El 12 de mayo de
1969, el gobierno de Onganía, sancionó la Ley 18.204 estableciendo un régimen
de descanso semanal uniforme en todo el país. La ley garantizaba el descanso
continuado a partir del sábado a las 13 horas (sábado inglés) y todo el
domingo, con una jornada semanal de 48 horas. En Córdoba, ya existía el sábado
inglés desde la ley provincial 3546, de 1932, pero con una jornada semanal de
44 horas, razón por la cual la ley de Onganía aumentaba cuatro horas, casi un
10%, la jornada semanal. El aumento de la jornada laboral cordobesa, produjo en
gran descontento en las filas obreras y el inicio de una serie de
movilizaciones, huelgas y asambleas que desembocarían en el Cordobazo,
incluyendo una huelga general declarada por las dos CGT, para el día 30 de
mayo.
También los
metalúrgicos estaban en conflicto debido a las llamadas “quitas zonales”, una facultad concedida por el ministro de
Economía y Trabajo Adalberto Krieguer Vasena a los empresarios, para realizar
en algunas provincias, descuentos sobre el salario pactado en las convenciones
colectivas nacionales.
En el marco de
esas movilizaciones obreras contra el sábado inglés cordobés, el 14 de mayo el
SMATA, el sindicato más poderoso de Córdoba en ese momento, perteneciente a la
CGT Azopardo bajo el liderazgo del dirigente Elpidio Torres, conocido como “El lobito” o “El Vandor cordobés”, realizó una asamblea con 3.000 obreros, a
pesar de que la misma había sido prohibida por el gobierno provincial. El hecho
desató la represión de la policía contra los asambleístas, que respondieron
atacando a la policía y levantando barricadas hasta lograr que la policía
huyera.
En
diciembre de 1968, la concesión del comedor estudiantil de la Universidad
Nacional del Nordeste, en Corrientes capital, fue adjudicada al hacendado Guillermo Solaris Ballesteros, un hombre muy conocido de
la oligarquía provincial. Inmediatamente después de la privatización aumentó el
valor del ticket por un almuerzo o cena en más de un 600%. Esto provocó que la
gran mayoría de los 5.000 estudiantes de esa universidad ya no pudieran acceder
a una comida decente por día. En marzo de 1969, cuando se
reanudaron las clases, el centro de estudiantes llamó a boicotear al comedor.
El 15
de mayo se organizó una manifestación de más de 4.000
personas que recorrieron la ciudad exigiendo que bajen los precios tanto de los
servicios universitarios como los de los comercios en general,
la población estaba muy afectada por la política económica del gobierno de
Onganía. La policía inició una violenta represión y
comenzó a disparar. Hubo varios heridos y en la refriega cayó muerto de un
balazo el estudiante de Medicina, Juan José Cabral. Esa
noche, la CGT correntina llamó a un paro general para acompañar el cortejo
fúnebre. El entierro de Cabral fue multitudinario.
Al
día siguiente, el 17 de mayo, la rebelión se trasladó a la ciudad de Rosario.
Los estudiantes organizaron una marcha por las calles del centro. La policía
volvió a actuar con una violencia extrema. En la Galería Melipal, donde se
había refugiado un grupo de estudiantes que escapaban de los gases
lacrimógenos, cayó con un balazo en la cabeza Adolfo Roque Bello, un estudiante de 22 años, herido por
el oficial inspector Agustín Lezcano. Murió seis horas más tarde en el Hospital
Central.
Cuatro
días más tarde, se organizó una "marcha
del silencio" en honor a Bello. La manifestación arrancó con unos
1.500 estudiantes. El operativo policial fue de tal magnitud que los
organizadores dudaron de seguir con la marcha y llegar al centro. Pero se
fueron sumando obreros y estudiantes de las escuelas secundarias y la columna
se hizo muy grande. La Guardia de Infantería provincial comenzó a atacar. Se
levantaron barricadas, se encendieron fogatas y autos en las calles estrechas
del centro y cerca del Monumento a la Bandera.
