En las últimas
cuatro décadas en América Latina, dieciocho presidentes constitucionales fueron
derrocados por golpes blandos.
ACERCA DE LA GOBERNABILIDAD
Uno de los problemas más serios que afrontan los sistemas políticos contemporáneos,
especialmente los pertenecientes a países del Tercer Mundo, es como mantener la
gobernabilidad. En el mundo anglosajón, “governance”, es un término
que ha sido empleado habitualmente para hacer referencia al ejercicio de la
autoridad en una determinada esfera. A menudo se ha utilizado como sinónimo de
gestión eficaz.
El concepto de “gobernabilidad” ha sido introducido
dentro del vocabulario de la ciencia política por los expertos de la “Trilateral
Comission”, en la década de los años setenta, para hacer mención a los
problemas que enfrentaban los regímenes democráticos debido al aumento de las
demandas sociales.
Actualmente se habla de gobernabilidad para indicar la razonable
capacidad de mando, de conducción política y de disciplina democrática que
pueden alcanzar las autoridades de una sociedad.
En la mayoría de las sociedades la gobernabilidad se sustenta sobre la
existencia de una relación armónica entre los principales actores de la
comunidad. En especial de aquellos actores dotados de un poder suficiente como
para alterar de una forma significativa el orden público, impulsar o detener el
crecimiento económico o, en general, afectar el normal funcionamiento y
desarrollo de la sociedad. Estos actores suelen controlar factores claves del
aparato productivo –sindicatos, entidades empresariales, etc.-, dirigen
organizaciones de masas –partidos políticos, organizaciones sociales de
protestas, grupos de desocupados, campesinos sin tierra, indígenas, etc.-, o
tienen influencia sobre la maquinaria burocrática del Estado, detentan el
control de los armamentos –cuerpos militares y de seguridad- o poseen la
capacidad de influir en la formación de ideas y en la distribución de la
información –la prensa y otros medios de comunicación de masas-.
En consecuencia, podemos caracterizar también a la gobernabilidad como
la capacidad previsible de un sistema político de perdurar en el tiempo.
GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA
En América Latina la gobernabilidad se encuentra amenazada, entre otros
factores, por la crisis fiscal de los estados, la falta de institucionalización
de las organizaciones y procesos políticos, el colapso de los aparatos
administrativos, corrupción política endémica y la falta de legitimación de las
estructuras políticas. Los problemas de gobernabilidad en la región se han
expresado a través de revoluciones, insurrecciones civiles y golpes de Estado y
han tenido lugar siempre en el marco de una crisis económica provocada por
factores internacionales o domésticos que generaron recesión, inflación, altos
niveles de desocupación, etc.
En las últimas décadas, en particular, la amenaza más seria a la
gobernabilidad democrática está representada por la aparición de ciertos “movimientos
sociales” que someten al Estado a una sobrecarga de demandas que no se
encuentra en capacidad de satisfacer en tiempo y forma. La incapacidad de los
gobiernos para responder a esas demandas incrementa el nivel de frustración y
agresividad de quienes integran estos movimientos hasta que la misma deriva en
la apelación a diversas formas de coacción violenta que pueden ser calificadas
como “resistencia civil”.
La metodología revolucionaria que, en
los países del Tercer Mundo, durante los años de la Guerra Fría apeló al “foquismo” y
a la guerrilla urbana como método para la toma del poder, parece ser cosa del
pasado. No obstante, algunos grupos extremistas no han renunciado a la
violencia como método de lucha política. El Estado burgués ha aprendido a
enfrentar con éxito a la guerrilla. Existen sin embargo otros medios de
violencia política que se adaptan mejor a la actual coyuntura, como la resistencia
civil o resistencia social como prefieren denominarla
los grupos que la practican.
LA MÉCANICA DE LOS GOLPES BLANDOS
En América Latina, una región
caracterizada por recurrentes problemas de gobernabilidad política, los golpes
blandos parecen estar desempeñando, en el sistema político, el papel que antes
cumplían los golpes de Estado militares. De Puerto Príncipe a Buenos Aires, de
La Paz a Quito y a Lima, las instituciones tiemblan cuando una fracción del
pueblo se pone en movimiento y se arroga la representación de la totalidad de
la ciudadanía. En consecuencia, los estallidos sociales, protagonizados por
amplios sectores de la población, que expresan su descontento con violencia en
las calles, están reemplazando a las tradicionales asonadas militares.
