lunes, 29 de abril de 2024

El Plan Marroquí de Autonomía para el Sáhara adquiere cada día mayor peso


 

Cada vez más naciones creen que el conflicto del Sáhara encuentra una solución realista, creíble y posible en el Plan de Autonomía propuesto por el Reino de Marruecos.

Días pasados fueron Senegal, Liberia y la Federación de San Cristóbal, ahora son Sierra Leona, en África Occidental, y la Mancomunidad de Dominica, uno de los seis países integrantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) quienes expresan explícitamente su apoyo a la integridad territorial y la soberanía del Reino de Marruecos sobre todo su territorio, incluyendo el Sáhara marroquí.

Cabe mencionar, que, en el caso de Sierra Leona, el país africano ha apoyado desde larga data la soberanía marroquí sobre su Sáhara, abriendo un consulado general en la bella ciudad costera de Dajla, en 2021.

Es que a lo largo del mundo son cada vez más los Estados que comprenden los justos reclamos de Marruecos sobre su Sáhara, que desean ver que el conflicto del Sáhara encuentra finalmente una solución realista, justa y posible, en especial para que los saharauis obligados a vivir en esos miserables campamentos de la infamia, en el sur de Argelia, puedan retornar a su hogar nacional en el reino alauí.

Estos países entienden que el Reino de Marruecos esta garantizando la seguridad, el bienestar y la prosperidad, según sus propias tradiciones y con sus propias autoridades, de esa población saharaui en una medida que ni Argelia ni el Frente Polisario le han podido otorgar en los cuarenta años en que los han mantenido retenidos en medio de la hostil hamada argelina.

Por eso cada nueva adhesión internacional al Plan de Autonomía para la Región del Sáhara, presentado por el Reino de Marruecos en Naciones Unidas en 2007, es un importante golpe a la credibilidad del Frente Polisario como representante de la población saharaui y contribuye a incrementar su aislamiento internacional.

La realidad es que, ni el Frente Polisario ni Argelia, tienen nada que ofrecer a los saharauis. Los separatistas polisario solo están utilizando a la población de los campamentos para financiarse con el tráfico de ayuda humanitaria y mantener su vigencia como organización en los foros internacionales, donde juegan a que son diplomáticos de un Estado inexistente la República Árabe Saharaui Democrática, que solo los socios de Argelia reconocen.

Argelia, por su parte, emplea a los saharauis y a los delirios de autonomía que ha alimentado en algunos de ellos, como un instrumento más en su competencia geopolítica con Marruecos en un intento estéril de separar al Reino de los países del África Occidental cerrándole la ruta terrestre para proyectar su tráfico comercial.

Pero, lo marroquíes, bajo la certera conducción de su Rey Mohammed VI han sabido neutralizar uno a uno todos sus arteros intentos. Es por ello, que el mundo reconoce hoy que la única solución al conflicto del Sáhara está en manos del pueblo marroquí 

domingo, 28 de abril de 2024

Milei y el tren fantasma educativo


 

Una marcha convocada bajo el lema: “En defensa de la universidad pública y gratuita” permitió en Argentina a la oposición kirchnerista encontrar cierta sintonía con la opinión pública tras su traumática salida del gobierno el pasado diciembre.

Los prejuicios educativos de los libertarios

El presidente Javier Milei y su equipo no parecen tener ningún proyecto claro en materia educativa. Lo que si muestran es la existencia de muchos prejuicios. Algunos pueden estar justificados, otros no.

Los libertarios suelen considerar que la educación pública es de muy baja calidad y está sesgada ideológicamente. En su visión, en las escuelas y colegios algunos docentes suelen adoctrinar a los alumnos más jóvenes y las universidades son centros de reclutamiento y financiación de todos los partido políticos y en especial de algunos grupúsculos ultraizquierdistas. Por lo tanto, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se propone terminar con esta situación.

Los negocios de la universidad

Los centros de estudiantes son dirigidos por estudiantes que pertenecen a agrupaciones estudiantiles que representan en el ámbito universitario a los partidos políticos. La agrupación Franja Morada, por ejemplo, representa a la Unión Cívica Radial en las universidades.

Especialmente desde la restauración de la democracia en 1983, los centros de estudiantes se han convertido en lucrativas pymes que administran los puestos internos de venta de bebidas y alimentos, la comercialización de apuntes y fotocopias que emplean los estudiantes y, en algunos casos, también brindan clases de refuerzo y cursos de capacitación en temáticas afines, todas estas actividades son aranceladas, se desarrollan en instalaciones de la universidad, no pagan electricidad y se realizan totalmente al margen de la ley, no pagan impuestos de ningún tipo y en muchos casos violan los derechos de autor vendiendo fotocopias de libros.

Los centros de estudiantes son tan lucrativos que algunos alumnos-militantes no concluyen sus carreras para no perder sus empleos bien remunerados en estos centros.

En los claustros universitarios suele predominar una visión antisistema, anticapitalista y, en especial, antiliberal.

Por otra parte, la cantidad de alumnos ingresantes no se condice con el escaso número de profesionales egresantes. Son frecuentes los estudiantes crónicos que prolongan su permanencia en la Universidad por décadas, como el exministro de Economía Sergio Massa quien demoró 22 años en concluir su carrera de derecho, proyectada para una duración de 5 años de estudio.

La mitad de los alumnos que concluyen sus estudios lo hacen en tan sólo cuatro de las 57 universidades de gestión estatal. En tanto, 44 de cada 100 graduados de todas las universidades estudiaron las denominadas “carreras blandas” (ciencias sociales, humanidades, arte, etc.), algunas de ellas de muy escasa proyección laboral (periodismo, psicología, filosofía, sociología, etc.)

Mientras que las escuelas primarias y los establecimientos secundarios son administrados por las provincias, las 57 universidades nacionales son autónomas, es decir, se dan sus propias autoridades y normas de funcionamiento sin intervención de los gobiernos provinciales o del Estado nacional.

