sábado, 26 de abril de 2014

AUMENTAN LAS TENSIONES EN EL MAGREB

 UN CONFLICTO OCULTO

Mientras la atención mundial está centrada en las tensiones en Europa Oriental, donde Rusia parece dispuesta a poner fin al proceso de decadencia que comenzó con el desastre de Chernobyl, el 26 de abril de 1986, y que llevó a la fragmentación de la Unión Soviética en quince estados independientes.

Allí, hoy el presidente Vladimir Putin está llevando a cabo un drástico proceso de rectificación de fronteras destinado a poner bajo el control de Moscú todo el “extranjero cercano”, es decir el antiguo territorio soviético.

La concreción de este proceso tendría un impacto tan grande sobre el escenario internacional que las tensiones en Europa Oriental han ocultado el conflicto que se ha estado gestando en estos días en la región africana del Magreb.

La raíz del conflicto magrebí se encuentra en las reivindicaciones separatistas de una minoría de la población marroquí que se reivindica como saharaui. Este grupo con el apoyo financiero y militar de Argelia intenta segregar una porción del territorio de Marruecos para formar un estado independiente.

LA APARICIÓN DEL SEPARATISMO

En 1976, Marruecos liberó la última parte de su territorio del dominio colonial español. Gradualmente, en la segunda mitad del siglo XIX, España usurpó una parte del territorio marroquí donde estableció una colonia que denominó “Sáhara Español” – posteriormente esta región fue denominada “Sáhara Occidental”-. Frente la imperialismo colonial español de nada sirvieron las reiteradas protestas del Sultán de Marruecos.

Un siglo más tarde, en 1975, la evidente decadencia de la dictadura franquista –especialmente por la enfermedad y muerte del Caudillo-, indicaron al rey de Marruecos, Hassan II, que había llegado el momento oportuno para recuperar los territorios que se había apropiado ilegalmente España.

Así nació la “Marcha Verde” que inmediatamente se transformó en una gesta independentista para el pueblo marroquí. En plena crisis institucional y económica el gobierno español debió y retirarse dejando esos territorios nuevamente en manos de Marruecos.

Pero, el retiro de la potencia colonial europea despertó las apetencias territoriales y hegemónicas de otros Estados de la región. En primer lugar y en el contexto de la guerra fría, la Libia del coronel Gaddafi  y luego Argelia alentó a un grupo de estudiantes marroquíes descontentos con la monarquía alauí, que reina en Marruecos desde 1666, a crear un movimiento separatista y a reclamar la formación de un Estado independiente en los territorios que estaba abandonando España en el Sáhara marroquí.

Argelia derrotada por Marruecos en la “Guerra de las Arenas” -1963-, decidió poner “una piedra en el zapato” de Marruecos y al mismo tiempo mejorar su posición geopolítica propiciando la creación de un “Estado títere” en el sur del Sáhara que le proporcionara un acceso seguro a la costa atlántica para encaminar hacia allí buena parte de sus exportaciones energéticas –gas y petróleo-.

Este fue el origen de la creación del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río del Oro, más conocido como “Frente Polisario”, conformado en 1975, por un grupo de estudiantes marroquíes que obraban siguiendo las directivas de Argel.

Lo que siguió fueron quince años de una suerte de guerra  en el sur de Marruecos. Los terroristas del Frente Polisario libraban una guerra de guerrillas con cruentos atentados y razias tanto contra las fuerzas marroquíes como contra los pesqueros españoles de Canarias que operaban en aguas costeras de Marruecos. Habitualmente, luego de asesinar a los pobladores marroquíes y saquear la región, los terroristas se replegaban a territorio argelino donde las FF. AA. de Argelia los protegían de la persecución del ejército marroquí e incluso los reabastecían de armamentos, vehículos de combate y combustible.

Finalmente, después de que Marruecos construyera importantes obras defensivas en su frontera con Argelia, que prácticamente tornaron imposibles las hasta entonces frecuentes incursiones de las fuerzas del Polisario, se alcanzó un alto al fuego supervisado por fuerzas de observadores de ONU.

LA MINURSO

Este fue el origen de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental –MINURSO- establecida por Resolución Nº 690 del Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1991. Nacida con el mandato original de: “Supervisar la cesación del fuego; Verificar la reducción de tropas de Marruecos en el Territorio; Supervisar la restricción de las tropas de Marruecos y el Frente Polisario a los lugares señalados; Tomar medidas con las partes para asegurar la liberación de todos los prisioneros políticos o detenidos del Sáhara Occidental; Supervisar el intercambio de prisioneros de guerra (Comité Internacional de la Cruz Roja); hacer efectivo el programa de repatriación (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados); Identificar y registrar a las personas con derecho a voto” y lo más importante: “Organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo, y dar a conocer los resultados”.

Un referéndum propuesto por el Rey Hassan II y que nunca pudo celebrarse dado que era la primera en la historia de Naciones Unidas en que una consulta de este tipo iba organizarse sobre la base de la identificación de los votantes. Esta operación de identificación  resulto irrealizable  ya que por una parte la población no corresponde al territorio por el carácter históricamente nómada de la población y por otra parte la falta de voluntad política de las partes para llegar a establecer un padrón electoral que hiciera posible la realización de dicho referéndum. Ello llevó la ONU a encaminar  el proceso hacia una solución política y negociada.

En la actualidad la MINURSO cuenta con un personal de 229 efectivos uniformados pertenecientes a las FF. AA. de una veintena de países –incluida la Argentina- y 279 funcionarios y empleados civiles de origen internacional. Su mandato es anual.

LOS DERECHOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO DE PROPAGANDA

Precisamente, las actuales tensiones en el lugar se deben a los intentos del Frente Polisario de que se modifique el mandato de la MINURSO otorgándole responsabilidad en la supervisión de los derechos humanos en la zona en conflicto.

Marruecos que ha incorporado la región del antiguo Sáhara Español como una parte indisoluble de su territorio bajo la denominación de las “provincias del sur”, sólo está dispuesto a discutir un régimen de autonomía para le región y se opone a cualquier intento de establecer un estado independiente por parte de los separatistas del Frente Polisario manipulado por Argelia.

