jueves, 31 de enero de 2019

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ARGELIA



En menos de 90 días la República Argelina Democrática y Popular llevará a cabo elecciones presidenciales sin que por el momento se sepa si el anciano presidente Abdelaziz Bouteflika, de 81 años y afectado por un serio accidente cerebro vascular, se presentará a un quinto mandato consecutivo.

UNA NACIÓN EN SILLA DE RUEDAS

El próximo 19 de abril los argelinos concurrirán a las urnas para designar a un nuevo presidente o reelegir por quinta vez consecutiva al anciano Abdelaziz Bouteflika, confinado a una silla de ruedas desde 2013, cuando un derrame cerebral lo dejó sin habla y seriamente limitado, por quinta vez consecutiva.

Pese a que la Constitución de Argelia, reformada en 2011, establece un máximo de dos períodos presidenciales de cinco años cada uno, el presidente Bouteflika ha gobernado a Argelia en forma ininterrumpida durante los últimos veinte años. Como el 40% de los cuarenta y un millones de habitantes de Argelia tiene menos de 25 años, muchos de ellos no han conocido otro líder que el anciano mandatario. Según un estudio independiente, el 95,4% de los jóvenes de entre 15 y 29 años no pertenece a ningún partido político, el 95,8 a ningún movimiento religioso y el 80% de los jóvenes que participaron en la encuesta no tiene ningún tipo de afiliación.

La falta de interés de la juventud por el ámbito de la participación política a través de las vías tradicionales, por los partidos o el tejido asociativo, se debe en gran medida la falta de credibilidad y de legitimidad de estos últimos, que están especialmente expuestos a las estrategias insidiosas de cooptación y de división del poder, que han acabado finalmente por neutralizar su capacidad de movilización de la sociedad y de los jóvenes en particular.

Las estructuras tradicionales, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad argelina conocen mal a esta nueva generación, atrapada entre la autoridad institucional y parental que limita su autonomía y su iniciativa y que, al mismo tiempo, está fragmentada y conectada con el mundo exterior a través de las redes sociales.

La situación política está paralizada y el inmovilismo del sistema sólo se ve alterado por las rivalidades internas que pueden surgir sobre la forma de mantener el sistema de poder y el reparto de los ingresos entre los diferentes clanes de la oligarquía político militar y económica.

De hecho, hasta el momento, los militares (el Estado Mayor y la Dirección de los Servicios de Seguridad) y otros círculos próximos al poder han mantenido una cohesión interna cuyo objetivo unificador es preservar el sistema actual y el control sobre las principales riquezas del país según la forma de funcionamiento clásica del Estado depredador.

Argelia ocupa el lugar 105, de entre 176 países, en el índice de percepción de la corrupción de 2018 de la ONG Transparencia Internacional.

Con este trasfondo de corrupción y ante la perspectiva de que los ingresos petroleros disminuyan progresivamente, las divergencias en el seno del poder han aumentado e incluso se hicieron públicas en cuanto a una nueva candidatura del enfermo y anciano Bouteflika, o de alguno de sus hermanos Said o Nazer, y la sospechas de corrupción que afectan al círculo presidencial y al ministro de Energía, Chakib Jelil.

LA PURGA PERMANENTE

El antiguo miembro del Departament du Renseignement et de la Sécurite, el temido DRS, estaba en el centro de la lucha contra la corrupción. Pero, a partir de 2013 pasó a estar en el centro de las remodelaciones que afectaron al sector de la seguridad e inteligencia en Argelia, lo que finalmente llevó a su desmembramiento y a la dimisión y ostracismo de su jefe, el siniestro general Mohamed Médiene, alias “Tufik”, quien estuvo veinticinco años al frente de la inteligencia argelina

La DRS fue sustituid por un nuevo organismo con menos facultades, la Direction des Services de Sécurite (DSS), dirigida inicialmente por el general mayor Athmane Tartag, alias “Bachir”. La caída en desgracia de Médiene fue acompañada con el pase a retiro de doce generales y un coronel que cumplían funciones en la disuelta DRS.

El pasado 10 de octubre, Tartag, a su vez fue reemplazado por Anis Rahmani, luego de un escándalo por la detención ilegal del periodista Smail Djerbal, perteneciente a alg24.net del grupo de medios Ennahar. Presuntamente el periodista fue autor de un artículo sobre el general Tartag que molestó al jefe del contraespionaje argelino.

Los movimientos en la cúpula militar no fueron únicamente esos. En junio de 2018, perdieron su cargo el Director de Seguridad Nacional, general mayor Abdelghani Hamel, el 22 de agosto, Bouteflika desplazó al Director General de la Central se Seguridad de las Fuerzas Armadas (DCSA), el general mayor Mohamed Tiréche, conocido como “Lakhdar”, y al general Boumediene Benattou, Inspector General de las Fuerzas Armadas, que fue sustituido por el antiguo director de la Central de la Intendencia, general mayor Hadji Zerhouni.
Aunque siempre es difícil interpretar, por el carácter opaco del régimen argelino, el alcance político de estos cambios de hombres en la cúpula del poder, pero nada indica que los militares ya no ejerzan el poder y que el anciano y enfermo presidente haya logrado imponer el poder de los civiles sobre los militares.

En especial, porque la purga de funcionarios también alcanzó a los políticos civiles. El 24 de octubre pasado, octogenario presidente de la Asamblea Popular Nacional, Saïd Buhaya perdió su cargo a manos de Muad Buchareb, de 47 años. Un mes más tare, el 14 de noviembre, el nuevo hombre fuerte, Buchareb “por orden del presidente” Bouteflika destituyó al Secretario General del Frente de Liberación Nacional, el partido oficial, Yamel Uld Abbes, de 82 años. El cargo de Secretario General fue reemplazado por “un Directorio con una personalidad fuerte a la cabeza”, el propio Buchareb.