La protesta social se ha convertido,
en la región, en un mecanismo utilizado con frecuencia para remover del poder a
gobiernos legítimos que, aunque elegidos democráticamente, pierden por alguna
causa el apoyo de su población. Refiriéndose a esta circunstancia señala el
eminente politólogo Natalio R. Botana: “El principio de la democracia
representativa, fundado en elecciones periódicas y transparentes y en el papel
mediador de los partidos, choca con otro principio, ajeno a las disposiciones
constitucionales que, con objeto de destituir a los gobernantes, atribuye un
valor preponderante a las movilizaciones populares en calles, plazas y rutas
públicas”... “Esta lógica latinoamericana de la acción colectiva impugna la
legitimidad de los regímenes constitucionales, refleja las convulsiones
sociales de nuestros países y, al mismo tiempo, está forjando una suerte de
estrategia de asonadas populares tan tumultuaria como incierta”.
Considerando la historia reciente de
Latinoamérica es posible observar que, desde 1989, hasta la fecha dieciocho
presidentes constitucionales no han podido concluir su mandato por causas
ajenas a su voluntad. De ellos trece perdieron sus cargos debido al estallido
de violentas protestas sociales –piquetes, saqueos, cacerolazos, marchas,
huelgas de hambre, etc.- que derivaron en incidentes con las fuerzas de
seguridad que a su vez originaron importantes pérdidas de vidas humanas y
cuantiosos daños materiales. En todos los casos las protestas cesaron una vez
que el primer mandatario renunció.
A las protestas sociales como
instrumento para producir cambios de gobierno en América Latina se suma otro
procedimiento menos violento, más institucional, pero que suele emplearse reiterativamente
como etapa final de los golpes blandos de Estado. Este procedimiento es el
juicio político por corrupción o mal desempeño en las funciones. Veamos en la
siguiente tabla como han operado alternativamente estos dos procedimientos para
producir golpes blandos:
CRISIS DE
GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA
1989 - 2016
|
AÑO
|
PAIS
|
PRESIDENTE
|
CAUSA DE
INTERRUPCIÓN
|
RESISTENCIA
CIVIL
|
ACTIVISMO
MILITAR
|
|
1989
|
Paraguay
|
Alfredo
Stroessner
|
Golpe de Estado
|
NO
|
SI
|
|
1989
|
Argentina
|
Raúl
Alfonsín
|
Renuncia
|
Saqueos
14
muertos
|
1987,
1988 y 1989
|
|
1992
|
Brasil
|
Fernando
Collor de Melo
|
Juicio
Político y Destitución
|
NO
|
NO
|
|
1993
|
Venezuela
|
Carlos
Andrés Pérez
|
Destitución
|
Caracazo
(1989)
más de 300 muertos
|
1991 y
1992
|
|
1997
|
Ecuador
|
Abdalá
Bucarám
|
Destitución
|
Manifestaciones
|
NO
|
|
1999
|
Paraguay
|
Raúl
Cubas Grau
|
Renuncia
|
Magnicidio
Protestas
violentas 7 muertos.