Un
grupo de manifestantes tomó por unas horas los estudios de radio LT8. Cuando decidieron dejar el lugar, la policía comenzó a disparar sobre
ellos y las balas alcanzaron a otro estudiante, Luis Norberto Blanco, de quince
años. El 22, con la policía impotente para detener el
estallido, el gobierno nacional declaró a Rosario como zona de emergencia y la
puso bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército. A pesar de eso, al día siguiente se decretó un paro general para
acompañar el cortejo fúnebre con los restos de Blanco. Ese,
también fue un entierro multitudinario. Las protestas se contagiaron en La
Plata y Tucumán.
De
esa manera llegaba a su cresta más intolerable la crisis iniciada menos de una
semana antes en la lejana Universidad del Nordeste, la casa de estudios más
pobre del país. Porque, al margen de las consecuencias políticas de los
incidentes, más allá de la quiebra estruendosa de la imagen de paz social que
laboriosamente había forjado el gobierno, la muerte del tercer
estudiante se precipitó en un marco doblemente inquietante: por
primera vez, si fuera verídica la versión oficial, los manifestantes se habrían
defendido a balazos, perforando el hígado de un policía; y, también por primera
vez en casi seis meses, el rumor de un inminente golpe de Estado hizo añicos la
bucólica serenidad que hasta hace muy poco flotaba en los despachos oficiales.
El 1º
de mayo de 1969, la policía impidió en Buenos Aires que se realizara el acto
central de la CGT de los Argentinos en
conmemoración del Día Internacional del Trabajo. En Córdoba, a pesar de la prohibición, se llevó adelante un acto en el
comedor universitario al que asistieron unos 600 estudiantes; en el cierre
habló Agustín Tosco, que ya era una figura muy destacada en los círculos de
izquierda de todo el país. Pidió la unidad de los
trabajadores y los estudiantes, en el medio de una ovación generalizada. Esa
misma noche, en la sede de la CGT cordobesa se hizo un asado al que asistieron
casi todos los referentes políticos radicales y peronistas de la provincia.
Otra muestra de unidad muy buscada desde hacía mucho tiempo.
LOS HECHOS
En la última quincena de mayo, Jorge Canelles, militante
del Partido Comunista y sindicalista de la Unión Obrera de la Construcción
(UOCRA), le sugiere a Agustín Tosco, secretario del Sindicato de Luz y Fuerza de
la ciudad, reunirse con Elpidio Torres, para organizar una gran protesta
sindical que frenara los abusos policiales y las políticas anti-obreras. Se
trataba de una medida audaz, porque ambos sindicatos estaban en centrales
distintas y cuyas posturas ideológicas diferían radicalmente. Torres era un
peronista ortodoxo y Tosco era simpatizante del Partido Comunista
Revolucionario.
Torres y Tosco
se ponen de acuerdo y a ellos se suma Atilio López, un peronista combativo que
dirigía la Unión Tranviarios Automotor (UTA), también en la CGT Legalista. Los
tres conformaron el núcleo que planificó y coordinó lo que después se conocería
como el Cordobazo.
El lunes 26 de
mayo las dos regionales de la CGT local convocaron conjuntamente a un plenario
de delegados que decidió una huelga general con movilización en la
provincia de 37 horas, para el jueves 29 y viernes 30 de mayo. La duración
inusual de la huelga buscaba que la medida se iniciara cuando los trabajadores
ya habían ingresado a los lugares de trabajo, con el fin de que abandonar las
tareas a las 11.00 horas de la mañana y marchar hacia el centro de la ciudad.
Los organizadores preveían así un primer día de huelga con una gran
confrontación con las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad y un
segundo día, con los trabajadores de regreso a sus hogares, que confluyera con
la huelga general nacional declarada por las dos CGT.
Tosco se reunió
con la Federación Universitaria de Córdoba, para informarles del plan que
habían elaborado con Torres. La FUC, era “incondicional”
de Tosco y comienza a preparar la participación del estudiantado en la huelga,
convocando asambleas en todas las facultades con una asistencia de diez mil
estudiantes.
