domingo, 26 de febrero de 2017

LA HABILIDAD DIPLOMÁTICA DE MARRUECOS REVELA EL CARÁCTER TERRORISTA DEL POLISARIO


La evidente decadencia que enfrentan los separatistas del Frente Polisario impulsa a sus dirigentes a tomar medidas desesperadas como el intento de generar un incidente armado con Marruecos en el extremo sur de su territorio.

Los separatistas del frente Polisario enfrentan su peor momento. Al retorno de Marruecos a la Unión Africana, el único foro internacional donde tenían alguna presencia; se suma el fin del mandato de su aliado Bam Ki-moon al frente de Naciones Unidas y la pérdida de reconocimiento internacional para su parodia de estado, la autoproclamada “República Árabe Saharaui Democrática”.

Ayer mismo, por ejemplo, fue el ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Harry Kalaba, quién confirmó la retirada por Zambia, el 9 de julio de 2016, de su reconocimiento a la “RASD” y la rotura de toda relación de su país con esta entidad. A los problemas de los separatistas se agrega el creciente desinterés de la mayoría de las naciones africanas por la suerte de la supuesta “causa saharaui”.

Todo ello coloca a los dirigentes separatistas frente al dilema de apelar a medidas extremas o enfrentar una gradual, pero inexorable, desaparición como organización. Es por ello que apelan a su último recurso: la ruptura del alto al fuego acordado con Marruecos, el 16 de septiembre de 1991, bajo supervisión de las Naciones Unidas. Los polisarios han amenazado durante años en los diferentes foros internacionales con apelar a la violencia si sus demenciales demandas no son atendidas.

Recordemos que el Frente Polisario es una organización separatista que registra un largo historial de acciones terroristas no solo contra Marruecos, sino también contra ciudadanos y pesqueros españoles que operaban en aguas marroquíes o cooperantes internacionales que concurrían al Sáhara.

En los últimos tiempos, las amenazas de recurrir a la violencia se han incrementado, en parte por la pronunciada decadencia que en todos los campos registra la organización separatista, pero, especialmente, después de la designación de Brahim Ghali como Secretario General del Frente Polisario.

Este dirigente separatista enfrenta cargos por violaciones a los derechos humanos y crímenes comunes ante la justicia española. Además, durante los años en que condujo a las milicias polisarias fue responsable de planificar y llevar a cabo ataques terroristas que costaron la vida de numerosos ciudadanos españoles. En consecuencia, es lógico pensar que para Brahim Ghali la violencia es un recurso más del que dispone para intentar salvar a su causa de esa inexorable decadencia que enfrenta.

El procedimiento elegido en esta ocasión fue el de montar una provocación en la región de Guergarat, en el sur de Marruecos. En ese punto situado en el confín suroeste del territorio marroquí, al pie de las obras de defensa fronteriza y en proximidad de la línea de alto el fuego entre Marruecos y las milicias irregulares del Frente Polisario se fue conformando una angosta franja de territorio -que en su punto más ancho tiene una extensión de cinco kilómetros- que constituye una suerte de “tierra de nadie”, antes de llegar al territorio de Mauritania, creada por el acuerdo de 1991.

Aprovechando estas circunstancias que artificialmente se había generado en esa zona, se instalaron en el lugar bandas criminales que desarrollaban las actividades de tráfico ilícito frecuentes en el Sáhara: robo de automóviles, tráfico de autopartes, contrabando de combustible, cigarrillos, drogas y armas. Las actividades criminales en ese lugar beneficiaban a los dirigentes polisarios que las protegían e impulsaban y también a la población local mauritana desprovista, en muchos casos, de medios legales de subsistencia.

Debido al riesgo que el incremento de estas actividades criminales significaban para la seguridad de la región y a los efectos de evitar que se consolidara una “zona sin ley” en el lugar, el pasado 11 de agosto miembros de la Gendarmería Real, acompañados de personal vial y maquinarias, realizaron una operación sorpresiva de control, limpieza y extracción de restos de automóviles, destrucción de refugios precarios utilizados por los contrabandistas y reparaciones en la ruta que une Marruecos con Mauritania. Todas estas acciones tenían el único propósito de poner fin a las actividades criminales en el lugar.

El hecho provocó inmediatamente las protestas del Frente Polisario que lucraba con la protección brindada a los negocios ilegales en la zona, de los cuales sacaban beneficios especialmente los altos dirigentes del Polisario.

No obstante, el incidente no pareció, en un primer momento, pasar a mayores. Pero, después de que Marruecos concretó su retorno a la Unión Africana, en la Cumbre de Addis Abeba, en el pasado mes de enero, los dirigentes separatistas, en respuesta, incrementaron la presencia provocativa de sus milicianos en el lugar buscando generar un incidente de envergadura en el lugar.