Por lo tanto, interpreta que en realidad bajo el argumento de supervisar la vigencia de los derechos humanos las fuerzas de la MINURSO y algunas ONG europeas y muy vinculadas al aparato de propaganda del Polisario realizaran un aprovechamiento político del tema hasta convertirlo en una  intolerable intromisión en los asuntos internos de Marruecos.

En realidad, lo que más preocupa a Rabat, no es que salga a la luz alguna violación a los derechos humanos por parte de funcionarios o militares marroquíes, sino es el temor de perder de vista el objetivo primordial del proceso de la ONU que es la búsqueda de una solución definitiva a este diferendo que dura desde hace casi cuatro décadas y paraliza la integración regional  del Magreb. Para Rabat darle la posibilidad a la MINURSO de supervisar los Derechos humanos significa premiar las estrategias de diversión de los no quieren una solución a este conflicto porque se están aprovechando de esta situación de estancamiento.

MARRUECOS ENDURECE SUS POSICIONES

El rey de Marruecos, Mohammed VI, ha mandado claras señales de que no está dispuesto a admitir cambios en las funciones que debe cumplir la MINURSO. El sábado 12 de abril se comunicó con el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon para manifestarle la imperiosa necesidad de evitar “enfoques parciales y opciones peligrosas” en el Sáhara Occidental. Además advirtió terminante que “cualquier desviación en esta dirección sería fatal para el proceso y pondría en riesgo la implicación de la ONU en el asunto.”

La comunicación del monarca era una clara advertencia de que Marruecos, en caso de modificarse el mandato original de la MINURSO, podría escalar el conflicto rechazando la permanencia en su territorio de los “cascos azules” y forzando su retiro.

Reforzando esta determinación, el 18 de abril, Mohammed VI se trasladó con su familia a la ciudad de Dajla. Desde el año 2010, el monarca no visitaba las “provincias del sur” para no incitar reacciones adversas de elementos separatistas. Ahora, la presencia en el sur del Rey indicaba que a la monarquía no le importaba la opinión de los elementos separatistas y que tampoco se preocupaba por las reacciones adversas estos podían generar. Cabe destacar que la presencia del monarca solo genero expresiones de afecto y apoyo por parte de la población local.

Por último, el 20 de abril, el gobierno marroquí, en una muestra más de firmeza,  expulsó de su territorio a una treintena de simpatizantes del Frente Polisario. Se trataba de un contingente de mujeres que se autodenominaban “observadores internacionales” y que en un claro acto de provocación pretendían acceder a los campamentos del Polisario en Tinduf, Argelia, desde territorio marroquí para asistir como delegadas a la “Conferencia de Apoyo a la Resistencia de las Mujeres Saharauis”.

Normalmente, todos los visitantes extranjeros que acceden a los campos de Tinduf, lo hacen desde el aeropuerto de Argel y luego se trasladan hacia el sur con asistencia del gobierno argelino. El hecho de que este año, en momentos en que la ONU se discute la renovación del mandato de la MINURSO, las activistas hayan elegido modificar esta ruta de acceso y pretendido ingresar desde Marruecos es un evidente indicio de que buscaban generar un incidente internacional que incidiera sobre la votación del 31 de abril próximo. Rabat impidió esta maniobra obligando a las simpatizantes del Polisario a retornar a sus países de origen ni bien arribaron a suelo marroquí.

CONCLUSIONES:

El gobierno de Rabat considera a las provincias del sur como una parte constitutiva de su territorio nacional a la que no esta dispuesto a renunciar. Como diría el geopolítico estadounidense Hans Morgenthau, el territorio del Sáhara es para Marruecos un “interés vital” por el cual una nación lo arriesga todo, incluso la guerra.

Marruecos podrá negociar un régimen de autonomía y derechos diferenciales para la población saharaui, pero nunca cederá la soberanía de este territorio. Por lo tanto, en un momento en que las brasas del incendio provocado por la Primavera Árabe, de 2010, aún arden en Egipto, Libia y Siria, en que Malí y el resto del Sahel se han convertido en un inmenso “espacio sin ley”· donde prolifera el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y el separatismo tuareg, las Naciones Unidas deberían entender que lo más inteligente es focalizarse sobre una solución definitiva  del conflicto sobre Sáhara para no acorralar a Marruecos y generar un nueva tensión en el ya convulsionado Norte de África.

 

miércoles, 23 de abril de 2014

LAS CONTRADICCIONES DE LA HORA

 ¿LOS POLÍTICOS SE JUBILAN?

Quienes piensan que Cristina Fernández de Kirchner abandonará resignadamente la política al concluir su segundo mandato, deberían recordar la respuesta que el veterano dirigente peronista Antonio Cafiero dio a un joven periodista que le preguntó a qué edad pensaba retirarse de la política. El ex ministro de Isabel Perón, sentenció no sin cierta picardía: “un político abandona la política cuando le cierran la tapa del cajón.”

Cristina Kirchner no es ingenua. La presidente sabe bien que la política en Argentina no se desarrolla con las mismas reglas de institucionalidad que en los países del primer mundo. En EE. UU., por ejemplo, un ex presidente es parte de la historia de la nación y como tal es respetado y preservado de agravios innecesarios. Incluso Richard Nixon, el único presidente que debió dimitir de su cargo, acosado por las revelaciones del Affaire Watergate, en la década de los años setenta, fue amnistiado por su sucesor Gerald Ford.

En ese país los ex presidentes son jubilados. Sus sucesores los consultan, los convocan a las conmemoraciones y alagan sabiendo que están generando precedentes para su propio retiro. Los ex presidentes incluso pueden ganar un poco de dinero escribiendo sus memorias y recorriendo el mundo dando conferencias. Pero, de política partidaria y cargos electivos nada. Tal vez algunas discretas actividades de lobby o la oportuna expresión de apoyo a la candidatura de algún aspirante presidencial de su partido, pero nada más. Por extraño que pueda parecernos en los EE. UU. los políticos si se jubilan.

Pero en las orillas del Plata las cosas son bien distintas. Recordemos sino que Juan D. Perón después de reformar la constitución para lograr la reelección perpetua fue expulsado del gobierno, durante su segundo mandato, en septiembre de 1955, como resultado del golpe de Estado más violento y prolongado de nuestra historia. Un triste episodio que incluyó actos de barbarie como el bombardeo de la ciudad de Bs. As. por aviones de la Armada y la Fuerza Aérea, la quema de la Curia Metropolitana y otras emblemáticas iglesias porteñas por grupos identificados con el gobierno peronista y duros combates de los que participaron sectores militares apoyados por grupos de civiles.