Al movimiento
obrero y el movimiento estudiantil, se suman organizaciones políticas
clandestinas (los partidos políticos habían sido abolidos en 1966), en
particular aquellas que integraban la Resistencia
Peronista, muchas de las cuales venían sosteniendo que al gobierno de facto
había que enfrentarlo mediante la lucha armada, creando organizaciones
guerrilleras. Pocos meses antes del Cordobazo había aparecido la “Tendencia Revolucionaria” del
peronismo, en el Segundo Congreso del
Peronismo Revolucionario reunido precisamente en Córdoba en enero de 1969,
para definir a los grupos que se encontraban a favor de la lucha armada.
Los barrios
también estaban organizados mediante centros vecinales y una Comisión
Coordinadora de Centros Vecinales. En la zona suroeste, hubo mucha actividad,
especialmente en los barrios obreros como Villa El Libertador, cercana a la
planta de IKA-Renault y la gran cantidad de talleres pequeños y medianos que la
proveían, así como en los barrios del sudeste, como “Villa Revol”.
Entre los
preparativos se fabricó un centenar de hondas metálicas, recortes de metal,
bulones y tuercas para ser utilizados como proyectiles, bombas molotov, y
bolillas tomadas de los rulemanes, que fueron utilizadas para sembrar las
calles y causar la caída de los caballos de la policía montada -la policía
montada no volvió a usarse en acciones represivas y los reemplazó por
motocicletas-. Algunas organizaciones distribuyeron en los sindicatos y las organizaciones
estudiantiles, folletos para construir bombas molotov y clavos “miguelitos”,
y técnicas para romper vidrieras y producir incendios. Los manifestantes
también contaban con algunas armas de fuego de uso civil (especialmente revólveres
y pistolas calibre 22 y 32 largo y carabinas calibre 22 largo).
En las jornadas
previas al Cordobazo fue relevante
también la actuación de varios sacerdotes tercermundistas. Tres días antes del
Cordobazo, Tosco habló ante los estudiantes de la Universidad Católica de
Córdoba, cuyo rector era le sacerdote jesuita Fernando Storni, en el salón de
actos de la universidad, promoviendo un rol más protagónico de la federación
estudiantil.
La Delegación
Córdoba de la Policía Federal Argentina advirtió, través del jefe de la
institución general ® Mario Fonseca al ministro del Interior Guillermo Borda
sobre estos preparativos, los mismo hizo el delegado de la Secretaria de
Inteligencia de Estado (SIDE) en Córdoba, coronel Conesa, al Secretario,
General Eduardo Señorans.
El gobernador cordobés, Carlos José Caballero se
reunió con el presidente Onganía para pedirle un refuerzo de seguridad. A la
salida de la Casa Rosada aseguró a los periodistas que todo “es obra de elementos extremistas de
filiación marxista que hay que neutralizar”.
Lo único que obtuvo el gobernador fue el envió
de ciento cincuenta hombres adicionales de un nuevo cuerpo motorizado
perteneciente a la Dirección de Orden Urbano. El cuerpo conocido como “brigada antiguerrillera” estaba al
mando del comisario mayor Alberto “Tubo”
Villar y eran hombres especialmente entrenados y con experiencia para hacer
frente a disturbios callejeros. Pero, el
gobierno de Onganía no tomó ninguna otra medida adicional para reforzar la
seguridad en la provincia.
La mañana del
jueves 29 fue una de las típicas del otoño cordobés. Amaneció fresco y soleado.
La columna obrera principal salió de la fábrica de IKA-Renault a las 10 de la
mañana. En la rotonda Las Flores se concentraron unos cinco mil obreros
mecánicos del SMATA. De allí siguieron a pie hacia el centro por la Avenida
Vélez Sarsfield, encabezados por Elpidio Torres, gritando la consigna de “¡Luche, luche, luche, no deje de luchar por
un gobierno obrero, obrero y popular!”. A lo largo de toda la ruta hacia el
centro, al costado de la avenida, se habían colocado miles molotov, miguelitos y piedras. Los policías de la Guardia de
Infantería cordobesa estaban apostados en casi todas las esquinas del centro.
Frente al Hogar
Pizzurno se produjo el primer enfrentamiento entre los obreros del SMATA y la
policía. Una parte de la columna entró a la Ciudad Universitaria y la otra se
dirigió al barrio Güemes.
