Los
persistentes problemas de gobernabilidad de Haití han estado determinados por
la tumultuosa historia del país, definida por la corrupción política de larga
data, las dificultades económicas, los constantes desastres naturales y las
continuas intervenciones armadas extranjeras.
El escenario
Haití es el país más pobre del
continente americano, lleva décadas sumido en el atraso económico, la
inestabilidad política, con crisis económicas, sanitarias y de seguridad que
han alimentado la creciente violencia e ingobernabilidad que lo sitúan al borde
de la guerra civil.
Su PBI per cápita fue de tan solo U$S
3.306, en 2022, según el Banco Mundial, mientras que la media en América Latina
y el Caribe fue de U$S 19.269, una cifra que no tiene en consideración las
desigualdades de ingresos entre sus habitantes.
Haití ocupa el puesto 163 entre los
191 países del Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas. Más de
la mitad de población vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza
de vida apenas supera los 64 años, en gran medida por las pésimas condiciones
de vida en la mayoría del país y por la fragilidad de su sistema de salud. El
hambre y la desnutrición han alcanzado niveles sin precedentes en el país con
efectos potencialmente mortales. En 2023, tres millones de niños, la cifra más
alta jamás registrada, dependieron de la ayuda humanitaria proporcionada por
Naciones Unidas. En Haití casi uno de cada cuatro niños padece desnutrición
crónica.
Además, el país tiene una de las
tasas de tuberculosis más alta del mundo, y el cólera, que tras el devastador
terremoto de 2010 causó cerca de 100.000 muertos, ha surgido en ciertos puntos
del país. A ello se suma el HIV/Sida que afecta al 1,7% de la población adulta.
El analfabetismo afecta al 40% de
la población, según datos del Banco Mundial y solo la mitad de los niños acuden
a la escuela de acuerdo con Unicef.
Uno de los quince países soberanos
del Caribe, Haití ocupa el tercio occidental de la isla de La Española, junto
con República Dominicana, ubicada al este. Al oeste, a través del Paso de los
Vientos, se encuentran Cuba y Jamaica. Al norte se encuentran las Islas Turcas
y Caicos, las Bahamas y el estado de Florida, en los Estados Unidos.
Las porosas fronteras marítimas
(900 millas) y terrestres del país, y su proximidad con los Estados Unidos, lo
convierten en una base estratégica para el tráfico de drogas, las cuales
llegan en aviones y barcos desde Colombia y Venezuela. Las abundantes pistas de
aterrizaje clandestinas en el interior, así como los muelles ubicados a lo
largo de las costas, han facilitado por mucho tiempo el trasiego de drogas a
través del país.
Por otra parte, la ubicación
geográfica de Haití lo ha hecho particularmente vulnerable a huracanes y
terremotos por descansar sobre dos fallas geológicas. La falla del Enriquillo –
Plantain Garden atraviesa todo el sur del país, mientras que la falla
Septentrional Oeste recorre el norte. Las sencillas estructuras de concreto de
las ciudades haitianas, sin amortiguación ninguna, se desmoronan como un
castillo de naipes cuando hay movimientos sísmicos causando daños económicos
significativos, así como incrementando la constante inestabilidad política.
En 2021, la naturaleza atacó por
partida doble: tras un terremoto de magnitud 7,2 que mató a unas dos mil
personas y destruyó el 30% de la península sur del país, la tormenta tropical
Grace exacerbó la situación unos días después, con inundaciones y
deslizamientos de tierras.
Estos desastres han generado flujos
de ayuda internacional hacia el país, que han sido objeto de escándalos de
corrupción política. Entre 2011 y 2021, el país recibió al menos U$S 13.000
millones en ayuda humanitaria. La asistencia internacional que ha llegado
después de los desastres también se ha extendido al ámbito de la seguridad,
pero estas ayudas no han estado exentas de problemas.
La turbulenta situación política de
Haití, los frecuentes desastres naturales y la mala situación económica han
llevado a cientos de miles de haitianos a huir del país en los últimos años.
Este éxodo ha propiciado el crecimiento de las redes de tráfico de las personas
que transportan clandestinamente a los migrantes en precarias naves por los
peligrosos mares que unen a los países caribeños, a veces con resultados
fatales.
