martes, 31 de diciembre de 2019

CRECE LA ACTIVIDAD DE LA GUERRILLA MAPUCHE EN LA PATAGONIA



Grupos minoritarios de población de origen mapuche usurpan tierras en la provincias patagónicas ante la indiferencia del gobierno nacional.

Gradualmente, en los últimos días del 2019 se ha extendido la ocupación de tierras en el sur patagónico por parte de algunos miembros radicalizados de la minoría indigenista que se reconoce como “mapuche”. En realidad no se trata de indígenas puros, el último mapuche originario falleció en la década de los ochenta, sino de mestizos que reivindican la cultura de este pueblo indígena de Chile.

La usurpaciones de tierras se produjeron en las provincias argentinas de Río Negro y Chubut. Uno de los terrenos ocupados ilegalmente se encuentra en torno a la localidad de Villa Mascardi, situada a unos treinta kilómetros de la ciudad de Bariloche en la provincia de Río Negro. Allí, los integrantes de la autodenominada comunidad Lafken Winkul Mapu, que mantienen tierras usurpadas en la zona desde septiembre de 2017.

A comienzo de diciembre de 2019, una decena de mapuches ocuparon ilegalmente la costa del lago Mascardi, del otro lado de la Ruta Nacional N° 40, a la altura del kilómetro 2006 de dicha ruta, estos terrenos que pertenecen al Parque Nacional Nahuel Huapi.

El predio posee fogones para acampar en horario diurno y es de muy fácil acceso para la población local y para los turistas que visitan la zona buscando un poco de playa los días soleados.

Los mapuches impiden las actividades de mantenimiento y control del personal de Parques Nacionales y de Comisión de Fomento de Villa Mascardi que administran -al menos nominalmente el lugar-, han expulsado a los cuidadores y depredaron los baños públicos y otras instalaciones turísticas del lugar.

Simultáneamente, otro grupo de militantes mapuches usurpó un puesto rural en cercanías del paraje Vuelta del Río, ubicado a unos treinta kilómetros de la localidad patagónica de El Maitén, en Chubut. La ocupación de tierras tuvo lugar en un sector denominado “El Platero”, perteneciente a la Compañía de Tierras del Sud Argentino, cuyo principal accionista es el empresario italiano Luciano Benetton. La Compañía de Tierras del Sud Argentino tiene la propiedad de 120.000 hectáreas en la provincia de Chubut.

El 25 de diciembre de 2019, unas mil hectáreas del cuadro “El Platero”, que se sitúa sobre la Ruta Nacional N° 40 y alberga a unos trescientos vacunos, han sido usurpados.
La usurpación fue llevada a cabo por un pequeño grupo de encapuchados, armados con palos y cuchillos, pertenecientes a la comunidad mapuche Lof Kurache que rompió una tranquera, se apoderó de la vivienda del cuidador y destruyó sus pertenencias aprovechando que el mismo se encontraba de vacaciones. El acceso al lugar fue bloqueado mediante palos y troncos.

Por el momento, tanto las autoridades nacionales como provinciales competentes en el lugar han tomado conocimiento del hecho pero no han intervenido para restablecer el orden y el derecho de propiedad vulnerado.

UN PUEBLO NO ORIGINARIO

Los mapuches -cuyo nombre en lengua mapudungun significa “gente de la tierra”-, a quienes los españoles denominaban “araucanos”, son un pueblo originario del sur de Chile. En 1790, perseguidos por los españoles, cruzaron la Cordillera de los Andes y se instalaron en el actual territorio argentino. Los mapuches se asentaron en la zona del Comahue, gran parte de la región pampeana y al Norte de la Patagonia Oriental.

A su llegada, los invasores transandinos exterminaron a los pueblos originarios del territorio argentino, en especial, a los tehuelches septentrionales, los pehuenches y los pampas.
Cabe mencionar que los españoles ocupaban el actual territorio argentino desde comienzos del siglo XVI. Hubo algunos asentamientos transitorios desde 1517, hasta que en 1553 se fundó la ciudad de Santiago del Estero, primera población española estable.