Inmediatamente, Buchareb se pronunció afirmando una nueva candidatura presidencial del enfermo Abdelaziz Bouteflika, en una suerte de “momificación en la presidencia”.   

El equilibro inestable entre los diferentes clanes en el poder, con el trasfondo del bloqueo de la sucesión del presidente Bouteflika, no favorece que se lleven a cabo las reformas necesarias para sacar al sistema político argelino del espiral que podría llevarlo al colapso.

El envejecimiento de la clase dirigente y la falta de una nueva élite independiente de este sistema de apropiación y reparto de los recursos del Estado, la falta visión política y económica, la pérdida de protagonismo internacional, etc. atentan contra una transición económica de Argelia hacia un nuevo modelo y la continua represión de las fuerzas vivas de la sociedad (el sector privado, el periodismo independiente, los intelectuales y artistas o simplemente los jóvenes) tampoco propician la aparición de un nuevo sistema de gobierno democrático capaz de sacar al país de este inevitable proceso de decadencia.

Los nuevos desafíos que plantean su entorno regional, la rivalidad latente con Marruecos por el Sáhara, los problemas de gobernabilidad y seguridad en países fronterizos como Túnez, Libia y Malí, que han originado la adopción de costosas medidas de protección (construcción de cercas perimetrales, cierre y vigilancia de las fronteras) que también suponen un costo adicional para el presupuesto del Estado. Es por ello, que la nueva Ley de Presupuesto de 2017, que efectuó recortes en el gasto fiscal no afecto al presupuesto de defensa que se mantuvo inalterable en torno de los 9.000 millones de euros.

CONCLUSIÓN

La aparente estabilidad del régimen argelino se ha convertido en engañosa seguridad para los gobiernos europeos. La combinación de factores que han permitido a Argelia mantener el statu quo -por ejemplo, la distribución de la renta petrolera para contener socialmente a la población y permitir la construcción de extensas redes clientelares o el efecto negativo que tuvieron las primaveras árabes en el resto del Norte de África y Siria- podría no tener un efecto prolongado ante el descontento y las frustraciones de una población joven cada vez más demandante.

La Europa Comunitaria, siempre preocupada por los problemas coyunturales que emanan de África, como el control de los flujos migratorios, la lucha contra las redes yihadistas y criminales, el aprovisionamiento de hidrocarburos, etc. apuestan a una estabilidad a corto plazo, aunque esta estrategia podría resultar perjudicial a largo plazo en la medida que sirve para asegurar la permanencia de un sistema inviable que en algún momento habrá de detonar.



martes, 29 de enero de 2019

DESAPARICIÓN FORZADA EN LOS CAMPOS DEL POLISARIO



Hace diez años el dirigente polisario Khalil Ahmed Breih, desapareció en las mazmorras del Departamento du Renseignement et de la Securite (DRS) argelino, sin orden judicial y sin que se le sometiera a juicio. Su familia clama desde entonces por conocer su suerte y por justicia.

El 6 de enero de 2009, Khalil Ahmed Breih, un veterano dirigente del Frente Polisario fue secuestrado en las calles de Argel. Como si se tratara de una película de espionaje, Khalil fue subido a un coche oficial sin identificación por cuatro personas, mientras un grupo de apoyo observaba la situación desde un segundo vehículo.

Khalil Ahmed Breih tenía un largo historial de militancia en el movimiento separatista del Frente Polisario y, desde 2006, ejercía como un supuesto “presidente del Comité de Derechos Humanos” en el Sáhara.

Ahmed Breih, no era ni un idealista ni un improvisado en las intrigas internas del Frente Polisario pero eso no justifica su desaparición forzada o los sufrimientos de su familia que desconoce su suerte.

Había nacido en Marruecos, en 1953, en una familia de la tribu Rguibat Souaȃd. A los 25 años, en 1978, se incorporó a las filas del Frente Polisario donde se lo conocía como “Carlos”, comparándolo con el terrorista venezolano Carlos Ilich Ramírez, o “caja negra” por la cantidad de secretos que conocía. Ahmed Breih se desempeñó durante décadas cono responsable de la Seguridad Militar y Civil de los campamentos argelinos que administra el Frente Polisario en Tinduf. Por lo tanto, trabajó en estrecha colaboración con la inteligencia argelina y estaba al tanto de todas las operaciones terroristas organizadas por esos años.

Khalil contrajo matrimonio y formó una familia con sus siete hijos. Luego se convirtió en Primer Secretario del entonces presidente de esa parodia de Estado que los separatistas denominan “República Árabe Saharaui Democrática”, Mohammed Abdelaziz.

Pero, en 1991 cayó en desgracia. Algo sucedió entre él y otros máximos dirigentes separatistas. Se involucró en las luchas internas por el poder, vio algo que no estuvo dispuesto a tolerar o  simplemente la práctica de estalinista de purgar periódicamente a todo posible rival. No se sabe bien el motivo pero Khalil Ahmed Breih perdió su cargo y pasó seis meses encarcelado en los campamentos.

Luego fue liberado, no le imputaron cargos y se le permitió retirarse a su jaima a escribir. Durante años trabajo como “periodista” en la prensa organizada por el Frente Polisario. Ahmed Breih era un hombre preparado, había cursado estudios universitarios y hablaba varios idiomas. Se convirtió en un disidente interno que sin embargo no rompió totalmente con las autoridades del Frente Polisario.

En 2006, fue parcialmente rehabilitado y se convirtió en responsable de los derechos humanos ante el Polit Buró del Frente Polisario, posición que detentaba cuando fue secuestrado.

