Las recientes
medidas implementadas rápida y enérgicamente por el presidente argentino Javier
Milei hacen pensar que las ideas de político y escritor renacentista Nicolás
Maquiavelo pueden haber inspirado su conducta.
El presidente Javier Milei es un economista teórico.
Ha leído, analizado y enseñado con pasión las ideas de los teóricos de la
Escuela Económica Austríaca como Friedrich Hayek, como Milton Friedman, Paul
Krugman entre otros. También sin duda ha leído con detenimiento las obras de
pensadores argentinos como Juan Bautista Alberdi y estudiado con el gurú
liberal Alberto Benegas Lynch (h).
No sabemos si ha hecho algo similar con los grandes
teóricos de la política. Ignoramos, por ejemplo, si ha leído “El Príncipe”
u otras obras del pensador realista florentino Nicolás Maquiavelo.
Pero, si no lo ha leído está procediendo por instinto
o reflexión tal como Maquiavelo aconseja a su Príncipe.
Maquiavelo escribió que cuando era necesario tomar
alguna medida impopular o castigar con violencia a algunos súbditos, la
decisión debía implementarse rápidamente y al principio del gobierno (lo mismo
le aconsejó el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, en 1976, al
dictador argentino Jorge R. Videla) para tener luego muchos años para hacerse
perdonar y parecer bondadoso ante el pueblo para que olvide su crueldad
inicial.
Maquiavelo también aconseja a su Príncipe que, si no
puede ser amada y temido al mismo tiempo, escoja ser temido. Porque el temor
puede infundirse y el amor no. El amor es algo que el otro otorga
voluntariamente o no lo hace. En tanto, suele ser fácil para un gobernante
hacerse temer por su pueblo. Los ejemplos abundan desde Jósiph Stalin a
Vladimir Putin.
Además, el temor suele ser un sentimiento más duradero
que el amor…
Es por eso, que Javier Milei ha decidido implementar
rápidamente y con energía las medidas estructurales que espera transformen la
crónica decadencia económica combinada con corrupción política en que
gradualmente fue ingresando la Argentina desde la posguerra.
Su primer objetivo es controlar la protesta callejera
y no ha ahorrado ni medios decisión para alcanzar este objetivo.
Sabe que al sindicalismo peronista no le sería fácil
en este momento responder a su paquete de leyes y decisiones administrativas,
que implican despidos de empleados públicos convertidos en militantes
políticos, cierre de organismo públicos inoperantes, fin de la industria de los
juicios laborales, privatización de 41 empresas públicas deficitarias,
eliminación de la denominada “pauta oficial”, los pagos del Estado para
publicidad con que se han financiado durante décadas muchos medios
periodísticos, etc.; con un paro general y un plan de lucha contra un gobierno
que no lleva ni un mes de asumido y que tiene el respaldo del 54% del
electorado.
Sin embargo, la CGT que nunca le hizo un paro general al
desastroso gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pese al
incremento galopante de la inflación y la pobreza, entre otras calamidades;
anunció el 28 de diciembre la convocatoria a un paro general con movilización para
el 24 de enero.
Milei enfrentara su primer paro general a tan solo 44
días de sumir la presidencia, todo un récord.
Aunque, la decisión de fijar la fecha de la medida de
fuerza a un mes, posiblemente tenga la intención de dar tiempo a negociaciones
que finalmente eviten la realización del paro.
Por otra parte, los feriados navideños y de fin de
año, el comienzo de la feria judicial que se prolonga hasta el 31 de enero,
sumados al inicio del período de vacaciones de verano que llega después de un
prolongado y agitado año electoral, con muchos legisladores nuevos que recién
asumen sus bancas, cuando las comisiones de las cámaras no están integradas,
conforman un conjunto de circunstancias que dificultan la reacción opositora en
el Parlamento y los ataques y debates a través de los medios informativos.
Milei y su equipo han medido muy bien el humor social.
Los argentinos están cansados de las discusiones entre políticos, sus
principales preocupaciones son la evolución de los precios y saber si
finalmente podrán tomarse unos días de vacaciones.
Así que Milei no ha intentado, por el momento, negociar.