En las universidades argentinas trabajan unas 250.000 personas, entre docentes y no docentes y un número no declarado de “docentes ad honorem” que brindan su trabajo sin otra remuneración, e incluso pagando de su propio bolsillo los viáticos y materiales de trabajo, de la que brinda el prestigio de ser profesor universitario.

Las afirmaciones vertidas por el periodista colombiano Andrés Villota Gómez, en el diario PanAmPost, sobre las universidades colombianas son totalmente aplicables a las casas de altos estudios de Argentina. “Los rectores -señala Villota Gómez- de las instituciones educativas, dilapidan los recursos a discreción. No tienen que rendirle cuentas a nadie, ni ser sometidos a incómodas auditorias porque no tienen socios dolientes, stakeholders -partes interesadas-, pero a su vez, no es de nadie y, el rector, hace lo que se le dé la gana en lo que a gasto se refiere, con un criterio totalmente subjetivo.” […]

“A nadie le importa las consecuencias del gasto desbordado e improductivo, porque las universidades son feudos inexpugnables en nombre de la autonomía universitaria, un concepto que se degeneró y terminó convirtiendo a las universidades en lugares en los que los académicos pueden apropiarse del dinero del presupuesto porque, dicen, es un derecho. Un acto supremo de conflicto de interés que se traduce en un acto criminal, una estafa social a gran escala”, concluye el periodista colombiano.

Para agravar aún más la situación, durante los gobiernos del kirchnerismo, los convenios con las universidades fueron una constante para desviar fondos de los controles. Aprovechando la “ventana de oportunidad” que brindaba el particular régimen de autonomía financiera podían adquirir bienes y hacer contrataciones sin necesidad de efectuar licitaciones públicas o siquiera un concurso de precios.

El kirchnerismo encontró la manera de “hacer caja para la política” (y para los bolsillos siempre voraces de los políticos) a través de ellas realizando algunos negocios no muy claros. Desde el gobierno nacional se le giraban a ciertas universidades controladas por organización juvenil “La Cámpora” fondos extras para actividades extracurriculares y de investigación. Luego las universidades contrataban a funcionarios kirchneristas para realizar “investigaciones” o financiaban actividades sin ninguna vinculación o propósito académico.

Un caso testigo de estas prácticas, investigado por la justicia, fue el de la Universidad Nacional de San Martín (USAM) que realizó convenios por 334 millones de pesos (unos treinta millones de dólares a valores de 2015).

En febrero de 2019, el fiscal Gerardo Policita pidió que la actriz Andrea del Boca, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, al exrector de la USAM Carlos Ruta, la ex responsable del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y exdiputada kirchnerista Liliana Mazzure y otros exfuncionarios nacionales y autoridades universitarias fueran sometidos a juicio oral.

En su pedido de elevación a juicio oral, el fiscal Policita imputó a los procesados haber intervenido en maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública que posibilitaron que, a través de la UNSAM, se asignaran de manera irregular fondos pertenecientes al ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MINPLAN) a las productoras privadas “Cooperativas de Trabajo Tostaki Ltda.” y “a+A Group SRL” para la realización de la miniserie “El Pacto” y la telenovela “Mamá Corazón”.

El fiscal explicó que “se desviaron fondos provenientes del erario, transfiriéndolos a la órbita de la UNSAM”, con el fin de “eludir los procedimientos de selección y sortear los diversos controles en materia de contratación pública que fijaba la normativa vigente”.

Durante la instrucción, dijo el Ministerio Público, se probó que con “el dinero proveniente del ex MINPLAN se financió la producción de la miniserie “El Pacto” -luego de un concurso gestionado y direccionado por el INCAA y de la telenovela “Mamá Corazón” -a través de la adjudicación directa por parte de la UNSAM-, posibilitándose de esta manera la asignación discrecional de fondos a productoras privadas mediante la suscripción de los convenios mencionados a partir de los cuales se beneficiaron no sólo éstas que obtuvieron el financiamiento para la realización de sus obras con las cuales obtuvieron sus propias ganancias, sino también la propia UNSAM que percibió un canon del 10% de los recursos comprometidos en concepto de honorarios y gastos administrativos.”  

No es necesario aclarar que las temáticas de la miniserie “El Pacto” o de la telenovela “Mamá Corazón” (que por otra parte nunca se grabó) no albergaban ningún contenido académico.

Curiosamente, en 2018, el fiscal Policita solicitó la elevación a juicio oral de la causa, pero una mano invisible, no de Adam Smith sino de la mafia kirchnerista que protege a los exfuncionarios imputados por actos de corrupción, ha impedido hasta hoy la realización del juicio oral. La causa está a punto de prescribir por el paso del tiempo.

Este es solo un ejemplo, otras investigaciones similares han involucrado a las Universidades Nacional de La matanza y Universidad Tecnológica Nacional.

Es por estos motivos que, Milei, un antiguo profesor universitario egresado de una universidad privada y doctor honoris causa de otra de ellas, conoce muy bien lo que ocurre en la mayoría de las casas de altos estudios públicas, además, sabe que el inmenso aparato de militantes rentados del kirchnerismo se encuentra en crisis.

El kirchnerismo ha perdido el control del Estado nacional, pero debe “contener a los compañeros” que vivían de la política. Al mismo tiempo, el gobierno de La Libertad Avanza, ha realizado un brusco recorte del gasto público que cerró dependencias estatales y provocó el despido de miles de empleados públicos, muchos de ellos nombrados durante los años del kirchnerismo. Algunos eran “ñoquis” -seudo trabajadores que no concurrían a sus lugares de trabajo o que no cumplían funciones reales y solo desarrollaban actividades proselitistas- otros eran empleados efectivos, pero en su mayoría se movilizaban, apoyaban y votaban al kirchnerismo.

Los dirigentes kirchneristas y también los radicales se ven en la obligación de encontrar lugares de trabajo donde colocar a los funcionarios que han perdido sus cargos y a los militantes que han sido despedidos de sus empleos en el Estado. Son tantos, que no alcanza con los gobiernos provinciales que controlan -en especial la provincia de Buenos Aires- para albergar a tantos desocupados de la política.