La familia ignora que ocurrió con él y cual fue el motivo de su detención. Al momento de su detención, en enero de 2009, se suponía que debía dictar unas conferencias en universidades de Argel y estaba trabajando en un libro. Posiblemente un libro de memorias o una investigación sobre violaciones de derechos humanos en los campamentos de Tinduf durante los años en que estuvo a cargo de la contrainteligencia del Polisario.

Khalil Ahmed Breih tenía mucha información sobre los atentados terroristas, los ataques contra barcos pesqueros e instalaciones y otras atrocidades cometidas por el Polisario en Marruecos y Mauritania. Sobre todo conocía la suerte que sufrieron muchos soldados marroquíes secuestrados y torturados por las milicias del Polisario durante las décadas de 1970 y 1980.

Después de muchas gestiones, su hijo mayor pudo verlo en una ocasión en la prisión militar argelina de Blida, pero después y hasta el día de hoy la familia perdió todo rastro de él y desconoce cual fue su delito y cuál fue su suerte.

El caso de Khalil Ahmed Breih fue denunciado por Rachid Khalil el único de sus hijos que 
dejó los campamentos argelinos y vive en San Sebastián, España. Rachid no ha dejado de luchar para esclarecer cual fue la suerte corrida por su padre. El resto de la familia continúa retenida en Tinduf y por tanto no puede exponerse a las represalias del Frente Polisario o de los servicios de seguridad argelinos.

En 2014, Humana Rights Watch se ocupó del caso de Khalil Ahmed Breih en su informe titulado: “Off the radar: Human Rights in the Tindouf Refugee Camps”, sin lograr mayores resultados.

El pasado 25 de enero, al cumplirse de diez años de su desaparición forzada la tribu Rguibat Souaȃd organizó, en el campamento argelino de Laayoune, una reunión informativa sobre el caso de Ahmed Breih.

Cabe recordar que la desaparición de forzada de personas constituye un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible que es competencia específica de la Corte Penal Internacional.

Otro más de los muchos delitos a que nos tiene acostumbrado la dirigencia del Frente Polisario como el desvió y comercialización ilegal de la ayuda humanitaria, el secuestro de ciudadanos españoles de origen saharaui, la malversación de fondos destinados a la empobrecida y necesitada población de los campamentos.

Khalil Ahmed Breih y su familia son solo unas víctimas más de la crueldad de la dirigencia separatista del Frente Polisario y sus cómplices argelinos.

Lamentablemente, el Frente Polisario tiene acostumbrado al mundo de su desprecio e indiferencia por los derechos humanos a los que solo invoca como un instrumento de propaganda.
 

lunes, 28 de enero de 2019

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN SACUDE A LA CÚPULA DEL FRENTE POLISARIO



Después de años de denuncias de fuentes independientes sobre la corrupción endémica en las filas del Frente Polisario ahora son los propios dirigentes separatistas quienes denuncian este problema.

Tras servir fielmente los intereses geopolíticos de Argelia en el Magreb traicionando a la población que dicen representar y a la que obligan a vivir de la caridad internacional, los dirigentes del Frente Polisario han caído en una suerte de “separatismo delictivo” donde más que servir a una causa justa lo que buscan es un enriquecimiento ilícito y descarado.

Como han denunciado en diversas ocasiones tanto la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, como la Cruz Roja Española y el Centro Europeo de Inteligencia Estratégica y Seguridad, los dirigentes del Polisario, en colaboración con algunos funcionarios argelinos, han establecido una estructura ilícita, cuyo propósito es sustraer la ayuda asignada por la comunidad internacional a la población de Tinduf para su posterior venta ilegal en los mercados africanos.

En una operación ilícita que deja una ganancia anual de al menos diez millones de euros a tanto a los dirigentes separatistas del Polisario como a sus socios argelinos.

Para llevar a cabo este delito doloso internacional de robo y estafa, esta estructura mafiosa colabora estrechamente con las redes criminales del norte de África, conocidas por sus conexiones con el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

Son varias las entidades humanitarios y las organizaciones no gubernamentales que han reiteradamente denunciado y suficientemente probado la vergonzosa realidad de la existencia de esta red de corrupción que condena a las mujeres y niños de los campamentos de Tinduf a la privación, la indigencia y la desesperación.

Ante este fraude  varias autoridades reconocidas por su credibilidad han sido obligadas a suspender sus contribuciones, como es el caso de las ONG estadounidenses “The Association of the Bar of the City of New York”, “Teach the Children International” y la ONG española “Manos Limpias”.

Ahora se suma un nuevo hecho que no deja lugar a duda del alto nivel que la corrupción ha alcanzado en las filas del Frente Polisario. Recientemente el supuesto diputado Dih Mohammed Noucha, integrante, en representación del campamento de Smara, del pretendido “Consejo Nacional”, el órgano legislativo de ese imaginario Estado que los separatistas creen haber creado en sus campamentos argelinos y que nadie, salvo Argelia y sus amigos, reconoce, ha solicitado al cuerpo que integra la investigación y esclarecimiento de una gigantesca malversación de fondos.

Se trata, según Noucha, del robo de más de 56.000 millones de dinares argelinos (unos 2,5 millones de dólares) pertenecientes al presupuesto de la inexistente República Árabe Saharaui Democrática, por el personal encargado de las llamadas “representaciones del Frente Polisario en el exterior”.

Para impulsar su denuncia el “diputado” Noucha se encerró en las instalaciones del supuesto “Consejo Nacional” negándose a abandonarlas hasta el presidente del cuerpo Khatri Addouh, un dirigente nombrado directamente por el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali sin intervención legislativa, se comprometió personalmente a “ocuparse del tema”.
No obstante, en una corta sesión convocada al efecto el pasado 24 de enero, “Consejo Nacional” rápidamente rechazó la denuncia del “diputado” Noucha y se negó a abrir una investigación.

