lunes, 30 de noviembre de 2020

¿HACIA DÓNDE VA SERGIO BERNI?


El secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni ha publicado ayer un interesante artículo con múltiples lecturas.

Sergio Berni es un personaje difícil de definir. Médico, abogado, militar, político, peronista, kirchnerista, progresista y experto en seguridad inclinado hacia las teorías de la “tolerancia cero”, funcionario proactivo y ambicioso. Cada uno puede elegir la faceta que más le agrade para catalogar a “Superberni”, tal como lo bautizó el periodista Jorge Lanata.

Lo cierto es que ayer, Sergio Berni publicó en Infobae un singular artículo comentando los incidentes ocurridos durante el velatorio de Diego Maradona titulado: “Dejar hacer y dejar pasar: un pasaporte al fracaso”. Este artículo se presta a muchas interpretaciones, veamos algunas de ellas:

Todos contra la ministra Sabina Frederic

Es un secreto a voces que Sergio Berni aspiraba a integrar el gabinete del presidente Alberto Fernández como su ministro de Seguridad. Pero no puedo conseguir ese puesto.

No se sabe con exactitud porqué el presidente Alberto Fernández prefirió a la antropóloga, cercana al CELS, Sabina Frederic para ese cargo.

Quizás Alberto recelaba de la cercanía de Berni con Cristina Kirchner y prefería ubicar a una persona de su confianza en esa posición clave o, quién inclinó la balanza en favor de la antropóloga fue el influyente periodista Horacio Verbitsky que, bajo la protección de Cristina, ha ubicado a “su gente” en distintas posiciones de poder dentro del gobierno.

Lo cierto es que Sergio Berni debió conformarse, como premio consuelo, con el cargo de secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Desde su cargo en la provincia, Berni no ha ahorrado esfuerzos en su autopromoción ni ha perdido ocasión para hostigar a la ministra Frederic y desautorizar o menospreciar al presidente de la Nación. Muchas personas recuerdan a Berni diciendo que su jefa política y a quien responde es a Cristina Kirchner y a nadie más.

En momentos en que al gobierno del presidente Fernández le cuesta asimilar el desaguisado en que culminó el velatorio de Diego Maradona. Buscando un responsable todas las miradas se dirigieron a la ministra de Seguridad por los desbordes y la invasión de barrar bravas a la Casa Rosada.

El gobierno kirchnerista pretendió sacar provecho político de la muerte del ídolo futbolístico para mejorar su imagen, muy deteriorada en los últimos tiempos por las medidas sanitarias aplicadas para contener la pandemia del covid 19, sus efectos sobre la economía y el ánimo de la población.

Pero como muchas de las iniciativas encaradas por el gobierno su torpe implementación terminó en un fracaso total transmitido en vivo y en directo a todo el mundo.

Las fallas de organización, la falta de planificación y coordinación entre las fuerzas federales de seguridad generaron incidentes en los cuales se comprometió la seguridad presidencial y se dañó el patrimonio histórico de la Casa Rosada.

El tradicional Patio de las Palmeras y otras áreas de la Casa de Gobierno fueron intrusadas por barras bravas y público exaltado que vandalizaron las instalaciones aterrando a funcionarios, empleados y periodistas allí acreditados.

Alguien debería hacerse responsable y la ministra de Seguridad encabezaba la lista. Aníbal Fernández rápidamente se anotó para sucederla en el cargo. Pero Sergio Berni no estaba dispuesto a resignar sus aspiraciones. Para hacerse notar decidió publicar un artículo crítico señalando que: “Cuando un puñado minúsculo d inadaptados genera desmanes, la respuesta debe ser clara e inequívoca. Si se elige no hacer nada, los resultados nunca serán buenos. Pareciera que se impuso el piloto automático como filosofía para la resolución de problemas: no controlar y no responde a la violencia desatada sino desde la contemplación meramente especulativa. Todo como producto de una confusión conceptual que alimenta innecesariamente el caos. Pero también como consecuencia de la falta de decisión, de coraje y de compromiso para involucrarse de cuerpo y alma.”

Cuestionamientos al Presidente

Sergio Berni se define como un decidido “cristinista” alineado con “la Jefa” y su representante, el gobernador Axel Kicillof, por lo menos hasta el momento en que decida cambiar de bando.

Como hemos dicho, sus fuertes críticas al Presidente fueron reiteradas y no iba a dejar pasar una cuestión tan propicia para golpear a sus rivales cuando atraviesan un momento de debilidad.

Berni aprovecho los conflictos entre Alberto y Cristina para cuestionar las falla en la política de seguridad del Gobierno nacional, siguiendo la línea de los “funcionarios que no funcionan” denunciados por la carta de la vicepresidenta del mes pasado.

Como dice el refrán todos tratan de hacer leña del árbol caído y Berni siguió esa norma.

¿Berni candidato?

Como hemos dicho, Sergio Berni es un político ambicioso y como tal tiene grandes aspiraciones. Se imagina encabezando la lista de diputados nacionales en su distrito en octubre de 2021 y desde allí proyectándose como un líder político de alcance nacional.

Como tantos otros, Berni estaría pensando en la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner y, en esta etapa, esta construyendo su imagen como futuro candidato presidencial.

Si en algún momento la gente se cansa de la sumatoria de errores e improvisaciones del actual gobierno. Se imagina como una figura de recambio para el régimen cuando las urnas o las cacerolas hagan sonar el “que se vayan todos”.

Berni sabe que la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de la población y pretende utilizar las políticas de mano dura y tolerancia cero, aunque aclara: “En el marco de la legalidad […] pero con la firmeza necesaria para restablecer el orden”, para impulsar su popularidad.

Posiblemente se imagine construyendo una coalición electoral entre el peronismo ortodoxo, el kirchnerismo residual y sectores independientes de clase media con preocupaciones materiales concretas: seguridad, desocupación, recesión, inflación, etc.

Hoy todo esto puede parecer muy especulativo y hasta utópico, pero quién apostaba por la candidatura presidencial del casi desconocido gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner en enero de 2002.

En la política Argentina todo es posible y Sergio Berni parece contar con eso. 

 

sábado, 28 de noviembre de 2020

DURA CONDENA A ARGELIA POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS


 

El Parlamento Europeo en una resolución urgente aprobada por 669 votos a favor y sólo 3 en contra condenaron la represión llevada a cabo por el gobierno argelino contra los activistas de los derechos humanos y periodistas independientes que demandan mayores libertades civiles y políticas.

La resolución del Parlamento Europeo del 26 de noviembre pasado subraya que los arrestos políticos y las detenciones arbitrarias de activistas pacíficos del Hirak, de dirigentes sindicales y periodistas han aumentado desde el verano de 2019, en violación a los derechos humanos fundamentales a un juicio justo y a una aplicación regular de la ley.

Recordemos que la inestabilidad social y política en Argelia se desató en marzo de 2019 ante el anuncio del anciano y discapacitado presidente Abdelaziz Bouteflika, de 80 años, de competir por un quinto período presidencial consecutivo.

Los estudiantes los martes y los abogados los viernes llenaban las principales avenidas y plazas de Argel demandando la renuncia de las autoridades, la renovación de los elencos políticos y mayores libertades democráticas. Había nacido el movimiento Hirak de protesta pacífica.

En un principio, el gobierno toleró las protestas esperando que se agotara por cansancio de los militantes. No obstante, esto no ocurrió. Muy por el contrario, con el correr del tiempo el movimiento de protesta se consolidó y adquirió mayor apoyo popular.

Nada detuvo la protesta, ni el golpe de Estado que apartó del poder a Bouteflika ni las elecciones condicionadas por las fuerzas armadas que consagraron a otra figura del régimen, el ex ministro de Bouteflika, el jurista Abdelmadjid Tebboune.

El inicio de la pandemia del coronavirus covid 19 con el establecimiento de restricciones sanitarias a la concentraciones y desplazamientos de la población permitieron al régimen argelino vetar las protestas. También le dio la oportunidad a las autoridades argelinas para intensificar la represión en un intento por acallar las voces críticas mediante la intimidación, las golpizas en las estaciones de policía y de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), la aplicación de penas de cárcel y multas a los periodistas independientes, el bloqueo de sitios web, la censura a programas de televisión y la persecución de los disidentes que se expresaban en las redes sociales.

Tal como ocurrió en agosto de 2019 con el periodista Mohamed Khaled Drareni, corresponsal de TV5 Monde, condenado a tres años de prisión y multado con 50.000 dinares argelinos por filmar a la policía mientras atacaba a los manifestantes en Argel.

Durante la sesión del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de dicho Parlamento, María Arena, expresó el apoyo de la institución comunitaria al pueblo argelino “ante la adversidad de un régimen que reprime, arresta, acosa durante meses”, argumentando que “la pandemia ha empeorado la situación.”

Por su parte, el eurodiputado Mounir Satouri, citando uno por uno los nombres de los argelinos detenidos arbitrariamente en su país por ejercer su derecho a la palabras, llamó a la liberación inmediata de todos los presos de conciencia en Argelia.

La prolongada crisis de gobernabilidad que vive Argelia en los últimos años tiene diversos orígenes y causas. Por un lado la existencia de un liderazgo envejecido que está en poder desde los tiempos de la Independencia en la década de los años sesenta que se resiste a dejar el poder en manos de las nuevas generaciones. Por el otro, el estancamiento de la economía dependiente en un 95% de sus exportaciones de gas y petróleo que generan riqueza pero no aportan los empleos suficientes para compensar el crecimiento de la población.

Finalmente, la situación personal del presidente electo en octubre de 2019, Abdelmadjid Tebboune al cual no se ha visto en público desde el 15 de octubre de este año. Tebboune, de 75 años, sufrió el contagio del covid 19 y fue trasladado a Alemania para su tratamiento. Desde entonces su estado de salud es un misterio. Las versiones oficiales aseguran que ha superado la enfermedad y que se encuentra en franca recuperación. Pero, otras fuentes afirman que como una consecuencia derivada del covid, Tebboune había sufrido un accidentes cerebro – arterial que lo habría incapacitado para gobernar.