Por lo tanto, los kirchneristas y sus aliados de un sector de la UCR -en particular el grupo Evolución que conduce el diputado y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti- defienden denodadamente el presupuesto universitario y en especial los fondos de investigación y actividades extracurriculares de extensión universitaria. Estos fondos son los más flexibles para ser asignados a propósitos proselitistas.

En tiempos del kirchnerismo, era frecuente que se utilizaran las universidades del conurbano para pagar sobresueldos encubiertos a altos funcionarios y legisladores asignándoles jugosos contratos para dirigir proyectos de investigación que se pagaban pero que nadie controlaba su cumplimiento.  

El presidente Javier Milei ha dicho en varias oportunidades que está en medio de una batalla cultural contra el marxismo y la cultura woke y ambos tienen en las universidades públicas su reducto. Por lo tanto, el gobierno de La Libertad Avanza comenzó por suspender la apertura de cinco nuevas universidades nacionales que carecían del adecuado soporte científico y académico: La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad de Pilar, Ezeiza y del Delta, las dos primeras en los municipios homólogos la última en el municipio de Tigre, área de influencia de Sergio Massa, las tres en municipios gobernados por el kirchnerismo, pertenecientes a la provincia de Buenos Aires gobernada también por este. La última universidad estaba situada en la localidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba donde gobierna el peronismo. Cabe recordar que el pasado 1° de marzo, en su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Javier Milei había planteado que la “creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política.”

Luego efectuó reducciones en el presupuesto de las universidades como parte de su ajuste del gasto público e intenta auditar en que se emplean los fondos que manda a las Universidades para evitar que terminen financiando a los partidos y políticos opositores. También se propone imponer el arancelamiento de los estudios universitarios para los extranjeros, que estudian gratis en las universidades públicas argentinas sin siquiera pagar impuestos en el país.

Mientras que los docentes y los centros de estudiantes se oponen al arancelamiento atrincherándose en la tradición de la enseñanza pública gratuita implantada en el siglo XIX cuando el país atraía una gran cantidad de inmigrantes. Porque temen que la implantación de aranceles para extranjeros sea un primer paso en el proyecto de arancelamiento total de las universidades públicas. Saben muy bien que los libertarios consideran que la universidad la deben pagar quienes la usan y no la totalidad de los argentinos, como es hasta hoy.

El problema consiste en que el ideario popular de los argentinos, y en especial en la clase media que ha votado a Milei y La Libertad Avanza, están instalados los conceptos de autonomía universitaria y de los estudios universitarios absolutamente gratuitos. Recuerdan que los estudios superiores gratuitos fueron uno de los principales canales de ascenso social de los hijos de inmigrantes. Para muchos inmigrantes analfabetos de los que ayudaron a construir la Argentina, el mayor sueño era ver a “mi hijo el Doctor”. En el siglo XX, en una Argentina de recién llegados, sin títulos de nobleza ni aristocracia, el título universitario oficiaba como un elemento de diferenciación social. Aún hoy, los argentinos suelen anteponer su título universitario al nombre cuando se presentan ante un extraño.

Por este motivo, la opinión pública reaccionó adversamente cuando el gobierno embistió contra las universidades y la enseñanza pública. En general, lo consideró como un exceso de la lógica económica liberal que no se debía permitir. Para muchos jóvenes, el acceso a un título universitario es todavía la única alternativa para conseguir un trabajo bien remunerado y prosperar en la vida.

El gobierno cometió el error de no presentar adecuadamente, ante la opinión pública, su plan para reformar el funcionamiento de las universidades. Para agravar aún más la situación, el diputado libertario Alberto Benegas Lynch (h), cercano al presidente Milei, realizó unas inoportunas declaraciones a la prensa apoyando la supresión del carácter “obligatorio” de la enseñanza. El presidente rápidamente salió a desmentirlo, pero el daño estaba hecho.

En la percepción de mucha gente quedó la idea de que el gobierno se disponía a terminar con la enseñanza pública gratuita y obligatoria.

Incluso muchos jóvenes, votantes de Milei, sintieron que si arancelaba la universidad pública se cerraban sus posibilidades de acceder a un título profesional y se atentaba contra su futuro.

El Tren Fantasma

La oposición leyó muy bien la situación y comprendió que tenía apoyo social que necesitaba para golpear con una marcha multitudinaria al gobierno y no dejó pasar la ocasión.

En la “Marcha en defensa de la universidad pública y gratuita” se unió toda la oposición el kirchnerismo con figuras tales como el gobernador Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner y el exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa acompañado de su esposa Malena Galmarini, presidente del Grupo Bapro. Incluso la incombustible Cristina Kirchner saludó la marcha desde una ventana del Instituto Patria con un suéter de la Universidad Nacional de La Plata.

También asistieron a la marcha representantes el peronismo tradicional, los radicales de Evolución encabezados por el diputado Yacobitti y el Senador Martín Lousteau, los sindicalistas de la CGT y su rival la CTA, organizaciones piqueteras, agrupaciones estudiantiles de izquierda, las organizaciones defensoras de los derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, los empleados públicos despedidos y los que temen ser despedidos en el futuro, los artistas que repudian el cierre del INCAA, quienes defienden las políticas de género y el mundo intelectual “woke”.  

Este bizarro agrupamiento de sectores opositores que lo único tienen en común es su rechazo al gobierno liberal de Milei, fue calificada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, de “tren fantasma” del pasado.

Lo cierto es que la marcha, donde no faltaron reclamos de juicio político al presidente o directamente el pedido de la inmediata renuncia del primer mandatario y la convocatoria a nuevas elecciones, fue multitudinaria y su impacto oportunamente amplificado por algunos medios de prensa y periodistas que se oponen a la ideología liberal o que están afectados por la supresión de la llamada “pauta oficial”, es decir, los pagos que el Estado realiza a los medios de prensa para que difundan publicidad oficial. Posiblemente, algunos periodistas también extrañen el dinero que recibían de los gobiernos anteriores por hacer comentarios favorables a su gestión.