El rey Mohammed VI comprendió la gravedad de la maniobra que pretendían implementar los separatistas y actuó con prontitud para contrarrestarla.

Inmediatamente, se comunicó telefónicamente con el flamante Secretario General de Naciones Unidas, el político portugués, Antonio Guterres, para ponerlo al tanto de la  situación real en el lugar y solicitarle la colaboración de las fuerzas de la MINURSO, garantes del cumplimiento del alto al fuego. Esto cortó radicalmente toda posibilidad, por parte de los separatistas, de escalar en el conflicto.

Al mismo tiempo, ordenó a las fuerzas marroquíes replegarse a unos kilómetros de la línea de alto al fuego de 1991 a los efectos de evitar cualquier incidente en la zona y como respuesta a la solicitud del Secretario General. Dicha actitud comprueba una vez más el compromiso de Marruecos para el respeto de las recomendaciones y apreciaciones de la ONU de conformidad con la legalidad internacional para una solución pacifica y mutualmente aceptable a este conflicto artificial.

Resulta evidente que los separatistas polisarios se encuentran desesperados y apelan a cualquier procedimiento para intentar contrarrestar el creciente peso internacional que Marruecos, gracias a la hábil diplomacia desplegada por Mohammed VI, adquiere día a día en África.

Seguramente, los dirigentes del Polisario no se arriesgarán a reanudar el conflicto en el Sáhara -que no podrían mantener en el tiempo sin el abierto apoyo de Argelia- pero sí a generar un incidente armado lo suficientemente grave para desestabilizar la zona.

Al mismo tiempo, los separatistas intentan poner a prueba la imparcialidad e idoneidad del nuevo Secretario General de Naciones Unidas para manejar una crisis en el Sáhara. Especialmente, cuando se acerca la fecha en que anualmente se debate la renovación del mandato de la MINURSO en la región.

El aumento de las tensiones armadas en Guergarat es tan sólo otro intento -grave y preocupante- de reflotar una “causa” que, desde hace años, hace agua por los cuatro costados. Por otra parte, la madurez de la política de Marruecos deja en evidencia el carácter violento y terrorista de una organización separatista en estado de agonía.


sábado, 25 de febrero de 2017

ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD RETRASAN EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA


Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo revela que la delincuencia consume el 3,5% del PBI regional demorando el crecimiento económico de América Latina.

El Bando Interamericano de Desarrollo ha dado a conocer el revelador informe “Los costos del crimen y la violencia”, un estudio realizado sobre diecisiete países de América Latina y del Caribe.

En esta región vive el 9% de la población mundial, pero concentra un tercio de los asesinatos que se comenten en el mundo.

La criminalidad y la violencia consume el 3,5% del PBI regional, una cifra que casi duplica los costos estimados en países desarrollados como Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos.

El costo anual promedio del crimen y la violencia en los países analizados, entre 2010 y 2014, fue estimado en 216.000 millones de dólares, una cifra similar la invirtió la región en infraestructura, en igual período.

Las altas tasas de homicidios es uno de los principales factores que inciden en los altos costos sociales del delito. El costo promedio de los asesinatos representa entre 10.000 y 14.000 millones de dólares anuales.

Su incidencia se estima, principalmente, calculando los ingresos que dejan de producir tanto la víctima como el victimario, en el hipotético caso de que este sea identificado, juzgado y encarcelamiento por su delito.

Pese al creciente número de femicidios, el 90% de las víctimas de homicidios en la región siguen siendo hombres de entre los 15 y los 30 años de edad, el sector poblacional de mayor productividad laboral potencial.

El diez por ciento restante de las víctimas de homicidios son mujeres, lo que significa una tasa del 4,3 por cada 100.000 habitantes casi el doble del promedio mundial.

Los altos niveles de criminalidad, aun cuando un mínimo porcentaje de los delitos cometidos pueden redundar en condenas efectivas de cárcel, generan una creciente población carcelaria que pone en crisis a los sistemas penitenciarios de la región.

En 2014, el gasto público promedio de la región en el sistema penitenciario fue de 7.832 millones de dólares, cifra que representa el 0,2% del PBI, cerca del doble de lo gastado en 2010. Una cifra similar dejó de percibir la economía regional por la falta de trabajo de su población de reclusos.

Por otra parte, el endurecimiento de las penas, empleado por las autoridades como elemento disuasorio del delito, ha aumentado los costos sociales de la criminalidad.

Mayor cantidad de reclusos implica más gasto público, superpoblación carcelaria y, potencialmente, mayor corrupción y un incremento en el impacto económico y social sobre el entorno familiar de los reclusos, quienes en su inmensa mayoría suelen ser hombres de bajos recursos, parcialmente alfabetizados, sin capacitación laboral, pero en edad de trabajar.