Historia
Tras convertirse en colonia
francesa en el siglo XVIII, la población africana esclavizada de Haití se
sublevó en 1791, liderada por Toussaint L’Ouverture (1743 – 1803), un exesclavo
devenido en general revolucionario. Después de años de luchas, Haití declaró su
independencia de Francia en 1804. Haití fue la primera nación de América Latina
en independizarse, la república negra más antigua del mundo y la segunda
república más antigua del hemisferio occidental después de Estados Unidos.
Después de que Toussaint
L’Ouverture fue capturado por las tropas de Napoleón y enviado a Francia, el
general Jean-Jaques Dessalines, otro exesclavo, organizó en 1802 un
levantamiento contra los franceses a quienes venció en la batalla de Vertiéres,
en 1803. Dessalines ordenó el exterminio de la minoría blanca y mestiza. En
septiembre de 1804 se autoproclamó emperador, siendo oficialmente coronado el 8
de octubre en la ciudad de Le Cap, con el nombre Jaques I. En 1806, dos de sus
lugartenientes Alexander Pétion y Henri Christophe lo asesinaron y se
repartieron el poder.
Ningún país quiso reconocer a Haití
diplomáticamente hasta que Francia, en 1825, accedió a hacerlo, pero con
condiciones: o pagaban reparaciones por las haciendas y los esclavos perdidos o
debían enfrentar la guerra. De esta forma, Haití se comprometió a pagar una
indemnización de ciento cincuenta millones de francos (unos U$S 21.000 millones
actuales), que debía abonar en cinco cuotas.
Como no contaba con fondos
suficientes, debido a que los ingresos anuales del gobierno haitiano eran
apenas una décima parte de los que exigía Francia, Haití tuvo que solicitar un
préstamo. La antigua metrópoli accedió siempre y cuando fuera un banco francés.
Las comisiones draconianas que le
aplicó el Crédit Industriel el Commercial duplicó la deuda haitiana. Haití tuvo que pedir
enormes préstamos a bancos estadounidenses, franceses y alemanes con tasas de
interés exorbitantes que lo obligaban a destinar la mayor parte del presupuesto
nacional a pagar la deuda externa. No fue hasta 1947 que Haití terminó de
compensar a los herederos de los dueños franceses por las plantaciones.
Luego de la independencia, Haití
estuvo afectada por la inestabilidad política, las dificultades económicas y
las intervenciones extranjeras, incluida una ocupación por parte de las fuerzas
estadounidenses entre 1915 y 1934.
En 1915, trescientos treinta
marines de los Estados Unidos desembarcaron en Puerto Príncipe para defender
los intereses de las empresas estadounidenses en el país. A esta primera
incursión siguió una ocupación mayor, en la que los Estados Unidos se
apoderaron del control de las aduanas de Haití y las principales instituciones
económicas del país, como bancos y el tesoro nacional, que prácticamente
vaciaron para cobrarse las deudas con empresas estadounidenses.
En 1922, Washington obligó a Haití
a tomar préstamos de Wall Street aumentando su endeudamiento. La ocupación
perduró hasta 1943, pero su control financiero del país se prolongó durante
décadas.
La familia Duvalier, encabezada por
François “Papa Doc” Duvalier, y más tarde por su hijo Jean-Claude,
apodado “Baby Doc”, gobernó a Haití como una dictadura apoyada en la
brujería “vudú” y la violencia para policial de los “Ton Ton Macoute”
(los hombres del saco, en español), entre
1957 y 1986.
Durante las décadas de 1970 y 1980,
gran parte de la cocaína consumida en Estados Unidos era traficada a
través del Caribe, incluidos países como Haití y República Dominicana. El
tráfico de drogas se convirtió en una importante fuente de ingresos para la
élite política y empresarial de Haití, que utilizó sus conexiones para proteger
a los narcotraficantes y lavar dinero. El gobierno de Jean-Claude Duvalier fue
particularmente conocido por su participación en el tráfico de drogas. El
régimen brindó protección y apoyo logístico a los narcotraficantes colombianos
que utilizaron a Haití como punto de tránsito.