Hasta ahora, el Estado y los sucesivos gobiernos desde
1997, han financiado a través de la administración de los “planes sociales”
a las mismas organizaciones que protestan contra ellos en las calles y los
chantajean permanentemente con movilizaciones, marchas, “acampes”[i] y violentos ataques, como
el 18 de diciembre de 2017, cuando los manifestantes de izquierda arrojaron
catorce toneladas de piedra contra la policía en una protesta contra la reforma
de la Ley de Movilidad Jubilatoria presentada por el presidente Macri, la cual
contenía una fórmula de actualización de las pensiones mucho más favorable para
el beneficiario que la aprobada posteriormente por el kirchnerismo sin ninguna
reacción de los partidos y movimientos de izquierda.
Para terminar con esa práctica antidemocrática, el
gobierno de Milei atacó el problema por dos lados.
Primero, la ministra del Capital Humano, Sandra
Pettovello eliminó la facultad que tenían los movimientos piqueteros de “dar
de baja” o suprimir a los beneficiarios de planes sociales.
Las organizaciones piqueteras confeccionaban el
listado de beneficiarios y todos los meses enviaban al ministerio de Acción
Social la nómina de “planeros” que habían cumplido “tareas sociales”
y por lo tanto estaban habilitados para cobrar el mes próximo sus beneficios.
Durante los gobiernos anteriores, las organizaciones
piqueteras, hasta ese momento enviaban al gobierno nacional la nómina de
beneficiarios que habían cumplido “tareas sociales” y por lo tanto
podían seguir percibiendo su plan.
Este mecanismo permitía que los piqueteros tenían la
capacidad de obligar a los beneficiarios a concurrir a su “movilizaciones”
o marchas bajo la amenaza de suspenderles el plan y negarles los bolsones de
alimentos gratuitos. Quienes tenían hijos debían incluso llevar a sus niños a
las marchas. La presencia de mujeres y niños en primera fila de las columnas de
manifestantes era un elemento disuasorio para que las fuerzas policiales se
abstuvieran de reprimir con gases o balas de goma ante el riesgo de provocar
heridos entre ellos.
El abuso de poder de las organizaciones piqueteras
sobre beneficiarios de los planes que administraban que, el planero que no
pudiera asistir a una movilización (debido, por ejemplo, a que había conseguido
algún trabajo no registrado o una simple “changa” (trabajo eventual e
informal de corta duración) estaba obligado a contratar a un “sustituto” que no
tuviera plan para reemplazarlos en la marcha.
También si el beneficiario realizaba algún
comportamiento que la organización consideraba un incumplimiento de sus normas
(quejándose por los repartos de la ayuda alimentaria recibida del Estado,
hablar mal de los dirigentes o de la organización, plantear cualquier asomo de
disidencia ideológica o política o simplemente pelearse con otro planero o
robar algo) recibía una “multa” en dinero que luego engrosaba los fondos
del grupo.
Los beneficiarios de planes sociales en su mayoría son
gente humilde y con poca educación que desconoce sus derechos y como
defenderlos, también hay entre ellos muchos extranjeros con residencia ilegal
que no pueden recurrir a las autoridades. Estas personas suelen habitar en
barrios carenciados, sin agua potable ni cloacas, que realizan conexiones
ilegales al tendido eléctrico (están “enganchados”) para tener luz; por
lo tanto, suelen estar totalmente indefensos frente a estos auténticos “gerentes
de la pobreza” que emplean a la ideología progresista como una excusa para
enriquecerse parasitando a los sectores más débiles e indefensos de la
sociedad.
Es por lo que el gobierno de Milei habilitó una línea
telefónica especial para recibir denuncias por abusos de todo tipo sufridos por
los planeros de parte de las organizaciones que administran su plan. En el
primer día de funcionamiento de esta línea se registraron en el primer día más
de 4.500 denuncias, posteriormente las denuncias superaron los 10.000 casos.