Al mismo tiempo, las políticas de resocialización de los ex convictos son en muchos países inexistentes o bien ineficaces para romper el ciclo de la pobreza, marginalidad y violencia que continúa alimentando de población a las prisiones de la región.

Lamentablemente, este interesante informe del BID ha omitido considerar, entre otros factores, la resistencia de las víctimas a reportar a las autoridades los delitos. Muchas víctimas omiten denunciar los ilícitos que sufren por temor a represalias por parte de los delincuentes o porque considera que la policía no hará nada por dar con los culpables o la justicia por condenarlos.

El informe tampoco contempla la incapacidad de las autoridades políticas para recopilar información certera sobre la evolución de la criminalidad, y en algunos casos, la falta de voluntad de los gobiernos para hacer públicos estos datos.

En Argentina, por ejemplo, durante los años del kirchnerismo, el gobierno afirmaba que “la inseguridad era tan sólo una sensación” generada por los medios de comunicación al exponer reiteradamente un corto número de hechos.

Por lo tanto, el gobierno de Cristina Kirchner se negó sistemáticamente a dar a conocer datos oficiales sobre criminalidad, reincidencia de los delincuentes, costos del delito, etc.
En síntesis, puede inferirse que los datos revelados por el informe “Los costos del crimen y de la violencia” realizado por el BID, son, en la práctica, tan solo estimaciones muy conservadoras de una realidad aún más preocupante.



viernes, 24 de febrero de 2017

LA CONTRAOFENSIVA KIRCHNERISTA


Ante la ofensiva judicial, que amenaza con la cárcel por delitos de corrupción, a las principales figuras del kirchnerismo, este sector lanza una contraofensiva para desestabilizar al gobierno con huelgas y movilizaciones.

CÁRCEL PARA LOS CORRUPTOS

La justicia argentina avanza, muy lenta pero inexorablemente, en la condena a los principales dirigentes del régimen kirchnerista.

Recientemente la justicia dispuso la prisión preventiva para el general César Milani acusado desde hace años por haber participado de la detención ilegal de dos personas y la desaparición forzada de un tercero durante los años de la dictadura militar. Además, enfrenta otro proceso por “enriquecimiento ilícito”.

El kirchnerismo hizo del falso progresismo y la persecución a los militares por delitos de lesa humanidad, cometidos en la década de los años setenta, sus principales banderas. Sin embargo, Cristina Kirchner no dudó en promover a Milani, un oficial del Ejército especializado en tareas de inteligencia, a la más alta jerarquía.

No sólo lo promovió a teniente general, sino que lo nombró, primero jefe de la inteligencia militar, y luego Jefe del Estado Mayor del Ejército, en 2013.

La entonces presidente Cristina Kirchner fue indiferente, durante años, a las reiteradas acusaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos contra Milani. El apoyo de la presidente al militar cuestionado se debía a que este la abastecía de información sobre la oposición. La misma provenía de una estructura ilegal de inteligencia paralela, aun cuando la Ley de Defensa Nacional veda a los militares realizar tareas de inteligencia interior.

Hoy diversos protagonistas de los años de la “fiesta de corrupción kirchnerista” están encarcelados. Además de Milani, se encuentra detenido el ex empleado bancario devenido en empresario, Lázaro Báez.

Durante los años del gobierno kirchnerista, la fortuna del empresario patagónico creció exponencialmente gracias a los contratos para la construcción de obras públicas adjudicadas por sus amigos y socios Néstor y Cristina.

La relación entre Báez y el matrimonio Kirchner era tan íntima que el empresario pagó la monumental bóveda donde hoy descansan los restos del ex presidente Néstor Kirchner.
La justicia ha dispuesto la prisión preventiva de Báez mientras lo investiga, a él y a sus hijos, por enriquecimiento ilícito.

También se encuentra en prisión preventiva el ex secretario de Obras Públicas del ministerio de Planeamiento a cargo del arquitecto Julio De Vido, y diputado electo del Parlasur, José López. El caso de López tomo celebridad después de que fuera sorprendido tratando de ocultar valijas conteniendo 8.982.000 dólares en el monasterio de Nuestra Señora de Fátima, en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. La justicia lo ha procesado por enriquecimiento ilícito.

El juez Gastón Mercau, de la provincia de Jujuy, por su parte, ha dispuesto la prisión preventiva de la dirigente indigenista Milagro Sala acusada de "asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión", por la malversación de 29 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) destinados a la construcción de viviendas sociales.

En los primeros días de marzo deberán concurrir a los tribunales federales de Buenos Aires para brindar testimonio la ex presidente Cristina Kirchner, su hijo el diputado nacional Máximo Kirchner y su hija Florencia para rendir cuentas de la realización de maniobras financieras poco claras con la empresa familiar, la inmobiliaria “Los Sauces S. A.”.