Los cierto, es que la situación interna de Argelia es sumamente confusa y comienza a preocupar al resto del mundo. Pero, los más preocupados son los dirigentes del Frente Polisario que dependen política y económicamente de Argelia para su supervivencia, especialmente en este momento, en que han intensificado su confrontación propagandística con Marruecos.  

miércoles, 25 de noviembre de 2020

DERROTADO EN GUERGUERAT EL FRENTE POLISARIO APELA A SUS ALIADOS IDEOLÓGICOS


 


Obligados a retirarse de la zona fronteriza entre Marruecos y Mauritania por las Fuerzas Armadas Reales el Frente Polisario debe apelar a sus aliados ideológicos para librar una guerra de propaganda.

Expulsados de la antigua franja de amortiguación en la zona fronteriza de Guerguerat entre el Reino de Marruecos y la República Islámica de Mauritania, el Frente Polisario se ve sumido en la impotencia y forzado a librar una guerra de propaganda como único recurso para disimular ante el mundo su aplastante derrota.

Para llevar adelante esta guerra de propaganda los separatistas del Polisario han debido apelar al apoyo de sus aliados ideológicos, especialmente en España.

Si bien la posición oficial del gobierno español ha sido ratificada por la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya quien manifestó: “La posición del gobierno de España en lo relativo al Sáhara Occidental es muy clara y no ha variado ni en las últimas horas, ni en los últimos días, ni en las últimas semanas”, explicando que los sucesos ocurridos en Guerguerat el pasado 21 de noviembre no han modificado la posición diplomática del Reino peninsular.

Sin embargo, no todos los miembros del gobierno comparten disciplinadamente la posición oficial. Los ministros del partido Unidos Podemos encabezados por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales Pablo Iglesias Turrión han expresado su apoyo a las inaceptables demandas del Frente Polisario con relación al impracticable referéndum como única solución al Conflicto en el Sáhara.

Pablo Iglesias es muy conocido por brindar costosas “asesorías” y actos de apoyo a gobiernos populistas como la Venezuela chavista de Nicolás Maduro, Bolivia durante el gobierno de Evo Morales o Argentina en los años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o recibir jugosas contribuciones financieras de Irán para sus programas televisivos.

Lógicamente los pagos recibidos de estos gobierno no fue a las arcas de Podemos y mucho menos se empleó para financiar la “revolución” anticapitalista o aliviar el hambre en los países del Tercer Mundo. Se repartió entre un selecto núcleo de dirigentes morados entre los que se encontraban: el propio Pablo Iglesias y su pareja la también ministro Irene Montero, Íñigo Torrejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y algún otro.

Precisamente, con dinero proporcionado por los presidentes del llamado “socialismo del siglo XXI” que Pablo Iglesias y su pareja Irene Montero adquirieron un modesto chalet en el municipio madrileño de Galapagar por 615.000 euros. Una vivienda de 268 metros edificados en una parcela de dos mil metros cuadrados. Todo muy socialista.

Estos antecedentes nos llevan a preguntarnos cuanto habrán costado posiblemente las “asesorías” que el Secretario General de Podemos estaría brindando al Frente Polisario y Argelia con estas declaraciones.

Lamentablemente, muchos españoles nostálgicos del pasado colonial de su país o engañados de buena fe por el “relato” separatista de la minoría perseguida sienten simpatía por el Frente Polisario y se olvidan de su pasado terrorista en que se cobraron la vida de muchos trabajadores españoles y lo que es aún más grave sus actuales vínculos con el yihadismo.

Un claro ejemplo de esta ceguera frente a los evidentes vínculos del Frente Polisario con el terrorismo yihadista lo ha proporcionado días atrás el Director General de Política Exterior y Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, embajador Fidel Sendagorta, durante su intervención en un foro internacional sobre terrorismo organizado por el Real Instituto El Cano.

En esa oportunidad el embajador Sendagorta manifestó con cierta inocencia estar “sorprendido” al constatar que el jefe del grupo yihadista “Estado Islámico en el Gran Sáhara”, Abou Al Walid Assahraoui, era un antiguo miliciano del Frente Polisario, lo que lo llevó a concluir que los campamentos de Tinduf eran un caldo de cultivo para el yihadismo y “una seria amenaza” para la Europa comunitaria.

Sería muy oportuno que el alto funcionario de la diplomacia española, el ministro Pablo Iglesias y los españoles que apoyan al Frente Polisario recordaran que, durante los años en que llevaba a cabo una abierta guerra de guerrillas contra las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, entre 1976 y 1991; los terroristas del Frente Polisario no sólo atacaban instalaciones y personal militar marroquí sino también a civiles inocentes muchos de ellos españoles.

Las milicias del Polisario atacaron a empresas españolas que operaban en las provincias del Sur de Marruecos y a barcos pesqueros españoles y de terceros países que operaban en las aguas de la zona económica exclusiva marroquí en el Atlántico Sur.

Los pescadores españoles que faenaban en la zona de El Aaiún o los trabajadores que picaban piedras en las minas de fosfatos de Fosbucraá fueron aniquilados en masa. Barcos con toda la tripulación pasada a machete, secuestros, torturas físicas y psicológicas o fusilamientos con ráfagas de ametralladoras eran algunas de las desastrosas “postales” que dejaron los terroristas separatistas y que nunca fueron debidamente investigadas ni sancionadas, según afirma la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE).

También ACAVITE registra que el Frente Polisario asesinó a 289 víctimas inocentes y provocó un número aún mayor de heridos.

El alto al fuego acordado con medicación de Naciones Unidas, el 6 de septiembre de 1991, no puso fin a las actividades terroristas del Polisario.

SECUESTRO DE COOPERANTES

El 24 de octubre de 2011, por ejemplo, la madrileña Ainhoa Fernández Rincón, el mallorquín Eric Gonyalons y la italiana Rosella Urru, todos ellos cooperantes europeos pertenecientes a diversas ONG, fueron secuestrados en Rabuni, la sede administrativa de los campamentos argelinos controlados por el Frente Polisario, mientras desarrollaban actividades humanitarias.

En el secuestro de los cooperantes participaron elementos del Frente Polisario comandados por Abu Walid al Assahraoui o Adnan Abu Walid al Assahraoui, alias de Lehbib ould Ali ould Saïd ould Yumani, un marroquí de origen saharaui nacido en la ciudad de El Aaiún durante los años de la ocupación colonial española del Sur de Marruecos.

Abu Walid al Assahraoui, de quien volveremos a hablar más adelante, se incorporó al Frente Polisario en 1991 y recibió capacitación militar de mano de instructores militares argelinos en la Escuela de Suboficiales y Tropas de Chabid El Ouali donde se entrenan las milicias terroristas del supuesto “Ejército de Liberación Popular Saharaui”, en Tinduf, Argelia. Todo ello antes de radicalizarse y convertirse en líder yihadista.

Finalmente, los cooperantes fueron liberados sanos y salvos previo pago de un sustancioso rescate por parte de España e Italia. Lo que no se estableció claramente es que parte tocó a los polisarios del rescate y que otros réditos políticos obtuvo el Frente Polisario por su participación en las negociaciones que permitieron la liberación de los cooperantes.

Lamentablemente, este no es el único ejemplo de nexos entre polisarios y yihadistas.

El 15 de febrero de este año, la Oficina Central de Investigaciones Judiciales, el organismo responsable en Marruecos de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional, que dirige Abdelhak Khiam como parte de la Dirección General de la Supervisión del Territorio Nacional, la eficiente DGST marroquí, arrestó en las ciudades de Laayun, Salé y Marrakech a tres individuos, de entre 24 y 30 años, miembros de una célula terrorista del Dáesh.

En el proceso, las autoridades antiterroristas marroquíes secuestraron documentación, uniformes y hasta una bandera perteneciente al Frente Polisario.

Precisamente, una semana antes, en declaraciones formuladas a la prensa, Khiam había advertido sobre los vínculos del Dáesh con el Frente Polisario y las actividades del terrorismo yihadista en el sur de Argelia.

Dijo el alto funcionario de seguridad marroquí: “El Dáesh no ha desaparecido. Hubo una reubicación; se reorganizaron en la zona sahelo – sahariana y en Libia. Donde encuentran áreas sin ley, allí se establecen.” Para luego agregar: “El problema se incrementa con la falta de cooperación de los argelinos y la existencia de un área controlada por un grupo terrorista que es el Frente Polisario”. Concluyendo: “Al Qaeda en el Magreb Islámico sigue intentando controlar el sur de Argelia y el norte de Mali”.

El 1° de mayo de 2018, Marruecos sorprendió al mundo al denunciar que la República Islámica de Irán, a través de la organización terrorista Hezbollah, llevaba al menos dos años entrenando y equipando con armamento sofisticado a las milicias terroristas del Frente Polisario.

El canciller marroquí Nasser Burita afirmó poseer “pruebas y datos” concretos de que uno o más diplomáticos de la Embajada de Irán en Argel había participado “durante al menos dos años” como “facilitadores” entre los grupos terroristas Hezbollah y Frente Polisario en acciones destinadas a instruir a milicianos del grupo separatista en “acciones de guerrilla urbana y ataques contra el Reino de Marruecos.”

Instructores militares de Hezbollah, en especial expertos en explosivos y en la construcción de túneles, habrían viajado a los campamentos argelinos de Tinduf para formar a los milicianos en tácticas de comandos, guerrilla urbana y manejo de armamento sofisticado. También habrían suministrado al Frente Polisario misiles de fabricación soviética SAM-9, SAM-11 y 9K34 “Strela-3”, afirmó el canciller Burita. Todas estas actividades se efectuaron con la complicidad del gobierno de Argelia.

Cabe mencionar que Hezbollah es una organización terrorista islámica de orientación chií de El Líbano que, desde su creación en 1982, recibe armas, instrucción militar y apoyo financiero de Irán.

La denuncia realizada por Marruecos pone en evidencia que el Frente Polisario, pese al alto al fuego y la presencia de la MINURSO, sigue con la complicidad de Argelia e Irán armándose y planificando acciones terroristas en la región del Sáhara.