Esta es la forma habitual que emplea el Frente Polisario para encubrir los cada vez más frecuentes y graves hechos de corrupción que involucran a sus más altos dirigentes.

Cabe recordar que, tal como denunciaron diversos peticionarios ante la 4ta. Comisión de Naciones Unidas, los delitos dolosos de malversación y estafa cometidos contra una población confinada en campamentos constituyen delitos de lesa humanidad contemplados en el artículo 7°, del Estatuto de Roma, sancionado el 17 de julio de 1998, y el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, es responsabilidad de la Corte Penal Internacional (CPI), investigar estos delitos que entran en su jurisdicción  como “crímenes de lesa humanidad” y por tanto imprescriptibles, y determinar las responsabilidades penales de todas las personas implicadas.

Algo que a la luz de las reiteradas denuncias existentes, a las que ahora se suman las de Dih Mohammed Noucha desde los mismos campamentos administrados por el Frente Polisario, la comunidad internacional no puede seguir ignorando.

domingo, 27 de enero de 2019

PUTIN SUBE LA APUESTA EN VENEZUELA




La presencia de tropas mercenarias rusas en Caracas incrementa las tensiones militares en la región del Caribe.

La insistencia de Nicolás Maduro de mantenerse ilegítimamente en el poder en Venezuela, cuando la mayoría de su pueblo y la comunidad internacional demanda la inmediata realización de elecciones auténticamente libres, transparentes y democráticas, esta a punto de sumergir al país caribeño en un baño de sangre.

Maduro resiste con el apoyo de un reducido grupo de países que tiene intereses económicos o cuyos gobierno también enfrentan cuestionamientos internacionales por sus prácticas antidemocráticas.

China y Rusia, los principales aliados del régimen chavista, han expresado su firme apoyo a Nicolás Maduro y han advertido a los Estados Unidos que se opondrán a una “intervención militar” en Venezuela.

Rusia, uno de los mayores aliados de Maduro, al que ha respaldado con generosa ayuda financiera en el sector de los hidrocarburos y militar, ha hecho una defensa encendida del régimen chavista. “Consideramos que el intento de usurpar el poder en Venezuela contradice los principios del derecho internacional”, ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una rueda de prensa.

Entre los años 2001 y 2011, Venezuela llegó a ser uno de los principales clientes mundiales de la industria armamentística rusa.

En diciembre de 2018, las fuerzas armadas bolivarianas y sus homólogas rusas llevaron a cabo las maniobras militares a pocos kilómetros de la frontera con Colombia. Es esa ocasión los rusos enviaron dos aviones Tu-160 (Black Jack, en la terminología de la OTAN) capaces de ser armados con doce cohetes de crucero con ojivas nucleares o convencionales y cuarenta toneladas de bombas. incluyeron también un aparato de transporte militar An-14 y un avión de pasajeros Il-62.

Los aviones rusos, en una clara demostración de su capacidad operativa, volaron trece mil kilómetros sobre aguas internacionales del océano Atlántico, atravesando los mares de Barents, Noruega y el Caribe. Para ello los aviones rusos debieron repostar combustible en el aire sobre aguas de Noruega empleando aviones tanques II-78.

En esa ocasión se mencionó que el gobierno de Vladimir Putin estaba evaluando la instalación de una base militar en La Orchila, una pequeña isla ubicada a doscientos kilómetros al noroeste de Caracas, donde la armada venezolana tiene un apostadero naval.

Aunque el principal inversor en el país caribeño es la República Popular China, que ha otorgado en los últimos años a Caracas prestamos por unos 70.000 millones de dólares. Moscú ha aportado desde 2006 al menos 17.000 millones de dólares, en forma de préstamos, líneas de crédito e inversiones. En diciembre de 2018, durante una visita de Maduro a Moscú, el presidente Vladimir Putin otorgó un último préstamo de 6.000 millones y 600.000 toneladas de cereales para aliviar las penurias alimentarias del pueblo venezolano.

Muchos de los préstamos y las inversiones rusas han sido canalizados a través de la empresa Rosneft, el gigante estatal de petróleo y el gas manejado por el aliado de Putin, Igor Sechin. De acuerdo con su último reporte anual, Rosneft vendió 2.500 millones de dólares en petróleo producido por la estatal petrolera venezolana PDVSA hacia finales de 2017.

Aunque Venezuela no ha pagado rápidamente sus deudas con petróleo, Rusia, en general, no ha tenido problema con eso, ya que espera recibir licencias para la extracción de petróleo y gas potencialmente lucrativas. Tiene grandes participaciones minoritarias en cinco empresas conjuntas con PDVSA. Produjeron 59 millones de barriles de crudo en 2017, más del 8% de la producción anual venezolana.

“Nunca dejaremos que nadie nos saque de aquí”, dijo Sechin en una ocasión con respecto a los planes de Rosneft para Venezuela. Aunque en la actualidad el país no puede producir mucho petróleo por los enormes errores de gestión del gobierno chavista, tiene las reservas de crudo más grandes del mundo. A Rusia, con apenas un tercio de esas reservas comprobadas, la permanencia en Venezuela le ayuda a garantizar una participación en el mercado petrolero, mientras haya demanda.

Si Nicolás Maduro deja la presidencia y un gobierno respaldado por los Estados Unidos lo reemplaza, es muy probable que los planes rusos deban modificarse o directamente suspenderse y que Venezuela finalmente no pague sus deudas a los rusos.

Pero, los verdaderos intereses de Vladimir Putin en el Caribe no son económicos sino geopolíticos. Por supuesto que Rusia se beneficia con los negocios petroleros, la venta de armamento y hasta de cereales.