Luego llegará el turno, entre otros, del ex ministro de Planeamiento y actual diputado nacional, Julio De Vido, el dirigente social devenido en empresario, Luis D´Elia, involucrado en la negociación del “Memorándum de Entendimiento Argentina – Irán”, firmado en 2013, para el esclarecimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. En esa misma causa, también deberá prestar testimonio el dirigente del grupo radicalizado autodenominado Movimiento Nacionalista Revolucionario Quebracho, Fernando Esteche.

La titular de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, deberá responder ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa por defraudación al Estado en la construcción de viviendas sociales en la empresa “Sueños Compartidos”.

Durante los años de Cristina Kirchner, estas causas estuvieron prácticamente paralizadas por todo tipo de presiones y amenazas provenientes del Poder Ejecutivo. Actualmente, la justicia actúa con independencia y los procesos judiciales avanzan con mayor celeridad.

El kirchnerismo se victimiza y atribuye los problemas judiciales que enfrentan sus principales dirigentes a una persecución política impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.

Es por ello que muchos kirchneristas han expresado su deseo de que Macri no termine su período presidencial. Su odio a quien piensa distinto supera a su amor por la democracia y su respeto por el orden constitucional.

A este juego antidemocrático el kirchnerismo intenta arrastrar al peronismo y a los sindicatos.

El kirchnerismo no es peronismo. Esto es muy claro para destacados dirigentes peronistas como Juan Manuel De la Sota, Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey o dirigentes sindicales como Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Momo Benegas.

No obstante, algunos de ellos han compartido con el kirchnerismo doce años de gobierno. Muchos dirigentes peronistas temen que el desprestigio y la condena social por los hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo termine por contaminarlos con una imagen de corrupción descarada, autoritarismo e ineficacia, alejando toda posibilidad de un retorno peronista al poder en 2019.

Por lo tanto, el peronismo protege a los dirigentes kirchneristas acusados por corrupción en defensa propia y necesidad de supervivencia política.

Mientras tanto, el gobierno macrista tampoco hace mucho para legitimar, a través de la gestión, la legalidad adquirida en las urnas.

Tratando de separar a los peronistas de los kirchneristas, no explicitaron adecuadamente la totalidad de la calamitosa situación heredada y la responsabilidad del peronismo en muchos de los excesos cometidos por el matrimonio Kirchner.

Por otra parte, corregir doce años de populismo lleva su tiempo. Hacer competitiva la economía argentina a nivel internacional demanda corregir tarifas artificiales, el desborde de los subsidios, el exceso de impuestos, los altos costos laborales, la industria del juicio, etc.

No es una tares sencilla. Aun tomando todas las medidas acertadas -y este no precisamente el caso- las buenas noticias demorarán en llegar, mientras tanto la inflación seguirá en niveles alarmantes, el poder adquisitivo de los salarios cayendo y la desocupación en un alto nivel. Las buenas noticias, los “brotes verdes” de que habla el macrismo tardarán en llegar.

Además, las condiciones externas -en especial la recesión en Brasil- tampoco favorecen la rápida recuperación de la economía argentina.

UN GOBIERNO CON MUCHOS ERRORES

En lo político, el gobierno también parece cometer más errores que aciertos. Comenzó tratando de imponer el nombramiento de dos jueces en la Corte Suprema sin consultar a la oposición, cuando podía haber logrado el mismo resultado, y sin cuestionamientos, negociando con el peronismo, tal como finalmente hizo.

La costumbre de tomar decisiones inconsultas y luego abandonarlas o modificarlas sustancialmente se hizo costumbre en el gobierno. Este fue un error tan frecuente como el abrir temas sin estar seguro del resultado a obtener.

Así procedió en la reforma al impuesto a los ingresos a las ganancias que se ha convertido en un “impuesto al trabajo”. Pero el colmo, en un año electoral y de gran conflictividad social, fue activar un conflicto latente, la quiebra y re-estatización del “Correo Argentino”.

Este tema implica un claro e inevitable conflicto de intereses entre el presidente Mauricio Macri, la familia Macri y el Estado Nacional. El tema era una “bomba de tiempo” y el gobierno lo detonó de la peor forma y en el peor momento.

No es culpa de la oposición de que el gobierno cometa frecuentemente errores, tampoco se la puede culpar por buscar réditos políticos. Pero, una cosa es el natural juego entre gobierno y oposición y otra cosa es una campaña de desestabilización.

LA CONTRAOFENSIVA

Porque el kirchnerismo está llevando a cabo una campaña de desestabilización, agitando el ambiente con reiteradas marchas piqueteras cortando las principales avenidas del centro de la ciudad de Buenos Aires, pedidos de juicio políticos contra el presidente, impulsando la conflictividad laboral en aquellos gremios -como los docentes y los pilotos de las aerolíneas- donde ejercen la conducción y amenazando con un paro nacional contra el gobierno.