A los sesenta años, como un ex dictador prófugo de su país y obligado a peregrinar buscando el asilo de otros dictadores –Alfredo Stroessner, Marcos Pérez Giménez, Leónidas Trujillo y Francisco Franco- nadie hubiera dado mucho por el futuro político de Perón.

Sin embargo, los gruesos errores de quienes lo sucedieron y su innegable habilidad como estratega político le forjaron una revancha histórica. Dieciocho años después de que debiera refugiarse en una cañonera paraguaya surta en el puerto de Bs. As. para preservar su vida, Juan D. Perón juró como presidente constitucional por tercera vez a los 78 años de edad.

PREPARANDO EL RETORNO

Todo esto lo sabe la presidente y también sabe –o intuye- que muy probablemente a ella no le espere el bronce o un retiro dorado después de que coloque la banda presidencial a su sucesor el 10 de diciembre de 2015. En el mejor de los casos, le aguarda un arduo peregrinar por los estrados judiciales y la deserción o traición de muchos de los dirigentes que hoy la adulan y le temen.

Cristina probablemente tema que le aguarde un destino muy similar al que ella y Néstor construyeron para sus antiguos mentores: Carlos S. Menem y Eduardo Duhalde.

También conoce que para evitar ese destino e incluso aspirar a un retorno triunfal en el 2019 debe retener una cuota importante de poder luego de abandonar la presidencia.

Lo ideal para ella sería contar con un “candidato títere” que le permitiera seguir gobernando como “Jefe de Gabinete”. Algo similar al montaje que implementó exitosamente el tándem formado por Vladimir Putin y Dimitri Medvédev en Rusia alternándose como presidente y primer ministro. Este es en realidad el sueño de los muchachos de La Cámpora.

Pero no parece un proyecto muy viable. En principio porque no existe un candidato cristinista con posibilidades reales de sucederla. Incluso probablemente la presidente carezca hoy de la fuerza suficiente para imponer un candidato propio contra la voluntad de los caudillos peronistas del interior del país –Gioja, Urtubey, Urribarri, De la Sota, Scioli, etc.-

NEGOCIANDO CON DANIEL

Es posiblemente por eso que quienes afirman conocer el pensamiento de Cristina creen que la presidente está abocada a construir un sólido bloque legislativo que siga sus directivas, le cuide las espaldas cuando deje el cargo y le permita negociar con el próximo presidente. Este proyecto incluiría su propia candidatura como senadora por la provincia de Bs. As. para esquivar los acosos de la justicia.

En esta cuestión radicaría la actual pulseada con Daniel Scioli para brindarle apoyo en su candidatura presidencial.

Cristina Kirchner sabe que su mejor candidato –y posiblemente el único con reales probabilidades de triunfar en los comicios presidenciales- es el gobernador bonaerense. Pero también conoce que el poder real estará en quien determine las candidaturas a senadores y diputados no sólo en 2015 sino especialmente en 2017. Por lo tanto, quiere asegurarse el control de esas nominaciones para poder condicionar al próximo gobierno y construir su retorno, al estilo Bachelet, en el 2019.

El tema es que tanto Daniel Scioli, como otros gobernadores peronistas, también saben el poder que encierra la determinación de estas candidaturas y aspiran a colocar a sus propios hombres en el Congreso para conservar su poder. Es más, Scioli sabe que es el único candidato que tiene el oficialismo y cree que finalmente Cristina deberá acordar con él en sus propios términos

Como puede apreciarse no es poco lo que se encuentra en juego. Esto explicaría la puja interna y el cruce de declaraciones que sacude a las filas del kirchnerismo por estos días.

 

lunes, 14 de abril de 2014

CRISTINA KIRCHNER NECESITA UN CÁMPORA

SEGUNDAS OPORTUNIDADES

Si algo ha demostrado Cristina Fernández de Kirchner es una enorme vocación de poder, es por eso que ni ella ni nadie se la imagina retirándose, en 2015, a cuidar los nietos y admirar el glaciar Perito Moreno en su “rincón en el mundo” como ella denomina a la localidad patagónica de Calafate.

En realidad Cristina será una mujer aún joven con 62 años al finalizar su segundo mandato puede aspirar normalmente a dos nuevos mandatos a partir de 2019. El lector sabe que ahora los sesenta son los nuevos cincuenta y después de todo Ronald Reagan asumió su primera presidencia con 73 años, sobrevivió a las heridas provocadas por un atentado contra su vida y cumplió dos mandatos presidenciales. Hipólito Yrigoyen asumió su segunda presidencia con 76 años y probablemente la hubiera completado en 1934 si no se hubiera cruzado en su camino el general José F. Uriburu, en 1930. Incluso Juan D. Perón asumió su tercera presidencia a los 77 años (en realidad tenía 79), aunque no logró concluirla.

Así, que de no mediar alguna complicación médica o un inoportuno infortunio Cristina Kirchner, por ese entonces con 66 años, podría muy bien aspirar a dos nuevos mandatos antes de concluir su vida pública. Para ello, además de suerte y votos, Cristina necesita una especie de “delegado personal” para que le cuide el sillón presidencial entre 2015 y 2019. Alguien que cumpla el mismo papel que Héctor J. Cámpora desempeñó para Perón a comienzos de la década de los años sesenta. Alguien que tenga la cuota exacta de la lealtad servil y obediencia suicida que en su momento demostró el odontólogo de San Andrés de Giles.

Repasemos un poco la historia para los desmemoriados o mejor aún para los lectores que tuvieron la fortuna de no haber vivido esos sucesos porque aún no habían nacido.