Frente a la Terminal
vieja de 1969, se produjo el segundo enfrentamiento entre los obreros del SMATA
y la policía montada. Ahí comenzaron a actuar lo que los sindicalistas
denominaban “pelotones de organización”, compuestos
por unos veinte trabajadores bien dispuestos cada uno. Estos grupos guiaban al
resto por donde avanzar y cuando atacar con las hondas y las molotov.
En la Av. San
Juan, en otro enfrentamientos cae asesinado el obrero del SMATA Máximo Mena, de
27 años, herido por un disparo realizado por un policía montado. El asesinato
provocó una reacción en cadena y la salida a la calle de decenas de miles de
personas que se sumaron a la protesta. En pocos minutos a los quince mil
militantes que iniciaron la protesta, se habían sumado más de treinta mil
personas, dispuestas a desalojar a la policía de la ciudad.
En la esquina de
Colón y Gral. Paz, lugar de concentración del sindicato de Luz y Fuerza
sale una columna con Agustín Tosco a la cabeza. Actualmente en ese punto,
frente al Patio Olmos, se encuentra el monumento a Tosco. Allí se sumaron los
estudiantes coreando la consignas de “¡Obreros
y estudiantes unidos y adelante!”. A la columna de Tosco se fueron
agregando grupos de obreros metalúrgicos.
De inmediato la
policía comenzó a reprimir a los manifestantes con gases lacrimógenos,
produciéndose el primer choque con trabajadores de Luz y Fuerza en la esquina
de Gral. Paz y La Rioja, dos cuadras al norte del punto de reunión. Pero los
manifestantes estaban preparados y resistieron con piedras, barricadas, molotov
y fogatas para quemar los gases haciéndose fuertes en el Barrio Alberdi, con
apoyo de la población y los elementos acumulados en casas y azoteas.
Las principales
columnas obreras debían partir de las fábricas automotrices ubicadas al sur y
al oeste de la ciudad, a varios kilómetros de distancia del centro. La UTA dio
la orden de mantener los servicios para trasladar a los trabajadores de las
fábricas hacia el centro.
Las imágenes de
los medios de la época publicaron varias fotografías de la policía montada
huyendo de los manifestantes y disparando sus armas de fuego. Por esos días
adquirirá notoriedad un periodista cordobés que cubría los incidentes para el
Canal 13 de televisión en medio de los gases, piedras y disparos: Sergio
Villaroel.
La cantidad y
movilidad de los manifestantes llevó a que en poco más de dos horas la policía
agotara sus provisiones de gases lacrimógenos y combustible para los vehículos.
En este último caso, los depósitos estaban en el Barrio Alberdi bajo control
estudiantil. Ante esta situación, a las 13.00 horas la policía se retiró de la
ciudad y se refugió en el Cabildo y en la Guardia de Infantería, en pleno
centro, frente a la Plaza San Martín. Para esa hora, cerca de 150 manzanas que
abarcaban casi todo el oeste de la ciudad habían sido tomadas por los
manifestantes.
Impotente frente
a la protesta, el gobernador Juan Carlos Caballero pidió auxilio al Ejército.
Los primeros efectivos militares recién llegaron a las 17:30. Los combates
cesaron y durante cuatro horas y media la ciudad quedó en poder de 50.000
manifestantes, apoyados por la simpatía general del resto de la población.
Los revoltosos deciden
asaltar y quemar en varios casos, objetivos simbólicos: todas las comisarías,
el Círculo de Suboficiales del Ejército, las oficinas de la empresa
estadounidense Xerox, la concesionaria de automóviles Técnicor, la Aduana,
la agencia provincial de recaudación de impuestos, el Ministerio de Obras
Públicas, la sucursal Avellaneda del Banco del Interior -sin tocar la caja
fuerte-, la sede de Gas del Estado y la confitería Oriental, tradicional
espacio de la élite cordobesa. En total resultaron dañadas 31 casas
comerciales, que fueron luego reparadas con créditos concedidos por el Estado.