 

Lo cierto es que el gobierno sintió el impacto de la marcha opositora y decidió escuchar la voz de la calle. El presidente que en un primer momento calificó los reclamos de las universidades públicas como “lágrimas de zurdos”, pronto cambio de aptitud y emitió un largo texto de disculpa en X, titulado “Causas Nobles. Motivos Oscuros”.

 

Ayer vimos cómo -decía el mensaje-, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses.

 

“Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que seis de cada diez chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta. 

 

“En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno. 

 

“Así es como ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios. Massa, Cristina, Lousteau, Yacobitti, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice, y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen. 

 

“No defienden la educación. Defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo. Lo hicieron con Aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública. Así opera la casta. Se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos.

 

“La diferencia ahora es que la mayoría de los argentinos eligieron un Presidente para terminar con los privilegios de los políticos. No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos. Porque ese dinero surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública.

 

“Lejos de doblegarnos, cada vez que todos esos dirigentes, que son la cara del fracaso argentino, se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción de que estamos dando las batallas para las que nos eligieron la mayoría de los argentinos.”

 

El texto tuvo una favorable acogida por parte de la opinión pública según señalan algunas mediciones, pero lo cierto es que, por primera vez, el gobierno sientió los efectos de una masiva protesta que contó con apoyo popular y no solo la movilización de los profesionales de la protesta.

 

Es que, conforme avanza el tiempo, los efectos del ajuste fiscal se hacen sentir a pleno, especialmente sobre los sectores medios que han apoyado con su voto a Milei. Si bien la inflación parece estar en franca remisión, otros efectos negativos golpean a los argentinos, el sinceramiento de las tarifas de la energía (electricidad y gas) y el transporte, la recesión y el creciente desempleo, la caída del valor adquisitivo de salarios y jubilaciones, entre otros males han comenzado a alterar el ánimo de los argentinos.

 

El tiempo corre y la paciencia se acerca a su límite. La gente debe comenzar a vislumbrar la luz al final del túnel para mantener su apoyo al gobierno.

 

Milei está determinado a llevar adelante todas las reformas que considera necesarias para sacar al país de la mayor crisis de su historia, pero también ha comenzado a escuchar “la voz de la calle”. Como dicen en mi barrio, el presidente puede “masticar vidrio, pero no se lo traga”. De todas formas, la batalla cultural solo ha comenzado.

domingo, 21 de abril de 2024

Nuevos apoyos se suman a la solución marroquí para el conflicto del Sáhara


 

Más de cincuenta países considera a la propuesta marroquí de un plan de autonomía para la región del Sahara bajo soberanía marroquí como la única solución creíble, posible y realista para este conflicto.

El conflicto artificia en la región norafricana del Sáhara marroquí se acerca a un desenlace previsible en la medida en que cada vez más países adhieren a la posición marroquí de abrir, a través de Naciones Unidas, la negociación de un Estatuto de Autonomía para la Región bajo la soberanía marroquí, pero donde la población de origen étnico saharaui podrá elegir sus propias autoridades, mantener los vínculos tradicionales con sus notables, establecer sus leyes conforme a sus costumbres y creencias, en la medida en que reconozcan y acepten la soberanía de Marruecos.

Esta propuesta, que Marruecos presentó, en 2007, en Naciones Unidas, es cada vez más aceptada por los gobiernos del mundo entero, como la única solución posible y realista que puede poner fin a más de cuarenta años de un conflicto que solo beneficia a los cuadros de conducción del grupo terrorista Frente Polisario y a sus sponsors argelinos, que buscan por todos los medios mantener vivo el conflicto para preservar sus privilegios y, especialmente, para continuar beneficiándose con el tráfico ilícito de la ayuda humanitaria suministrada por Naciones Unidas.

Los últimos gobiernos en sumarse a esta fluida corriente de apoyos y reconocimientos internacionales a los derechos marroquíes en el Sáhara son los de la República de Liberia, en África Occidental y la Federación de San Cristóbal, un país anglófono del norte antillano, en concreto en las Islas de Barlovento, en el Caribe.

Estos nuevos reconocimientos son producto de una combinación de factores: en primer lugar los justos derechos de Marruecos sobre la totalidad de su territorio soberano desde las aguas del Mediterráneo a las arenas del Sáhara, siguiendo por el creciente prestigio internacional, que como estadista, ha logrado Su Majestad, el Rey Mohammed VI, a lo que se agrega la idoneidad profesional y la laboriosidad del cuerpo diplomático marroquí, que no desaprovecha ninguna ocasión para impulsar con energía la causa nacional de todos los marroquíes.

Poor último, también tiene gran incidencia en el cambio de posición de algunos Estados con respecto a la cuestión del Sáhara, el cada vez mayor aislamiento internacional que viven los terroristas del Frente Polisario. Aislamiento que viene de la mano de una creciente pérdida de peso internacional de Argelia, un país considerado en el mundo como una dictadura más, como lo son sus principales aliados: Rusia, Cuba, Irán, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, entre otros.

Finalmente hay que considerar que, los vínculos que Marruecos abre con nuevos países que apoyan sus derechos y propuestas sobre el Sáhara no se agotan en una declaración pública o la firma de un acuerdo sino que son el primer paso en una nueva etapa de las relaciones bilaterales con esos Estados que luego prosperan en apoyos en las votaciones que tienen lugar en las organizaciones internacionales como: Naciones Unidas, Unión Europea, Unión Africana, Organización de Estados Americanos, CEDEAO, etc.

También esos acercamientos sirven para impulsar nuevos vínculos económicos; impulsar las inversiones marroquíes en nuevos escenarios y abrir mercados para las importaciones y exportaciones del Reino.

En este sentido el Rey Mohammed VI y la diplomacia marroquí llevan adelante una exitosa política destinada a la pacífica de expansión económica y de la influencia internacional del Reino de Marruecos. 

miércoles, 17 de abril de 2024

Una mezquita hermana a dos pueblos


Una majestuosa mezquita en Abiyán, capital de Costa de Marfil, testimonia la constante preocupación del Rey Mohammed VI por difundir las enseñanzas del Sagrado Corán y la promoción de un Islam tolerante y solidario.