En otras palabras, los españoles ocupaban el territorio del Río de la Plata más de doscientos años antes de que llegaran los mapuches. Ni la Patagonia Oriental, ni la Pampa eran “res nullius”, sino una parte del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, cuando los mapuches invadieron y ocuparon por la fuerza esos territorios.

Sin embargo, los mapuches reclaman falsamente su condición de “pueblos originarios” del territorio argentino.

Durante los años de las luchas por la independencia y la organización nacional, entre 1810 y 1860, los mapuches aprovecharon la debilidad de las jóvenes repúblicas sudamericanas y las frecuentes luchas civiles para crear una suerte de Confederación Mapuche que extendía sus correrías por un amplio territorio, desde el sur del río Salado hasta la Tierra del Fuego y desde los valles cordilleras a las costas atlánticas.

En ese territorio asentaban sus precarios campamentos unos treinta mil aborígenes nómades agrupados en tribus conducidas por un “lonco” o cacique. Vivían principalmente del pillaje a las poblaciones criollas.

Los ataques de los aborígenes tomaban la forma de “malones”, donde una numerosa caballería indígena armada con lanzas, boleadoras, facones -cuchillos muy largos- y algunas armas de fuego, atacaba por sorpresa a pueblos y estancias desprotegidas.

En sus incursiones mataban a los hombres, secuestraban a las mujeres y a los niños que luego convertían en sus concubinas y en esclavos, a los que denominaban “cautivos”. En muchos casos, los indígenas se veían reforzados por renegados cristianos que se iban a vivir a las “tolderías” indígenas para escapar a la persecución de las autoridades argentinas.

En sus incursiones, los mapuches saqueaban a todo lo que encontraban a su paso y volvían al sur profundo, más allá del río Salado, que oficiaba de frontera entre indígenas y criollos, arreando todo el ganado de las estancias. Como los aborígenes solo se alimentaban de carne de yegua, las vacas y ovejas robadas eran cruzadas a territorio chileno, del otro lado de la cordillera, donde se traficaban a cambio de alcohol, yerba mate, pólvora, armas y otros productos.

Hacia 1860, las actividades deprecatorias de los mapuches tomaron tal dimensión que, tanto Chile como la Argentina resolvieron poner fin a sus correrías y restaurar su seguridad y soberanía en la región patagónica.

Entre 1861 y 1883, Chile llevó a cabo la “Pacificación de la Araucanía” ocupando el territorio chileno comprendido entre los ríos Biobío al Norte y Toltén al Sur.

La Argentina hizo otro tanto en 1879 con la “Campaña al Desierto”. El general Julio A. Roca eliminó la amenaza indígena desde el sur de las provincias de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires hasta el río Negro, en la actual provincia homónima.

En ambos países se terminó con la amenaza de los “indios de lanza” -guerreros-, se liberó a los “cautivos” criollos, se encarceló a los caciques y “capitanejos” y se instaló a  la población aborigen restante en “reservaciones”.

Hacia 1890, la continua amenaza de los malones indígenas sobre las estancias y poblaciones desapareció tanto en Chile como en Argentina y extensas regiones se incorporaron a la actividad productiva y al poblamiento de los inmigrantes europeos que arribaban a Sudamérica.

En 1881, ambos países suscribieron un “Tratado General de Límites” que estableció la actual frontera a lo largo de Cordillera de los Andes.

Durante un siglo el tema de los “pueblos originarios” pasó al olvido y sus integrantes se fueron incorporando a la sociedad, como un grupo étnico más dentro del “crisol de razas” que es la Argentina.

Sin embargo, algo comenzó a cambiar hacia 1990, con el colapso del mundo socialista, tras la caída del Muro de Berlín, el tema del indigenismo repentinamente cobró vigencia.

