardaba
muchas similitudes con el “Pacto militar – sindical” denunciado en 1983
por Raúl Alfonsín y que contribuyó a su triunfo sobre Ítalo A. Luder en las
primeras elecciones presidenciales de la restituida democracia, Carlos S.
Menem, candidato peronista en las elecciones previstas para mayo de 1989, acusó
al ministro del Interior Enrique “Coti” Nosiglia de haber mantenido
encuentros con los integrantes del MTP previos al ataque a La Tablada.
Alfonsín relata que Nosiglia, en lugar de desmentir
esas reuniones las confirmó con las siguientes palabras en declaraciones a la
prensa: “Yo (Nosiglia) he conocido personalmente a los señores Baños,
Felicetti y Provenzano. Los padres de este último han sido íntimos amigos de
mis padres. Todos ellos se manifestaron todos estos años decididos sostenedores
del sistema democrático, aunque críticos de nuestro gobierno. Todos ellos militaban
en la superficie y mostraron señales sólidas de haber emprendido el camino de
la disputa electoral. En ese carácter he dialogado con ellos.”
“Niego terminantemente que los nombrados me hayan
trasmitido sus intenciones. Rechazo con el mismo énfasis la simpleza mental de
identificar una charla con complicidad o complacencia. Impugno el argumento que
indica que solo se habla con los amigos.”
(P.129)
Más allá de las argumentaciones de Alfonsín y las
aclaraciones de Nosiglia, la versión no solo existió y circuló con distintos
detalles difíciles de comprobar entre periodistas y miembros de los servicios
de inteligencia. Las sospechas incluso se reforzaron después de que el siguiente
gobierno radical indultara a los terroristas presos y condenados. Nunca pudo
ser comprobada y nunca pudo se rebatida totalmente.
Como nunca tampoco se puedo encontrar una explicación
medianamente racional sobre los motivos del Ataque al RIMec 3 de La Tablada, el
hecho continúa rodeado de los mismos interrogantes que existen sobre otros
sucesos de nuestra historia. Tales como los auténticos secuestradores y
asesinos del general Pedro E. Aramburu, la muerte de Carlos Menem Jr., el
asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas y el suicidio del empresario Alfredo
Yabrán o la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otros casos.
[i] YOFRE, Juan
Bautista “Tata”: Las
complicidades de los terroristas del MTP que asaltaron a sangre y fuego el
cuartel de La Tablada, Artículo
publicado en Infobae.com. Bs. As. 26 de enero de 2020.
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