Segundo: sabiendo que las medidas económicas que está
aplicando se prestan especialmente para que el humor social se torne más
conflictivo y que las organizaciones de izquierda y el sindicalismo peronistas
motoricen un “plan de lucha” y diversas acciones dentro de lo que
denominan “la resistencia” a las políticas liberales, ha implementado
por la Resolución 943/2023, del ministerio de Seguridad un protocolo para el
mantenimiento del orden público destinado a “evitar los cortes de la
circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y manifestaciones
callejeras, resguardando derechos protegidos por las normas constitucionales,
al habilitar que las expresiones de protestas se realicen sobre las veredas.”
Las previsiones de este protocolo pueden resumirse de
la siguiente forma:
- Las cuatro
fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir
frente a cortes, piquetes o bloqueos totales o parciales de acuerdo con
los códigos vigentes: si hay un delito en flagrancia, podrán
intervenir de manera inmediata. “Toda persona que esté en la vereda no
va a tener problemas, no queremos cortes de calles y de rutas”, dijo
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
- La Policía
Federal Argentina, Policía de Seguridad Argentina, Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal actuarán en
las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales lo
hagan en su zona de competencia. Tampoco se permitirá en las protestas que
se hagan en estaciones de trenes ni se permitirán “palos, caras tapadas
o formas para no ser reconocidos”.
- Habrá
excepciones a la aplicación del protocolo vinculada a eventos
religiosos, sociales o deportivos que
deberán pedir permiso a la autoridad jurisdiccional competente.
- Serán identificados los
autores, partícipes, cómplices o instigadores que participen de marchas y
piquetes y sus datos se enviarán a la autoridad competente. Lo mismo con
los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o no tengan la
documentación.
- Además,
se creará un registro de las organizaciones y sus líderes con
la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así
corresponda legalmente.
- La
información será comunicada también a cargo de la protección de los
menores cuando se comprobare que se ha llevado a niños, niñas o
adolescentes a la concentración.
- Se le
dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. “Algo que
sucede es la quema de cubiertas, que genera una situación dañina al
ambiente y a la gente”, subrayó Patricia Bullrich.
Los efectivos emplearán la mínima
fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la
presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en
proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre
con empleo de armas no letales.
En respuesta a estas medidas, los
movimientos piqueteros, encabezados por el trotskista Partido Obrero,
intentaron conmemorar el golpe de Estado del 19 y 20 de diciembre de 2001, que
forzó a renuncia del presidente constitucional del Dr. Fernando de la Rúa, al
costo de 39 vidas de manifestantes.
Este acto, era una demostración de
fuerza de la izquierda combativa que en acontecimientos similares movilizaba a
unas 45.000 personas, bloqueando las calles y avenidas del microcentro porteño.
El gobierno no se dejó intimidar, movilizó
a las cuatro fuerzas federales y con el aporte de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires, montó un gran operativo de control forzando a los manifestantes a
circular por las veredas sin cortar el tránsito. Solo unos ocho mil
manifestantes, en su totalidad militantes de las distintas organizaciones
convocantes, lograron llegar a la Plaza de Mayo donde leyeron un manifiesto y
se desconcentraron rápidamente y en orden.
No obstante, la policía detuvo a
tres personas que portaban objetos punzantes. Además, el gobierno les cobró a
las organizaciones participantes el costo del operativo de seguridad: sesenta
millones de pesos.
Lo mismo ocurrió con una marcha de
protesta organizada una semana después por la central sindical CGT, con la
excusa de entregar un amparo, contra las medidas implementadas por el Decreto
de Necesidad y Urgencia (DNU) por el presidente Milei, en el edificio de
Tribunales en el microcentro porteño.
El gobierno obligó a los
sindicalistas a solicitar autorización previa (tal como marca la ley), circular
por las veredas sin interrumpir el tránsito y contratar un seguro de caución
por diez millones de pesos en previsión de posibles daños a la propiedad
pública y privada.
Terminado el acto, un pequeño grupo
de manifestantes de izquierda realizó desmanes. Inmediatamente las fuerzas policiales
reprimieron los incidentes empleando gases lacrimógenos y proyectiles
antidisturbios. Siete manifestantes fueron detenidos y procesados
judicialmente.
El gobierno retuvo el seguro de
caución para compensar los costos del operativo, los gastos para la limpieza de
la plaza y el lucro cesante de los comerciantes de la zona donde tuvo lugar el
acto.