LA HISTORIA DEL TÍO CÁMPORA

En 1966, los militares dieron un golpe de Estado desplazando de la presidencia al radical Arturo U. Illia e inauguraron una “dictablanda” –no tan blanda- que denominaron “Revolución Argentina”. El verdadero propósito que guiaba a los militares golpistas era impedir que el presidente Illia levantara la proscripción impuesta por las FF. AA. al peronismo y convocará a elecciones libres. Los militares estaban determinados a impedir que Juan D. Perón retornara al país y mucho más a que volviera a ser presidente. Si era necesario, las FF. AA. harían el supremo sacrificio de gobernar el país por los siguientes veinte años hasta que Perón muriera en su exilio madrileño. Ustedes saben por aquello de “muerto el perro…”

El plan era bueno, pero siempre que el pobre se divierte el diablo mete la cola. Era la muy convulsionada década de los sesenta con sus minifaldas, pelo largo y The  Beatles. Cuando el Che Guevara y su “Armada Bracaleone” caminaban hacia la muerte en Bolivia, cuando el Mayo Francés del 68 alentaba las rebeldías juveniles y Fidel Castro financiaba y armaba a cuanto grupo de inconformes quería jugar a la “lucha armada” en América Latina.

El descontento juvenil era fogoneado por un gobierno militar que consideraba al país como un inmenso cuartel, mandaba a la policía a apalear a los estudiantes de la UBA en la “noche de los bastones largos”, clausuró el arte del Instituto Di Tella, censuró hasta al caustico humor de Tía Vicenta, desconfiaba del cabello demasiado largo, de las faldas demasiado cortas y de los pantalones demasiado anchos –“pata de elefante”- que por entonces vendía la tradicional sastrería Thompson y Williams.

En este contexto la paz social no podía durar mucho y no duró. En mayo de 1969 se incendió Córdoba y las llamas de la insurrección se propagaron por el resto del país. Amplios sectores de la izquierda interpretaron que estaban dadas las “condiciones objetivas” para que la revolución triunfara y se sumaran también a la “lucha armada”.

Pronto el país se vio azotado por un vendaval de “copamientos” a localidades, ataques a cuarteles y dependencias policiales, secuestros extorsivos, asesinatos, atentados explosivos, robos a entidades bancarias y camiones de transporte de caudales.

Las huelgas, protestas estudiantiles y acciones guerrilleras sacudieron al país. Pronto los militares más lúcidos entendieron el mensaje. Había algo peor que el regreso de Perón y era que el viejo líder –que después de todo era un militar, aunque algo fascista y sobre todo anticomunista- muriera en el exilio y que esos jóvenes que atacaban cuarteles en nombre del peronismo –aunque conocían más de las ideas de Marx que de las “Veinte verdades peronistas” o de la “Comunidad Organizada”- mientras practicaban el foquismo castro-guevarista, se convirtieran en sus herederos.

Era necesario que el viejo general desenmascarase a estos “infiltrados” que practicaban el entrismo en el peronismo. Claro está que Perón no estaba dispuesto a realizar esta concesión en forma gratuita. Él tenía su precio, con más de setenta años a cuestas, pretendía retornar al país y recobrar su lugar en la historia antes de morir.

Comenzó así una interesantísima puja de poder entre dos generales. Alejandro A. Lanusse, el último gran caudillo militar, por ese entonces Comandante en Jefe del Ejército y presidente de facto de la Argentina por un lado. En el otro rincón se situaba, Juan D. Perón dos veces presidente de la Nación y desde hacía 17 años forzado a vivir en el exilio por sus propios camaradas de las FF. AA.

Si bien Lanusse controlaba a las FF. AA. había un sector de los uniformados que desconfiaba de sus verdaderas intenciones. No sospechaban que Lanusse tuviera alguna simpatía secreta hacia Perón. Sabían que siempre había sido un “gorila” consumado. Había participado del intento de golpe de Estado encabezado por el general Benjamín Menéndez en 1951. Tras el fracaso de la intentona purgó cuatro largos años de cárcel en duras condiciones tanto para él como para su familia. La Revolución Libertadora, en septiembre de 1955, lo reintegró a las filas del Ejército pero el rechazo al peronismo lo acompañaría por el resto de sus días.

Pero algunos militares creían que era demasiado blando al tratar con Perón o incluso que el viejo general era más astuto que él y que había logrado llevarlo a su juego. Otros militares desconfiaban de Lanusse por razones aún más sólidas. Sabían de su aspiración –no demasiado secreta- a convertirse en el próximo presidente constitucional. Lanusse intentaba repetir la experiencia de Agustín P. Justo que se alzó con la presidencia en 1932 con una combinación de fraude electoral y proscripción al radicalismo, en ese entonces la fuerza populista con mayor caudal electoral. De ser necesario, también podía recurrir a la treta de Arturo Frondizi, en 1958, que negoció un “pacto electoral” con Perón, donde este puso los votos y Rogelio Frigerio y un grupo de empresarios amigos financiaron el exilio de Perón en España.

Todo el entramado de Lanusse dio en llamarse “Gran Acuerdo Nacional” –GAN-, pero como dijo Perón sobre él: “sólo estuvo en la mente de algunos…”

Lo cierto es que mientras Lanusse y Perón jugaban a las escondidas cambiándose enviados oficiales y oficiosos, ofertas económicas, amenazas y denuncias ante la prensa. En Argentina los tiempos se acortaban, la violencia de la guerrilla aumentaba sin tregua y la paciencia de los militares se agotaba.

Finalmente, en julio de 1972, Lanusse se vio obligado a terminar con la farsa y a poner reglas claras. Proscribió a Perón al precio de su propia proscripción.

En un durísimo discurso pronunciado en el Colegio Militar de la Nación el 27 de julio, dijo la histórica frase de que a Perón no le da el cuero para regresar al país. El 7 de julio el gobierno militar había establecido que quienes aspirarán a ocupar cargos electivos en el próximo gobierno constitucional debían renunciar a sus cargos en el gobierno de facto y residir en el país a partir del 25 de agosto de ese año y hasta las elecciones nacionales previstas para el 11 de marzo de 1973.

Lanusse no abandonaría la presidencia de facto y por tanto no sería candidato presidencial. Si Perón quería ser candidato debería regresar al país y permanecer en él hasta el día de los comicios. En esta forma, una vez confirmada la voluntad de Perón de volver a ser presidente, los militares siempre podrían anular las elecciones con cualquier excusa e incluso detener y confinar al viejo general. Parecía la trampa perfecta para impedir a Perón ser presidente, pero ni Lanusse ni el resto de lo militares antiperonistas contaron con que el viejo líder sacaría de su manga a Cámpora.

Hasta ese momento, Héctor J. Cámpora era el Delegado Personal de Perón. Una suerte de mensajero que llevaba las órdenes del general a los miembros del movimiento y le comunicaba a él conversaciones reservadas que mantenía en su nombre con otros dirigentes políticos no peronistas y especialmente con los miembros de la Junta Militar.