Para Putin es tanto o más importante balancear las presencia y actividades de los Estados Unidos y la OTAN en Europa Oriental y especialmente en las exrepúblicas soviéticas: Ucrania, Georgia, Moldavia y los países bálticos.

Por lo tanto, apoyará a cualquier gobierno que sea hostil a Occidente e intentará obtener presencia militar permanente en el Caribe un región que Washington considera su “patio de atrás”.

En ese contexto se entiende que el Kremlin haya desplegado en Venezuela a cuatrocientos mercenarios del “Grupo Wagner”, una empresa de servicios militares formada por es oficiales del GRU -el servicio de inteligencia militar de Rusia-, que además coordina todas sus actividades con el Ministerio de Defensa ruso.

A diferencia de otras empresas de servicios militares que suelen limitarse a desarrollar tareas de seguridad y logísticas en zonas de guerra, los mercenarios del “CHVK Wagner” cumplen misiones de combate.

El Grupo Wagner, creado en 2014, ha desarrollado acciones de combate y entrenamiento militar activo en Ucrania, Siria, República Centroafricana y Sudán.

El CHVK Wagner, cuenta con tres mil hombres que se entrena en instalaciones compartidas con la 10ª Brigada de Spetsnaz del GRU, en Molkino, en la región de Krasnodar. Además, sus hombres están capacitados para operar sus tanques, vehículos blindados de transporte de personal, el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Grad BM-21 y artillería pesada. Un pequeño pero poderoso ejército secreto al servicio del Kremlin.

Por el momento, el gobierno chavista ha declarado que los mercenarios rusos están asignados a la protección del presidente Maduro.

Los rusos parecen temer el desplazamiento del régimen chavista por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o un ataque quirúrgico que detenga al presidente Maduro.

De ahora en más, cualquier proyecto de desplazar al chavismo por medio de una acción violenta a partir de ahora deberá contemplar como neutralizar una eventual resistencia de los mercenarios rusos y, posiblemente, de una buena parte de los “trabajadores” cubanos instalados desde hace años en todos los estamentos de la administración pública venezolana.

Esta intromisión de Rusia en la esfera de influencia estadounidense en América Latina es una grave alteración del statu quo entre las superpotencias al que los Estados Unidos deberán responder a corto plazo.   

sábado, 26 de enero de 2019

EL CANCILLER RUSO VISITA RABAT




El ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Seguei Lavrov, fue recibido en audiencia especial por el rey de Marruecos, Mohammed VI, para tratar temas bilaterales y de interés regional.
En el marco de la “Asociación Estratégica Más Profunda”, establecida en marzo de 2016 entre el rey Mohammed VI y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, el monarca alauí otorgó al canciller ruso Serguei Lavrov una audiencia especial para conversar sobre temas bilaterales y de interés internacional entre los que se encuentran la situación en Libia y el conflicto en Siria.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso visitó el país magrebí en una corta visita de 24 horas, acompañado de una delegación del más alto nivel de la diplomacia de su país.
Marruecos y Rusia tienen relaciones diplomáticas desde hace más de sesenta años. El intercambio comercial entre ambos países ha totalizado, en 2018, 900 millones de dólares y se ha incrementado un 10% en los últimos cuatro años y especialmente desde que el Rey de Marruecos suscribió la “Asociación Estratégica Más Profunda”.

El principal rubro de intercambio bilateral son los productos agrícolas (75%) y entre ellos las exportaciones de cítricos, frutas y hortalizas.

Ambos estados apuestan a esta “Asociación Estratégica” para implementar nuevos proyectos en campos tales como la pesca, energía, industria y turismo.

Mohammed VI aprovecho la reunión con el ministro Lavrov para reiterarle la buena disposición del gobierno marroquí para acoger la visita del presidente ruso Vladimir Putin en fecha próxima, aunque por el momento no trascendió cuando se realizaría la misma.

El ministro ruso estaba interesado en conocer la opinión del monarca marroquí sobre la evolución de la situación en Libia y las perspectivas de que Siria se reincorpore a la Liga Árabe como un factor que reforzara la estabilidad y gobernabilidad en la región MENA y la  cuenca del Mediterráneo.

En referencia al tema de la soberanía marroquí sobre sus provincias del sur, el ministro ruso Lavrov señalo la necesidad de una “solución consensuada” conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad y con la implicación de todas las partes involucradas, agregando Seguey Lavrov: “Compartimos la misma visión de nuestros amigos marroquíes”.

Con esta visita, el jefe de la diplomacia rusa ha querido reforzar sus lazos con el rey Mohammed VI, un actor regional cada día con mayor influencia en el continente africano, en un momento en que Rusia tiene diversos frentes conflictivos abiertos al mismo tiempo: Ucrania, Siria, Venezuela y cuando sus relaciones con los países de la OTAN y Estados Unidos a traviesan por un notorio enfriamiento.

En este contexto, una acercamiento al país de mayor peso estratégico y político del Norte de África no deja de resultar atractivo para el Kremlin.

Por su parte, Mohammed VI ha aprovechado la oportunidad para ampliar su influencia internacional y estrechar vínculos con las grandes potencias, en especial con Rusia, un país que se ha caracterizado en el pasado por ser sólido aliado de Argelia.



viernes, 25 de enero de 2019

LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO TIENE NUEVO PRESIDENTE



Después de dos años de aplazamiento y tras unas elecciones marcadas por el fraude, la República Democrática del Congo tiene su primera transición presidencial pacífica y constitucional desde su independencia en 1960. El hasta entonces líder opositor Félix Tshisekedi es el nuevo presidente en reemplazo de Joseph Kabila que gobernó los últimos 18 años.