Al menos por el momento, se han
terminado los veinte años de piquetes y protestas en las calles del centro de
la ciudad de Buenos Aires. Pero, todavía es muy pronto para cantar victoria.
El núcleo central del plan de
reformas que pretende implementar Javier Milei se encuentra comprendido en las
83 fojas del DNU, del 20 de diciembre, y en las 180 fojas de la Ley de Bases y
Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el 27 de diciembre.
Como el lector comprenderá resulta
imposible tratar o incluso resumir los 664 artículos con 1.050 previsiones
distintas, que constituyen una maraña de cuestiones muy amplias y diversas. Por
lo tanto, nos limitaremos en esta ocasión a tratar algunos aspectos de la
legislación electoral, que de ser aprobados constituirán un importante avance hacia
una auténtica democratización del sistema político argentino y un muy
significativo recorte del gasto público.
La transformación más esencial
implica el reemplazo de las “listas completas de candidatos a diputados”
(listas sabanas) y reparto proporcional de bancas, por un régimen de
circunscripción uninominal en la que cada elector según su lugar de residencia
oficial votaría para elegir a un único candidato a diputado que también debería
residir en esa circunscripción.
Este régimen electoral uninominal
fue anteriormente aplicado por la Ley 4.161 sancionada el 29 de diciembre de
1902, durante la presidencia de Julio A. Roca. Esa ley permitió que en 1904
fuera elegido el primer diputado socialista de América, el Dr. Alfredo L.
Palacios.
La ley de voto uninominal fue
derogada en 1904 y restablecida en 1951, durante la presidencia de Juan D.
Perón y nuevamente derogada por el gobierno de facto de la Revolución
Libertadora, en 1957.
La aplicación del régimen de
candidatura uninominal reduciría las bancas de diputados en tres miembros y
modificaría sustancialmente la distribución de la representación en la Cámara
de Diputados en favor de las provincias más pobladas al tiempo que reduciría la
cantidad de diputados de las provincias menos pobladas porque también eliminará
el mínimo de cinco diputados por provincia.
De aplicarse esta reforma, al
efectuarse las elecciones legislativas de medio termino de 2025, se llevaría a
cabo una auténtica revolución política.
No solo porque modificará el peso
político de las provincias en la Cámara de Diputados y en la sanción de leyes
claves como la de presupuesto y creación de nuevos impuestos, sino porque implementará
una profunda renovación de los elencos políticos.
Algunos legisladores han conservado
durante décadas sus bancas, presentando candidaturas en medio de las “listas
sabanas” y cambiando de partido o coalición electoral en cada votación.
Se trata de figuras poco o nada
conocidas por el electorado, cuando no se trata de individuos con muy mala
imagen entre los votantes y la opinión pública en general.
Cuesta, por ejemplo, imaginar a Máximo
Kirchner triunfando en una circunscripción determinada de la provincia de
Buenos Aires o de Santa Cruz. Un personaje que tiene un alto personaje de
desaprobación y que llegó a diputado en el cuarto lugar de la lista de candidatos
de Unidos por la Patria, debido a la portación de apellido y el expreso apoyo
de su madre Cristina Kirchner.
Esta reforma también termina con
los diputados de origen sindical. Desde 1946, el sindicalismo peronista
convertía a sus dirigentes en legisladores presionando al partido para que los
incluyeran en las listas sábanas de candidatos. Ahora, los sindicalistas
deberán competir en algún distrito electoral en forma individual si aspiran a
ser legisladores nacionales.
Incluso en válido preguntarse: ¿Cuántos
de los diputados de La Cámpora renovarían sus bancas en una votación uninominal
donde el apoyo de Cristina Kirchner no contará?
También el poder de Cristina
Kirchner se licuará si ya no es ella quién decide las candidaturas a diputados
y el orden en que se ubican los postulantes dentro de las listas sábanas.
Los diputados, por otra parte, serán
más independientes de los partidos que los nominan. Los diputados dueños de sus
propios votos podrán elegir presentarse con cualquier sello partidario.
En este esquema, los partidos
vecinales adquirirán una mayor relevancia y peso electoral al poder presentar
directamente candidatos a diputados nacionales en un distrito sin necesidad de
ser un partido nacional.