Se acercaba la conmemoración de los quinientos años de la llegada de Cristóbal Colón a América y los grupos intelectuales de izquierda, que no habían logrado asimilar totalmente la crisis ideológica provocada por la desaparición del “modelo soviético” de sociedad, encontraron en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y las crueldades históricas de los colonizadores europeos una nueva base ideológica para combatir al capitalismo.

Fue entonces, cuando la activista indigenista guatemalteca Rigoberta Menchú obtuvo, en 1992, el premio Nobel a la Paz.

A partir de ese momento, financiados y apoyados por intelectuales y fundaciones europeas, grupos de descendientes de indígenas americanos comenzaron a demandar desde la entrega de tierras, al derecho a una reparación patrimonial histórica, el derecho al autogobierno y la autonomía, cuando no la misma autodeterminación en nuevos estados étnicos.

Fue el momento oportuno para un resurgir del activismo mapuche.

En Chile, el censo de 2002 registró a 604.349 personas que se reconocían como “mapuches”, conformando el 4% de la población chilena total. Aunque las organizaciones que dicen representarlos hablan de un millón y medio de mapuches.

En Argentina el número de mapuches es sustancialmente menor. El censo de 2005 registró a 78.534 personas, algo menos del 2% de la población total como mapuches. Aunque nuevamente, las organizaciones mapuches hablan de la existencia de medio millón de aborígenes de esta etnia.

En Chile, los mapuches tienen un largo historial de violencia contra las personas -incluso con varios asesinatos y atentados explosivos- y delitos contra la propiedad. Pero desde hace un par de años, los activistas mapuches han comenzado a realizar atentados también en suelo argentino.

Los activistas mapuches reclaman la aplicación del mismo derecho de autodeterminación que se empleó en el caso del pueblo inuit, en Groenlandia, para crear un estado mapuche independiente con el territorio patagónico que hoy ocupan Chile y la Argentina.

Un grupo separatista autodenominado “Resistencia Ancestral Mapuche”, dirigido por el activista mapuche argentino Francisco Facundo Jones Huala, ha llevado a cabo una suerte de “guerra de guerrillas” con más de noventa ataques e incendios en territorio de la provincia argentina de Chubut.

Ahora amenaza con crear “Unidades Ancestrales de Liberación Territorial”, para “atacar propiedades e infraestructuras del capitalismo” y llevar una “guerra de fuego” contra los bosques naturales patagónicos en apoyo de la “resistencia territorial y la liberación territorial”.

Por el momento, ni el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, ni el de Alberto Fernández  en Argentina, por un problema de imagen internacional que puede afectar la llegada de inversiones y a la actividad turística en la región patagónica, están dispuestos a aceptar la existencia de un grupo guerrillero operando en su territorio.

Pero, las organizaciones separatistas mapuches están expandiendo sus actividades gracias al apoyo económico y político proveniente de fundaciones y grupos autonómicos europeos como el Bloque Nacionalista Gallego o Esquerra Republicana de Catalunya.

Al analizar el activismo separatista mapuche y sus vínculos internacionales no podemos sino identificar la misma metodología empleada por otros grupos separatistas.

Por otra parte, pensar que Chile y Argentina van a ceder graciosamente una parte de su territorio para satisfacer las demandas de un autoproclamado grupo separatista mapuche es disparatado.


domingo, 29 de diciembre de 2019

EL REINO DE MARRUECOS SE DESTACA EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS



El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su Comité de Derechos Humanos ha situado a Marruecos en la cúspide de su ranking de Estados que implementaron las recomendaciones de ese organismo internacional para preservar los derechos humanos en su territorio.

Desde su ascenso al trono en 1999, el Rey de Marruecos, Mohammed VI, ha hecho de la defensa de los derechos humanos una de sus preocupaciones centrales y constantes, que hoy recibe reconocimiento internacional.