A los 55 años y sin haber desempeñado nunca un cargo público, Félix Tshisekedi se ha convertido en el quinto presidente de la República Democrática del Congo. Un presidente cuya legitimidad ha sido puesta en duda por la Unión Africana, Francia y Bélgica.

Una clara muestra del aislamiento a que se enfrenta el nuevo presidente es el hecho de que a su asunción del cargo solo concurrió un jefe de Estado africanos, el keniano Uhuru Kenyatta y los vicepresidentes de Namibia, Tanzania y Zimbabue. El presidente de Sudáfrica que se ha pronunciado en respaldo de Tshisekedi se abstuvo de concurrir a la ceremonia en Kinshasa.

Las elecciones realizadas el 31 de diciembre pasado llegaron tras dos años de atrasos e incertidumbre, desde que el entonces presidente Joseph Kabila -en el poder durante los últimos 18 años-concluyera por ley su segundo y último mandato electoral, reteniendo de facto el poder desde diciembre de 2016. Luego de varias aplazamientos, los comicios tuvieron lugar, pero el recuento de votos se demoró más de lo esperado. Finalmente, la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), con el aval de la Corte Constitucional de país dio por vencedor a Tshisekedi con el 38,57% de los votos emitidos. Pero, esos datos fueron cuestionados tanto por la Conferencia Episcopal como por el candidato opositor Martín Fayulu, favorito en los sondeos previos, que solicitaron infructuosamente un nuevo recuento de votos.

Félix Tshisekedi, es el líder de la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), un partido fundado por su padre Étienne Tshisekedi, un ex ministro del dictador Joseph Mobutu Sese Seko, fallecido el año pasado a los 86 años.

En medios internacionales se sospecha la existencia de un pacto entre Kabila y Tshisekedi que preserve los intereses económicos y la influencia política del presidente saliente.  De hecho, el nuevo presidente agradeció a Kabila su importante rol en la “transición y reconstrucción del país” y lo ha considerado como uno de los actores “que ha hecho posible la alternancia democrática”. En un gesto poco usual en la política africana el presidente saliente y el nuevo mandatario se fundieron en un cálido abrazo durante la ceremonia de traspaso del mando.

En realidad, Joseph Kabila deja la presidencia pero conserva aún gran poder en la RDC. Su partido el Frente Conjunto para el Congo tiene mayoría propia en la Asamblea Nacional donde el UDPS, partido del presidente es la tercera minoría.

Además, él y su familia son propietarios de 700 kilómetros cuadrados de las mejores tierras, controlan ochenta grandes empresas presentes en todos los sectores estratégicos -minería, construcciones, telecomunicaciones, etc.-. La fortuna de Kabila no ha dejado de crecer desde que asumió la presidencia en 2001, tras el asesinato de su padre Laurent-Desirée Kabila.

El nuevo presidente, en su discurso de asunción a dicho: “Nuestro Congo no será el de la división, el odio y el tribalismo”. También se comprometió a “revisar la lista de los prisioneros políticos”. Las buenas intenciones de Tshisekedi pueden ser promesas difíciles de cumplir en un país rico, pero densamente poblado, sometido a la explotación de los grandes conglomerados internacionales, con un PBI per cápita de 500 dólares, sacudido periódicamente por las epidemias de ébola y la endémica violencia tribal.


jueves, 24 de enero de 2019

LA CRISIS VENEZOLANA IMPACTA EN LA POLÍTICA ARGENTINA




El agravamiento de la situación en Venezuela con la existencia de dos presidentes, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, impacta de lleno en la política argentina provocando alineamientos en pleno año electoral.

La prolongada crisis venezolana se ha agravado notablemente en los últimos días. La Asamblea nacional ha decidido desconocer por ilegítimo y fraudulento el segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro y proclamar al diputado y presidente de la Asamblea, Juan Guaidó como “presidente encargado del país”.

Nicolás Maduro, por su parte, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas se resiste a dejar el poder pese al repudio y desconocimiento de la mayoría de las democracias del continente, la Organización de Estados Americanos y algunos países de la Europa Comunitaria, denuncia la existencia de un golpe de Estado.

En las calles de Venezuela, en tanto, continúa la violencia entre chavistas y opositores. El miércoles 23 de enero, en diversos enfrentamientos murieron 13 manifestantes en Venezuela.

El agravamiento de la crisis en Venezuela ha impactado de lleno en la clase política argentina en pleno año electoral forzando a los precandidatos a tomar posiciones por uno u otro bando.

Esto se debe en parte, porque el país alberga a una numerosa diáspora venezolana de más de cien mil personas. Pero, también porque el régimen bolivariano ha sabido aprovechar los años de gobierno kirchnerista para enviar becarios y miembros de sus fuerzas armadas a realizar cursos de perfeccionamiento y estudios en Argentina. Estos becarios venezolanos, al mismo tiempo que recogían información sobre nuestro país, cultivaban relaciones personales de amistad en los medios académicos y de las fuerzas armadas y de seguridad.

El chavismo ha sido generoso con los políticos y activistas sociales que mostraban afinidad ideológica con el régimen de Caracas. Nunca faltaron para ellos invitaciones para participar de congresos y otros eventos en Venezuela. El chavismo distribuyó generosamente dinero para apoyar candidaturas en las elecciones. Académicos e intelectuales recibieron contratos para realizar asesoría en Venezuela. También hubo jugosas contrataciones para figuras populares. La participación de Diego A. Maradona y de Víctor H. Morales en Telesur son tan solo un ejemplo de esta captación de personalidades por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El SEBIN, el activo Servicio Bolivariano de Inteligencia, habrá sabido aprovechar los relajados controles de la inteligencia argentina para instalar a sus agentes entre las organizaciones opositoras creadas por los emigrados venezolanos en Argentina.