También indican que Irán constituye una seria amenaza a la estabilidad internacional. No solo porque desarrolla un programa de armas de destrucción masiva sino porque exporta entrenamiento y armas a grupos terroristas en África y financia a partidos políticos y organizaciones extremistas en todo el mundo como el grupo violento.

OTROS VÍNCULOS DEL FRENTE POLISARIO CON EL YIHADISMO

En una entrevista concedida, en 2012, al diario español “ABC”, el pretendido ministro de Defensa de la inexistente RASD, Mohamed Lamin Buhali, reconoció la presencia de unos “20 ó 25 saharauis” formando parte de organizaciones yihadistas en el Sahel. “Unos están con Al Qaeda, algunos de ellos puede que ya no estén vivos y otros están detenidos. Otros, en torno a 14, están con el MUYAO”, admitió Buhali.

Resulta evidente que, cuando un dirigente de importancia en un grupo terrorista reconoce un hecho de estas características es porque la cantidad de yihadistas provenientes de las filas del Frente Polisario es mucho mayor de lo que se admite y su existencia resulta inocultable.

Otra prueba innegable de que el Frente Polisario mantiene vínculos con grupos yihadistas, o, al menos, de que los campos de Tinduf constituyen una cantera de personal con preparación militar que nutre las filas de los grupos salafistas que operan en la región sahelo – sahariana, es el caso del antes mencionado Abu Walid al Assahraoui.

Desde que se radicalizó y dejó los campamentos argelinos del Frente Polisario, Walid ha formado parte de distintos grupos yihadistas.

Al parecer comenzó su actividades terrorista en 2011, cuando fue uno de los fundadores del Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) donde dirigía el Consejo de la Shura.

Debido a que habla tres idiomas y ha estudiado varios años en universidades de Argelia, en el MUYAO también actuaba como vocero. Este hecho le dio visibilidad internacional al parecer frecuentemente en transmisiones televisivas y fotografías.

En agosto de 2013, el MUYAO tomó parte en la creación del grupo Al Murabitum o Al murabitun Al Qaeda de la Yihad en África del Oeste (Los almorávides), al fusionarse con la organización Al Moulthamin (Los enmascarados), que dirigía el yihadista argelino Mokhtar Belmokhtar, también conocido como “Bellaouar” -El tuerto- o “Mr. Marlboro”. Apodos que recibe porque perdió un ojo por una pedrada cuando era niño y porque en sus comienzos fue un exitoso contrabandista de cigarrillos.

Al Morabitun y Mokhtar Belmokhtar adherían a Al Qaeda en el Magreb Islámico -AQMI-, la franquicia regional de Al Qaeda.

El 14 de mayo de 2015, Adnane Abu Walid al Assahraoui anunció que rendiría pleitesía a Al Bagdadí y al ISIS / Dáesh.

Inmediatamente fue desautorizado por Belmokhtar y Walid y sus seguidores debieron dejar Al Morabitun.

En septiembre de 2016, Abu Walid al Assahraoui creó su propia organización yihadista: Estados Islámico en el Gran Sahara -Imarat Mantikat al-Sahara-, que pronto realizaría diversos ataques y atentados explosivos en Burkina Faso, Níger y Mali.

El 2 de marzo de 2017, Abu Wali al Assahraoui y el Estado Islámico en el Gran Sáhara se unió a Al Morabitum, liderado por Mokhtar Belmokhtar, Ansar ad-Din, conducido por Iyad Ag. Ghaly y al Frente de liberación de Macina que guía el imán Amadou Koufa, para crear una nueva organización: Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes).

La nueva organización proclamó inmediatamente su fidelidad a AQMI y a Ayman Al-Zawahiri líder de Al Qaeda.

Un largo recorrido para un miliciano polisario de Tinduf. Abu Walid al Assahraoui es una prueba viviente y vigente entre el Frente Polisario y los grupos yihadistas que asolan la región sahelo – sahariana con sus atentados y ataques.

ULTIMATUM POLISARIO A MAURITANIA

El pasado lunes 23 de noviembre se presentó en Nuakchot un delegación del Frente Polisario encabezada por Mohamed Salem Ould Salek portando una misiva del secretario general Brahim Ghali para el presidente de Mauritania Mohamed Ould Cheik El Ghazouani donde los separatistas advertían que el grupo separatista “considera que la estabilidad y la seguridad en la región están ligadas al respeto de las fronteras” (…) y “siempre se esforzará por que la paz se base en la justicia, en el respeto de las fronteras y la “integridad territorial de todos los componentes de la subregión”.

La carta es un auténtico ultimátum a Mauritania, el país más débil de la región, de que aceptar la supresión de la franja de amortiguación en su frontera con Marruecos tendría represalias por parte del Frente Polisario. Las pretensiones de los separatistas y de Argelia es que Mauritania cese sus intercambios comerciales con Marruecos o se enfrente a las consecuencias. El problema es que Nuakchot depende del comercio con Marruecos para abastecerse de productos esenciales que no puede reemplazar fácilmente, sin mencionar que aceptar la extorsión del Polisario representaría para el gobierno de Mauritania renunciar a su soberanía y convertirse en títeres de los separatistas.

El Frente Polisario solo puede cumplir con sus amenazas y llevar la guerra a Mauritania realizando ataques terroristas con el apoyo de los grupos yihadistas que operan en el Sahel y con los cuales los separatistas tienen una prolongada historia de cooperación y negocios en sociedad.

Ha llegado el momento de que el mundo asuma la verdadera naturaleza del Frente Polisario. Una organización separatista que duda en apelar a tácticas terroristas cuando lo considera necesario o en aliarse con grupos yihadistas si la ocasión lo demanda. Por tanto, el Frente Polisario constituye una amenaza a la estabilidad y seguridad de la región saharo – saheliana y debe dejar se recibir apoyo político y financiero de los gobiernos democráticos y de la organizaciones humanitarias que defiende la paz y los derechos humanos.

 

martes, 24 de noviembre de 2020

TRAGEDIA HUMANITARIA EN ETIOPÍA


Una cruenta guerra civil, originada en rivalidades étnicas, provoca matanzas y migraciones forzadas que amenazan con desestabilizar el Cuerno de África.

Etiopía, antiguamente conocida como Abisinia, es una Nación sin Litoral, situada en el Cuerno de África. Con sus cien millones de habitantes es el tercer país más poblado de África (después de Nigeria y Egipto). Sus principales grupos étnicos son los: Oromo, Amhara, Tigray, Sidama, Hadiya, Somalíes, Afar, Gurage, Gamo, Welaita y Arg oba. Las sagas históricas del Imperio Etíope relatan las interminables batallas entre trigiños, wollo, oromo y otros grupos en cambiantes alianzas con dinastías y pretendientes al trono.

Con 1.104.300 km² es el vigésimo séptimo país más extenso del mundo con un territorio similar al de Bolivia.

La mayor parte de Etiopía integra el Cuerno de África, que es el extremo oriental del continente africano. Al oeste limita con Sudán y Sudán del Sur, al norte con Yibuti y Eritrea, al este con Somalia, y al sur con Kenia. El Gran Valle del Rift atraviesa el país de noreste a suroeste, creando una zona de depresión que es cuenca de varios lagos.

Tras la independencia de Eritrea en 1994, Etiopía se convirtió en un Estado sin litoral, dependiendo en gran medida de Yibuti para sus exportaciones marítimas. Más del 95% del comercio etíope pasa por Yibuti y representa el 70% del puerto de ese país.

Su economía está centrada en la explotación agrícola, que genera el 45% del producto interno bruto, el 80% de la exportaciones y absorbe el 20% de la mano de obra, El producto principal es el café destinado en su casi totalidad a la exportación. La agroindustria cafetera permite directa o indirectamente la prosperidad y supervivencia del 25% de su población.

Etiopía es uno de los estados africanos mejor preparados para la guerra. Su sistema de defensa nacional consta de ciento cuarenta mil hombres que tras más de veinte años de lucha contra Eritrea, las milicias fronterizas y conflictos internos cuentan con mucha experiencia de combate. Por su parte, el Frente Popular de Liberación de Tigray cuenta con su propio ejército regular perfectamente equipado.

Hacia 1974, el anciano Negus (Emperador) Haile Selassie se enfrentaba a un gran descontento popular, agudizado por derrotas militares a manos de guerrilleros eritreos y por un gran hambruna en las provincias de Wolo y Tigray debido a una sequía. El descontento detonó un golpe de Estado liderado por oficiales de baja graduación del Ejército y promovida por grupos políticos marxistas, que terminó con la instalación de una Junta Militar conocida como “Derg”.

En 1977, asume el control del “Derg” el coronel Mengistu Haile Mariam, quien instauró la República Democrática Popular de Etiopía estilo soviético. Durante este periodo se socializa la economía y en el plano internacional el país se alineó con el Bloque Socialista.

En mayo de 1991, Meles Zenawi al mando de las milicias del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope alcanza la victoria sobre los efectivos de Mengistu Haile Mariam que debe huir a Zimbabue, al amparo del dictado Robert Mugabe, donde permanece exiliado.

El tigray Meles Zenawi asumió la presidencia e inició un período de reformas políticas y sociales que llevan a abandonar el modelo soviético de “república popular”. Zenawi, con el apoyo del Frente de Liberación Popular de Tigray.

Entre 1997 y el 2000 se libra una violenta guerra contra los eritreos que finaliza con la independencia de Eritrea y la perdida de la salida al mar de Etiopía.

Si bien, Etiopía prosperó durante los años del gobierno de Zenawi otros grupos étnicos recelaron del dominio de la etnia tigray en la distribución de los principales cargos políticos.

Meles Zenawi falleció en agosto de 2012, entonces asumió como primer ministro, su vice Hailemariam Desalegne (20/08/2012 – 02/04/2018), también perteneciente a la coalición multiétnica Frente Democrático del Pueblo Etíope (EPRDF), que también integra el Frente Popular de Liberación Tigray.

El predominio de la etnia tigray llegó a su fin hace dos años, cuando una ola de rechazo popular llevó al gobierno al primer ministro reformista Abiy Ahmed, de 41 años, de madre amhara y padre oromo. Abiy Ahmed es el primer político de la etnia mayoritaria oromo en ocupar ese cargo y llego al poder gracias al apoyo del Frente Democrático del Pueblo Etíope (EPRDF).  