Para atender el problema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, el 16 de agosto de 1999, el rey Mohammed VI creó la Instancia Independiente para la Indemnización (1999 / 2003). Un órgano de arbitraje, compuesto por nueve miembros, que constituyó la vía más adecuada entonces para tramitar las indemnizaciones de las víctimas y de sus derechohabientes por los perjuicios materiales y morales sufridos, en virtud de normas que permitían una amplia interpretación y dentro de los mejores plazos posibles. El importe de las indemnizaciones se elevó a 960 millones dirhams, unos cien millones de dólares.

Avanzando en el tema de los derechos humanos, el 7 de enero de 2004, el rey Mohammed VI, pronunció un discurso fundamental creando la Instancia para la Equidad y Reconciliación –IER-. Dijo en esa oportunidad el monarca: “Cristalizando nuestra firme voluntad real de alcanzar mayores logros para promover los derechos humanos, en tanto que cultura y ejercicio, estamos aquí instalando hoy la Instancia Equidad y Reconciliación que viene a constituir la última etapa de un proceso emprendido a comienzos de los años noventa y consolidado con las decisiones que hemos tomado inmediatamente después de nuestro acceso al trono (…) sobre todo, la amnistía a los detenidos políticos y la resolución de los expatriados y exiliados, la indemnización de las víctimas de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzosas, investigando sus paraderos.”

La filosofía de la Instancia para la Equidad y la Reparación en materia de reparación se basó en los principios de justicia y equidad, las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, los compromisos del Estado marroquí y las convenciones internacionales pertinentes, así como las experiencias de justicia transicional en otros países.

El 30 de noviembre de 2005, la Instancia para la Equidad y la Reparación clausuró sus investigaciones luego de dar a conocer un informe.

En marzo de 2011, el rey Mohammed VI transformó el antiguo Consejo Consultivo de Derechos Humanos creando el Consejo Nacional de Derechos Humanos. El organismo elabora informes anuales sobre la situación de los derechos humanos que se presentan ante las Cámaras del Parlamento. También prepara informes temáticos sobre cuestiones específicas vinculadas con esta problemática y lleva a cabo visitas a diversos lugares de privación de libertad.

Con trece comisiones regionales, el Consejo toma nota de la situación de los derechos humanos en diferentes partes del Reino y puede intervenir con anticipación cada vez que se desarrolle alguna tensión que podría dar lugar a una violación de los derechos humanos.
Siguiendo con la implementación de esta política real, el 1° de noviembre de 2012, Marruecos comenzó el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (por sus siglas en inglés, OPCAT) cuyos  instrumentos de ratificación se presentaron el 24 de noviembre del 2014, convirtiéndose en el 76vo Estado Parte de dicha convención.

Más de tres años después de la ratificación por parte de Marruecos del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, las dos Cámaras del Parlamento Marroquí, el 6 y 13 de febrero de 2018, aprobaron una ley creado el ley sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que entró en vigor el 1° de marzo del 2018.
La reforma legislativa otorgó al Comité Nacional de Derechos Humanos prerrogativas relacionadas al mecanismo de denuncia de violación de los derechos de los niños/as, así como las relacionadas a la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En reconocimiento de esta trayectoria en la lucha por la defensa de los derechos humanos y debido a que el Reino ha adoptado sus recomendaciones prioritarias es que el Comité de Acción del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha otorgado a Marruecos la máxima calificación de “A” en el ranking elaborado por ese organismo internacional.
Marruecos comparte esa distinción, que lo sitúa la posición más destacada en lo que hace a la defensa de los derechos humanos en el mundo, con Argentina, Burkina Faso, Dinamarca y Suecia.
La presente distinción otorgada por la Organización de Naciones Unidas, que reconoce la preocupación por la vigencia y respeto a los derechos humanos, constituye otro de los muchos indicadores del creciente peso internacional que ha adquirido el Reino de Marruecos, en los últimos veinte años, bajo el reinado de Mohammed VI

jueves, 26 de diciembre de 2019

GOLPES BLANDOS Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA


En las últimas tres décadas en América Latina, diecinueve presidentes constitucionales fueron derrocados por golpes blandos. En la mayoría de los casos estos cambios institucionales tuvieron lugar sin la activa participación de las fuerzas armadas o de seguridad.