En 1986, las protestas y huelgas
motivadas por la crisis económica y política condujeron al derrocamiento, por
un golpe de Estado militar, de “Baby Doc” Duvalier. Haití experimentó
una breve transición hacia la democracia en 1990, cuando el exsacerdote
salesiano Jean-Bertrand Aristide fue elegido presidente. Sin embargo, Aristide
fue derrocado mediante un golpe militar y forzado a exiliarse al año siguiente.
El país estuvo gobernado por un régimen militar hasta 1994, cuando las tropas
estadounidenses intervinieron para volver a instaurar a Aristide en el poder. A
su regreso, Aristide disolvió el ejército haitiano, un organismo de
seguridad bastante corrupto, pero esta medida también privó a Haití de otro
método de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.
La presidencia de Aristide, durante
la segunda mitad de la década de 1990, se vio empañada por actos de
corrupción, violencia política y participación en el tráfico de drogas. Durante
sus mandatos como presidente, los narcotraficantes haitianos se vincularon con
el Cartel de Medellín, y más tarde con el Cartel del Norte del Valle, para
pasar cientos de toneladas de cocaína de Colombia a través de Haití y hasta los
Estados Unidos, presuntamente sobornando a funcionarios locales, policías e
incluso al propio Aristide.
En 2004, Aristide fue derrocado de
nuevo, y se estableció una misión de la ONU, la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) para el mantenimiento de la paz, con el fin
de estabilizar al país. La MINUSTAH se prolongó hasta 2017. La misión estuvo
plagada de acusaciones de abusos contra los derechos humanos por parte de las
fuerzas de paz de la ONU, que fueron imputadas especialmente por delitos
sexuales. La ONU también ha reconocido su papel en el inicio de un brote de
cólera que mató a miles de personas.
Los narcotraficantes cambiaron sus
métodos y empezaron a utilizar rutas terrestres por Centroamérica, después de
que las autoridades comenzaron a actuar de manera enérgica contra el tráfico
por vías marítimas. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos
estimaba que, hacia 2006, el 8 por ciento de la cocaína que llegaba a
Estados Unidos todavía pasaba por La Española.
En 2010, un devastador terremoto
causó la muerte de más de 200.000 haitianos, llevó al desplazamiento de
millones más y provocó una enorme destrucción.
Poco después del terremoto, en
2011, Michel Martelly fue elegido presidente, heredando el control de un país
con niveles extremos de pobreza, incremento de la violencia y corrupción
arraigada. En 2017, Martelly fue acusado de malversación de fondos, como parte
del famoso escándalo de Petrocaribe, que involucró la desaparición de U$S 3,8
mil millones de un programa de subsidios petroleros de Venezuela, que tenía el
objetivo de proporcionar petróleo con bajos precios a Haití.
En 2016 se hicieron elecciones en
Haití, pero las acusaciones de fraude y supresión de votantes provocaron
protestas y deslegitimaron al recién elegido Jovenel Moïse. En 2018, estallaron
protestas en todo Haití, en las que se pedía la renuncia de Moïse, quien fue
acusado de corrupción y mala gestión de los recursos del país.
El 7 de julio de 2021, Moïse fue ultimado
por un comando de mercenarios colombianos en la residencia presidencial, en
Puerto Príncipe, lo que causó mayor agitación política en el país. Ariel Henry
se convirtió en el primer ministro interino de facto, en medio de protestas y
actos de violencia en todo el país. Se suponía que debía convocar a elecciones
para transferir el poder antes del 7 de febrero de 2024 pero no lo hizo.
Después del magnicidio, el gobierno
interino perdió el control (que nunca tuvo en forma total) de gran parte del
territorio nacional. Las pandillas pasaron a controlar Puerto Príncipe. La extorsión
a comerciantes callejeros y empresarios, los secuestros masivos y el flujo
incesante de armas hacia el país han contribuido al continuo deterioro de la
economía de Haití.
En 2022, la ONU y los gobiernos de
Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones de manera coordinada contra los
más notorios líderes de los grupos criminales y de las élites políticas y
empresariales de Haití por su presunto papel en el tráfico de drogas, el
lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas, pero los
efectos de dichas sanciones han sido mínimos hasta el momento.