 

La reciente inauguración de la hermosa mezquita Mohammed VI en Abiyán, capital de Costa de Marfil es una evidencia de la constante preocupación del monarca marroquí por difundir la sabiduría. La enseñanza del Sagrado Corán, la celebración de la oración y la promoción de los nobles valores de paz, tolerancia y diálogo, como preconiza la religión musulmana.

El edificio religioso es una muestra de la solidaridad que el Rey Mohammed VI, Amir al Muminin (Comendador de los Creyentes) muestra hacia los pueblos hermanos de África y en especial de los lazos fraternales que lo unen al presidente marfileño Alassane Ouattara.

La mezquita, que se comenzó a construir el 3 de marzo de 2017, en oportunidad de una visita del monarca magrebí a Costa de Marfil, tuvo un costo aproximado a los ciento veinte millones de dólares. En la construcción del edificio los artesanos marroquíes respetaron escrupulosamente las normas de la arquitectura tradicional y auténticamente marroquí mostrando todo su esplendor.

La construcción se extiende sobre una superficie de veinticinco mil metros cuadrados e incluye una sala de oración con capacidad para siete mil fieles, una sala de conferencias, una biblioteca, un complejo comercial, espacios verdes, un pabellón administrativo, un alojamiento para el imán y un estacionamiento para los automóviles de fieles y visitantes.

Al construir este edificio religioso Su Majestad el Rey Mohammed VI mantiene la tradición comenzada por sus antepasados, quienes fueron los primeros en comprometerse en la difusión del Islam en África, especialmente a lo largo de la costa occidental.

La mezquita Mohammed VI, como lugar de enseñanza del Sagrado Corán, contribuirá a la promoción del Islam moderado y del justo medio que es tradicional en Marruecos.

La vocación del Rey Mohammed VI por impulsar la coordinación de los esfuerzos de los eruditos musulmanes de Marruecos y otros países africanos por difundir y consagrar los auténticos valores del Islam es una de la razones del creciente liderazgo del monarca alauí no solo en África sino en todo el mundo musulmán.

Este proceder no proviene de un frío cálculo geopolítico, por parte del Rey Mohammed VI, sino que son producto de una firme convicción forjada en imperativos morales y en su fe como piadoso monarca que se rige por el Sagrado Corán y la sunna.  

lunes, 15 de abril de 2024

Las dictaduras también van a las urnas


Periódicamente las diversas dictaduras que hay en el mundo pretenden disimular su naturaleza violenta y arbitraria simulando someterse a la voluntad popular en elecciones amañadas.

El problema de las bayonetas

“Con las bayonetas, Sire, se puede hacer de todo menos sentarse sobre ellas”, le habría advertido al emperador Napoleón Bonaparte su ministro de Relaciones Exteriores, el genial diplomático Charles Maurice de Telleyrand.

Cierta o no la anécdota, la frase encierra una norma de la política, todo gobierno, en especial los que se sustentan en la fuerza y la violencia, debe buscar la forma de adquirir legitimidad jurídica y aceptación internacional para sustentarse en el tiempo.

En la búsqueda de esa legitimidad, las dictaduras y los regímenes de partido único suelen recurrir a la implementación de procesos comiciales que constituyen auténticas farsas cuyo único objeto es permitir a ese tipo de gobiernos y líderes vestirse con el ropaje de las democracias.

Así, lo han hecho a lo largo de la historia los gobiernos dictatoriales disfrazados de democracias donde el tirano de turno ganaba las elecciones por porcentajes insólitamente mayoritarios, logrando así perpetuarse en el poder en ocasiones vitaliciamente.

El patriarca paraguayo

El general Alfredo Stroessner Matiauda (1912 – 2006) se mantuvo en la presidencia de Paraguay por treinta y cinco años. Ascendió al poder beneficiándose de un golpe de Estado, como candidato del Partido Colorado, el 15 de agosto de 1954 y fue derrocado por otro golpe de Estado militar el 3 de febrero de 1989.

El dictador paraguayo fue elegido siete veces consecutivas como presidente, primero sin oposición en un régimen de partido único y luego mediante elecciones fraudulentas en las cuales la oposición solo servía para dar legitimidad al régimen, pero no tenía ninguna posibilidad de triunfar. En su última reelección, en 1988, obtuvo el 88% de los votos.

La Nicaragua de las dinastías

En Nicaragua, la familia Somoza se mantuvo en el poder desde 1937 a 1979 sucediéndose en el control del Estado y el Ejército de padres a hijos o entre hermanos: Anastasio Somoza García (1937 – 1956), Luis Somoza DeBayle (1956 – 1963) y Anastasio Somoza DeBayle (1963 – 1979) hasta que la dinastía fue derrocada por los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La Revolución Sandinista triunfo solo para que Nicaragua terminase en manos de una nueva dinastía dictatorial, esta vez de ideología seudo marxista encabezada por el comandante sandinista José Daniel Ortega Saavedra, que lleva 26 años en el gobierno del país. Ortega fue elegido presidente en las elecciones de 2006 y reelegido en 2011, 2016 y 2021. Anteriormente había ejercido la presidencia entre 1985 y 1990.

Ortega se ha mantenido en el poder desde 2006 persiguiendo a los opositores, anulando toda forma de libre expresión y pisoteando las libertades individuales.

Durante la campaña electoral de 2021, el gobierno de Ortega realizó una serie de detenciones de opositores que eliminaron a varios competidores por la presidencia. Diez precandidatos presidenciales fueron detenidos y acusados de “traición a la patria”, otros dos aspirantes disidentes optaron por el exilio y dos partidos políticos fueron inhabilitados.

El día de la votación la abstención fue muy alta. Según el gobierno voto el 65,34% del padrón de 4,5 de millones de electores habilitados. Según la oposición la abstención fue del 81,5%. El FSLN que llevaba a Daniel Ortega como candidato presidencial obtuvo el 72,92% de los votos.

Varios países europeos y latinoamericanos, así como Canadá y Estados Unidos calificaron abiertamente a las elecciones como “fraudulentas”.