ACERCA DE LA GOBERNABILIDAD

Uno de los problemas más serios que afrontan los sistemas políticos contemporáneos, especialmente los pertenecientes a países del Tercer Mundo, es como mantener la gobernabilidad. En el mundo anglosajón, “governance”, es un término que ha sido empleado habitualmente para hacer referencia al ejercicio de la autoridad en una determinada esfera. A menudo se ha utilizado como sinónimo de gestión eficaz.

El concepto de “gobernabilidad” ha sido introducido dentro del vocabulario de la ciencia política por los expertos de la “Trilateral Comission”, en la década de los años setenta, para hacer mención a los problemas que enfrentaban los regímenes democráticos debido al aumento de las demandas sociales.

Actualmente se habla de gobernabilidad para indicar la razonable capacidad de mando, de conducción política y de disciplina democrática que pueden alcanzar las autoridades de una sociedad.

En la mayoría de las sociedades la gobernabilidad se sustenta sobre la existencia de una relación armónica entre los principales actores de la comunidad. En especial de aquellos actores dotados de un poder suficiente como para alterar de una forma significativa el orden público, impulsar o detener el crecimiento económico o, en general, afectar el normal funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Estos actores suelen controlar factores claves del aparato productivo –sindicatos, entidades empresariales, etc.-, dirigen organizaciones de masas –partidos políticos, organizaciones sociales de protestas, grupos de desocupados, campesinos sin tierra, indígenas, etc.-, o tienen influencia sobre la maquinaria burocrática del Estado, detentan el control de los armamentos –cuerpos militares y de seguridad- o poseen la capacidad de influir en la formación de ideas y en la distribución de la información –la prensa y otros medios de comunicación de masas-.

En consecuencia, podemos caracterizar también a la gobernabilidad como la capacidad previsible de un sistema político de perdurar en el tiempo.

GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA

En América Latina la gobernabilidad se encuentra amenazada, entre otros factores, por la crisis fiscal de los estados, la falta de institucionalización de las organizaciones y procesos políticos, el colapso de los aparatos administrativos, corrupción política endémica y la falta de legitimación de las estructuras políticas. Los problemas de gobernabilidad en la región se han expresado a través de revoluciones, insurrecciones civiles y golpes de Estado y han tenido lugar siempre en el marco de una crisis económica provocada por factores internacionales o domésticos que generaron recesión, inflación, altos niveles de desocupación, etc.

En las últimas décadas, en particular, la amenaza más seria a la gobernabilidad democrática está representada por la aparición de ciertos “movimientos sociales” que someten al Estado a una sobrecarga de demandas que no se encuentra en capacidad de satisfacer en tiempo y forma. La incapacidad de los gobiernos para responder a esas demandas incrementa el nivel de frustración y agresividad de quienes integran estos movimientos hasta que la misma deriva en la apelación a diversas formas de coacción violenta que pueden ser calificadas como “resistencia civil”
   
La metodología revolucionaria que, en los países del Tercer Mundo, durante los años de la Guerra Fría apeló al “foquismo” y a la guerrilla urbana como método para la toma del poder, parece ser cosa del pasado. No obstante, algunos grupos extremistas no han renunciado a la violencia como método de lucha política.  El Estado burgués ha aprendido a enfrentar con éxito a la guerrilla. Existen sin embargo otros medios de violencia política que se adaptan mejor a la actual coyuntura, como la resistencia civil o resistencia social como prefieren denominarla los grupos que la practican.

LA MÉCANICA DE LOS GOLPES BLANDOS

En América Latina, una región caracterizada por recurrentes problemas de gobernabilidad política, los golpes blandos parecen estar desempeñando, en el sistema político, el papel que antes cumplían los golpes de Estado militares. De Puerto Príncipe a Buenos Aires, de La Paz a Quito y a Lima, las instituciones tiemblan cuando una fracción del pueblo se pone en movimiento y se arroga la representación de la totalidad de la ciudadanía. En consecuencia, los estallidos sociales, protagonizados por amplios sectores de la población, que expresan su descontento con violencia en las calles, están reemplazando a las tradicionales asonadas militares.