La Cámara de Diputados se
democratizará al desaparecer la “disciplina del voto” que obliga a los
legisladores, incluso contra su opinión, a acatar la decisión de la mayoría de
su bloque partidario.
Esta no es la única reforma
introducida por el proyecto gubernamental, también se introduce la boleta electoral
única y de papel y la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias. Estas últimas reformas reducirán considerablemente el poder de
los “aparatos electorales” de los grandes partidos y el control de los
dirigentes y sus “acuerdos de cúpula” en la política argentina.
También estas medidas terminan con
el “negociado” de la impresión de boletas, disminuye la necesidad de
fiscales partidarios por mesa de votación. Incluso reducirá el papel de los “punteros
barriales” y su red de corruptelas e influencias en el tráfico de votos del
día de votación.
Otros aspectos de la reforma
electoral eliminan la obligatoriedad de que los candidatos presidenciales participen
de los debates, suprime el tope máximo de los aportes dinerarios por persona y
privados a cada partido en el financiamiento de las campañas, elimina las
restricciones para publicar encuestas ocho días antes de la elección. El mismo
día de los comicios podrán publicarse sondeos de opinión, modifica el reparto
de espacios gratuitos para los partidos políticos en los medios informativos,
etc.
Precisamente, debido a la sumatoria
de estos factores parece difícil que esta reforma termine por ser aprobada, la
actual “casta política” no parece muy dispuesta a cometer suicido, pero,
nunca se sabe.
Para concluir podemos especular que
el presidente Milei sabe que debe presionar para lograr aprobar el mayor número
de reformas antes que el tiempo diluya el efecto de su tan contundente victoria
electoral, la oposición se reorganice y el malestar en la población crezca
debido a la crisis inflacionaria en marcha. Para él y para el país es ahora o
nunca, Por eso presiona a los legisladores con convocar a una consulta popular
que, aunque no fuera vinculante, pondría a los legisladores frente al dilema de
votar en contra de lo que el pueblo aprobó.
Además, el gobierno tiene como
argumento que en el último año la Cámara de Diputados solo sesionó en cuatro
oportunidades y aprobó una sola ley. Para modificar la cuestionada “Ley de
Alquileres”, por ejemplo, llevó a cabo dieciséis sesiones en cuatro años
sin poder llegar a un consenso que permitiera su reforma.
La oposición se encuentra en un
serio problema: está atomizada. Juntos por el Cambio, la coalición armada en
2014, por Mauricio Macri no sobrevivió a su segunda derrota electoral
consecutiva en comicios presidenciales y al poder de cooptación del gobierno de
La Libertad Avanza.
Los legisladores de la Unión Cívica
Radical (UCR) están divididos en tres sectores: Evolución Radical, el sector
liderado por el senador Martín Lousteau, se opone a la forma y al fondo de las
reformas propuestas por Milei, otro sector duda en apoyar la propuesta del
gobierno y un tercer sector se ha integrado al oficialismo y lo apoya en el
congreso.
Dentro del peronismo existe la
misma fragmentación. El kirchnerismo duro y los legisladores de origen sindical
se oponen. Los gobernadores peronistas presionan a sus legisladores según la
dependencia que tienen del apoyo financiero y político del gobierno nacional.
Mientras que el nuevo bloque de diputados “Hacemos Coalición Federal (23
legisladores) conducido por el exgobernador cordobés Juan Schiaretti y el ex
JxC y ex peronista Miguel Pichetto negocia su apoyo al gobierno que además
cuenta con 37 legisladores propios.
Por el momento, nada esta seguro ni
terminado, pero Javier Milei posiblemente consiga aprobar la mayor parte de las
reformas que impulsa.
Lo que sí parece muy probable es
que Javier Milei también ha leído a Nicolás Maquiavelo y ha prestado atención a
sus recomendaciones.
[i] ACAMPES:
Modalidad de protesta en la cual miles de manifestantes con sus hijos
establecen campamentos en plazas o avenidas del microcentro porteño, instalando
carpas y encendiendo fuego sobre el pavimento para cocinar alimentos, dejando
todo tipo de residuos y basura y haciendo sus necesidades en el lugar.