La semana del 6 al 10 de marzo será especialmente delicada para el presidente Macri. El 6 y 7 de marzo los docentes de todo el país llevaran a cabo un paro impidiendo el inicio de las clases primarias.

El 7 de marzo, la CGT y el peronismo convocan a un cese de actividades por la tarde seguida de una marcha al centro porteño. Ese mismo día, Cristina Kirchner debe concurrir a los tribunales para declarar por la causa de “Los Sauces”. Sus partidarios convocan a una concentración en apoyo de la ex presidente acusada de corrupción frente al juzgado.

Para horror de los organizadores -tanto sindicalistas como políticos-, Cristina Kirchner ha convocado también a sus partidarios para que asistan a la marcha opositora.

Mientras tanto, los medios de prensa en manos del kirchnerismo multiplican sus ataques mediáticos contra el gobierno. Los “periodistas militantes” del kirchnerismo difunden todo tipo de “verdades alternativas”, es decir, mentiras, sobre el gobierno y sus funcionarios. 

Entre ellas falsas estadísticas de inflación, sobre la popularidad del presidente, sobre el índice de desocupación o explotando al máximo los errores del gobierno, como el tema del Correo Argentino.

No se trata de acciones aisladas o de actitudes independientes de un sector de la sociedad sino de una verdadera “contraofensiva” opositora para presionar al gobierno e impulsarlo a intervenir ante la justicia para que se paralicen las causas y que ningún otro dirigente kirchnerista termine encarcelando.

En esta verdadera pulseada entre el gobierno y el kirchnerismo está en juego la gobernabilidad del país y la plena vigencia de las instituciones. En este sentido, resulta difícil para muchos permanecer indiferente.



miércoles, 22 de febrero de 2017

ECUADOR SE ENCAMINA A UNA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL LLENA DE TENSIONES


Finalmente se cumplieron las predicciones, en Ecuador la presidencia se resolverá en una segunda ronda electoral signada por el fantasma del fraude.

LAS PRIMERAS HORAS

Si bien la emisión del voto, en los comicios presidenciales del pasado domingo en Ecuador, se desarrolló con normalidad el panorama se complicó en el recuento de votos y en la comunicación de los resultados.

Los comicios cerraron a las 17.00 horas de Ecuador, inmediatamente, tal como suele ocurrir en todas las elecciones en América Latina, los candidatos presuntamente más votados hablaron ante la prensa declarándose vencedores en función de encuestas realizadas a “boca de urna”.

Las encuestas a “boca de urna” recogen datos de los electores que acaban de emitir su voto y manifiestan voluntariamente al encuestador por quien han votado. Este tipo de encuestas suelen ser extremadamente imprecisas y solo son útiles para crear un clima triunfalista.

El primero en hablar fue el candidato oficialista de “Frente País”, Lenin Moreno, que mostró un “boca de urna” que le asignaba un 46% de los votos, y una marcada distancia con su más cercano competidor que sólo alcanzaba el 28%, dándose por vencedor en la primera vuelta electoral y futuro presidente de Ecuador.

En respuesta el candidato opositor del “Movimiento Creo”, el empresario Guillermo Lasso, que mostró otra encuesta de boca de urna -confeccionada por una empresa distinta- que, aunque daba ganador a Moreno, le asignaba menos del 40% de los votos y por tanto hacia necesaria una segunda vuelta entre Lasso y Moreno para determinar quién sería el próximo presidente.

La tensión y la incertidumbre se mantuvo hasta que el Comité Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los primeros datos oficiales aproximadamente hacia las 21.00 horas.

Los datos oficiales confirmaban las afirmaciones del candidato opositor en el sentido de que Ecuador se encaminaba a una segunda vuelta electoral el 2 de abril.

Las cifras asignaban el 38,5% a Moreno, 28,30% para Lasso y 15,5% para la candidata socialcristiana Cynthia Viteri. A medida que se conocían datos adicionales de más urnas escrutadas la tendencia inicial se confirmaba. El candidato oficial, Moreno nunca alcanzó el 40% y el candidato opositor por su parte nunca descendió del 28%.

CRECEN LAS SOSPECHAS

Sorpresivamente, en horas de la madrugada sin que se conociera el motivo real se suspendió la publicación de los datos cuando aparentemente faltaba escrutar el 12% de las mesas electorales.

Mientras las sospechas de fraude crecían, el CNE informó que demoraría 72 horas en escrutar el 12% de las urnas restantes debido a “irregularidades” en la confección de las actas.

Esto no hizo más que disparar todas las alarmas sobre la posibilidad de que el régimen de Rafael Correa impusiera fraudulentamente a su candidato en la primera vuelta.

Los observadores internacionales por un lado reclamaban calma a los votantes y transparencia a las autoridades gubernamentales.