El 29 de febrero de 2024, el primer
ministro Ariel Henry, viajó a Kenia para firmar un convenio para posibilitar
que un contingente de mil policías kenianos concurriera al país caribeño para
colaborar en el mantenimiento del orden. Cuando intentó regresar a Haití no
puedo hacerlo porque el aeropuerto de Puerto Príncipe estaba bajo fuego de las
pandillas que demandaban su renuncia. Henry debió aterrizar en Puerto Rico ante
la negativa de República Dominicana de recibirlo transitoriamente. Intentó
infructuosamente conseguir un avión militar estadounidense para retornar a su
país hasta que, falto de todo apoyo interno e internacional se vio forzado a
renunciar el miércoles 13 de marzo.
El primer ministro Ariel Henry será
sustituido por un Consejo Presidencial de Transición compuesto por siete
miembros, que designará a un primer ministro provisorio.
La implementación de este consejo,
que contará también con dos observadores, se acordó el lunes 11 de marzo, en
una reunión convocada por la Comunidad del Caribe (CARICOM), en Jamaica, a la
que asistieron representantes haitianos, de la ONU y de socios internacionales,
entre ellos los Estados Unidos, cuya delegación encabezó el secretario de
Estado Antony Blinken.
Los miembros del Consejo
Presidencial de Transición serán designados por los entes: Colectivo 30 de enero,
Acuerdo de Montana, Acuerdo del 21 de diciembre, EDE/RED, las fuerzas políticas
Fanmi Lavalas y Pitti Desalin y el sector privado, mientras que los
observadores representarán al Reagrupamiento por una Entente Nacional y Soberna
(REN) y a la diáspora de haitianos residentes en el extranjero.
Dentro de Haití, el Consejo
Presidencial de Transición ha encontrado gran oposición por parte de Jimmy
Chérizier y la coalición de bandas armadas que lidera “Vivre Ensemble” y de los
políticos como el exsenador y candidato presidencial Jean Charles Moïse, el exlíder
rebelde Guy Philippe y el excoronel Himmler Rébu, presidente de la Gran Reunión
para la Evolución de Haití, entre otros.
Fuerzas de aplicación
de la ley
Haití cuenta con fuerzas de
seguridad débiles, plagadas de corrupción, ineficacia, vínculos con pandillas y
permanente falta de personal y recursos.
El principal organismo encargado de
hacer cumplir la ley es la Policía Nacional de Haití (Police Nationale d’Haiti,
PNH), creada en 1995 para remplazar a las disueltas Fuerzas Armadas de Haití, cuenta
con nueve mil efectivos para controlar a una población de 11, 5 millones de
habitantes. Es decir, solo un agente por cada 1.200 personas. En comparación,
el Departamento de Policía de New York cuenta con 36.000 efectivos para tan
solo 8,5 millones de habitantes y tiene a su disposición importantes recursos
tecnológicos de vigilancia.
Para colmo de males, sus miembros
han sido frecuentemente acusados de violaciones a los derechos humanos, llevar
a cabo ejecuciones extrajudiciales y participar en golpes de Estado.
La ausencia de un gobierno electo
operativo implica que las fuerzas de seguridad tienen poca supervisión, reciben
escasa y mala instrucción profesional y carecen de medios tecnológicos, por lo
cual muchos de sus integrantes terminan por dedicarse al crimen. Los agentes de
la PNH, cuya remuneración siempre ha sido deficientes, actualmente es de unos
doscientos dólares, mientras que los jefes criminales les ofrecen mil dólares
mensuales por su complicidad en la comisión de delitos.
No puede sorprender entonces que los
policías haitianos estén sospechados de participar en el tráfico de armas y de
integrar los “escuadrones de la muerte” patrocinados en secreto por las autoridades.
Un contingente fuertemente armado
de policías activos y retirados, conocido como “Fantom 509”, actúa como
un grupo criminal y ha llegado a atacar edificios e instalaciones
gubernamentales para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo para los
agentes de policía.
El sistema judicial de Haití, por
su parte, ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años, como falta de
recursos, corrupción e interferencia política. El sistema prácticamente llegó a
colapsar por la saturación de casos provocada por los retrasos en los
nombramientos de secretarios, fiscales y jueces y las frecuentes huelgas de
funcionarios demandando mayores salarios o mejores condiciones de trabajo.