La seudo democracia bolivariana

Otro dictador que apela a las elecciones fraudulentas para mantenerse en el poder es el venezolano Nicolás Maduro que arribó al Palacio de Miraflores gracias a comicios amañados, el 14 de abril de 2013, cuando obtuvo el 50,61% de los votos válidos.

El 20 de mayo de 2018, Maduro convocó a elecciones presidenciales anticipadas donde fue reelecto por un nuevo período de seis años.

Según un informe de la OEA y las Naciones Unidas, durante el primer gobierno de Maduro se registraron nueve mil ejecuciones extrajudiciales y más de cuatro millones de venezolanos se han vieron forzados a abandonar su patria.

Cualquier opositor se ve expuesto a detenciones arbitrarias seguidas de torturas.

Los distintos partidos de la oposición venezolana, sumados a los gobiernos de 51 países, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Grupo de los 7 (G7) no han reconocido su reelección, aduciendo que dichos comicios fueron ilegales, carecían de garantías mínimas y no respetaban las normas internacionales de procesos electorales.

Ahora, el régimen chavista de Nicolás Maduro se apresta a realizar un nuevo fraude electoral, pese a lo comprometido en los Acuerdos de Barbados suscriptos con la oposición en octubre 2023, en las elecciones del próximo 28 de julio, día en que Hugo Chávez Frías cumpliría setenta años.

La oposición nucleada en torno a la Plataforma Unitaria, la coalición antichavista con más posibilidades de imponerse en los comicios fue hostiga y proscripta. El Consejo Nacional Electoral (CNE) impidió a la candidata triunfadora en la interna de este espacio, María Corina Machado (a quien todas las encuestas le dan una intención de voto superior al 70% aunque no pueda ser candidata), y luego a su sustituta Corina Yoris-Villasana competir en los comicios. Finalmente, el CNE terminó por no permitir ninguna candidatura de la Plataforma Unitaria.

A último momento, el CNE convalidó a trece candidatos presidenciales, entre ellos el oficialista Nicolás Maduro como candidato del nucleamiento “Gran Polo Patriótico Bolívar” con el lema: “El que va es Nicolás”.  

La manipulación de las candidaturas desató una ola de críticas internacionales comenzando por la OEA a la que se agregaron la Unión Europea y Human Rights Watch. Posteriormente, se sumaron los líderes de izquierda de la región, tradicionalmente cercanos al régimen chavista, como el presidente de Colombia, el ex guerrillero del M-19, Gustavo Petro, el brasileño, Luiz Inacio “Lula” da Silva, el exmandatario uruguayo José “Pepe” Mujica.

Pese a la adversa reacción internacional, al condicionamiento de las candidaturas, el régimen chavista no aflojó su presión sobre la oposición, al punto tal que seis dirigentes de la campaña electoral de la Plataforma Unitaria se vieron obligados a refugiarse en la embajada argentina en Caracas. El gobierno venezolano inmediatamente hostigo a la sede de la representación diplomática argentina cortándole el suministro de energía eléctrica y agua. No obstante, la cancillería argentina entregó el asilo diplomático a los refugiados y se encuentra negociando con el gobierno venezolano la posibilidad de su traslado a Buenos Aires.

Las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen chavista y la persecución a los opositores venezolanos no se circunscriben a quienes permanecen en Venezuela.

El 21 de febrero de 2024, en Santiago de Chile fue secuestrado y luego asesinado el exteniente venezolano Ronald Ojeda. Para el gobierno chileno de Gabriel Boric todos los indicios apuntan a la intervención de agentes de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el crimen.

No obstante, pese a todos estos hechos, el próximo 28 de julio, seguramente se impondrá nuevamente Nicolás Maduro en unos comicios amañados. Esto permitirá al dirigente chavista hacer gala de su condición de “presidente democrático” y proclamar que tiene el apoyo irrestricto del pueblo venezolano, lo cual es una auténtica falacia.

La dictadura del Magreb

La República Argelina Democrática y Popular también tendrá este año una farsa electoral similar a la venezolana para encubrir a una feroz dictadura.

A decir verdad, Argelia nunca ha tenido un gobierno democrático, sino que ha oscilado entre una dictadura militar de inspiración soviética con partido único y la seudo democracia tuteladas por las fuerzas armadas.

Entre 1830 y 1962, Argelia fue una colonia francesa. Argelia se independizó de Francia después de una prolongada y cruenta guerra de liberación.

La lucha por la independencia estuvo a cargo de un movimiento de liberación de ideología marxista, apoyado por los países del Bloque Socialista, que aplicó con éxito tácticas de guerrilla rural y ataques terroristas de guerrilla urbana, el Frente de Liberación Nacional (FLN).

Tras el retiro francés, cerca de un millón de europeos abandonaron el país, mientras el FLN establecía una dictadura de partido único. Primero con Ahmed Ben Bella (1962 – 1965) como presidente y luego, tras un golpe de Estado militar, con el coronel Hourari Boumedienne desde 1965 a su muerte en 1978.

En 1978, asumió la presidencia el coronel Chadli Bendjedid, quién en 1989, introdujo el “multipartidismo” habilitando a 47 partidos. Las fuerzas mayoritarias eran el Frente Islámico de Salvación (FIS) y el Frente de las Fuerzas Socialistas (FFS).

En junio de 1990, se llevaron a cabo elecciones provinciales y municipales libres donde el FIS obtuvo el 52,42% de los votos. Ante la posibilidad de un mayor triunfo de los islamistas en elecciones presidenciales, el ejército y el FLN dieron un nuevo golpe de Estado cancelando la apertura democrática.

Entre 1991 y 2002, Argelia vivió una sangrienta guerra civil entre el Ejército de Argelia y las milicias del Ejército Islámico de Salvación. La lucha estuvo caracterizada por las frecuentes violaciones a los derechos humanos. Las torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de personas se hicieron algo frecuentes. El saldo fue de miles de muertos y desplazados.