La protesta social se ha convertido, en la región, en un mecanismo utilizado con frecuencia para remover del poder a gobiernos legítimos que, aunque elegidos democráticamente, pierden por alguna causa el apoyo de su población. Refiriéndose a esta circunstancia señala el eminente politólogo Natalio R. Botana: “El principio de la democracia representativa, fundado en elecciones periódicas y transparentes y en el papel mediador de los partidos, choca con otro principio, ajeno a las disposiciones constitucionales que, con objeto de destituir a los gobernantes, atribuye un valor preponderante a las movilizaciones populares en calles, plazas y rutas públicas”... “Esta lógica latinoamericana de la acción colectiva impugna la legitimidad de los regímenes constitucionales, refleja las convulsiones sociales de nuestros países y, al mismo tiempo, está forjando una suerte de estrategia de asonadas populares tan tumultuaria como incierta”.  

Considerando la historia reciente de Latinoamérica es posible observar que, desde 1989, hasta la fecha diecinueve presidentes constitucionales no han podido concluir su mandato por causas ajenas a su voluntad. De ellos catorce perdieron sus cargos debido al estallido de violentas protestas sociales –piquetes, saqueos, cacerolazos, marchas, huelgas de hambre, etc.- que derivaron en incidentes con las fuerzas de seguridad que a su vez originaron importantes pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. En todos los casos las protestas cesaron una vez que el primer mandatario renunció.

A las protestas sociales como instrumento para producir cambios de gobierno en América Latina se suma otro procedimiento menos violento, más institucional, pero que suele emplearse reiterativamente como etapa final de los golpes blandos de Estado. Este procedimiento es el juicio político por corrupción o mal desempeño en las funciones. Veamos en la siguiente tabla como han operado alternativamente estos dos procedimientos para producir golpes blandos:

CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA
1989 - 2019

AÑO
PAIS
PRESIDENTE
CAUSA DE
INTERRUPCIÓN
RESISTENCIA
CIVIL
ACTIVISMO
MILITAR
1989
Paraguay
Alfredo Stroessner
Golpe de Estado
NO
SI
1989
Argentina
Raúl Alfonsín
Renuncia
Saqueos
14 muertos
1987, 1988 y 1989
1992
Brasil
Fernando Collor de Melo
Juicio Político y Destitución
NO
NO
1993
Venezuela
Carlos Andrés Pérez
Destitución
Caracazo
(1989) más de 300 muertos
1991 y 1992
1997
Ecuador
Abdalá Bucarám
Destitución
Manifestaciones
NO
1999
Paraguay
Raúl Cubas Grau
Renuncia
Magnicidio
Protestas violentas 7 muertos.
NO
2000
Ecuador
Jamil Mahuad
Golpe de Estado
Protestas violentas
2 muertos
SI
2000
Perú
Alberto Fujimori
Renuncia
Manifestaciones
NO
2001
Argentina
Fernando De la Rúa
Renuncia
Protestas violentas
32 muertos
NO
2001
Argentina
Adolfo Rodríguez Saa
Renuncia
NO
NO
2003
Argentina
Eduardo Duhalde
Renuncia
Piquetes
(junio 2002)
2 muertos
NO
2003
Bolivia
Gonzalo Sánchez de Lozada
Renuncia
Piquetes y manifestaciones violentas 70 muertos
NO
2004
Haití
Jean Bertrand Arístide
Renuncia
Piquetes y manifestaciones
50 muertos
NO
2005
Ecuador
Lucio Gutiérrez
Destitución
Manifestaciones violentas  3 muertos
NO
2005
Bolivia
Carlos Mesa
Renuncia
Manifestaciones continuas durante meses. Un muerto
NO
2012
Paraguay
Fernando Lugo
Juicio Político y Destitución
Protestas campesinas. 17 muertos.
NO
2016
Brasil
Dilma Rousseff
Juicio Político
Manifestaciones pacíficas de repudio.
NO
2018
Perú
Pedro Pablo Kuczynski Godard
Juicio Político
Manifestaciones pacíficas de repudio.