Las cárceles de Haití se
caracterizan por el hacinamiento, la carencia de asistencia sanitaria y la
falta de financiación, hay pocos recursos y deficiente supervisión. Los
funcionarios penitenciarios reciben peores salarios y menor preparación que el
personal policial.
Hasta el 80%, de las casi 12.000
personas que conforman la población carcelaria del país, se encuentran en
prisión preventiva, lo que significa que nunca han tenido un juicio debido al
deteriorado sistema de justicia del país.
Las constantes fugas masivas
también ponen de relieve las deficiencias del sistema penitenciario. Más de 170
reclusos escaparon en una sola acción, en 2016, y otros 300 internos se
fugaron más tarde después de un tiroteo entre guardias y asaltantes armados.
El 2 de marzo de 2024, los pandilleros,
a las órdenes de Jimmy Chérizier, “Barbecue” llevaron a cabo el asalto a las
dos principales prisiones de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Según los testigos
se podían observar al menos quince cadáveres de presos en los alrededores de la
Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. De un total estimado de cuatro mil reclusos
fugaron 3.696, el 97% del total. Tan solo 98 internos permanecieron en el
recinto.
En la Penitenciaria Nacional de
Puerto Príncipe estaban alojados los principales líderes de las pandillas y los
17 mercenarios colombianos acusados de asesinar al presidente Jovenel Moïse.
La otra cárcel, la prisión civil de
Croix-des-Bouquets, que albergaba a unos 1.400 reclusos, también fue invadida,
pero no trascendieron detalles sobre el número de internos fugados. De todas
formas, se estima que más de un tercio de los presos de Haití fugaron durante
esos ataques.
Finalmente es importante consignar,
que las prisiones también sufren constantemente por el deterioro de las
instalaciones, la falta de alimentos y de personal, lo que, en 2022, llevó a la
muerte de más de cien haitianos privados de la libertad.
Las Bandas criminales
Según un informe de la Iniciativa
Global contra el Crimen Organizado Transnacional, publicado en 2022, en Haití
existían en ese entonces doscientas bandas criminales, 95 de las cuales
operaban especialmente en Puerto Príncipe[i].
No puede sorprender entonces que Puerto Príncipe sea la ciudad que más ha
padecido la violencia proveniente de los grupos criminales. La ONU estima que
las pandillas controlan el sesenta por ciento de la capital, pero muchos
haitianos piensan que casi toda la ciudad ha caído bajo el control de
grupos criminales. Hay algunas bandas que son bastante poderosas.
Con frecuencia, las
pandillas se han asociado a los políticos haitianos, de quienes han recibido
pagos por la cooperación y la movilización de votos durante las elecciones.
Pero en Haití no se han realizado elecciones desde 2016, lo que ha llevado a
las pandillas a recurrir a los secuestros extorsivos para suplir los vacíos
económicos.
Para controlar sus
territorios, las pandillas haitianas aterrorizan a las comunidades locales,
utilizando la violación sistemática de mujeres y niñas como arma de guerra, tal
como señala Naciones Unidas.
El G9, por ejemplo,
ha utilizado la violación para castigar a las mujeres que viven en los territorios
controlados por pandillas rivales. Un terrible caso se presentó en abril de
este año, cuando miembros del G9 violaron a 49 mujeres en Cité Soleil, el
barrio más poblado y pobre de Puerto Príncipe. Las mujeres se encontraban
huyendo de la violencia en un barrio controlado por otra pandilla, según
un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití
(BINUH).
Las pandillas también
han atacado escuelas y colegios, robando equipos, muebles y comida. De acuerdo
con UNICEF, 72 escuelas fueron vandalizadas en 2022 contra ocho en 2021.
El virtual estado de
guerra civil provocado por las pandillas en Haití ha provocado un 362.000 desplazados
internos. Las personas desplazadas aumentaron un 430% entre 2021 y 2022, a
ellos se suman 35.000 nuevos desplazados en los primeros meses de 2024, el
mayor incremento que se haya experimentado en América Latina desde que se
comenzaron a recopilar datos en 2018.