En 1999, al comenzar a estabilizarse la situación, se realizaron elecciones muy condicionadas en las cuales el FIS estuvo proscripto (los partidos islamistas continúan prohibidos hasta hoy). Se impuso en ellos Abdelaziz Bouteflika, quien con el apoyo del Ejército gobernó hasta 2019, triunfando en cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Todo ello a pesar de que, en 2013, un accidente cerebral arterial lo dejó postrado en una silla de ruedas sin casi poder hablar.

En marzo de 2019, ante su intento (impulsado por su entorno familiar y de algunos aliados) de postularse para un quinto mandato presidencial se generó una violenta reacción popular en contra. Así nació el Hirak, un movimiento pacífico de protesta callejera que llevó a los militares a desplazar a Bouteflika, remplazándolo por un presidente interino Abdelkader Bensalah para que llevara adelante un nuevo proceso electoral.

El Ejército, en los comicios de 2019, solo habilitó a seis candidatos, todos ellos exminitros de Bouteflika en algún momento de su larga gestión presidencial.

En la votación de noviembre de 2019, se impuso con el 58% de los sufragios en primera vuelta, el exprimer ministro de Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune, aunque solo concurrió a las urnas el 39,93 de los argelinos habilitados para votar.

Una vez instalado en palacio de El Mouradia, Tebboune, un antiguo profesor de derecho constitucional, se dedicó a desarticular al movimiento Hirak, que, en sus protestas callejeras semanales, pese a la pandemia de COVID, demandaba reformas que posibilitaran mayores libertades públicas y una auténtica democracia sin condicionamientos o proscripciones.

El gobierno encarceló a los activistas del Hirak, a los abogados que defendían a los presos políticos y a los periodistas independientes que difundían sus demandas.

Actualmente, pese a la condena mundial y los reclamos de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, el régimen militar argelino mantiene a 266 presos políticos.

La represión e intimidación sobre los partidarios del Hirak y sus aliados se extiende a sus familias, con encarcelamientos transitorios, despido de familiares que trabajan para el Estado, clausura de emprendimientos familiares y convocatorias a las estaciones policiales para ser advertidos sobre las actividades subversivas de sus familiares.

Pese al mejoramiento transitorio de la economía argelina, debido a la suba de los precios internacionales del gas y el petróleo, las exportaciones de hidrocarburos constituyen el principal rubro de las exportaciones del país, las familias argelinas han perdido, durante los cinco años de la presidencia de Tebboune, el 10% del poder adquisitivo de sus ingresos.

Al mismo tiempo, la corrupción estatal junto al desempleo constituye los principales problemas de los argelinos. Argelia, que en tiempos de Bouteflika se situaba en la posición 90 del Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, hoy ocupa el puesto 116 entre 180 países evaluados.

Además, Argelia enfrenta un serio aislamiento internacional, con sus fronteras terrestres y su espacio aéreo cerradas para su principal vecino, el Reino de Marruecos, las relaciones congeladas con el gobierno socialista de España por las políticas de Pedro Sánchez con respecto a la cuestión del Sáhara. También sus relaciones con Francia atraviesan un periodo de tensiones por sus diferencias con respecto a los regímenes militares del África Occidental y el Sahel, con la Unión Europea las diferencias se presentan por las críticas de los países comunitarios a la represión de los disidentes del Hirak, las limitaciones a la Libertad de prensa y su posición respecto a la Guerra en Ucrania. Con Washington las diferencias comprenden todos los aspectos mencionados anteriormente y algunos otros.

Por lo tanto, Argelia es cada vez más dependiente de sus pocos aliados internacionales: en África, fundamentalmente Sudáfrica, en el resto del mundo sus principales socios son otras dictaduras también aisladas de las democracias: Rusia, Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El aislamiento internacional y su atraso económico son tales que Argelia fracasó, en 2023, en su intento de incorporarse a los BRICS.

Esta delicada situación interna y su aislamiento internacional obligan al régimen dictatorial argelino a mostrar la imagen más democrática posible a través de una farsa electoral implementando una elección manipulada que le permita presentarse como un país donde funcionan normalmente las instituciones de la democracia.

No obstante, gobierne Tebboune (el presidente que enfrenta problemas de salud y desacuerdos con los altos mandos militares aún no ha confirmado su postulación para un nuevo mandato) u otro personero el poder real seguirá estando en las fuerzas armadas.

 

La Rusia de Putin, el terrible

He reservado para concluir esta breve reseña de algunas de las manipulaciones electorales que llevan a cabo las dictaduras con el análisis de las votaciones en la Rusia de Vladimir Putin.

Al igual que Argelia, Rusia tampoco ha conocido a lo largo de la historia un gobierno auténticamente democrático. Tras siglos de la autocracia zarista de la dinastía Romanov, Rusia ingreso en una dictadura de partido único y colectivización económica de la mano de los Bolcheviques de Vladimir Ilich Ulianov, Lenin. No obstante, aún el sanguinario Iósif Stalin (en realidad el georgiano Iósif Vissarióvich Dzuhgashili) reconocía la utilidad de realizar periódicamente una parodia electoral implementando elecciones indirectas y de lista única para legitimar a la dictadura soviética y a los cuadros del Partido Comunista de la Unión Soviética, un ejemplo que siguieron todos sus sucesores.

Tras la desaparición de la Unión Soviética, en diciembre de 1991, el breve deshielo de los caóticos años de Boris Yeltsin no fue todo lo democráticos que quisieron ver en Occidentes. Los viejos “aparatichik” de la era soviética y los nuevos ricos del mercado negro convertidos en magnates empresariales seguían añorando una mano dura que pusiera orden en el país más extenso del planeta.

Es así como, en 1999, Vladimir Putin, un antiguo oficial de la KGB, se convirtió impensadamente en primer ministro y, gradualmente, en un nuevo autócrata ruso, posición que no abandonaría por los siguientes veinticinco años alternándose hábilmente en los roles de presidente y primer ministro.

Durante ese período, Putin como un nuevo Iván, el terrible, libro dos guerras: la Segunda Guerra Chechena (1999) y la actual “Operación Militar Especial” en Ucrania (2022 a la fecha), se anexó la península de Crimea (2014), mandó tropas a Siria (2015) para apoyar a su aliado el régimen dictatorial del presidente Bashar al-Assad. Todo ello sin dejar de interferir mediante “piratas informáticos” en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos (2016) para favorecer a Donald Trump en su contienda con Hillary Clinton.