La actividad de inteligencia chavista desarrollada con total impunidad durante años y el apoyo de las redes de inteligencia cubanas en el país, el ha permitido al régimen de Maduro reclutar una red de “agentes de influencia”, formada por académicos, intelectuales, periodistas, artistas, políticos y militantes sociales para defender sus intereses en el país.

Ahora, el presidente Mauricio Macri ha cambiado el alineamiento internacional de Argentina uniéndose a la mayoría de las democracias de la región reconociendo como legítimo presidente de Venezuela a Juan Guaidó.

Este reconocimiento y la evolución de los acontecimientos en Venezuela han forzado a los políticos locales definir también su posición con respecto a la situación en ese país.

Los tres precandidatos enrolados en el “peronismo alternativo” o “peronismo federal”, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey se pronunciaron contra Maduro y reconocieron a Guaidó como legítimo presidente venezolano.

Mientras que el kirchnerista Bloque de Diputados del Frente para la Victoria difundió un comunicado el miércoles 23, a las 19.00 horas, donde “repudia el intento de golpe de Estado” e insta “a que se llegue a una solución basada en el diálogo y la paz”.

Varios compañeros de ruta del chavismo en Argentina también expresaron su apoyo a Maduro.

El piquetero proiraní Luis D’Elia convocó a una movilización frente a la Embajada de Venezuela.

El Frente de Izquierda, a través de los legisladores Nicolás del Caño y Myriam Bregman, denunciaron la política de los Estados Unidos y de la oposición en la crisis venezolana, aunque sin explicitar su apoyo expreso a Maduro.

La exembajadora kirchnerista en Caracas, Alicia Castro y el escritor y exembajador menemista Jorge Asís, por su parte, condenaron el reconocimiento de Juan Guaidó por parte del gobierno argentino.

Más explicitó fue como siempre el futbolista Diego Armando Maradona quien manifestó a través de Twitter: “No voy a cambiar. Hoy más que nunca estoy, con el presidente Nicolás Maduro”.

Por el momento, Cristina Kirchner ha guardado silencio, pero nadie duda de sus estrechos vínculos personales y políticos con Nicolás Maduro.

La eventual desaparición de Maduro del escenario internacional sería un duro golpe a las aspiraciones presidenciales de Cristina Kirchner. La expresidente cuenta con la generosidad del bolivariano y su odio hacia Macri para obtener fondos para su campaña electoral y con el apoyo político del eje populista cubano – venezolano – boliviano para lograr una imagen de estadista internacional.

También para el boliviano Evo Morales la caída de Nicolás Maduro podría ser un problema. El presidente boliviano intentará este año aspirar a un quinto e inconstitucional mandato presidencial. La reacción internacional contra la reelección de Maduro también podrían producirse contra su eventual reelección.

Por el contrario, si Maduro logra mantenerse en el gobierno de Venezuela, empleará todos los medios económicos y su influencia política para apoyar a los partidos políticos  y a las figuras que le son afines en la región. Incluso podría apoyar cualquier intento de desestabilización de los gobiernos que hoy le son hostiles.

Por lo tanto, lamentablemente lo que ocurra en Venezuela no se quedará en Venezuela.





martes, 22 de enero de 2019

EL ATAQUE AL RIM 3 “GENERAL BELGRANO” TREINTA AÑOS DESPÚES



Hace treinta años, la Argentina vivió el último ataque del terrorismo setentista, entre el 23 y 24 de enero de 1989, setenta guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria atacaron las instalaciones del RIM 3, el la localidad de La Tablada, asesinando a nueve militares y dos policías.

El 10 de diciembre de 1983, el voto popular restableció el régimen republicano y constitucional en Argentina. El abogado Raúl Ricardo Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica Radical, asumió la presidencia. Inmediatamente comenzó a desmantelar el sistema represivo organizado por los militares durante su gobierno y a investigar las desapariciones forzadas de personas ocurridas durante el régimen de facto entre 1976 y 1983.

La restauración de convivencia democrática no fue una tarea sencilla. Había demasiadas pasiones encontradas, demasiados sentimientos de revancha.

Alfonsín ordenó investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. Para ello creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas -CONADEP-, presidida por el escritor Ernesto Sábato. También ordenó enjuiciar a los integrantes de todas las Juntas Miliares del Proceso de Reorganización Nacional, así como a las cúpulas de las dos principales organizaciones terroristas que actuaron en las décadas de 1960 y 1970, la Organización Político Militar Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT – ERP).

Debido a un acuerdo entre la UCR y el Partido Justicialista, solo se investigaron los hechos ocurridos a partir del día del golpe de Estado, es decir desde el 24 de marzo de 1976. En esta forma nunca se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos por las organizaciones terroristas entre 1967 y 1976, ni los hechos de terrorismo de Estado ocurridos durante los gobiernos constitucionales de Juan D. Perón (12/10/1973 a 1/7/1974) y de María Estela Martínez Carta de Perón (1/7/1974 a 23/3/1976) a través de grupos parapoliciales como la “Triple A”, o Alianza Anticomunista Argentina.

En 1985, el Juicio a las Juntas terminó con la condena de nueve de los militares enjuiciados, dos de ellos a reclusión perpetua. Inmediatamente se abrieron juicios contra otros militares por los hechos ocurridos durante la lucha antisubversiva.

Los militares no aceptaron dócilmente la revisión de los hechos ocurridos durante la represión de las actividades terroristas.

Hubo protestas militares con actos de rebeldía en Campo de Mayo durante la Semana Santa de 1978, en la localidad correntina de Monte Caseros (16/1/1988) y en la bonaerense de Villa Martelli (1/12/1988).