|
NO
|
|
2000
|
Ecuador
|
Jamil
Mahuad
|
Golpe
de Estado
|
Protestas
violentas
2
muertos
|
SI
|
|
2000
|
Perú
|
Alberto
Fujimori
|
Renuncia
|
Manifestaciones
|
NO
|
|
2001
|
Argentina
|
Fernando
De la Rúa
|
Renuncia
|
Protestas
violentas
32
muertos
|
NO
|
|
2001
|
Argentina
|
Adolfo
Rodríguez Saa
|
Renuncia
|
NO
|
NO
|
|
2003
|
Argentina
|
Eduardo
Duhalde
|
Renuncia
|
Piquetes
(junio
2002)
2
muertos
|
NO
|
|
2003
|
Bolivia
|
Gonzalo
Sánchez de Lozada
|
Renuncia
|
Piquetes
y manifestaciones violentas 70 muertos
|
NO
|
|
2004
|
Haití
|
Jean
Bertrand Arístide
|
Renuncia
|
Piquetes
y manifestaciones
50
muertos
|
NO
|
|
2005
|
Ecuador
|
Lucio
Gutiérrez
|
Destitución
|
Manifestaciones
violentas 3 muertos
|
NO
|
|
2005
|
Bolivia
|
Carlos
Mesa
|
Renuncia
|
Manifestaciones
continuas durante meses. Un muerto
|
NO
|
|
2012
|
Paraguay
|
Fernando
Lugo
|
Juicio
Político y Destitución
|
Protestas
campesinas. 17 muertos.
|
NO
|
|
2016
|
Brasil
|
Dilma
Rousseff
|
Juicio
Político
|
Manifestaciones
pacíficas de repudio.
|
NO
|
|
2018
|
Perú
|
Pedro Pablo Kuczynski Godard
|
Juicio
Político
|
Manifestaciones
pacíficas de repudio.
|
NO
|
Esta tabla demuestra que en las
últimas cuatro décadas el activismo militar se redujo a su mínima expresión
pero, lamentablemente esto no incrementó la gobernabilidad de los países de la
región.
La verdadera amenaza a la
institucionalidad en América Latina no proviene de los militares o de
organizaciones de lucha social sino de las crisis económicas. Ellas son la
verdadera causa. Cuando un gobierno no acierta en las soluciones adecuadas a
una crisis económica la sociedad busca quien pueda realizar la tarea. Allí se
produce un conflicto entre legitimidad de iure y legitimidad de factum. Los
casos de Fernando de la Rúa en Argentina o de Dilma Rousseff en Brasil son un
claro ejemplo de ello.
Generalmente el gobierno legítimo es
forzado a dimitir y lo reemplaza un gobierno provisional que se mantiene en el
poder siempre y cuando encuentre las soluciones adecuadas a la crisis
económica. En algunos casos el gobierno provisional constituye tan solo una breve
transición hacia nuevas elecciones democráticas.
En la tabla consignada se aprecia que
Argentina es posiblemente el país con mayor inestabilidad de la región.
En
principio, cabe destacar que desde la vigencia de la ley electoral sancionada
por el presidente Roque Sáenz Peña, que en el año 1912 estableció el voto
universal masculino, la única vez que llegó a la Casa Rosada un presidente
constitucional que no haya pertenecido nunca a ninguno de los dos partidos
mayoritarios: la Unión Cívica Radical o el Partido Justicialista fue
precisamente en 2015 con Mauricio Macri. Aunque, en verdad, la coalición
electoral Cambiemos estaba constituida también por la UCR.
En
consecuencia, Macri es el primer mandatario no radical que llega a la
presidencia gracias al apoyo de la UCR.
Veamos
cómo ha sido la gobernabilidad en Argentina en el siglo previo a la llegada de
Mauricio Macri a la Casa Rosada.
Durante
esos noventa y nueve años de vigencia del voto universal secreto masculino, la
Unión Cívica Radical gobernó en lo que podíamos denominar su forma “ortodoxa o
pura”, es decir a través del tronco tradicional que hoy reivindica esa
denominación, durante veinticuatro años y dos meses. Si a ese tiempo se le
agregan los mandatos de presidentes que llegaron al gobierno apoyados por
partidos de ramas disidentes del partido radical oficial, como ser la Unión
Cívica Radical Antipersonalista (1932 a 1942) y la Unión Cívica Radical Intransigente
(1958 a 1963). El radicalismo es el partido que más tiempo gobernó en Argentina
al ocupar la presidencia durante un total de treinta y nueve años y once meses.
Es decir, que la UCR ocupó la presidencia más del 40% del tiempo.
El
Partido Justicialista o Peronismo, por su parte, gobernó en soledad o
encabezando alianzas de partidos durante veintiséis años y siete meses.
