El
presidente argentino parece convencido de que debe terminar con la economía
informal de la “Argentina Trucha” para captar inversiones extranjeras y mejorar
la calificación del riesgo país.
Desde
que asumió la presidencia de la Argentina, en diciembre de 2015, el ingeniero
Mauricio Macri ha tratado de dotar al país de una economía seria y previsible,
liberando la compra de divisas, sincerando las tarifas de los servicios
públicos, permitiendo la repatriación de ganancias de las empresas extranjeras
y combatiendo la inflación.
No
obstante, las condiciones sociales del país y la propia correlación de fuerzas
políticas han impuesto que el gobierno deba aplicar las reformas en forma
gradual para evitar un estallido social.
Una
parte de este programa implica combatir la economía informal que sirve de
refugio a los sectores menos favorecidos de la sociedad, pero que también
facilita las grandes ganancias de las organizaciones criminales y alienta la
corrupción de los funcionarios públicos.
Primero
combatió a los manteros y puestos ilegales de ventas que se habían adueñado de
importantes arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora se vuelve
contra las ferias informales, como La Salada, que alimentan a la economía en
negro.
Según
un estudio elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, sobre una
muestra de 465 ciudades de Argentina, la economía informal operó, tan solo en
mayo de 2017, por valor de 5.958.- millones de pesos (unos U$S 350 millones).
Esta
economía paralela opera a través de 662 ferias informales, que reciben el
nombre de “saladitas”, establecidas en 110 localidades del país. A ellas se
suman los 86.728 vendedores informales que comercializan sus productos dentro
de las saladitas o en la vía pública.
En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde gobierna el oficialista Rodríguez
Larreta, los manteros fueron erradicados de lugares emblemáticos como la calle
Florida, en el microcentro, en la Avenida Avellaneda y sus colaterales en el
barrio de Flores y diversas arterias del barrio de Once.
Muchos
de los manteros que se desplazaron de allí, fueron reubicados en predios
espacialmente preparados para ellos por el gobierno porteño. Aunque el comercio
ilícito sigue alto por los vendedores callejeros que persisten en barrios como
Liniers o San Telmo entre otros.
En los
últimos nueve meses se produjeron desplazamientos de vendedores informales desde
la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y la instalación de seis
nuevas ferias en ciudades del interior del país.
En el
día de ayer, la acción de la justicia contra el comercio ilícito se volcó sobre
el complejo Feria Punta Mogotes – La Salada, sito en Ingeniero Budge, Partido
de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, con la detención del
empresario Jorge Castillo y otras veinte personas, en 55 allanamientos
simultáneos en los cuales se incautaron $ 11.000.000.
Castillo,
quien había acompañado en una misión comercial a Angola a la ex presidente
Cristina Fernández de Kirchner, está imputado de asociación ilícita, evasión
impositiva, lavado de dinero, tenencia de armas de guerra e intento de
asesinato.
La
Salada, que ganó gran popularidad con la crisis económica de 2001, es
considerada por la Unión Europea como la feria ilegal más grande del mundo. Sea
esto cierto o no, La Salada es, sin lugar a dudas el mayor mercado mayorista de
productos textiles de la Argentina, que recibe compradores de todas las
provincias. Allí se abastece todo el comercio minorista del país, el de los
comercios legales, los locales de las “saladitas” y la venta callejera en las
provincias.
La
Salada opera por la noche, desde las 19.00 horas hasta la madrugada, tres días
a la semana. En el lugar trabajan en forma permanente unas 15.000 personas, que
atienden unos 30.000 puestos, y se realizan operaciones comerciales estimadas
en unos 71.500 millones de pesos al año (unos U$S 4.200 al cambio actual).
Una
buena cantidad de los productos comercializados en La Salada vulnera los
derechos sobre marcas y patentes de empresas multinacionales, por lo cual la
Oficina del Representantes de Comercio de los Estados Unidos incluyó a la
Argentina en la llamada “Lista de Vigilancia Prioritaria” de países que violan
esas normas. Algo que molesta al gobierno de Macri que pretende captar
inversiones estadounidenses para reforzar la economía argentina.
La
lucha del gobierno contra la economía informal parece estar dando sus primeros
frutos. En las ciudades que cuentan con “saladitas”, donde solía registrarse el
mayor número de “manteros”, la presencia de estos vendedores ambulantes se
redujo en 35,1%. De 20.920 vendedores, censados en agosto de 2016, se pasó a
13.576, en mayo de 2017, es decir, 7.344 menos. El 22% de esta reducción se
produjo en la ciudad de Buenos Aires.
En
cambio, en las localidades sin saladitas, el número de manteros creció de 6.150
puestos, en agosto de 2016, a 10.840 en mayo pasado.
A las
personas que trabajan en ferias o venden en puestos callejeros hay que agregar
a quienes lo hacen en los innumerables talleres textiles clandestinos donde se
fabrican las mercancías que se comercializan a través de canales informales.
La
economía informal es un fenómeno que en América Latina se alimenta de la
existencia de grandes sectores de población sin estudios, ni capacitación
laboral suficiente para incorporarse a la actividad laboral formal.
Muchos
de estos trabajadores marginados, al menos en Argentina, son inmigrantes
provenientes de Bolivia, Paraguay o Perú, que carecen de documentación y
permisos de residencia y trabajo en el país.
Seguramente,
La Salada seguirá operando, aunque con menos puestos ilegales instalados en la
periferia del complejo y todas sus actividades serán más controladas para
evitar la evasión fiscal, la adulteración de marcas y otros ilícitos hasta hoy
frecuentes en el lugar.
De
todas formas, avanzar contra La Salada significa atacar al núcleo duro de la
economía informal y de las mafias que se alimentan de ella en la Argentina, un
paso muy audaz para un gobierno que necesita ganar las elecciones legislativas
de medio término en octubre próximo.
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