En un país profundamente fragmentado y con más de ochenta grupos étnicos, muchos de ellos tradicionalmente marginados del proceso político, Ably fue visto como una bocanada de aire fresco. Rápidamente implementó medidas de distensión: liberó a los presos políticos, permitió el regreso de políticos exiliados y ganó el Premio Nobel por firmar la paz con Eritrea.

No obstante, pronto estallaron otros conflictos. Los propios oromo protagonizaron un levantamiento popular por el asesinato de un cantante nacionalista. En 2018, mil personas resultaron asesinadas por violencia étnica y unos dos millones y medio de etíopes debieron dejar sus hogares por conflictos étnicos. Incluso el propio Abiy Ahmed sufrió un intento de asesinato.

La situación política comenzó a complicarse cuando el primer ministro Abliy Ahmed disolvió la coalición multiétnica que había gobernado el país los último veinte años y creó el Partido de la Prosperidad. El FLPT se negó a sumarse a dicho partido y rompió sus relaciones con el gobierno federal.

El pasado 4 de noviembre estalló la guerra civil cuando Abiy lanzó una ofensiva militar, corto las comunicaciones -en especial el servicio de internet- y restringió el acceso de los corresponsales de prensa internacionales a la región de Tigray por un supuesto ataque del Frente Popular de Liberación Tigray -FPLT- contra dos bases del ejército federal próximas a Mekele, la capital regional. El FPLT, que gobierna a los más de cinco millones de habitantes en la montañosa región semiautónoma en el norte del país, declaró el estado de emergencia contra la “invasión” del gobierno etíope.

En realidad, el conflicto en Tigray se inició cuando en este estado montañoso del norte se celebraron unilateralmente elecciones legislativas que el primer ministro había prohibido con la escusa de la pandemia de coronavirus.

El gobierno federal se negó a reconocer el resultado de los comicios y el Ministerio de Finanzas dejó de distribuir fondos al gobierno regional de Tigray.

Desde la invasión de las fuerzas federales a Tigray se suceden los combates que incluyen el empleo de la fuerza aérea, artillería pesada e intercambio de ataques misilísticos. Además, milicias de la étnica Amhara (20% de la población) se sumaron a las fuerzas federales para combatir al FPLT.

Amnistía Internacional denunció que el 9 de noviembre se produjo una masacre de población civil en la urbe de Mai-Kadra, en la que posiblemente cientos de personas fueron asesinados con cuchillos, machetes y palos. La ONG humanitaria responsabilizó al Frente Popular de Liberación de Tigray por los asesinatos.

En menos de dos semanas, el conflicto pareció expandirse más allá de las fronteras de Etiopía. El 13 de noviembre, las fuerzas tigrenses dispararon misiles fuera de sus fronteras y atacaron los aeropuertos de las ciudades etíopes de Bahir Dar Gondar, de donde operaba la fuerza aérea federal. Al día siguiente, al menos tres misiles impactaron en Amara, la capital de Eritrea. El 21, el líder del FLPT, Debretsion Gebremichael, anunció que los tigray habían lanzado misiles contra Eritrea en respuesta al supuesto apoyo de Asmara a la invasión de Tigray al permitir que los aviones de la Fuerza Nacional de Defensa de Etiopía despegaran de sus aeropuertos.

Las Fuerzas de Defensa de Etiopía capturaron, tras intensos combates con empleo de artillería y vehículos blindados, la ciudad tigrense de Humera, situada al noreste de Etiopía, en los confines de Sudán y de Eritrea, que sufrió graves daños en su infraestructura afectando a sus treinta mil habitantes.

Actualmente, los combates se han desplazado hacia el este montañoso que alberga la capital regional de Mekele, una ciudad de medio millón de habitantes que alberga a un número indeterminado de refugiados llegados desde el comienzo de los combates. La captura de Mekele y de los principales dirigentes del FPLT es el objetivo final de la ofensiva de las fuerzas gubernamentales.

El domingo 22 por la noche el primer ministro Abiy Ahmed lanzó a los dirigentes rebeldes de Tigray un ultimátum de 72 horas para deponer su actitud y rendirse, al cual el líder tigrense Debretsion Gebremichael replico: “Somos un pueblo de principios, y estamos dispuestos a morir por ellos.”

El más reciente informe de ACNUR registra que al menos unos treinta mil etíopes se desplazaron forzosamente hacia Sudán y desde el oeste hacia el norte de Tigray. La mayoría de los refugiados que llegan a Sudán son niños y mujeres que caminaron largas distancias para preservar su vida.

Mientras tanto, diversos organismos internacionales: Naciones Unidas, Unión Europea y Unión Africana, Unicef, ACNUR y diversos países individualmente: Noruega, Nigeria, Yibuti, etc. han multiplicado sus gestiones diplomáticas exhortado infructuosamente a los combatientes a implementar un alto al fuego. El mundo teme que, además de los costos humanitarios del conflicto, las operaciones militares en Etiopía terminen expandiéndose y desestabilizando todo el Cuerno de África.

Para colmo de males, Etiopía no solo enfrenta conflictos internos derivados de tensiones étnicas sino también problemas con sus vecinos africanos. Uno de los conflictos internacionales más importantes es el que mantiene con Egipto, por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, que compromete ser un gran avance para la modernización de la economía etíope, principalmente su agricultura, pero la iniciativa pone en riesgo la seguridad alimentaria del vecino del norte.

Cientos de millones de personas viven de las aguas del río Nilo. Especialmente Egipto, cuyo consumo hídrico depende del 96% del río más largo del mundo. Sin embargo, la construcción cientos de kilómetros río arriba de la presa etíope pone en cuestión del statu quo histórico que durante años ha dado a Egipto un acceso preferente a las aguas del Nilo. Este conflicto ha llegado a escalar hasta las amenazas militares.

Por lo tanto, urge terminar con la guerra civil en Etiopía para evitar su expansión y la posibilidad de un drama humanitario por limpieza étnica o hambruna.

 

domingo, 22 de noviembre de 2020

EL REY MOHAMMED VI TRABAJA POR LA PAZ EN EL MAGREB

 


El Rey de Marruecos, Mohammed VI ha concretado un acercamiento diplomático histórico hacia su vecino del sur, la República Islámica de Mauritania.

El viernes 20 de noviembre, el Rey de Marruecos, Mohammed VI, se comunicó telefónicamente con el presidente de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani abriendo una nueva etapa en las relaciones entre los dos países atlánticos del Magreb.

Durante los diez años de la presidencia de Mohamed Uld Abdelaziz (2009 – 2019) las relaciones entre Marruecos y Mauritania fueron sumamente frías debido a que Nuakchot privilegió sus vínculos con Argelia.

Sin embargo, el nuevo presidente Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ha decidido realizar una revisión de esta política adoptando una posición más realista y equilibrada en sintonía con los recientes cambios en el equilibrio de poder regional.

La decidida acción de las Fuerzas Armadas Reales terminando de un solo golpe con las provocaciones del Frente Polisario en el paso fronterizo de Guerguerat y suprimiendo la franja de amortiguación de cinco kilómetros de ancho a todo lo largo de la frontera entre Marruecos y Mauritania.

Recodemos que en el “relato” construido por la propaganda del Frente Polisario esa franja de amortiguación se transformaba en una suerte de “territorio saharaui liberado” y en parte constitutiva de la inexistente República Árabe Saharaui Democrática.

Ahora bien, las Fuerzas Armadas Reales han ocupado esa franja territorial expulsando a las milicias polisarias que impotentes han debido replegarse a sus campamentos argelinos de Tinduf. Por lo tanto, los separatistas del Frente Polisario se han quedado sin su “territorio liberado”.

Mauritania se ha visto especialmente favorecida por el enérgico accionar del gobierno marroquí en defensa de su soberanía en la región del Sáhara. Es que muchos comerciantes abastecen sus establecimientos con productos marroquíes que ingresan a Mauritania a través de la ruta que pasa por Guerguerat.

Por lo tanto, el bloqueo del Frente Polisario era un problema para la economía como para la población tanto de Mauritania como de Marruecos.

Con gran sabiduría el Rey Mohammed VI ha sabido aprovechar que la “Crisis de Guerguerat” ha puesto de manifiesto los intereses comunes en la cooperación y complementación económica para lograr un acercamiento con su vecino del Sur.

Precisamente, para avanzar en la cooperación bilateral el Rey de Marruecos y el presidente de Mauritania intercambiaran próximamente visitas de Estado.

El acercamiento diplomático entre Marruecos y Mauritania constituye un nuevo revés internacional para Argelia y sus títeres del Frente Polisario y una clara evidencia de que Mohammed VI trabaja para la paz y la integración de los pueblos del Magreb.


sábado, 21 de noviembre de 2020

REFLEXIONES ENTORNO A LA CRISIS DE GUERGUERAT


La denominada “Crisis de Guerguerat” constituye un incidente más en ese conflicto artificial de tiempos de la Guerra Fría en torno a la soberanía del Sáhara que, durante cuarenta años, ha mantenido dividido e inestable a todo el Magreb.

La denominada “Crisis de Guerguerat” se inició el 21 de octubre de 2020 cuando milicianos armados del Frente Polisario comenzaron a obstruir el tránsito y destruir la cinta asfáltica en la zona desmilitarizada de cinco kilómetros de ancho entre la aduana marroquí de Guerguerat, en las provincias del Sur, y la aduana de la República Islámica de Mauritania.

En geopolítica no es aconsejable dejar espacios vacíos porque alguien termina por aprovecharlos y esto es precisamente lo que ocurrió en Guerguerat.

El Frente Polisario, en especial desde la muerte de líder histórico Mohamed Abdelaziz y su reemplazo por Brahim Ghali en 2016, vive un proceso de gradual e ininterrumpida decadencia que se ha acelerado en los últimos años.

El Polisario ha perdido apoyo internacionalmente ha medida que la mayoría de los países que en algún momento reconocieron a la inexistente República Árabe Saharaui Democrática adoptaron una posición menos ideológica y más realista y retiraron ese apoyo diplomático.