La gran ventaja que Cámpora tenía frente a otros dirigentes justicialistas para Perón, era su lealtad y obsecuencia casi perruna y el hecho de que carecía casi de amigos o apoyos dentro del peronismo. Cámpora, en 1943, era el intendente conservador de la pequeña localidad bonaerense de San Andrés de Giles, fue uno de los primeros en comprender que el joven coronel Perón era la figura política más prometedora del momento. Luego la amistad de su esposa con Evita y sus recorridas por la noche porteña junto a Juancito Duarte lo convirtieron en presidente de la Cámara de Diputados donde supo disciplinar con mano de hierro a figuras políticas del naciente peronismo de mucho mayor talento y experiencia  que él.

En 1952, tras la muerte de Evita y al poco tiempo el “suicidio” de Juan Duarte su estrella política se apagó. Luego en 1955 conoció la cárcel, participó de la histórica fuga del Penal de Usuahía junto a Jorge Antonio, John W. Cooke y Guillermo Patricio Kelly. Gracias a una amnistía sancionada por el presidente Arturo Frondizi retornó a San Andrés de Giles y a su profesión de odontólogo.

En 1971, Perón lo rescató de su ostracismo político nombrándolo Delegado Personal en reemplazo de Daniel Paladino que había sucumbido a los encantos y promesas de Alejandro Lanusse.

Los dirigentes históricos del peronismo recordaban su paso por la Cámara de Diputados además de sus vínculos con Juan Duarte y lo despreciaban. Los sindicalistas le reprochaban que se hubiera mantenido apartado de la “resistencia peronista” durante los años más duros y por otra parte, tenían su propio candidato: Antonio Cafiero.

Así que Cámpora haría todo lo que Perón le indicara y sólo lo que Perón le indicara, además, cualquier amago eventual de rebeldía carecería de apoyos dentro del peronismo.

Entonces Perón decidió convertir a Cámpora en presidente de la Nación. Pero no por cuatro años –Perón no disponía de tanto tiempo ni de tanta paciencia- sino tan solo por algunos meses. Después que los militares entregaron el gobierno y retornaron a los cuarteles, Perón, juzgando acertadamente de que las FF. AA. no contaban con apoyo para dar un nuevo golpe de Estado, desplazó a Cámpora –al que mando de embajador a México para sacarlo del país- y se instaló cómodamente en el sillón de Rivadavia. Inmediatamente metió en cintura a la “tendencia revolucionaria” que había osado desafiarlo –asesinando a José I. Rucci- y a la que hizo pasar en menos de un año de “juventud maravillosa” a “infiltrados”. Pero eso es otra historia.

TRAGARSE EL SAPO

Es por todo eso que Cristina Kirchner debería buscar su propio Cámpora, un dirigente kirchnerista lo suficientemente fiel y carente de apoyos políticos dentro del peronismo como para no alimentar ningún sueño de independencia o permanencia una vez instalado en la presidencia. El problema para Cristina es que ninguno de sus posibles herederos cumple con estas condiciones. Todos tienen algún defecto: o no son lo suficientemente dóciles, o no son totalmente dependientes de su influencia o son demasiado ambiciosos y alimentan su natural paranoia.

Daniel Scioli, el kirchnerista con mayores posibilidades electorales para sucederla es quien despierta mayor desconfianza en ella. Por un lado lo considera muy poco kirchnerista y sabe que el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice a quien quiera escucharlo –tanto dentro como fuera del país- que una vez en la presidencia corregirá los “errores” de Cristina.

Además, Scioli es resistido por la mayoría de los dirigentes kirchneristas, por las organizaciones de derechos humanos y por los jóvenes de la Cámpora. Difícilmente los sectores de izquierda que hoy apoyan al “modelo” acaten disciplinadamente la orden de apoyar la candidatura del gobernador bonaerense.

El resto de los candidatos, como el entrerriano Sergio Uribarri, el ministro del Interior Florencio Randazzo o el inefable Aníbal Fernández, no despiertan la adhesión de nadie ni siquiera la de ella.

Por lo tanto, sin un Cámpora, Cristina no tendrá candidato y sin un candidato presidencial amigo tampoco podrá aspirar a una banca en el Senado de la Nación que la proteja de la persecución judicial después de diciembre de 2015, mucho menos tendrá posibilidad de retornar al poder en 2019.

Quizá después de todo será preferible para asegurar su futuro que Cristina tome valor, se “trague el sapo” y apoye la candidatura de Daniel Scioli como el mal menor.        

 

 

martes, 8 de abril de 2014

LA JUSTICIA COMUNITARIA COMO PRÁCTICA SOCIAL


UN HECHO FRECUENTE
Las últimas semanas la sociedad argentina ha iniciado un intenso debate sobre la generalización de la “justicia comunitaria” que la prensa ha denominado eufemísticamente “linchamientos”, “justicia por mano propia”, etc.

En verdad habría que comenzar por aclarar que el fenómeno no es nuevo. Desde hace algunos años, las crónicas periodísticas deban cuenta de hechos de violencia colectiva, contra supuestos violadores de menores. En ocasiones el castigo no se circunscribía a la persona del sospechoso, sino que afectaba también a su vivienda que resultaba destruida o quemada por la turba enardecida o incluso se dirigía contra las dependencias policiales más cercanas al lugar de algún hecho aberrante de inseguridad. Las autoridades policiales solían despertar la ira popular, la población los acusaba de falta de celo en sus funciones, corrupción y hasta connivencia con los delincuentes.
Esta violencia catárquica solía dejar un saldo de vidrios rotos, instalaciones saqueadas y algunos vehículos policiales incendiados. Normalmente los vándalos no sufrían ninguna consecuencia por sus acciones. La violencia colectiva, justificada o no, era interpretada por las autoridades nacionales como una forma de “protesta social”. Todos sabemos que en la Argentina de la Década Ganada no se puede criminalizar la protesta social.