NO
2019
Bolivia
Evo Morales
Renuncia
Manifestaciones pacíficas de repudio con derivación hacia la violencia
SÍ. Declaraciones recomendándo al presidente que renuncie pero sin salir de los cuarteles.

Esta tabla demuestra que en las últimas cuatro décadas el activismo militar se redujo a su mínima expresión pero, lamentablemente esto no incrementó la gobernabilidad de los países de la región.

La verdadera amenaza a la institucionalidad en América Latina no proviene de los militares o de organizaciones de lucha social sino de las crisis económicas. Ellas son la verdadera causa. Cuando un gobierno no acierta en las soluciones adecuadas a una crisis económica la sociedad busca quien pueda realizar la tarea. Allí se produce un conflicto entre legitimidad de iure y legitimidad de factum. Los casos de Fernando de la Rúa en Argentina o de Dilma Rousseff en Brasil son un claro ejemplo de ello.

Generalmente el gobierno legítimo es forzado a dimitir y lo reemplaza un gobierno provisional que se mantiene en el poder siempre y cuando encuentre las soluciones adecuadas a la crisis económica. En algunos casos el gobierno provisional constituye tan solo una breve transición hacia nuevas elecciones democráticas.

En la tabla consignada se aprecia que Argentina es posiblemente el país con mayor inestabilidad de la región.

En principio, cabe destacar que desde la vigencia de la ley electoral sancionada por el presidente Roque Sáenz Peña, que en el año 1912 estableció el voto universal masculino, la única vez que llegó a la Casa Rosada un presidente constitucional que no haya pertenecido nunca a ninguno de los dos partidos mayoritarios: la Unión Cívica Radical o el Partido Justicialista fue precisamente en 2015 con Mauricio Macri. Aunque, en verdad, la coalición electoral Cambiemos estaba constituida también por la UCR.

En consecuencia, Macri es el primer mandatario no radical que llega a la presidencia gracias al apoyo de la UCR y el único no peronista en completar el período de gobierno previsto en la Constitución Nacional.

Veamos cómo ha sido la gobernabilidad en Argentina en el último siglo.

Durante esos noventa y nueve años de vigencia del voto universal secreto masculino, la Unión Cívica Radical gobernó en lo que podíamos denominar su forma “ortodoxa o pura”, es decir a través del tronco tradicional que hoy reivindica esa denominación, durante veinticuatro años y dos meses. Si a ese tiempo se le agregan los mandatos de presidentes que llegaron al gobierno apoyados por partidos de ramas disidentes del partido radical oficial, como ser la Unión Cívica Radical Antipersonalista (1932 a 1942) y la Unión Cívica Radical Intransigente (1958 a 1963). El radicalismo es el partido que más tiempo gobernó en Argentina al ocupar la presidencia durante un total de treinta y nueve años y once meses. Es decir, que la UCR ocupó la presidencia más del 40% del tiempo.

El Partido Justicialista o Peronismo, por su parte, gobernó en soledad o encabezando alianzas de partidos durante veintiséis años y siete meses.

Dos presidente argentinos se vieron impedidos de completar su mandato por la muerte: el radical antipersonalista Roberto M. Ortiz (1942) y el justicialista Juan D. Perón (1974).

Sin embargo, solo dos presidentes radicales “ortodoxos” completaron su periodo presidencial: Hipólito Yrigoyen, entre 1916 y 1922, y Marcelo T. de Alvear. Entre 1922 y 1928. Serían tres presidentes si sumamos al radical disidente Agustín P. Justo, entre 1932 y 1938.