El candidato opositor Guillermo Lasso insistió en que había segunda vuelta y pidió a sus seguidores que se movilizaron para demandar a las autoridades que dieran a conocer la totalidad de los datos.

Mientras tanto, la candidata Cynthia Viteri que se situaba tercera con el 16% de los votos, no sólo reclamaba la segunda vuelta, sino que anunciaba que apoyaría a Guillermo Lasso en los comicios de abril.

También, el alcalde de la ciudad de Guayaquil, el socialcristiano, Jaime Nebot, advirtió el martes: “Desde hoy mismo vamos a promover una gigantesca movilización para, de ser necesario, defender la democracia en las calles.”

La tensión en las calles de las ciudades de Quito y Guayaquil se intensificó despertando la preocupación de los altos mandos del Ejército ecuatoriano.

El 20 de febrero, el Consejo de Generales del Ejército dio a conocer un comunicado diciendo: “Las Fuerzas Armadas se permiten hacer un llamado a las organizaciones del Estado a velar por el respeto estricto a la voluntad de nuestros mandantes expresada en las urnas, ya que es deber sagrado de las instituciones no desconocer la voluntad ciudadana.”

Incluso la Conferencia Episcopal Ecuatoriana consideró necesario fijar su posición en defensa de la legalidad electoral y llamó al CNE y a la ciudadanía a colaborar para que “la verdad se vea democráticamente reflejada en la tempestiva publicación de los anhelados resultados de estas importantes elecciones, donde se ha expresado la voluntad política de los ecuatorianos.”

La presión popular fue tanta que el presidente del Comité Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, se vio obligado a reconocer que: “la tendencia no podría cambiar, porque está marcada”, aunque reconoció que por el momento los resultados no son definitivos.

Finalmente, a las 13.00 horas del miércoles 22, casi a las 72 horas del cierre de los comicios, el presidente Rafael Correa se presentó en la televisión reconociendo que, aunque su partido “Frente País” había triunfado en las elecciones, el candidato Lenin Moreno no había alcanzado el 40% de los votos y era necesario realizar una segunda vuelta electoral para definir quién ocupará la presidencia.

LAS ELECCIONES DE SEGUNDA VUELTA

La demora del gobierno en reconocer los resultados reales de la elección ha reforzado las dudas preexistentes de que Correa podría apelar al fraude para imponer a su sucesor.
Es que los populismos solo ganan elecciones en épocas de prosperidad y derroche generoso de empleos públicos, subsidios y repartos de todo tipo. Las pierden, en cambio, en períodos recesivos donde cae el empleo, la actividad económica y los subsidios no alcanzan para aliviar la situación de la población. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en Ecuador.

Si a este panorama agregamos las acusaciones de corrupción por el caso Oderbercht, las persecuciones a la prensa independiente y el agotamiento del régimen después de diez años en el poder se entiende el porqué del limitado éxito del candidato Lenin Moreno.

En estos casos, los candidatos oficialistas se sitúan en una posición incómoda. Un candidato oficial carga con los errores del gobierno y no pueden presentarse como algo nuevo e incontaminado. Son más de lo mismo y sus votantes son esencialmente aquellas personas que aprueban lo hecho o se han beneficiado notoriamente con el estado de cosas existente.

Mientras que el candidato opositor, puede criticar todo, no tiene compromisos con el pasado, o con un gobierno que ha cometido errores y arrastra escándalos de corrupción. Es automáticamente el candidato del cambio y de la esperanza, juega con la ilusión del votante de una época mejor.

En las elecciones de segunda vuelta, la oposición que concurrió dividida a la primera ronda, se agrupa instantáneamente, no por decisión de sus dirigentes sino por decisión propia y autónoma del electoral. En estas elecciones el votante suele expresar su opinión de a quien no quiere en la presidencia del país. Se suele votar al candidato menos malo y no al preferido.

Las elecciones de segunda vuelta electoral suelen resolverse por escaso margen: en un 48 a 50%. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina entre el oficialista Daniel Scioli y el opositor Mauricio Macri. Scioli se impuso por 37,05% a 34,15% en la primera vuelta, pero en la segunda Macri lo derrotó por 51,4% a 48,6%.

En el caso de Ecuador, el final está abierto, el 2 de abril sabremos quién será el próximo presidente de Ecuador si el continuista Lenin Moreno o el candidato del cambio, el empresario liberal Guillermo Lasso.  


sábado, 18 de febrero de 2017

LA PESADA HERENCIA DE RAFAEL CORREA


En Ecuador otro líder populista latinoamericano abandona el poder dejando tras de sí la herencia tradicional: corrupción generalizada, la economía en retroceso y una sociedad dividida.