Al mismo tiempo, Marruecos, de la mano del sabio rey Mohammed VI, retornó a la Unión Africana, en 2017, quitándole al Polisario el único ámbito internacional multilateral donde tenía algún tipo de presencia.

Además, muchos países africanos comenzaron gradualmente a abrir oficinas consulares en las ciudades de Dakhla y El Aaiún en el Sáhara, reconociendo de hecho la soberanía marroquí sobre el territorio en disputa.

También su principal sponsor, Argelia vivió una prolongada crisis de gobernabilidad con el golpe de Estado que puso fin a la reelección indefinida del enfermo y anciano presidente Abdelaziz Bouteflika, en 2019, y el surgimiento del movimiento democratizador de protesta “Hirak”. Crisis que no se ha solucionado sino tan sólo pospuesto por la pandemia del coronavirus.

El repliegue diplomático de Argelia dejó huérfano de apoyo internacional al Frente Polisario.

Simultáneamente, la pandemia del covid-19 al restringir los viajes y los eventos públicos han afectado la mayoría de las actividades proselitistas internacional que permiten al Polisario recaudar fondos, hacer propaganda y mantener su vigencia como supuesto “movimiento de liberación”, tales como el Programa Vacaciones en Paz, los festivales de cine y literatura, el “turismo revolucionario” y la asistencia a reuniones de Naciones Unidas, congresos de derechos humanos y otros.

Es decir, que la pandemia también, bueno es reiterarlo, redujo sustancialmente la presencia internacional del Frente Polisario.

Hasta la ONU -que no ha logrado nombrar a un nuevo enviado especial desde que, en mayo de 2019, Horst Köhler reconoció su impotencia para reconducir el proceso- ha terminado por aceptar el marco definido por Marruecos. De hecho, como ha ocurrido el pasado 30 de octubre al renovar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental -MINURSO-, ha suprimido toda referencia a la celebración del referéndum para la autodeterminación, sustituyéndolo por un “arreglo entre las partes”.

A lo que se suma que ninguno de los miembros del Grupo de Países Amigos del Secretario General de la ONU para este tema -Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y España- se ha mostrado dispuesto a modificar la naturaleza de la MINURSO para otorgarle funciones en el control de la vigencia de los derechos humanos como pretende el Polisario.

El golpe de gracia para el envejecido liderazgo saharaui fue la consolidación de un grupo disidente -salido de las propias filas del Frente Polisario-, el Movimiento Saharaui por la Paz que divide y disputa la representación de la población marroquí alojada en los campamentos argelinos de Tinduf.

Llegados a este punto, los dirigentes polisarios necesitaban de un incidente que les permitiera cohesionar sus filas, terminar con la sangría de cuadros y militantes hacia la disidencia y generar un rebrote de simpatía y solidaridad hacia su causa de minoría perseguida. Esto seguramente redundaría en un mayor aporte de fondos y ayuda humanitaria para los separatistas.

Estas fueron las razones que llevaron al Frente Polisario a montar la provocación de Guerguerat. Sabían que seguramente serían repelidos y de que no estaban en condiciones de enfrentar a las Fuerzas Armadas Reales. Pero solo buscaban un incidente propagandísticos para reverdecer sus laurales revolucionarios y frenar su decadencia.

El Reino de Marruecos se impuso sobre el terreno terminó con la zona de amortiguación, pavimentó totalmente la ruta y controla la frontera con Mauritania.

No obstante, el Frente Polisario logró su objetivo de victimizarse y montar otra campaña propagandística en busca de fondos para su sostener su accionar. Pero, esta maniobra es de corto alcance y no será suficiente para revertir la indeclinable tendencia hacia la decadencia y la desaparición que enfrenta el Frente Polisario.

viernes, 20 de noviembre de 2020

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN SACUDE A LA UNION AFRICANA


Esta semana la prestigiosa revista francesa Jeune Afrique revelo un escándalo de corrupción en el seno de la Unión Africana que evidencia la existencia de una suerte de “mafia sudafricana” formada por altos funcionarios jerárquicos de esa nacionalidad en el organismo regional.

El documento interno de la Unión Africana a que tuvo acceso Jeune Afrique consta de 26 páginas y fue elaborado por empleados del Mecanismo Africano de Revisión por Pares -APRM- un área administrativa de la entidad regional. En este documento de describen hechos de mala administración, malversación de fondos, corrupción, nepotismo, favoritismo, amenazas, chantaje, intimidación y despidos arbitrarios dentro de la sede de la Unión Africana de Johannesburgo, Sudáfrica.

El informe describe detalladamente los principales hechos de corrupción como el hecho que una auditoria interna realizada en 2018 reveló el faltante de un millón de dólares provenientes de una donación hecha por Nigeria de las cuenta bancaria de la APRM.

Las acusaciones de corrupción involucran especialmente al Secretariado Continental de APRM con sede en Midrand, Sudáfrica y en especial al director de personal Ferdinand Katendeko, al Director General de la Secretaría Edward Maloka y al Director de Servicios Corporativos Mamathimolane Makara, todos ellos de nacionalidad sudafricana.

El informe elaborado por los empleados de la APRM denuncia, entre otros hechos de corrupción, la contratación irregular -sin licitación previa- de la empresa sudafricana Valerie M Travel Services, que sería propiedad de un amigo cercano de Mamathimolane Makara.

También detalla empleado por empleado la existencia de supuestos “conflictos de intereses”, situaciones de abierto “favoritismo” (en particular en la asignación de bonificaciones) o despidos arbitrarios de empleados para generar vacantes.

La impresión por cuenta de la APRM de camisetas para la iglesia personal de Liziwe Masilela, Directora de Comunicaciones y el uso de un autobús perteneciente a la APRM para transportar a los invitados a la fiesta del cuadragésimo cumpleaños de Mamathimolane Makara a Bloemfontein, localidad situada a cuatrocientos kilómetros de Johannesburgo.

Cabe destacar, que Edward Maloka, nacido en Soweto y miembro del partido de gobierno sudafricano: el Congreso Nacional Africano, al que pertenecía Nelson Mandela. Es un importante intelectual de izquierda sudafricano quien presidió la Asociación Africana de Ciencias Políticas e integra la Internacional Progresista. En 2006, visitó a la Argentina practicando una suerte de “diplomacia pública” o lobby, tratando de interesar al presidente Néstor Kirchner en visitar Sudáfrica como habían hecho Luiz Inacio “Lula” da Silva y Evo Morales para construir un eje entre Argentina y Sudáfrica. Pero, al parecer el presidente argentino no se interesó en esa idea.

Edward Maloka es un hombre cercano al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramphosa, quien actualmente ocupa la presidencia de la Unión Africana y ha colocado a su gente de  confianza en el manejo de esa organización para mantenerla controlada y en algunos casos al servicio de los intereses nacionales de su país.

Ahora, el escándalo de corrupción si se verifica, tal como todo parece indicarlo, podría afectar al jefe de estado sudafricano y llevar a renovación de los cuadros dirigentes del organismo, reduciendo por tanto la influencia de Sudáfrica dentro del mismo.

 

jueves, 19 de noviembre de 2020

CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ


 

El congreso peruano destituyó esta semana al presidente Martín Vizcarra reemplazándolo por el presidente del Parlamento, Manuel Merino Lamas. Pero la población rechazó la maniobra forzando con protestas en las calles la renuncia de Merino. En esta forma el país andino sigue inmerso en una seria crisis institucional con la renuncia de cuatro presidentes en los últimos cuatro años.

 

Después de liderar en la última década los índices de crecimiento entre los países sudamericanos, Perú se encuentra inmerso en una profunda crisis institucional, que potenciada por la pandemia del covid 19, está destruyendo la prosperidad y gobernabilidad del país.

Desde el 2016, ha tenido cuatro presidentes: Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018); Martín Vizcarra (2018 – 2020) y Manuel Merino de Lamas que sumió el pasado martes 8 de noviembre  y renunció el domingo 15 de noviembre de 2020 y el nuevo primer mandatario Francisco Rafael Sagasti Hochhausler designado el lunes 16 por el Congreso. 

Además, cuatro expresidentes se encuentran cumpliendo condenas por violaciones a los derechos humanos o delitos de corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, un quinto expresidente se suicidó para evitar ser encarcelado: Alan García Pérez y el sexto Martín Vizcarra sometido a investigación e impedido de salir del país. 

Al mismo tiempo, Perú es el tercer país del mundo en mortalidad relativa por covid 19 al superar los 35.000 fallecidos, lo que promedia 1.185 fallecidos por cada millón de habitantes. También es el quinto país del mundo en casos confirmados al acumular más de 700.000 contagiados. 

El país, en el siglo XX, debió soportar ocho golpes de Estado exitosos, además de una grave crisis económica a fines de la década de 1980, el conflicto desatado por los grupos terroristas: el maoísta PCP-Sendero Luminoso y el castro guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), además de la expansión del cultivo de hojas de coca, de las cuales es el primer productor mundial, y las actividades del narcotráfico. 

Perú aún trata de restañar las heridas dejadas por el largo conflicto interno que, entre 1980 y 2000, libraron las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad con dos movimientos terroristas. 

Ambas organizaciones fueron prácticamente desarticuladas por las autoridades, en los años noventa, durante la presidencia de Alberto Fujimori. La Dirección Nacional Contra el Terrorismo –DINCOTE- logró capturar a Abimael Guzmán y a su “estado mayor”, el 12 de septiembre de 1992, paralizando el espíritu de la organización. 

El MRTA, por su parte, nunca se repuso tras el fracaso de su operación de mayor envergadura: la captura de la Embajada del Japón en Lima, el 17 de diciembre de 1996, donde tomaron como rehenes a cerca de seiscientos diplomáticos y personalidades de la sociedad peruana. El 22 de abril de 1997, el gobierno, con el asesoramiento de expertos en antiterrorismo de los Estados Unidos, lanzó la “Operación Chavín de Huántar”, a través de la cual una fuerza de elite recuperó el local de la Embajada con un escaso número de víctimas entre los rehenes y atacantes. El MRTA, sin embargo, perdió a los catorce miembros de la organización y comenzó a ser duramente jaqueada por la DINCOTE. 