A las 14:30 los
manifestantes comenzaron a retirarse del centro, para dirigirse a sus barrios,
defendidos por barricadas, alambres colocados a través de las avenidas,
miguelitos y miles de botellas rotas. Las bombitas de alumbrado público fueron
destruidas por los militantes con las ondas y, desde las 20.00 horas, el
sindicato de Luz y Fuerza cortó la luz en toda la ciudad. El apoyo de la
población en los barrios populares era amplio, abriendo las casas, aportando
elementos para las barricadas y alimentos y agua para los militantes.
No había ninguna
intención de enfrentar al Ejército, pero sí de organizar la autodefensa contra
una represión indiscriminada, complicando y demorando la recuperación del
control de la ciudad por parte del gobierno nacional. Los barrios se llenaron
de “pintadas” callejeras que decían “Este
barrio está ocupado por el Pueblo”, “Soldado,
no dispares contra tus hermanos”, “Soldado,
rebélate contra tus oficiales asesinos”, “Barrio Clínicas, territorio libre de América”, “El pueblo al poder”, etc.
En ese momento,
el comandante en jefe del Ejército era el Teniente General Alejandro Agustín
Lanusse. Debajo estaba el comandante del III Cuerpo de Ejército, bajo cuya
jurisdicción estaba Córdoba, el general Eleodoro Sánchez Lahoz. Al frente de
las tropas que ingresaron a la ciudad fue colocado el general Jorge Raúl
Carcagno, jefe de la IV Brigada de
Infantería Aerotransportada.
De inmediato el
comandante del III Cuerpo dictó el primer bando militar imponiendo el toque de
queda de noche y facultando a las fuerzas de seguridad a abrir fuego.
A las 16:15
ingresaron las primeras tropas al perímetro de la ciudad. El cuerpo principal
estuvo integrado por la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, los
Regimientos de Infantería N°2 y N°14, el Grupo de Artillería N° 141, el
Batallón de Comunicaciones y la Compañía de Arsenales N.º 4. El Grupo de
Artillería N° 4 fue destinado a proteger el Liceo Militar General Paz. A
las fuerzas del Ejército se agregaron efectivos de la Fuerza Aérea, para cubrir
el área de Nueva Córdoba y aviones de combate para reconocimiento aéreo. Se
ha especulado sobre las verdaderas intenciones de Lanusse y los hombres que
estuvieron al mando de las fuerzas militares, demorando el ingreso a la ciudad,
para deteriorar el poder de Onganía.
Los militares
establecieron también un tribunal militar para juzgar y condenar sumariamente a
los sindicalistas y manifestantes detenidos. Una de sus primeras medidas fue
allanar las sedes sindicales y detener a los líderes del movimiento. El 29, el
Ejército tomó control del centro, allanó las sedes de SMATA y Luz y Fuerza,
deteniendo a sus dirigentes y abrió un paso a través del Barrio Alberdi, para
establecer una vía de tránsito hacia los cuarteles.
La población no
obedeció el toque de queda y miles de personas estaban en las calles, mirando
la llegada de las tropas y en algunos casos gritando o mostrando carteles.
Durante toda la noche ardieron las fogatas y sonaron disparos de las carabinas
calibre 22 que utilizaban los manifestantes y las ametralladoras que usaban los
militares.
Desde la
madrugada del 30 de mayo el Ejército fue ocupando los barrios, despejándolos de
barricadas y obstáculos, y colocando puestos de guardia que garantizaran el
control de la ciudad. En el Barrio Alberdi se desalojó el Hospital de Clínicas.
Fueron detenidas unas 300 personas, de las cuales 104 fueron enjuiciadas
sumariamente por los tribunales militares.
A las 13:00 la
situación aún no había sido controlada. A esa hora unas mil personas
enfrentaron al Ejército en el barrio Clínicas y otras 500, marchaban por la
calle La Rioja hacia La Cañada. Por la tarde aún seguían en pie varias
barricadas sostenidas por los obreros mecánicos con apoyo de la población.
Durante todo el
día continuarían los actos relámpago, pero con más dificultades. El último
bastión fue el Hospital de Clínicas, rendido la noche del viernes 30. Al día
siguiente aún hubo operaciones del Ejército, que recién tomo control completo
de la ciudad el domingo 1 de abril.