En no pocos casos la violencia popular se volcaba sobre un delincuente o presunto delincuente sorprendido in fraganti delito y que no había podido huir. El desventurado caco solía sufrir una soberana tunada, la misma que antaño se propinaba al punguista –carterista- que era sorprendido desarrollando su oficio en un estadio de futbol durante un encuentro deportivo o en un transporte público. Claro que en algunos casos a los muchachos se les iba la mano y el ladrón sufría serias heridas o incluso moría.
En los últimos tiempos, con la multiplicación de los hechos delictivos, se incrementaron también las ocasiones en que los delincuentes caían en manos de sus víctimas, generalizándose las golpizas que en muchas ocasiones culminaban con el deceso del infortunado ladrón. Pero, como estos incidentes se producían por lo general en barrios marginales del Gran Buenos Aires y de otras ciudades del interior del país, la prensa en general daba escasa cobertura a los mismos. Golpizas y linchamientos pasaban mayormente desapercibidos para la opinión pública. No fue hasta que alguien registró en vídeo un apaleamiento y lo puso en la web que estos hechos tomaron transcendencia y escandalizaron a la opinión pública. Un apaleamiento que terminó en asesinato y otros dos incidentes ocurridos en el coqueto barrio de Palermo despertaron el repudio de una sociedad a la que le cuesta admitir su intensa quiebra moral.

Sociólogos, juristas y hasta filósofos trataron de explicar este fenómeno hablando desde sus ópticas particulares, así se mencionó la destrucción del tejido societario, la ruptura del pacto social, la responsabilidad que tenían en estos estallidos de violencia la ineficacia policial o la proliferación de las teorías del abolicionismo penal entre los fiscales y jueces que deben proteger los derechos de la víctimas frente a la proliferación del delito.
UNA VERDAD INCOMODA

No obstante, tales explicaciones suelen pasar por alto  que estos hechos forman parte de una creciente latinoamericanización de la sociedad argentina.
Aún a riesgo de ser considerado xenófobo debo señalar que durante todo el siglo XX la sociedad argentina tuvo características que la diferenciaban del resto de América Latina. Una impronta demográfica y cultural que la aproximaba más a las sociedades europeas que a sus vecinos de la América del Sur.

Esa situación cambió a partir de la crisis económica que estalló en diciembre del 2001. Desde entonces se dispararon los índices de pobreza y marginalidad. Abruptamente la mitad de la población argentina se empobreció. Aunque en los años posteriores los indicadores sociales mostraron una ligera recuperación, una tercera parte de la población había entrado en la pobreza y permanecería allí al menos por varias generaciones. Los índices de desarrollo humano elaborados por Naciones Unidas y los puntajes obtenidos en las pruebas educativas PISA no hacen más que confirmar esta realidad.
La Argentina de las oportunidades en que una generación era pobre o incluso marginal y la siguiente, gracias al esfuerzo conjunto de padres e hijos, ingresaba a la clase media profesional o incluso a la pequeña burguesía comercial, ha desaparecido para siempre. Ahora muchos de los dos millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan nacen pobres, son hijos y nietos de pobres y casi con certeza serán padres de una nueva generación de pobres.

En forma paralela a la aparición de la pobreza estructural, el sistema educativo entró en crisis. Aunque las inversiones educativas se incrementaron la aplicación de políticas educativas erróneas y la concepción de que la escuela debía abandonar su carácter de institución educativa para convertirse en un ámbito de contención social deterioraron irremediablemente los niveles educativos. La escuela pública que había sido la cantera que brindó al país cinco premios nobel perdió además de su calidad educativa, su perfil formativo y socializador.
Pero estos no son los únicos indicadores de la latinoamericanización de la sociedad argentina. En las calles de nuestras ciudades prolifera el comercio informal, la venta de todo tipo de artículos falsificados, de dudosa procedencia y de pésima confección. Puestos de venta callejeros de alimentos ofrecen al público sus productos en condiciones de dudosa salubridad, mientras un ejército de mendigos, pobladores sin techo, limpiavidrios, “trapitos” y recicladores urbanos –es decir, cartoneros- se agolpan en las calles de nuestras ciudades.

Cientos de talleres textiles clandestinos donde dejan su salud trabajadores marginales reducidos casi a la servidumbre y los outlets de las grandes fábricas alimentan con sus productos a las ferias informales o “saladitas”. Abastecen al comercio minorista del interior del país y, en especial, a los miembros empobrecidos de la clase media que han debido resignarse a no usar productos de marca y recurren a las falsificaciones o los productos de segunda selección.
La pauperización de la clase media asalariada se percibe también en el deterioro que evidencia la vestimenta de los trabajadores urbanos que transitan por las calles del microcentro porteño.

Mientras los barrios populares se pauperizan, se multiplican las villas miserias y asentamientos, así como la población de los míseros inquilinatos y viviendas intrusadas en las grandes ciudades.
JUSTICIA POR MANO PROPIA

Los sectores más prósperos de la sociedad han abandonado el espacio público para atrincherarse en barrios cerrados, countries y shoppings donde son protegidos de la inseguridad por un ejército de guardias, alarmas y cámaras de seguridad.
Mientras que los no tan prósperos y en especial los pobres y marginales deben luchar en soledad con los delincuentes, ante la indiferencia de las autoridades que insisten en repetir la falacia de un relato que habla de “una década ganada” y parecen habitar en el país de nunca jamás.

La única alternativa para ellos consiste en seguir el mismo camino que los habitantes de otros países latinoamericanos recurrir a la “justicia comunitaria” y a las “milicias privadas” que actúan como grupos de autodefensa o simplemente como “escuadrones de la muerte”.
Las ejecuciones callejeras –por apaleamiento, linchamiento o incluso quemando vivos a los presuntos delincuentes- son prácticas comunes en la mayoría de los países sudamericanos. Constituyen una reacción emocional propia de sectores de la población con carencias educativas que descreen de los mecanismos de regulación institucional de las conductas antisociales y responden instintivamente a la violencia delictiva con más violencia.

El país que encabeza el ranking de linchamientos en la región es Guatemala, una sociedad que desde hace años sufre el azote de la violencia criminal desatada por las “Maras”, allí al menos 209 personas fueron ejecutadas en 2013, un 27% más de casos que el año anterior.
En segundo lugar se sitúa Bolivia con más de doscientas víctimas entre 2005 y 2013. En el país el Altiplano, la Constitución sancionada en 2009 reconoció la vigencia de la justicia de los pueblos indígenas. Este tipo de justicia acepta el linchamiento como un recurso válido a ser aplicado a los presuntos culpables sin ningún otro tipo de instancia judicial.