La sumatoria de eventos
que conforman la actual crisis, en que se encuentra sumido el país, ha
provocado que 1,4 millones de haitianos vivan al borde de la hambruna, según
señala Jean-Martín Bauer, responsable del Programa Mundial de Alimentos de
Naciones Unidas en Haití.
El G9 y Familia (G9 an fanmi, G9)
es una federación de grupos que congrega a nueve de las pandillas más poderosas
de Puerto Príncipe. El G9 está dirigido por el expolicía Jimmy Chérizier, alias
“Barbecue”. El grupo estuvo vinculado previamente al Partido Haitiano
Tèt Kale, de Moïse y Henry (Parti Haïtien Tèt Kale, PHTK), actuando como brazo
armado de este partido. El Partido Haitiano Tèt Kale (cabeza calva, en criollo
haitiano) fue creado en 2012 y tiene ideología liberal conservadora.
Sin embargo, “Barbecue”
rompió relaciones con ellos después del asesinato de Moïse, ya que el grupo
criminal había ganado un capital político significativo en las áreas que
controla en Puerto Príncipe.
Chérizier es sin lugar a duda, el
hombre fuerte del crimen organizado en Haití, Se trata de un expolicía nacido
en el barrio de Delmas, en Puerto Príncipe, el 20 de marzo de 1977. Su carrera
criminal comenzó, en 2017, cuando era policía y participó de un “escuadrón
de la muerte” policial que ultimó a nueve civiles vinculados a la mafia de
Grand Revine, un barrio de Puerto Príncipe.
Al dejar la policía, rápidamente
adquirió el control de la pandilla de su barrio “Delmas 6”. Para ello
habría contado con el apoyo de sus antiguos colegas policías y de los políticos
del Partido Haitiano Tèt Kale, en especial el presidente Jovele Moïse.
Pronto Chérizier se convirtió en el
nexo que distribuía fondos suministrados por Moïse a las distintas bandas
haitianas. Según el portal especializado InSight Crime, antes del asesinato de
Moïse, el 50% del financiamiento de la G-9 provenía del dinero del gobierno,
con un 30% procedente de secuestros y el 20% restante recaudado a través de
extorsiones a comerciantes.
Con ese poderío, Chérizier comenzó
una cruenta batalla por el control territorial de Puerto Príncipe, donde se
cometieron una serie de masacres que sembraron el terror no solo en la capital
sino en todo el país. Fue entonces cuando Chérizier ganó su apodo de “Barbecue”
porque tiene la costumbre de incinerar a sus víctimas e incluso a las viviendas
para borrar todo rastro que pueda incriminarlo.
Naciones Unidas y los Estados
Unidos han señalado que fue uno de los policías involucrados en la matanza de
La Saline. Según testigos,
afirman que un camión de la policía que transportaba a policías uniformados
llegó a los barrios pobres de La Saline, en Puerto Príncipe, alrededor de las
15:00 horas del 13 de noviembre de 2018. Luego, los policías abrieron fuego
contra los civiles, mientras que pandilleros locales mataron a algunos otros
con machetes o armas de fuego. Según un grupo de derechos humanos, al menos 21
hombres murieron en la masacre, además de reportarse casos de violencia sexual
contra mujeres y cientos de desplazados.
Hacia junio de 2020, y aprovechando el
caos reinante, Chérizier promovió la unión de nueve pandillas -entre ellas la
400 Mawozo, la banda a la que se atribuyó el secuestro de un grupo de 17
misioneros estadounidenses y canadienses en 2021- en una agrupación que
finalmente bautizó como G-9 y Familia.
Otros líderes de pandillas del G9
han actuado como sus principales aliados. Entre estos se encuentran James
Alexander, alias “Sonson”, de la pandilla Baz Krache Dife; Ezeckiel
Alexandre de la pandilla Baz Pilatos; Christ Roy Chery, alias “Chrisla”,
de la pandilla Nan Ti Bwa; Albert Stevenson, alias “Djouma”, de la
pandilla Simon Pelé (quien ya ha sido arrestado); Serge Alectis, alias “Ti
Junior”, de la pandilla Baz Nan Chabon; Jean Emiliano Micanor, alias “King
Micano”, de la pandilla Waf Jérémie; Matias Saintil, de la pandilla Nan
Boston y el asesinado Andris Icard, alias “Iska”, de la pandilla
Belekou. Ti Junior y Iska fueron asesinados en 2022 y 2023 respectivamente.