Entre el 15 y 17 de 2024, se llevaron a cabo las octavas elecciones presidenciales en la historia de Rusia, una auténtica parodia donde Vladimir Putin, candidato del Frente Popular Panruso, se impuso por el 87% de los votos emitidos, el triunfo por el mayor porcentaje en la historia de las votaciones rusas.  La participación electoral en esos comicios fue del 74,22%.

A lo largo de estos veinticinco años, Vladimir Putin ha eliminado impiadosamente a todos aquellos que osaron oponérsele. No dudó en encarcelarlos, o emplear, desde misteriosos accidentes de auto o avión, suicidios intempestivos, venenos como el Novichok o polonio 210, cuando no un simple disparo en la cabeza, para suprimir a sus rivales o enemigos.

Ese fue el cruel destino que sufrieron magnates, como el petrolero Mijail Jodorkouski, el líder de los mercenarios del Grupo Wagner, Yeugueni Prigoshin, periodistas que denunciaron la corrupción y los manejos del Señor del Kremlin, como Anna Politkóvskaya, desertores y traidores como Alexander Litvinenko, o espías como Sergei Skripal, cuando no opositores políticos como Boris Nemtsov, Vladimir Kara – Murza o el infortunado Alexei Navalny, quién fue agredido en el rostro con un líquido corrosivo, luego envenenado con Novichok y finalmente condenado a 19 años de prisión por extremismo. Hasta que colapsó por causas desconocidas en una remota colonia penal siberiana. Por citar tan solo un puñado de los casos más notorios.

Cuando la mona queda

Como puede apreciarse de los ejemplos anteriores, cuanto más dictatorial es un gobierno, cuanto más restringe las libertades individuales y más violaciones a los derechos humanos comete, más necesidad tiene de legitimarse ante el mundo como un régimen democrático.

Para ello, las dictaduras suelen implementar procesos electorales amañados, proscribiendo a los opositores con mayores posibilidades, amordazando a la prensa independiente y desatando campañas de intimidación sobre cualquier voz opositora real o potencial.

Los dictadores también suelen intentar proyectar la imagen de que cuentan con apoyo mayoritario de su pueblo por lo que exageran sus triunfos electorales mostrando que se han impuesto por guarismos muy superiores a los que obtienen los candidatos vencedores en las auténticas democracias cuando las elecciones son totalmente libres y competitivas.

No obstante, como dice el refrán popular: “aunque la mona se vista de seda, mona queda”, un gobierno dictatorial y tiránico no cambia por simular de tanto en tanto que el pueblo puede votar.

sábado, 6 de abril de 2024

Marruecos y Senegal estrechan sus vínculos


 

El nuevo presidente de Senegal, Bassiroue Diomaye Faye realiza un gesto diplomático de distinción y acercamiento al Rey Mohammed VI en la inauguración de su mandato.

El cada vez más evidente crecimiento económico y la estabilidad política de Marruecos, acompañado por el mayor prestigio internacional del Rey Mohammed VI como líder africano, están modificando el mapa geopolítico y las esferas de influencia en África.

Un claro ejemplo de este proceso es la reciente invitación del nuevo presidente senegalés Bassiroue Diomaye Faye.

A la ceremonia de asunción asistieron varios jefes de Estado y presidentes de las comisiones que forman parte de la Unión Africana, de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA).

El único jefe de Estado invitado (en este caso representado por el jefe de Gobierno, Aziz Akhannouch) que no pertenecía a la región fue el Rey de Marruecos, Mohammed VI, en un claro gesto de reconocimiento a la influencia que el reino Alauí tiene en esta parte de la geografía africana.

El joven presidente Bassirouve Diomaye Faye, de tan solo 44 años, el más joven de África y de Senegal, pertenece al partido PASTEF (Sigla en francés como de “Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad”).

Todos analistas consideran al nuevo presidente Faye como un devoto musulmán, un panafricanista de izquierda.

Sin embargo, el nuevo mandatario ha demostrado gran pragmatismo dejando de lado su puntos de vista ideológicos para inclinarse, al momento de definir sus alianzas políticas, por un más eficiente realismo político al realizar un gesto de distinción y reconocimiento al prestigio del monarca alauí.

En esta forma, Senegal abre las puertas a un acercamiento con Marruecos mientras intenta escapar a la histórica vinculación económica con su antigua potencia colonial, hoy en retroceso en la región, Francia. Faye se propone abandonar la zona monetaria del Franco CFA, para crear su propia moneda nacional y planea enormes inversiones en los sectores agrícolas e industrial para absorber el desempleo que oficialmente ronda el 20% de la población económicamente activa. Buscando lo que sería una segunda independencia, esta vez de orden económica.  

En los planes del presidente Faye esta el negociar los contratos con las empresas extranjeras: Bp Plc. (anteriormente British Petroleum), Kosmos Energy Ltd. O Woodside Energy Group Ltd., empresas con proyectos de petróleo y gas, deberán dejar una mayor participación para el gobierno senegalés.

Senegal este año comenzará a operar el la planta de gas natural licuado de Grand Tortue Ahmeyin, valorado en 4.800 millones de dólares, y la de explotación petrolífera Sangomar, con lo que podría dar un importante impulso a la economía senegalesa.

Los proyectos económicos del nuevo presidente senegalés abren interesantes oportunidades de negocios para las empresas y bancos marroquíes en la expansión hacia el África Atlántica conforme a la Iniciativa que en ese sentido está desarrollando el Rey Mohammed VI.

Al mismo tiempo, el gesto diplomático del presidente Faye es motivo de enojo para los grandes ausentes en los eventos: los presidentes de Argelia y Sudáfrica que no fueron invitados al evento.

Trabajando pacíficamente colaborando solidariamente con los pueblos hermanos de África, el Rey Mohammed VI neutraliza pacíficamente la hostilidad de sus rivales geopolíticos.