Alfonsín tampoco demostró mucha idoneidad en la gestión del país. El “Plan Austral” pergeñado por el ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille fracaso estruendosamente. La inflación, en 1987, alcanzó al 174% y en 1988, superó el 387% anual. Alfonsín debió suspender las negociaciones paritarias pese a la oposición del sindicalismo peronista que le hizo trece huelgas generales al gobierno radical. En el tórrido verano de 1989, el gobierno radical se vio obligado a imponer cortes de energía eléctrica y a reducir las emisiones televisivas al horario de 18.00 a 24.00 horas. El mal humor se instaló sólidamente en la sociedad argentina.

En ese contexto un grupo remanente de terroristas del PRT-ERP, liderado por Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, creó el 8 de mayo de 1986, una nueva organización del Movimiento Todos por la Patria.

El terrorista Gorriarán Merlo (1941 – 2006), nombre de guerra “El Pelado”, tenía un largo historial de violencia y como mercenario al servicios de gobiernos comunistas.
Perteneciente a una familia de origen radical de la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, Gorrirán participó de la fundación del PRT-ERP, de la fuga de guerrilleros del Penal de Rawson, en 1972, y del ataque a la Guarnición Militar de Azul, provincia de Buenos Aires, el 14 de enero de 1974, en que murieron el coronel Camilo Arturo Gay, su esposa Nilda Cazaux de Gay, el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal y el soldado conscripto Daniel González.
Cuando el PRT-ERP debió retirarse de la Argentina, tras la muerte de Mario Roberto Santucho y otros miembros del Comité Central, el 19 de julio de 1976, los cuadros terroristas sobrevivientes se trasladaron a Nicaragua para combatir en las filas del Frente Sandinista de Liberación nacional que conducía el comandante Daniel Ortega.
A comienzos de los años ochenta, Gorriarán Merlo condujo el comando de mercenarios argentinos, ex miembros del PRT-ERP, que llevó a cabo la “Operación Reptil”, el asesinato del exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, el 17 de septiembre de 1980, en su exilio de la ciudad de Asunción, en Paraguay, por encargo del gobierno sandinista de Nicaragua.
En 1986, Gorrirán Merlo contando con el apoyo político – financiero de la inteligencia cubana, del gobierno sandinista y con considerables fondos provenientes de sus operaciones ilegales, decidió crear una estructura política movimientista y cristiana para impulsar “la revolución” en Argentina. Además, de un partido político el Movimiento Todos por la Patria, Gorriarán Merlo decidió crear canales de difusión política e ideológica al servicio de este movimiento.
Para ello financió la creación, el 26 de mayo de 1987, el diario Página 12, que dirigió por el joven periodista Jorge Lanata contaba con la colaboración de un grupo de periodistas de izquierda integrado por Horacio “el perro” Verbitsky, Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós, Eduardo Blaustein, Carlos Alberto “Quito” Burgos y Francisco “Pancho” Provenzano y Jorge Baños.
Las rebeliones militares, la crisis económica y el mal humor social imperante en la sociedad argentina, convencieron a Gorriarán Merlo, un dirigente revolucionario con vocación “foquista castro guevarista” y tendencia militarista, que desde 1970 se movía en la más absoluta clandestinidad, vinculado a estructuras de inteligencia y seguridad, que nunca había hecho militancia de masas, que no era un dirigente surgido de un barrio, una fábrica o la militancia universitaria, que estaban dadas las “condiciones objetivas” para desencadenar una “insurrección popular de masas”.
Es así como unos setenta militantes del Movimiento Todos por la Patria, bajo la dirección estratégica del “Pelado Gorriarán” se lanzaron a atacar el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, en La Tablada, partido bonaerense de La Matanza, con la intención de llamar la atención de los medios de comunicación para desencadenar la esperada “insurrección popular” y con los tanques del Regimiento emprender una marcha a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayor, distante a 23 kilómetros, para “exigir cambios de fondo” en el gobierno y “hacer la Revolución”.
Todo ello bajo la patraña de que estaban repeliendo un inexistente golpe de Estado de militares carapintadas.
Este delirio de una “Armada Brancaleone” de setenta iluminados, mal armados, sin ninguna experiencia militar, ni apoyo aéreo, tomando el control de un país de treinta millones de habitantes, era una graciosa comedia. Pero, en su loco intento, los improvisados terroristas asesinaron a nueve militares y dos miembros de la Policía Bonaerense y provocaron mutilaciones y heridas de consideración a otros sesenta militares y policías.
En el ataque murieron 32 terroristas. El 5 de octubre de 1989, veintiún integrantes del Movimiento Todos por la Patria fueron juzgados y sentenciados a penas que fueron de reclusión perpetua a diez años de prisión.
En 1997, después de su detención en México, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo y su compañera de ese entonces, Ana María Sívori fueron condenados a cadena perpetua y 19 años de prisión respectivamente.
En diciembre del año 2000, el entonces presidente radical Fernando de la Rúa conmutó las penas de todos los condenados en 1989, permitiendo que nueve de los once condenados por el ataque terrorista que aún estaban encarcelados salieron en libertad en 2001, mientras que los dos restantes (Felicetti y Acosta) salieron recién en 2006.
El 20 de mayo de 2003, por decreto N° 1230/2003, el presidente Eduardo Duhalde indultó a todos los condenados por el ataque terrorista al RIM 3, esto permitió a Gorriarán Merlo y Ana María Sívori salir en libertad después de tan sólo seis años de cárcel.
No hubo ningún indulto para el mayor Horacio Fernández Cutiellos y a los otros diez héroes que perdieron su vida defendiendo la ley y el orden constitucional en el Cuartel de La Tablada por los delirios de un grupo de iluminados conducidos por un mercenario loco.