Barbecue ha trabajado estrechamente
con estos líderes para lograr la expansión territorial y atacar a sus rivales. El
poder que Barbecue ha acumulado como parte del G9 es inusual, incluso dentro de
la larga historia de Haití, donde ha habido pactos bajo cuerda entre dichos
grupos y los líderes políticos.
Los discursos y las apariciones de
Barbecue en las redes sociales muestran una retórica cada vez más política. En
septiembre, el líder pandillero apareció en un video de YouTube en el que se
refería a G9 y Familia y Aliados como un movimiento revolucionario; “Hemos
decidido tomar las riendas del destino del país. Ello significa liberarlo del
5% de las personas que controlan el 85% de la riqueza del país”.
Su declaración en otro video
publicado en un medio de comunicación local es similar, excepto que en este lo
acompaña un oficial de policía activo; “Hoy, en este mismo momento, estaba
en las calles porque ha comenzado la revolución para liberar al país [en este
momento aparece una policía marchando]. Saludamos además a los policías que se
están uniendo al movimiento”.
El intento de Barbecue de hacer del
G9 un movimiento revolucionario en lugar de un grupo criminal indica que las
pandillas se han vuelto más autónomas con respecto a la élite política. A pesar
de que Barbecue no puede aspirar a puestos políticos debido a que existe una
orden de arresto en su contra, tiene la capacidad de poner en la esfera
política a alguien elegido por él. Sin embargo, dado que su padrino político
Jovenel Moïse ya no está, cuenta con menos aliados en ese sector; de hecho,
incluso la élite económica ha puesto un precio sobre su cabeza.
Naciones Unidas por su parte, acusa
Chérizier de cometer abusos contra los derechos humanos y de perpetrar ataques
mortales contra la población civil, alegando que sus acciones “han
contribuido directamente a la parálisis económica y la crisis humanitaria de Haití”.
Mientras que el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos también imputa a Barbecue de abuso contra los
derechos humanos y de realizar ataques brutales contra civiles en Puerto
Príncipe, al menos desde 2018, como líder de la alianza de bandas conocida como
G9, por lo que le impuso sanciones.
Otras once organizaciones
criminales de Puerto Príncipe cooperan y mantienes negocios con el G9.
Cuando es necesario, brindan apoyo a Barbecue y a otros líderes de
pandillas. Esta unión a veces se conoce como el G20. Pero en la presente crisis
ha ampliado su coalición criminal conformando una alianza de bandas denominada
“Viv ansam” (o Vivir Juntos) a la que, como hemos visto, pretende presentar
común un movimiento revolucionario y no como un grupo criminal.
Los negocios criminales de la
pandilla G9 y Familia se vinculan sobre todo a la extorsión, sus hombres
controlan los abundantes mercados al aire libre de la capital, que mueven gran
cantidad de bienes y dinero, donde los puesteros deben pagar por “protección”
a las pandillas. También lleva a cabo secuestros extorsivos y se ha apoderado
de servicios públicos como la electricidad o el suministro de agua, por
los cuales cobran. Barbecue y el G9 han bloqueado dos veces la Terminal Varreux,
la terminal petrolera más grande de Haití, acción coordinada por varios grupos
criminales para restringir el acceso al combustible en todo el país, con el fin
de desestabilizar al gobierno.
Regularmente se han presentado incidentes
entre los hombres de Barbecue y los grupos rivales por negocios y territorios.
Por ejemplo, en mayo de 2020, Barbecue atacó a Fanmi Lavalas, una pandilla de
Cité Soleil, junto con otras bandas.
Barbecue también podría considerar
que los antiguos miembros del G9 son sus enemigos. Según informes, la pandilla
Grand Ravine se retiró de la alianza a principios de 2021, debido a
enfrentamientos internos. En octubre de 2020, el líder de la pandilla apareció
en una transmisión de radio, diciendo que había secuestrado a un alto ejecutivo
de una lotería porque Barbecue no lo estaba apoyando financieramente.