LA HORA DEL “CHINO” FUJIMORI 

El enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y terroristas arrojó el saldo de 69.000 personas muertas o desaparecidas, según consigna el Informe de nueve tomos, seis anexos y más de 8.000 páginas elaborado por la “Comisión de la Verdad y la Reconciliación” convocada por el presidente Alejandro Toledo. 

En las elecciones presidenciales de 1990, el ingeniero agrónomo descendiente de japoneses, Alberto Fujimori, derrotó al novelista Mario Vargas Llosa, candidato de la coalición liberal denominada “Frente Democrático”. Fujimori, que contó en la segunda vuelta con el voto del Alianza Popular Revolucionaria Americana –APRA- y de algunos sectores de izquierda, impulso un programa de austeridad dirigido a detener la hiperinflación y a restaurar la confianza internacional para la concesión de créditos a su país. Las dificultades económicas provocaron una escalada en la actividad violenta de los grupos terroristas que operaban en Perú desde hacía una década tornando casi ingobernables grandes zonas del país. 

En abril de 1992, Fujimori, mediante un “autogolpe”, suspendió algunos artículos de la Constitución y se hizo con el pleno control del gobierno, ante la protesta general de opinión pública internacional, alegando que el Congreso y el poder judicial bloqueaban sus esfuerzos para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.  Ratificando estas afirmaciones unos meses más tarde, tal como dijéramos, fueron capturados varios dirigentes destacados de Sendero Luminoso. En 1993, Estados Unidos y otros países acreedores reanudaron la concesión de créditos a Perú. El 31 de octubre de ese año los peruanos aprobaron mediante referéndum –52% de los votos a favor- una nueva Constitución que otorgaba mayor poder al presidente, reformaba el poder legislativo y permitía a Fujimori volver a presentarse como candidato, en abril de 1995, a las elecciones presidenciales. 

El presidente de origen japonés nuevamente triunfó de forma abrumadora en los comicios. En esta ocasión derrotó al poco carismático  Javier Pérez de Cuellar, antiguo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La popularidad el presidente Fujimori se había visto reforzada por el buen desempeño de las fuerzas armadas en el violento incidente fronterizo ocurrido en 1994 con Ecuador y que recibiera el nombre de  la “guerra del Cóndor”. 

Pero, pronto el deterioro de la situación económica, como un derivado de la “crisis del Tequila” que afectó a toda América Latina incrementó las protestas sociales, que se generalizaron en el período comprendido entre 1997 y 1999. En el gobierno se sucedían los gabinetes, de carácter eminentemente tecnocrático, mediante los cuales Fujimori intentaba restablecer la estabilidad política. El presidente vio su carisma y autoridad disminuidos tras su enfrentamiento con el jefe de las Fuerzas Armadas, general Nicolás de Bari Hermoza, al que destituyó en agosto de 1998. El cese representó la ruptura con una parte de la oficialidad, así como con la clase política tradicional, que había respaldado al presidente en 1992, cuando llevó a cabo el “autogolpe”. 

En este clima de descontento, Alberto Fujimori anunció, el 27 de diciembre de 1999, que se proponía  volvería a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales, previstas para el 9 de abril de 2000. El presidente afirmó que se proponía consolidar las reformas económicas emprendidas en sus dos anteriores mandatos. La Constitución peruana de 1993 prohibía al presidente presentarse a un tercer mandato, pero el Jurado Nacional de Elecciones rechazó, el 31 de diciembre, todas las apelaciones que había presentado la oposición para demostrar la inconstitucionalidad de las aspiraciones de Fujimori, arguyendo que en realidad era su segundo mandato constitucional tras la aprobación de aquella reforma. 

El 9 de abril, tuvieron lugar las elecciones presidenciales y legislativas en Perú. Los comicios se desarrollaron en un proceso marcado desde el principio por las numerosas irregularidades y la sospecha de fraude incrementada por el retraso de varios días en la publicación de los resultados. En la primera vuelta electoral Fujimori obtuvo el 42,2% de los votos, frente al 23,3% de Alejandro Toledo, con su frente “Perú Posible”. 

El candidato opositor, Alejandro Toledo, decidió no presentarse a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argumentando que no se daban las condiciones necesarias para garantizar la transparencia del proceso. La Organización de Estados Americanos y los demás organismos internacionales de observación presentes en el país anunciaron su retiro ante la imposibilidad de abalar los resultados. Toledo llamó a la población a la abstención o a votar nulo –en Perú el voto es obligatorio-.

Candidato único de la segunda ronda electoral, el presidente Alberto Fujimori, se autoproclamó finalmente vencedor de las elecciones. Logró, según los datos oficiales, el 74,77% de los votos válidos, Toledo obtuvo el 25,23%, los votos nulos significaron el 30,86%, los votos en blanco el 4,8% y el 18% del electorado se abstuvo. 

El presidente Fujimori se dispuso a encarar su tercer mandato en medio de un clima de marcado descontento en el país y del cuestionamiento dentro y fuera del Perú de la legitimidad de su gobierno. 

El 17 de septiembre de 2000, ante las presiones, tanto internas como externas, el presidente Fujimori anunció su intención de convocar nuevas elecciones generales, en las que él no participaría y de desmantelar el cuestionado Servicio de Inteligencia Nacional. 

Esta declaración se produjo dos días después de la difusión, a través de los medios de comunicación del país, de un vídeo que mostraba a Vladimiro Montesinos, el controvertido colaborador personal del presidente y responsable del Servicio de Inteligencia, en el momento en que sobornaba, mediante el pago de 15.000 dólares estadounidenses, a un diputado opositor para que se pasara al partido oficial, facilitando con ello la mayoría absoluta de esta formación en el Congreso. 

Montesinos, a quien la posición apodaba el “Rasputín Andino”, era la personalización de las violaciones a los derechos humanos imputadas al gobierno de Fujimori durante la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 

Finalmente, Montesinos se fugó del país. Las elecciones fueron programadas para marzo de 2001, lo que significaba que Fujimori debía permanecer en el poder hasta julio de 2001. El 17 de octubre la oposición llamó a los ciudadanos a la movilización, ante los nulos avances logrados en el camino hacia las elecciones generales. 

El 28 de octubre, Fujimori destituyó a cuatro generales adeptos a Montesinos. Al día siguiente, una unidad militar del sur de Perú, a las órdenes del teniente coronel Ollanta Moisés Humala, del departamento de Tacna, se levantó en armas contra Fujimori, exigiendo su dimisión inmediata así como la captura de Montesinos. 

Mientras tanto, las calles se llenaban de manifestantes y crecían las presiones internacionales. El 19 de noviembre de 2000, el presidente se dirigió al sultanato de Brunéi para concurrir a una cumbre presidencial del Foro de Cooperación Asía Pacífico –APEC-, desde allí Fujimori sorpresivamente se trasladó a Japón donde solicitó asilo político. 

La fuga del presidente sorprendió e indignó al pueblo peruano pero inmediatamente celebró el acontecimiento. El congreso destituyó a Fujimori por “incapacidad moral” y tras la renuncia de los dos vicepresidentes –Francisco Tudela y Ricardo Marques-, el 23 de noviembre de 2000, se hizo cargo del gobierno el presidente del Senado Valentín Paniagua Curazao con mandato hasta el 28 de julio de 2001. Tres días después se constituyó un gabinete de unidad nacional presidido por Pérez de Cuellar. 

LA HORA DEL CHOLO 

Alejandro Toledo que acababa de terminar su último libro: “El desafío del Perú: tránsito del ajuste al crecimiento económico sostenido”, se perfilaba como el más probable ganador de las elecciones establecidas para el 8 de abril de 2001, pero pronto surgió un contrincante de envergadura, el expresidente aprista Alan García Pérez. En un país donde florecen los candidatos de desarrollo meteórico, García retornó al Perú en enero de 2001 tras cerca de nueve años de exilio dispuesto a sacudirse las imputaciones por la ruinosa gestión económica de su primera presidencia –1985 / 1990- y las acusaciones judiciales por corrupción. Sus principales armas eran su conocimiento de los resortes del poder, una brillante oratoria, un buen porte de mestizo criollo y una gran capacidad para aprovechar los medios audiovisuales. 

Durante la campaña electoral, Toledo rehuyó la polémica con Alan García –que aún estaba relegado en las encuestas preelectorales- y enfocó sus críticas sobre la candidata conservadora Lourdes Flores Nano, de la Unidad Nacional, la coalición dirigida por el Partido Popular Cristiano –PPC-. La campaña se desarrolló en un clima de descalificaciones personales y falta de propuestas. 

En los comicios del 8 de abril de 2001, Toledo se impuso con el 36,5% de los sufragios sobre Alan García que se situó segundo con el 25,8%. En las elecciones legislativas, Perú Posible obtuvo 41 de los 120 escaños con tan sólo el 26,3% de los votos. En la segunda ronda electoral, Toledo se impuso cómodamente con el 52,5% de los votos. Después del “Chino” Fujimori, había llegado para Perú la hora del “Cholo”. 

El presidente electo, era el cuarto mandatario de origen cholo –así se denomina en el Perú a las personas con fuertes rasgos étnicos de indígena- desde 1930, tras Luis Sánchez Cerro, Manuel Odría y Juan Velasco Alvarado –si bien los tres anteriores fueron militares que llegaron a la presidencia por medio de un golpe de Estado- había nacido en una familia extremadamente humilde. Su padre era un simple trabajador de la construcción en tanto su madre vendía pescado en el mercado para alimentar a su numerosa prole de 16 hijos. Como estudiante de secundaria en la escuela San Pedro en Chimbote, en 1966, ganó una beca para realizar estudios superiores en los Estados Unidos dentro del programa del Cuerpo de Paz. Siendo alumno secundario realizó prácticas en el diario La Prensa, entrevistó a personajes políticos de la época, como el general y expresidente Manuel Apolinario Odría Amoretti o Víctor Raúl Haya de la Torre, el carismático fundador del APRA. 