El sábado 31 de
mayo ya no se registran protestas. Los tribunales militares continuaron enjuiciando
a los detenidos, entre ellos a los dos líderes del movimiento, Agustín Tosco
-que fue condenado a 8 años- y Elpidio Torres -condenado a cuatro años-. Ese
día se hizo presente en Córdoba el general Lanusse, para verificar la situación
y realizar declaraciones a la prensa. La CGT de los Argentinos y la CGT
legalista realizaron un comunicado conjunto denunciando el “proceder criminal y represivo de las llamadas fuerzas del orden” y
sosteniendo que “las medidas del gobierno
constituyen la caracterización de su condición de dictadura entreguista,
antipopular y reaccionaria”. Ambas CGT declararon el lunes 2 de junio como Día de Duelo y decretaron la “situación de paro” que se concretaría
con una nueva huelga por 37 horas el 17 y 18 de junio, con un acatamiento
total. Las autoridades militares mantuvieron esa noche el toque de queda.
A partir del 30
de mayo fueron enjuiciadas 104 personas por el Consejo de Guerra Especial
establecido por el III Cuerpo de Ejército. Fueron condenadas a penas de
prisión en cárceles militares al menos quince personas, todas ellas varones. Los
condenados cumplieron sus penas en instalaciones militares de La Pampa y
Trelew, hasta noviembre de 1969, cuando Onganía dispuso la amnistía. Nunca se
determinó con exactitud la cantidad de víctimas fatales que dejaron los
enfrentamientos.
El Cordobazo fue
el principio del fin para Onganía. El presidente respondió con un cambio de gabinete.
Tres fueron los ministros más destacados: Adalberto Krieger Vasena dejó la
cartera de Economía a José María Dagnino Pastore, Nicanor Costa Méndez en el
Palacio San Martín fue reemplazado por el empresario Juan B. Martín, hasta
entonces embajador en Japón y al abogado Guillermo Borda lo sucedió en el
ministerio del Interior, el hasta entonces gobernador de la provincia de Buenos
Aires, el general ® Francisco Guillermo Borda.
Para el comandante en jefe del Ejército, Alejandro Agustín Lanusse, la revuelta cordobesa fue un
severo llamado de atención: “Yo intuí,
ese difícil 29 de mayo de 1969, que algo estaba pasando en el país (…) Esa mañana, en Córdoba, reventaba todo el estilo ordenado y administrativo
que se había venido dando a la gestión oficial (…) El 29
de mayo es el instante crítico que marca el fracaso político de la Revolución Argentina”.
El 2 de junio de 1969 habrá de declarar al diario La Prensa: “Córdoba ha vivido ayer un día terrible
que pasará a la historia. El 17 de octubre es pálida sombra de lo ocurrido
ahora”.
El estallido
produjo un cambio en las relaciones entre Onganía y los Comandantes en Jefe de
la Fuerzas Armadas, hasta entonces prescindentes de la gestión presidencial y
ahora se hablaría de control y gobierno paralelo. Estaba en marcha el reloj que
sacaría a Onganía de la presidencia un años más tarde, tras el secuestro y
asesinato del expresidente Pedro E. Aramburu.
COLOFÓN
Algunos miembros
de la generación que protagonizó el “Cordobazo”
pasaron de los veinte a los treinta años en la lucha armada y la “clandestinidad”. Los que sobrevivieron
pasaron de los treinta a los cuarenta años en la cárcel o el exilio. En la
década de los ochenta cuando llegó la democracia unos pocos se reciclaron como
políticos burgueses abandonando sus sueños revolucionarios de lucha armada y
adoptando un discurso más moderado, pero guardando un profundo sentimiento de
venganza y revancha histórica.
Los que no
fueron capaces de aggiornarse e
insertarse con éxito en el establishment permanecieron como nostálgicos setentista de pelo largo. Hoy la mayoría
de quienes pasaron en su juventud por esta experiencia son ancianos que
escriben su memorias y cuentan a sus nietos, y a las generaciones que
desconocen la historia, relatos de un heroísmo revolucionario que nunca existió
realmente y con el que, en muchos casos, pretenden ocultar sus crímenes del
pasado.