En Perú también la justicia comunitaria es legal. Allí una ley sancionada en el año 2002 legalizó también la justicia comunitaria en manos de los miembros de las llamadas “Rondas Campesinas”. Estos grupos parapoliciales apalean y cuelgan a ladrones y asesinos, incluso azotan públicamente a las prostitutas.
En Brasil, los grupos parapoliciales son conocidos como “milicias” están formadas por ex policías y suelen proteger a ciertos vecindarios que los contratan informalmente para protegerse del accionar de los grupos del narcotráfico y del vandalismo juvenil. Con frecuencia las milicias actúan como verdaderos “escuadrones de la muerte” que asesinan a los delincuentes reincidentes -especialmente a menores de edad- y dejan sus cadáveres expuestos en la vía pública a modo de advertencia para otros criminales.

En América Latina, cuando la marginalidad extrema y el narcotráfico agobian a la sociedad, cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza y cualquier elemento antisocial se siente con derecho a decidir sobre la vida y la propiedad de los demás, la sociedad se ve obligada a apelar a la violencia comunitaria y a la formación de milicias de autodefensa.
Los sucesos que se han difundido y debatido en las últimas semanas no son hechos aislados, son la explicitación de una tendencia que irá en incremento en tanto la sociedad argentina siga adoptando los rasgos dominantes en el resto de América Latina, la justicia tenga una “puerta giratoria” para los criminales y las autoridades nacionales no sepan –o no quieran- corregir el rumbo posicionando al Estado en el control de la seguridad.       

 

 

miércoles, 2 de abril de 2014

UNA HOJA DE RUTA PARA MALVINAS

 EL RIESGO DE OPINAR

Si yo fuera prudente o mejor dicho si fuera inteligente nunca escribiría este artículo porque el riesgo de ser mal interpretado, o más aún de ser considerado un traidor por algunos argentinos bien intencionados pero con opiniones distintas, es muy alto. Pero es el 2 de abril y el ejemplo de nuestros muertos en aquella gesta heroica me inspira y me da la audacia necesaria para decir lo que creo debe decirse.

Desde el fin de la guerra en 1982, el tema Malvinas se ha convertido en una piedra en el zapato de la política exterior argentina. En el artículo anterior, referido a Rusia, mencioné que todo Estado que pierde una guerra sufre tres consecuencias: pierde territorio, es desarmado y su economía es dañada como una forma de evitar que recupere la capacidad ofensiva. Analicemos brevemente como éstas consecuencias han producido en la Argentina.

Como consecuencia de nuestra derrota en Malvinas hemos perdido el control de una gran extensión de nuestro mar continental y de nuestra plataforma marítima, que nos ha afectado económicamente al privarnos de la explotación de los recursos de esa área.

En lo militar, comparativamente nuestro potencial es relativamente muy inferior al que el país disponía al momento de iniciarse el conflicto bélico. Hemos perdido nuestro portaviones, se ha reducido sensiblemente nuestra flota de mar y el número de nuestras unidades de infantería de marina. En tierra, los vehículos blindados y helicópteros además de ser pocos, están en pésimo estado de mantenimiento y son de modelos obsoletos. Algo similar ocurre con nuestra Fuerza Aérea que ha perdido no solo su capacidad de reabastecimiento en vuelo, se han reducido sus medios de transporte aéreo y en número de sus aviones de combate. La Argentina, tras suprimir el servicio militar obligatorio y reducido –o mejor dicho suprimido- la instrucción de combate en sus Liceos Militares, carece de una reserva militar adecuadamente instruida y con un mínimo estado de alistamiento como para que sea de utilidad en caso de una crisis militar. No voy a entrar en detalle sobre el estado de preparación, instrucción y espíritu de combate de los cuadros de las FF. AA., para no ofender a nadie o cometer injusticias con quienes hoy visten el uniforme de la Patria. Pero, el lector puede sacar sus propias conclusiones al respecto.

En cuanto a la destrucción de nuestra economía la verdad es que no podría responsabilizar a país alguno por los problemas financieros que hoy atraviesa la Argentina. Para eso los argentinos somos autosuficientes.

UNA PEQUEÑA AYUDA DE NUESTROS AMIGOS BRITÁNICOS

Pero, en lo que hace a la degradación de nuestra capacidad militar estoy convencido que obraron influencias externas, especialmente provenientes del Reino Unido y de sus aliados de la OTAN, para llevarnos a la situación actual.

Empleando como ariete al tema de las violaciones a los derechos humanos y el haber involucrado al país en una guerra insensata que nos enfrentó con nuestros aliados del bloque occidental se ha creado un abismo entre las FF. AA. Y el pueblo argentino. No importa que hayan transcurrido treinta años desde que los militares abandonaron el poder, hay sectores interesados en infectar a las nuevas generaciones con el odio del pasado y en mantener las heridas en el cuerpo social permanentemente abiertas.

Este enfrentamiento entre las FF. AA. y su pueblo debilitan a la Nación y a cualquier gobierno argentino que quiera presentar un frente nacional unido para lograr que el Reino Unido entable algún tipo de negociación con respecto a la soberanía de las Malvinas.

Además, el Reino Unido hace valer sus influencias y sus alianzas políticas para impedir que la Argentina adquiera equipamiento militar de última generación. Cuanto mayor sea la capacidad ofensiva de las FF. AA. argentinas mayores serán los costos británicos para garantizar la seguridad de las islas. Una mayor capacidad bélica de Argentina también influirá sobre el análisis de riesgos de las empresas internacionales interesadas en explotar los recursos naturales del Atlántico Sur.

Pero, lo que más afecta a los intereses argentinos no es su inferioridad militar sino la falta de un plan coherente y de objetivos realistas con respecto a las Islas Malvinas.

El Reino Unido además de tener la posesión de las Islas, un experimentado  aparto militar y el apoyo de la población local exhibe un plan concreto y coherente. Su estrategia consiste en crear un consenso internacional –especialmente en el marco regional- que propicie y acepte la creación de un “Estado títere” en Malvinas que luego de declarar su independencia y obtener el reconocimiento internacional probablemente suscribirá un tratado de alianza militar con la OTAN, solicitará su ingreso a la OEA. Así protegerá su soberanía de cualquier amenaza militar argentina sin necesidad de albergar efectivos militares británicos. Los recursos petroleros y pesqueros de nuestra plataforma marítima serán más que suficientes para garantizar un alto nivel de vida a una población de tan sólo 2.400 habitantes. Además, para sostener la economía de un enclave tan pequeño y de escas población,  siempre se puede recurrir a crear allí una suerte de “paraíso fiscal”, aún cuando el clima tenga poco de paradisíaco.