Tras completar, en 1970, el bachillerato en Economía en la Universidad de San Francisco, ingresó a la Universidad de Stanford donde completó dos licenciaturas seguidas en su especialidad, en 1971 y 1972, y finalmente el doctorado en Economía de Recursos Humanos, en 1976. En esa época conoció a la antropóloga Eliane Karp, una estudiosa de las civilizaciones precolombinas del Perú, con la que contrajo matrimonio en California en 1979. 

Asesor de diversos gobiernos de América Latina además del peruano, ejerció la docencia, principalmente en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados –ESAN- de Lima, como profesor de Finanzas y Contabilidad, dirigió el Instituto de Desarrollo Económico –IDE- y, desde marzo de 1998, condujo también las áreas de Investigación y Desarrollo y Asuntos Internacionales. Ya como investigador visitante, ejerció en el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard –HIID-, de 1991 a 1994, y en la Universidad Waseda de Tokio. Además, en 1984, obtuvo una beca de investigación de la Fundación Ford. 

Durante el tumultuoso gobierno de Alan García Pérez, Toledo fue mencionado como ministeriable en más de una ocasión, pero su paso por la función pública se redujo a la dirección del Banco Sur Medio y Callao –Surmebanc-. Al comienzo de la gestión de Alberto Fujimori tuvo un acercamiento que terminó al producirse el autogolpe de 1992. 

En diciembre de 1994, Toledo anunció su candidatura a las elecciones presidenciales del 9 de abril de 1995, con un nuevo partido político denominado “País Posible” –PP- que estableció una alianza con la Coordinadora Democrática –CODE-, dirigida por José Barba Caballero. Pero, sólo logró el 3,2% de los sufragios. 

Tras el revés electoral de 1995, la alianza PP – CODE se disolvió y su exiguo grupo parlamentario de cinco legisladores se disgregó entre el oficialista Cambio 90 – Nueva Mayoría, de Alberto Fujimori y el Frente Independiente Moralizador. Toledo reagrupó a sus seguidores en el partido Perú Posible, agrupación que adquirió un  fuerte tono opositor y terminaría por conducirlo a la presidencia en el 2001. 

En su discurso inaugural, Alejandro Toledo anunció una amplia reforma de la institución castrense, la congelación pactada con los gobiernos del hemisferio del comercio de armas, el compromiso de institucionalizar la recientemente creada “Comisión de la Verdad y la Reconciliación” para esclarecer y reparar las violaciones de los derechos humanos, y la convocatoria de una “Mesa Internacional de Donantes” presidida por España para la obtención de 500 millones de dólares prioritariamente destinados a atender las urgencias sociales. También reiteró que el eje central de su gestión sería el combate contra el desempleo, la pobreza, la corrupción y el narcotráfico, y subrayó la necesidad de desarrollar la industria turística como una importante fuente de ingresos. 

Curiosamente la imagen de Toledo y la estabilidad de su gobierno pareció deteriorarse desde el mismo instante en que sumió la presidencia. A las acusaciones que vinculaban al primer mandatario con el consumo de drogas e incidentes sexuales se sumaron pronto algunos escándalos de corrupción que afectaban a su entorno más íntimo. 

Su hermano Pedro Toledo apareció en un video reuniéndose con directivos de la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas S.A.C. que fue favorecida irregularmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un contrato de concesión por veinte años para comercializar servicios de telefonía fija en Lima y Callao. 

Luego fue la hermana del primer mandatario, Margarita Toledo y su esposo Edwin Suárez, quienes debieron enfrentar problemas con la justicia. Ambos fueron sometidos a arresto domiciliario acusados de falsificar firmas de adherentes para lograr la inscripción irregular ante las autoridades electorales del partido “País Posible” que como mencionáramos postuló la candidatura de Toledo en las elecciones presidenciales del 2000. 

Los cambios de gabinetes se sucedían cada vez con mayor frecuencia y el gobierno tambaleaba. Para colmo de males Toledo debió enfrentar una rebelión de perfiles etnoterroristas. 

Una década más tarde, cuando la sociedad peruana pensaba que el flagelo del terrorismo había quedado atrás, el 1º de enero de 2005, sus esperanzas se hicieron trizas después que un grupo terrorista capturó la comisaría de San Jerónimo ubicada a cuatro kilómetros de Andahuaylas, ciudad situada a unos ochocientos kilómetros de Lima hacia el Sur. El puesto policial estaba resguardado por diecisiete efectivos que fueron tomados como rehenes por atacantes. 

Aunque el gobierno de Alejandro Toledo logró que los atacantes se rindieran después de tensas gestiones que se prolongaron por 72 horas, el Movimiento Etnocacerista estaba muy lejos de haber sido desarticulado. 

EL RETORNO DE ALAN GARCÍA 

En este contexto, en las elecciones de julio de 2006 volvió al poder el expresidente Alan García, a pesar de las críticas que recibió por su primer período en 1985 – 1990, marcado por la hiperinflación, la violencia terrorista y una corrupción desenfrenada. 

En octubre de 2008, el gabinete de Alan García, de trece miembros, renunció para impedir la aprobación de un voto de censura por concesiones a la compañía noruega Discovery Petroleum. 

En las elecciones presidenciales de 2011 se impuso la alianza electoral de izquierda “Gana Perú”, formado por el Partido Nacionalista Peruano, el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista, el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento Político Voz Socialista y un sector importante del Movimiento Político Lima para Todos, llevando a la presidencia la exmilitar golpista Ollanta Humala.

Humala quedó en primer lugar en la primera vuelta realizada el 10 de abril, obteniendo el 31,72 % del total votos válidos. ​ Debido a que no logró superar el 50 % de los votos válidos, pasó a una segunda vuelta con la candidata del partido Fuerza 2011, Keiko Fujimori, que se realizó el 5 de junio.

Al igual que en la campaña presidencial del año 2006, Humala fue criticado por un presunto vínculo con el presidente venezolano el bolivariano Hugo Chávez. Sin embargo, Humala aseguró que no buscaba aplicar el modelo venezolano en el país, distanciándose así del chavismo, y poniendo más bien como referente al expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva. ​ En ese sentido, recibió también críticas por la asistencia que recibió de asesores brasileños presuntamente financiados por el Partido de los Trabajadores de Brasil. ​

De cara a la segunda vuelta electoral, Humala recibió en un inicio el respaldo del Premio Nobel de Literatura: Mario Vargas Llosa y unas horas antes de la elección, el del expresidente Alejandro Toledo,  así como de otras personalidades, organizaciones y políticos de varios partidos que no lograron pasar a la segunda vuelta. ​Vargas Llosa comentó inicialmente su respaldo diciendo: “Sin alegría y con muchos temores yo voy a votar por Humala”.

El 5 de junio de 2011, se realizó la segunda vuelta electoral, donde Humala resultó ganador con el 51,49 % de los votos válidos (7.937.704 votos), ​ con lo cual se convirtió en presidente del Perú. Así se constituyó el primer gobernante izquierdista en el Perú en 36 años.

El primer año de la presidencia de Humala estuvo marcado por decenas de conflictos sociales que dejaron varios muertos y lo llevaron a declarar en tres ocasiones el estado de emergencia.

En marzo de 2015, el Congreso removió a su primer ministra Ana Jara por denuncias de que la agencia nacional de inteligencia había espiado a legisladores, periodistas, líderes empresariales y ciudadanos comunes durante años.

PRESIDENCIA DE KUCZYNSKI

En las elecciones presidenciales del 10 de abril de 2016, el exbanquero de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski se presentó como candidato presidencial por segunda vez al frente del partido Peruanos por el Kambio, postulando junto con el exgobernador de la región de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo como primer vicepresidente y con la exministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, como segunda vicepresidenta. Logró pasar a la segunda vuelta electoral sobrepasando ajustadamente a la candidata del Frente Amplio Veronika Mendoza. Tras enfrentar en el balotaje a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, resultó vencedor con el 50,124% de los votos. ​

En diciembre de 2016 la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de Perú ordenó investigar si Kuczynski, en su condición de primer ministro de Alejandro Toledo,  favoreció en el año 2006 a la firma brasileña Oderbrecht a ganar una concesión. ​ Contrario al mensaje dado al inicio de su mandato, su segundo informe a la nación trasmitido el 28 de julio de 2017 fue recibido con poca expectativa e incredulidad entre varios de los principales analistas políticos y económicos. ​

El 15 de diciembre de 2017 el Congreso del Perú admitió a trámite un primer pedido de vacancia presidencial, figura por la que el legislativo puede destituir al mandatario invocando su incapacidad moral o física. La decisión fue aprobada por 93 votos a favor y 17 en contra. ​ Aprobado así el pedido de vacancia, el Congreso acordó que el 21 de diciembre, Kuczynski debía presentarse, con o sin su abogado, ante el pleno del Congreso para realizar sus descargos, luego se procedería a debate y finalmente se votaría para decidir la vacancia presidencial, necesitándose para esto 87 votos del total de los 130 congresistas. ​Concluida la defensa del presidente, este y su abogado se retiraron del Congreso, luego de lo cual inició el debate sobre la moción de vacancia. La votación se produjo a las 23:15 minutos del 21 de diciembre del 2017, tras casi 14 horas de debate, teniendo como resultado que no se alcanzara el mínimo de 87 votos necesarios para aprobar la moción de vacancia presidencial, quedando por tanto rechazada.

El 24 de diciembre de 2017 Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una polémica condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos, entre ellos las masacres de Barrios Altos[1] y La Cantuta[2]. ​ El indulto generó rechazo tanto en el interior como fuera del país, incluso instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresaron que la decisión del presidente no cumplió con los requisitos legales mínimos.​ La decisión desencadenó protestas masivas en la ciudad de Lima y otras ocho ciudades,​ así como la renuncia de tres de sus ministros y las críticas de un amplio espectro de personalidades. ​

El 20 de marzo de 2018, a dos días de un segundo pedido de vacancia presidencia contra Kuczynski, Moisés Mamani, congresista del partido Fuerza Popular presentó una colección de vídeos de formato casero denominados “kenjivideos”, en los cuales aparecían Kenji Fujimori y otros individuos, intentando sobornar a Mamani con acceso a obras a cambio de votar “en contra” del segundo pedido de vacancia presidencial.​ Al día siguiente, el 21 de marzo, a raíz del escándalo generado por los vídeos, Kuczynski oficializó su carta de renuncia a la presidencia del Perú. En reemplazo de Kuczynski, asumió la presidencia su vice: Martín Vizcarra.