LA POLITICA DEL BUEN VIVIR

Después de una década de despilfarro, autoritarismo y falso progresismo la llamada “Revolución Ciudadana” del presidente Rafael Correa tiene poco a su favor para mostrar.

La economía ecuatoriana ha experimentado, los últimos dos años, un estancamiento que disparó la desocupación y deterioró el escaso poder adquisitivo de los salarios en un país dolarizado donde el 20% de los trabajadores debe arreglarse con un salario promedio de 335 dólares mensuales, que no cubre sus necesidades básicas. Mientras que el “bono de desarrollo humano”, un subsidio estatal que se brinda a los ancianos sin recursos y a los discapacitados es de solo cincuenta dólares.

El PBI de Ecuador, está en declive desde 2015, son cinco trimestres consecutivos de contracción que fueron precedidos por uno de estancamiento. Ecuador, con una economía “petrodependiente” fue afectada, tanto por el descenso de los precios internacionales del hidrocarburo como, por la incapacidad del gobierno para, tras diez años de gestión, acumular las reservas suficientes para enfrentar con éxito los períodos de crisis.

En 2016, el PBI ecuatoriano, según algunas estimaciones, se contrajo en un 2,2%. En medio de este período de “vacas flacas”, que el gobierno se empecina no llamar “crisis”, ha caído bruscamente el consumo y por ende la recaudación fiscal.

El gobierno de Correa ha respondido incrementando el IVA (del 12 al 14%) y las contribuciones solidarias -y obligatorias- que han salido de los salarios, de la rentabilidad de las empresas y de impuestos al patrimonio. La excusa ha sido la necesidad de reconstruir las provincias de Manabí y Esmeralda afectadas por un sismo, en abril de 2016, en que murieron 660 personas.

Con esas medidas de excepción, el Servicio de Rentas Internas logró recaudar  12.261 millones de dólares, entre enero y noviembre de 2016, que fueron 220 millones menos que en igual periodo de 2015. Si no se tienen en consideración a las contribuciones solidarias, la baja en la recaudación fiscal se eleva hasta los 1.300 millones, lo que pone de manifiesto la magnitud de la recesión.

La agricultura, la producción manufacturera, la actividad comercial y la construcción son los cuatro rubros más importantes de la economía ecuatoriana y representan el 43,4% de un PBI de poco más de 100.000 millones de dólares. Estos cuatro rubros han registrado fuertes descensos en el año que pasó. Hasta septiembre de 2016, sin considerar el refinamiento de petróleo, las manufacturas sumaron 266 millones de dólares menos, la construcción 953 millones, el comercio 672 y la agricultura 90 millones menos.

No obstante, el gobierno incapaz de abandonar lo que llama su “política del buen vivir” y manejarse con austeridad, gasto en 2016, 17.000 millones (otras estimaciones llevan el gasto fiscal a 24.000 millones), evitando el ajuste económico y tratando de ganar tiempo en un año electoral. Pero, cuando parecía que estaba a punto de lograr su cometido estalló el escándalo Odebrecht.

EL CAPÍTULO ECUATORIANO DE ODEBRECHT

En el tramo final de la campaña presidencial que finalizó el pasado viernes, salió a la luz el escándalo de corrupción generado por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Los directivos de la firma brasileña declararon, el pasado mes de diciembre, ante la justicia de los Estados Unidos que, entre 2007 y 2016, precisamente los años del mandato de Rafael Correa, sobornos en Ecuador por un monto de 33,5 millones de dólares.
Pero, como este hecho de corrupción no parecía suficiente para acabar con la credibilidad de Correa, aparecieron en las redes sociales vídeos con las declaraciones del prófugo ex ministro Carlos Pareja Yannuzelli, alias “Capaya”. Estos escándalos manchan principalmente al actual vicepresidente Jorge Glas, quien forma parte del binomio de candidatos oficialistas y ha sido el hombre fuerte en los sectores estratégicos del régimen de Correa.

A partir de ese momento, todas las fuerzas del oficialismo se esmeraron en limpiar la imagen de sus candidatos, principalmente la de Glas, con nulos resultados.

Las intervenciones de Correa desmintiendo a Capaya solo han aclarado que la corrupción esta enquistada dentro de las esferas más altas del poder. Y mientras más demoras pone la Fiscalía General del Estado para sacar a la luz los nombres de los funcionarios corrompidos por Odebrecht, más convencida está opinión pública de que la corrupción en endémica al gobierno de Correa.

FINAL ABIERTO

Aunque el binomio del oficialista “Frente Unidos”, que presenta a dos ex vicepresidentes de Correa como candidatos, Lenin Moreno y Jorge Glas, marcha primero en las encuestas, ninguna de ellas lo da como triunfador en la primera vuelta electoral. Para ello debería superar el 40% de los votos válidos y mantener una diferencia de al menos diez puntos con su más cercano competidos. Las predicciones asignan tan solo un 30% de las preferencias a Moreno.