El principal rival del grupo es el
G-PEP, otra agrupación de bandas, liderada por Gabriel Jean-Pierre, alias “Ti
Gabriel”, de la banda “Brooklyn”. Los opositores políticos del PHTK
apoyan al grupo, pero no está claro hasta qué punto le suministran recursos materiales o financieros. Están aliados otras
bandas como Bel-Air, Grand Ravine y Cité Soleil.
Existen muchas otras pandillas
independientes menos importantes, pero una de las más conocida es 5 Seconds,
dirigida por Johnson André, alias “Izo”, que ha sitiado importantes
obras de infraestructura e instalaciones, como el edificio de la Corte Suprema de
Haití, y le exigió al gobierno un pago por su liberación. La pandilla Kraze
Baryè, liderada por Vitel’Homme Innocent, también llegó a ser conocida tras
asesinar a varios policías e incendiar una estación de policía a principios de
2023.
Apreciación final
Como puede apreciarse la situación en
Haití se ha tornado sumamente compleja y de difícil solución.
El país se encuentra en la práctica
acéfalo y al borde de la guerra civil. El primer ministro dimitente, Ariel
Henry, está, en algún lugar de Puerto Rico, imposibilitado de retornar a Haití,
impartiendo órdenes por teléfono, que nadie acepta ni está en condiciones de
cumplir. La policía haitiana totalmente desbordada a duras penas puede proteger
los edificios públicos y ha perdido el control de infraestructuras
estratégicas: aeropuerto, puerto y terminales petroleras.
El poder real sobre el terreno se
encuentra en manos de los diversos grupos criminales que han encontrado en
Jimmy “Barbecue” Chérizier un líder (o al menos un vocero) que los represente y
un programa: tomar el poder como un movimiento de liberación y formar un
gobierno para controlar “legalmente” al país.
Mientras no se resuelve la crisis
política y de seguridad, la economía está paralizada, los comercios y las
escuelas permanecen cerradas, aumenta el número de personas desplazadas (35.000
tan solo la última semana) y el hambre acecha a 1,4 millones de haitianos.
En este contexto, la élite política
y empresarial local y las bandas criminales se oponen a cualquier solución
política salida de organismos internacionales (ONU, OEA, CARICOM, etc.) que no
cuente con su participación.
Aún suministrar y distribuir la
ayuda humanitaria que evite una hambruna generalizada demanda de muchos
acuerdos y es un desafío logístico y de seguridad en las actuales condiciones.
La iniciativa de Naciones Unidas de
conformar una “Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad” con la
participación de mil policías kenianos o el involucramiento del presidente
salvadoreño Nayibe Bukele, parecen soluciones insuficientes que no garantizan
que estas fuerzas no terminen cometiendo nuevas violaciones a los derechos
humanos como ha ocurrido en el pasado con la MINUSTAH.
El único actor con capacidad para
tomar el control de la situación son los Estados Unidos. Pero, al menos por el
momento, Washington, si bien muestra preocupación por la evolución de la
situación en Haití y ha ofrecido fondos para ayuda humanitaria a Naciones
Unidas, no parece estar dispuesto a involucrarse directamente en el conflicto
con sus efectivos militares sobre el terreno.
Sin decir, que una presencia
militar extranjera en Haití seguramente exacerbará los ánimos de los criminales
y aún de ciertos políticos locales.
La única solución viable sería
convocar al diálogo a todas las fuerzas políticas del país para reorganizarlo
en base a un acuerdo consensuado que establezca una hoja de ruta que contemple
una inminente consulta electoral, con reglas claras que garanticen elecciones
transparentes y el establecimiento de un pacto político mínimo que otorgue
cierta gobernabilidad al país.
Solo así será admisible la
presencia de fuerzas de seguridad internacionales para reforzar a la policía
haitiana y crear un marco de seguridad que permita distribuir la ayuda
humanitaria y controlar gradualmente la actividad criminal de las pandillas.
No obstante, este tipo de solución,
al parecer, por el momento, ni siquiera se encuentra en los papeles.
[i] PAREDES,
Norberto: Tres claves para entender la grave crisis que atraviesa Haití.
BBC News Mundo. 6 de marzo de 2024.