VIZGARRA PRESIDENTE

En abril de 2019, el expresidente Alan García Pérez se suicida cuando la policía se disponía a arrestarlo por imputaciones en la causa de los pagos ilegales a la empresa Odebrecht.

En mayo, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine enfrentan formalmente cargos por supuesto lavado de dinero en el mismo escándalo de corrupción.

El expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp son arrestados, en julio de 2019, en los Estados Unidos donde dictaba clases, con el propósito de extraditarlo al Perú por imputaciones de haber recibido pagos por veinte millones de dólares por parte de la empresa brasileña.

Mientras que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de renunciar a su cargo, se encuentra cumpliendo detención domiciliaria por treinta y seis meses

En octubre de 2019, la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori es enviada a prisión preventiva mientras avanza la investigación del caso Odebrecht. Es excarcelada dos meses después, pero es devuelta a prisión en enero de 2020. Finalmente, sale en libertad provisional el pasado 4 de mayo.

El 30 de septiembre de 2019, el presidente Vizcarra disuelve el Congreso unicameral del Perú, luego de que el legislativo obstruyera una serie de reformas anticorrupción, y convocó a nuevos comicios legislativos.

Miles de peruanos marcharon en las principales ciudades del país en respaldo del presidente Vizcarra y las fuerzas armadas y de seguridad ratificaron su lealtad al primer mandatario.

El 26 de enero de 2020 el pueblo peruano eligió un nuevo parlamento. El Congreso electo quedó configurado por nueve grupos parlamentarios minoritarios, en su mayoría populistas y ninguno identificado con el primer mandatario.

El presidente y el nuevo Congreso tuvieron una primera confrontación en agosto, cuando los legisladores le negaron el voto de confianza para la designación de un  nuevo primer ministro, obligando a reestructurar el gabinete. Los legisladores resistían en especial la campaña moralizadora y de lucha contra la corrupción política encarada por el presidente Vizcarra debido a que 68 de los 130 diputados estaban bajo investigación o imputados ante la justicia por este tipo de delitos y, seguramente, algunos de ellos podrían terminar en prisión.

Finalmente, el Congreso aprobó el viernes 6 de noviembre una moción de vacancia para destituir al presidente por “incapacidad moral”, un día después de que unos audios mostraran que el presidente supuestamente les habría pedido a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria creada para verificar el supuesto favoritismo al contratar irregularmente al cantante Richard Cisneros, alias Richard Swing, como conferenciante y animador durante la campaña del covid 19.

Además, sobre Vizcarra pesaban sospechas de haber recibido seiscientos cincuenta mil de dólares en sobornos de dos empresas constructoras para beneficiarlas con la adjudicación de dos obras públicas -en el hospital regional y en una red de riego-, cuando era gobernador del sureño estado de Moquegua de 2011 a 2014. Aunque aún no fue formalmente acusado.

El 9 de noviembre el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra con el voto de los legisladores de siete partidos con representación parlamentaria: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Frente Amplio, Frepap, Podemos Perú, Unión por el Perú y Somos Perú, que sumaron 105 votos por la destitución, 19 en contra en su mayoría pertenecientes a la bancada del Partido Morado y 4 abstenciones.

BREVE INTERINATO DE MERINO

En reemplazo de Vizcarra, asumió la presidencia el hasta entonces presidente del Congreso, Manuel Merino de Lamas, de 59 años, porque la vicepresidente segunda Mercedes Aráoz había renunciado a su cargo.

Merino debería convocar a elecciones presidenciales el próximo 11 de abril de 2021, pero continuará gobernando hasta el 28 de julio de ese años.   

El nuevo presidente es un empresario ganadero que llegó al Congreso desde su región natal de Tumbes, con solo cinco mil votos, como candidato del derechista partido Acción Popular, fundado dos veces por el veterano caudillo Fernando Belaúnde Terry.

Merino designó un gabinete de corte conservador con figuras tradicionales de la política peruana encabezado por Antero Flórez Aráoz como primer ministro. Flórez Aráoz de 79 años ha sido funcionario de diversos gobierno pero no había ocupado  un cargo público en los últimos diez años.

Conocida la decisión del Congreso de destituir a un presidente que contaba con amplio apoyo popular (superior al 50% según las encuestas de opinión), miles de peruanos han tomado las calles para expresar su rechazo a la asunción de un presidente que llega al cargo sin el voto popular. Las protestas siguieron todas las tardes desde el mismo lunes. Desafiando las restricciones impuestas por la pandemia, los manifestantes se han lanzado a las calles y plazas de Lima y de las principales ciudades del país. “Congreso golpista”, “Merino no representa”, “Merino delincuente, no eres presidente”, son algunas de las consignas que coreaban los indignados ciudadanos, que llevaban tapabocas y levantaban banderas peruanas y carteles de repudio al nuevo presidente. La policía reprimió a los manifestantes con gases, salvas de goma, chorros de agua y golpes de palos, sin lograr que cedieran en sus protestas.

El sábado 14 de noviembre las protestas se intensificaron. Grupos de manifestantes, algunos vestidos de emperadores incas, otros con camisetas blanquirrojas de la selección peruana de fútbol, coparon la céntrica plaza San Martín y el parque del distrito turístico de Miraflores, en el sur de la ciudad, para expresar su oposición al nuevo gobierno.

Un grupo que intentó llegar al Congreso fue dispersado por la fuerza antidisturbios de la Policía Nacional con gases lacrimógenos y postas de goma. Los manifestantes quemaron neumáticos y maderas y se enfrentaron con piedras y palos a los agentes policiales.

Marchas similares se desarrollaron al caer la noche en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cusco, Chimbote, Abancay, Tacna, Huancayo y Tumbes, entre otras.

La jornada de protesta terminó con un saldo de dos estudiantes universitarios muertos, 107 manifestantes heridos, de los cuales 34 demandaron una hospitalización prolongada y 65 personas denunciadas como desaparecidas.

Ante el repudio expreso de la ciudadanía el presidente designado por el Congreso Manuel Merino de Lama renunció el domingo 15 de noviembre antes de cumplir una semana en el cargo. La misma fue aceptada por el Congreso que lo designó.

En su reemplazo, el Parlamento peruano realizó una nueva votación para elegir presidente. Los candidatos a la presidencia debían ser legisladores que no hubieran votado en a favor de la destitución de Vizcarra. En esta forma resultó electo como presidente provisional Francisco Sagasti Hochhausler del Partido Morado, acompañado por Zenaida Solís, Angélica Palomino y José Antonio Núñez como vicepresidentes primero, segundo y tercero respectivamente.

FRANCISCO SAGASTI  HOCHHAUSLER, LA ÚLTIMA ESPERANZA

El nuevo presidente provisional es un tecnócrata, ingeniero industrial, de 76 años que ha ocupado cargos públicos de segundo orden y que había asumido como legislador por primera vez en las elecciones legislativas de abril de 2020. Ocupó una de las nueve bancas del Partido Morado de orientación centroderechista que se define como “republicana” .

En sus comienzos desempeñó diversos cargos en el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, tras el golpe de Estado llevado a cabo por el general Juan Velazco Alvarado, entre el 3 de octubre de 1968 y el 29 de agosto de 1975. En esa época ocupó el cargo de asesor del ministro de Industria, el contralmirante Alberto Jiménez Lucio. Asimismo, colaboró en asuntos de industrialización y tecnología y asesoró al Consejo de Investigación Nacional.

En 1985 a 1987 fue asesor del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner Tizón, durante el gobierno de Alan García. Luego, entre 1988 y 1989, se desempeñó como presidente del Comité Consultor de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas.

En su larga trayectoria también fue un alto ejecutivo del Banco Mundial, donde ejerció como jefe de División de Planeamiento Estratégico entre 1987 y 1990. Luego, de 1990 a 1992, pasó a desempeñarse como asesor principal de los Departamentos de Evaluación Políticas y de Relaciones Externas del organismo internacional.

Sagasti también ejerció como profesor de la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor visitante del Instituto de Empresa en Madrid, en la cátedra Silberberg de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania y en la Universidad para la Paz en Costa Rica, entre otras casas de altos estudios.

En 1996 fue uno de los rehenes tomados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuando capturaron la residencia del embajador del Japón en Perú. Después de un par de días en cautiverio fue liberado y regreso a Costa Rica, donde se encontraba viviendo con su esposa costarricense.

Sagasti es autor de diez libros sobre temáticas políticas, económicas de desarrollo y tecnología, entre otras cuestiones.

El nuevo presidente provisional del Perú deberá organizar las elecciones presidenciales de abril de 2021 y gobernar hasta el 28 de julio de ese año.

Mientras asumía el nuevo presidente, la justicia investigaba al saliente presidente Manuel Merino de Lama por su responsabilidad en la represión policial que derivó en la muerte de dos manifestantes.

Por el momento, la crisis de gobernabilidad en el Perú tiene un final abierto.



[1] MASACRE DE BARRIOS ALTOS: sucedió el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, una zona popular del “cercado” de Lima. Quince personas, erróneamente vinculadas al PCP – Sendero Luminoso, fueron asesinadas -incluido un niño de ocho años, y otras cuatro más fueron identificados como miembros del Grupo Colina, un destacamento paramilitar formado por miembros de las fuerzas armadas y dependiente del servicio de inteligencia peruano. El operativo fue ordenado por Vladimiro Montesino jefe del servicios de inteligencia cumpliendo expresas directivas del presidente Fujimori.

[2] MASACRE DE LA CANTUTA: se produjo el 18 de julio de 1992, cuando nueve estudiantes y un profesor fueron secuestraron de las viviendas estudiantiles de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle por integrantes del Grupo Colina. Sus restos calcinados se encontraron en 1993 en fosas clandestinas en las afueras de Lima.