En segundo término, las encuestas sitúan a los candidatos de “Compromiso Ecuador”, la fórmula conformada por el empresario Guillermo Lasso y Andrés Páez, con un cómodo 23,5% muy alejado del casi 16% asignado a la candidata social cristiana Cynthia Viteri, tercera en las preferencias.

Los analistas hablan de “un alto número de indecisos”, de un “voto oculto” que no favorecería al oficialismo y hasta de la posibilidad de fraude oficial en los comicios. Pero, lo cierto es que, si el candidato oficialista no logra imponerse en las urnas este domingo, la cuestión se resolverá en abril entre los dos candidatos más votados, posiblemente Moreno y Lasso.


Frente a esta posibilidad Lenin Moreno no tiene la mejor parte, porque el voto opositor tenderá a unificarse. En ese caso, los ecuatorianos votaran por la continuidad de la “revolución ciudadana” o por un país más serio, más previsible y más próspero.  

CON SU VISITA A GHANA, EL REY DE MARRUECOS CONFIRMA SU VOCACIÓN AFRICANA


Mohammed VI reafirma la vocación africana de Marruecos con una trascendente visita de Estado a la República de Ghana.


“Conozco África y sus culturas mejor que muchos otros. Gracias a mis múltiples viajes conozco también la realidad sobre el terreno”, afirmó en un discurso el Rey de Marruecos, Mohammed VI.

Para confirmarlo, el Rey ha desarrollado en los últimos seis meses una intensa y fructífera actividad diplomática con visitas de Estado de diversos países del continente africano.
En la agenda del monarca alauí ha estado Ruanda, Tanzania, Gabón, Senegal, Madagascar, Nigeria, Etiopía y Sudán del Sur.

Si alguno pensó que el incremento de la presencia de Mohammed VI por África tenía por objeto solo apoyar el retorno de Marruecos a la Unión Africana resulta evidente que se equivocó.

Mohammed VI había afirmado que Marruecos no volvía al organismo africano por especulación o buscando algún tipo de beneficio sino como una muestra de permanencia y vocación africana. Y lo ha demostrado claramente, después de que se concretó la incorporación del país magrebí a la Unión Africana, el rey visitó inmediatamente a Sudán del Sur y en la actualidad a la República de Ghana.

Como siempre la visita real es para llevar ayuda humanitaria y afirmar ventajosos acuerdos de cooperación bilateral con el país anfitrión.

La República de Ghana es un país anglófono del África Occidental que suele ser considerador como una de las democracias más estables del continente. En los últimos años la economía de Ghana atraviesa por una época de prosperidad con un PBI en crecimiento.

Mohammed VI arribó al país acompañado por el príncipe Moulay Ismail y una numerosa comitiva integrada por funcionarios, académicos y hombres de negocios marroquíes a los efectos de potenciar los convenios oficiales, los acuerdos comerciales y de inversión, además de otros fructíferos intercambios culturales.

En el transcurso de la visita real a la ciudad de Accra se suscribieron 25 acuerdos gubernamentales que comprenden temas como: protección de inversiones, prevención del fraude fiscal, doble imposición fiscal, apoyo para pequeños agricultores, cooperación industrial, creación de un Consejo Marroquí – Ghanés, prevención del cambio climático, financiamiento para el sector energético, turismo, etc.

Para la República de Ghana la cooperación con Marruecos es sumamente importante porque el Reino es el primero inversor africano en África Occidental y el segundo en el continente después de Sudáfrica.

En el siglo pasado, Marruecos orientaba sus intercambios comerciales especialmente hacia los países europeos. Pero desde la asunción del trono por parte de Mohammed VI, el país magrebí ha reorientado su comercio internacional en búsqueda de asociaciones con nuevos actores y la penetración en mercados en expansión para los productos marroquíes.

Así se reforzaron o desarrollaron nuevos lazos comerciales con países en expansión como la India, China o Rusia. Pero, especialmente se establecieron fuertes asociaciones y ámbitos de cooperación para el desarrollo con las naciones hermanas de África. Aún con aquellos países que no tenían una tradición de vinculación comercial o de vínculos diplomáticos fluidos con Marruecos.

En los últimos meses, el Rey ha visitado Nigeria y en esa oportunidad se concretó la firma de un acuerdo para la construcción de un estratégico gasoducto que implica una gran obra de ingeniería, una multimillonaria inversión e involucra a otros países de la región.

También las mayores empresas marroquíes, como Maroc Telecom, el banco Attijari y la Royal Air Maroc cada día tienen mayor presencia comercial en África.

En los próximos días, Mohammed VI continuará su gira por otros países africanos demostrando la creciente y sostenida preocupación de Marruecos y de su Rey por los asuntos africanos.