La posición geoestratégica de las Malvinas, que las sitúa como una suerte de portaviones natural para la explotación no sólo del Atlántico Sur sino especialmente de la Antártida y los recursos de toda la región, serán suficientes para vencer cualquier prurito que puedan tener la mayoría de los veintiocho países de la Alianza Atlántica.

Frente a este plan británico, la cancillería argentina ha pretendido hacer como si nunca hubiera perdido una guerra en la cual, el país actuó como agresor abandonando el tenue paraguas protector que le brindaba el derecho internacional y el hecho de haber sufrido un despojo colonial. Se ha limitado a desempolvar antiguas resoluciones de Naciones Unidas y a realizar agotadoras negociaciones y presiones diplomáticas para mantener el apoyo regional en las votaciones de cada foro internacional. Los ministros que pasaron por el Palacio San Martín han insistido en negarse a aceptar negociar con los isleños bajo el argumento de que son parte de la potencia ocupante sin mayores derechos.

UNA PROPUESTA OSADA

Albert Einstein ha advertido que “la locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”, sin embargo esto es más o menos lo que la diplomacia argentina ha hecho durante ciento ochenta años. Ahora el tiempo se nos está acabando y ha llegado el momento de ser realistas y pragmáticos. Aceptar lo que no hemos querido aceptar hasta hoy.

La única forma de intentar debilitar la posición diplomática británica es proponer un diálogo franco y directo con los isleños de ser posible en una mesa de negociaciones sin la directa participación del Reino Unido. Claro que para llevar adelante una negociación productiva con los isleños, Argentina debe hacer una oferta generosa y tentadora que despierte el interés de los habitantes del Archipiélago.

Por ejemplo, negociar para un reconocimiento de nuestra soberanía en forma gradual y a largo plazo. Podría establecerse un período de cien años para la asimilación de las Islas a la Argentina. Durante esa etapa de transición nuestro país podría comprometerse a no enviar a las islas personal militar o político alguno, tan sólo una suerte de “Delegado Presidencial” con funciones similares a las de un embajador, los isleños podrían disfrutar de doble nacionalidad, las islas se desmilitarizarían, pero los isleños conservarían sus propias instituciones y leyes, elegirían sus propias autoridades y tendrían representación en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados como cualquier otra provincia argentina. El inglés y el español serían reconocidos como lenguas oficiales. Los argentinos e isleños podrían ingresar y radicarse indistintamente en el territorio continental o isleño, desparecerían las áreas británicas de exclusión en torno a las aguas y el espacio aéreo del Archipiélago, pero la Argentina se comprometería a no enviar navíos militares a la misma. Los detalles de esta propuesta serían objeto de negociación, pero creo haber reseñado el espíritu de la propuesta que sería necesario formular para captar la atención de los isleños.

El gobierno argentino y los isleños podrían explotar en conjunto los recursos naturales del Atlántico Sur, pero la Argentina acordaría con los habitantes del Archipiélago un mecanismo de reconocimiento especial para sus intereses económicos en la región. Lógicamente el gobierno isleño tendría autonomía para administrar su economía e incluso se acordaría el uso de una moneda común o un mecanismo económico para preservar a las Islas de los vaivenes de la economía argentina.

Ambas partes se beneficiarían con la desaparición de las tensiones. Argentina retomaría el control pleno de su plataforma marítima y mejoraría sus relaciones diplomáticas con el Reino Unido superando las sanciones invisibles que su hostilidad genera. Los isleños no sólo podrían continuar con su vida sin alteraciones sustanciales por los siguientes cien años, sino que tendrían acceso a los servicios y mercados argentinos para su abastecimiento, comunicaciones y productos de exportación. Podrían incorporarse al Mercosur, etc. La distensión en el Atlántico Sur seguramente atraería mayores inversiones, etc.

Esta iniciativa tiene la ventaja que si los isleños se niegan a sentarse a negociar o incluso si el Reino Unido impide de algún modo dicha negociación, la Argentina al menos podrá mostrar al mundo que ha abandonado su intransigencia, que está dispuesta a respetar los intereses y deseos de los isleños y que no es un obstáculo para solucionar el conflicto. Todo ello mejoraría la actual posición diplomática argentina y daría argumentos a los distintos gobiernos del Tercer Mundo para seguir apoyando los reclamos argentinos de una negociación sobre la soberanía en Malvinas.

Claro que esta propuesta constituye tan sólo un borrador, un aporte de ideas para superar una situación crítica que si no sufre una sustancial rectificación solo puede agravarse.

Al pueblo argentino se le está ocultando lo que realmente ocurre en torno al tema Malvinas y cuando descubra esta dolorosa realidad posiblemente sea demasiado tarde para corregir el rumbo.

En ocasiones debe aceptarse aún lo inaceptable. Cualquier concesión a los isleños será preferible a la creación de un Estado que nos sea hostil en el Atlántico Sur. No sólo perderíamos sustanciales recursos naturales.

Nuestro principal problema geoestratégico es que la Patagonia argentina quedaría comprometida entre Chile y las Islas Malvinas, sometida a una amenaza a dos frentes.

Chile con sus inocultables ambiciones sobre nuestro territorio patagónico y su tradicional alianza diplomática con el Reino Unido, sería posiblemente el más favorecido si en las Islas Malvinas se establece un Estado seudo-independiente que gradualmente entraría en su esfera de influencia permitiéndole proyectarse hacia el Atlántico Sur como una suerte de hegemónica potencia bioceánica orientada hacia el control de los pasos interoceánicos y de la Antártida con sus recursos. Por esos motivos considero que debe actuarse con prontitud y decisión.

Espero que si el lector no coincide conmigo en este tema al menos comprenda que este artículo pretende ser al mismo tiempo un llamado de atención y un patriótico aporte de ideas destinado a proteger nuestros inalienables derechos en Malvinas y el Atlántico Sur.

Seguramente, el problema Malvinas será uno de los primeros desafíos que deba afrontar el gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2015.