Otros cuatro presidentes de origen radical debieron renunciar, resignar el cargo o adelantar la entrega de su mandato debido a golpes de Estado. Arturo Frondizi, en 1962, y Arturo U. Illia, en 1966, sufrieron el tradicional golpe de Estado militar. Otros dos presidentes, Raúl R. Alfonsín, en julio de 1989, y Fernando de la Rúa, en 2001, debieron dejar su cargo expulsados por “golpes blandos” llevados a cabo por violentas protestas callejeras seguidas de saqueos que provocaron la represión policial y terminaron dejando un importante saldo de víctimas fatales.

Los presidente peronistas también fueron desalojados del poder violentamente en cuatro ocasiones. Juan D. Perón, en 1955, y su esposa María Estela Martínez Carta de Perón, en 1976, fueron expulsados del cargo por golpes militares. En tanto, que Adolfo Rodríguez Saá debió dejar el cargo tan sólo seis días después de asumirlo producto de oscuras intrigas partidarias y su sucesor, Eduardo Duhalde, sufrió el mismo destino. Duhalde acortó su mandato en seis meses luego de una violenta protesta callejera que dejó dos manifestantes muertos (Darío Kosteki y Maximiliano Santillán) en 2002.

Si descontamos del total el año y tres meses de la presidencia del conservador Ramón S. Castillo, quien como vicepresidente en ejercicio de la presidencia completó el mandato de Roberto M. Ortiz. Castillo formaba parte de la coalición electoral conocida como “La Concordancia” que integraban la UCR Antipersonalista, el Partido Demócrata Nacional (conservadores) y el Partido Socialista Independiente que gobernó entre 1932 y 1943. El resto del tiempo la presidencia fue ocupada por doce presidentes de facto militares.

Los militares gobernaron un total de casi treinta años, generalmente sucediéndose unos a otros como producto de las diferencias de criterio y las intrigas entre hombres de armas en el marco de regímenes burocráticos – autoritarios.

La breve reseña que hemos realizado sirve para poner de manifiesto los problemas de gobernabilidad, estos fueron acompañados de convulsiones económicas, hiperinflación y devaluaciones de la moneda.

Veamos la reseña económica de esos años, tal como la formuló Jorge Fernández Díaz en su editorial del domingo 2 de septiembre de 2018, “La Argentina, entre doscientos países, es uno de los que menos crecieron a lo largo de los últimos 70 años; registró diez crisis graves, que si al menos hubieran calcado las que padeció Uruguay hoy tendríamos el PBI per cápita de España. Desde comienzos de la década del 60, solo durante cinco años no sufrimos déficit fiscal, y eso fue a costa de la licuación catastrófica de 2001. Nuestro promedio de inflación fue, durante más de medio siglo, del 173% anual. No solo somos la segunda nación en cantidad de años de recesión, sino que nos seguimos destacando como el tercer país entre los más cerrados del planeta. El consumo de los argentinos, sin embargo, es porcentualmente más alto que el de los europeos, si se lo compara con lo que cada sociedad produce. Y el gasto público, que venía con un promedio del 26% en las últimas seis décadas, alcanzó durante la década ganada (2003 – 2013) el 42% del producto bruto, un salto astronómico y sin más respaldo que el voluntarismo mágico.”

En los siguientes catorce meses posteriores a este editorial de Fernández Díaz todos los indicadores económicos y sociales del país se deterioraron aún más. Cuando el 10 de diciembre de 2019, cuando el presidente Mauricio Macri trasmitió el poder a su sucesor, Alberto Fernández, el peso argentino se había depreciado en un 500%, la inflación anual superaba el 50% y el 40% de los argentinos vivían por debajo de la línea de la pobreza.

Las crisis económicas y los problemas de gobernabilidad parecen ser un mal recurrente en el sistema político argentino del último siglo que afectó por igual a todos los gobiernos, sin distinción de partido político o entre presidentes constitucionales o de facto destruyendo al mismo tiempo las posibilidades de que el país alcance un desarrollo sostenido o la prosperidad que sus recursos naturales podrían proporcionarle.