Dos
presidente argentinos se vieron impedidos de completar su mandato por la
muerte: el radical antipersonalista Roberto M. Ortiz (1942) y el justicialista
Juan D. Perón (1974).
Sin
embargo, solo dos presidentes radicales “ortodoxos”
completaron su periodo presidencial: Hipólito Yrigoyen, entre 1916 y 1922, y
Marcelo T. de Alvear. Entre 1922 y 1928. Serían tres presidentes si sumamos al
radical disidente Agustín P. Justo, entre 1932 y 1938.
Otros
cuatro presidentes de origen radical debieron renunciar, resignar el cargo o
adelantar la entrega de su mandato debido a golpes de Estado. Arturo Frondizi,
en 1962, y Arturo U. Illia, en 1966, sufrieron el tradicional golpe de Estado
militar. Otros dos presidentes, Raúl R. Alfonsín, en julio de 1989, y Fernando
de la Rúa, en 2001, debieron dejar su cargo expulsados por “golpes blandos” llevados a cabo por violentas protestas callejeras
seguidas de saqueos que provocaron la represión policial y terminaron dejando
un importante saldo de víctimas fatales.
Los
presidente peronistas también fueron desalojados del poder violentamente en
cuatro ocasiones. Juan D. Perón, en 1955, y su esposa María Estela Martínez Carta
de Perón, en 1976, fueron expulsados del cargo por golpes militares. En tanto,
que Adolfo Rodríguez Saá debió dejar el cargo tan sólo seis días después de
asumirlo producto de oscuras intrigas partidarias y su sucesor, Eduardo
Duhalde, sufrió el mismo destino. Duhalde acortó su mandato en seis meses luego
de una violenta protesta callejera que dejó dos manifestantes muertos (Darío
Kosteki y Maximiliano Santillán) en 2002.
Si
descontamos del total el año y tres meses de la presidencia del conservador
Ramón S. Castillo, quien como vicepresidente en ejercicio de la presidencia
completó el mandato de Roberto M. Ortiz. Castillo formaba parte de la coalición
electoral conocida como “La Concordancia”
que integraban la UCR Antipersonalista, el Partido Demócrata Nacional
(conservadores) y el Partido Socialista Independiente que gobernó entre 1932 y
1943. El resto del tiempo la presidencia fue ocupada por doce presidentes de
facto militares.
Los
militares gobernaron un total de casi treinta años, generalmente sucediéndose
unos a otros como producto de las diferencias de criterio y las intrigas entre
hombres de armas en el marco de regímenes burocráticos – autoritarios.
La
breve reseña que hemos realizado sirve para poner de manifiesto los problemas
de gobernabilidad, estos fueron acompañados de convulsiones económicas,
hiperinflación y devaluaciones de la moneda.
Veamos
la reseña económica de esos años, tal como la formuló Jorge Fernández Díaz en
su editorial del domingo 2 de septiembre de 2018, “La Argentina, entre doscientos países, es uno de los que menos
crecieron a lo largo de los últimos 70 años; registró diez crisis graves, que
si al menos hubieran calcado las que padeció Uruguay hoy tendríamos el PBI per
cápita de España. Desde comienzos de la década del 60, solo durante cinco años
no sufrimos déficit fiscal, y eso fue a costa de la licuación catastrófica de
2001. Nuestro promedio de inflación fue, durante más de medio siglo, del 173%
anual. No solo somos la segunda nación en cantidad de años de recesión, sino
que nos seguimos destacando como el tercer país entre los más cerrados del
planeta. El consumo de los argentinos, sin embargo, es porcentualmente más alto
que el de los europeos, si se lo compara con lo que cada sociedad produce. Y el
gasto público, que venía con un promedio del 26% en las últimas seis décadas,
alcanzó durante la década ganada (2003 – 2013) el 42% del producto bruto, un
salto astronómico y sin más respaldo que el voluntarismo mágico.”
Parecen
ser un mal recurrente en el sistema político argentino del último siglo que
afectó por igual a todos los gobiernos, sin distinción de partido político o
entre presidentes constitucionales o de facto destruyendo al mismo tiempo las
posibilidades de que el país alcance una posición importante en el contexto
internacional.
