A VEINTE
AÑOS DE LA RENUNCIA DE FERNANDO DE LA RÚA
Por
el Dr. Adalberto C. Agozino
Se cumplen veinte
años del “corralito”, la salvaje represión y los violentos incidentes que
ensangrentaron al país provocando la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.
Veamos un recuento esos días.
LA ARGENTINA DE LA DEMOCRACIA
La Argentina es uno de los
países latinoamericanos que más ha sufrido problemas de gobernabilidad y hechos
de protesta social en las últimas décadas, en especial a partir del gobierno
del presidente Fernando de la Rúa.
En
mayo de 1989, el presidente radical Raúl R. Alfonsín debió renunciar seis meses
antes de cumplir su mandato constitucional de seis años. La renuncia de
Alfonsín fue la única forma de detener los saqueos a supermercados y comercios
en los barrios más pobres del Gran Buenos Aires, Rosario y otros centros
urbanos. Estos fueron protagonizados por
pobladores afectados por el aumento desmedido en los precios de los alimentos y
productos de primera necesidad. El índice inflacionario había registrado un
incremento del 200% ese mes. Los incidentes dejaron 14 muertos y decenas de
heridos.[i]
El
gobierno de la Unión Cívica Radical había sucedido a una prolongada dictadura
militar (1976 / 1983) signada por sus violaciones a los derechos humanos y por
la derrota en la guerra de Malvinas (1982). Alfonsín debió soportar alzamientos
militares en la Semana Santa de 1987 y en dos oportunidades durante 1988. El
verano de 1988 / 89, se inició, en Argentina, con una veda parcial en el
suministro energético a la población. Para colmo de males, el 23 de enero de
1989, un grupo terrorista con 46 hombres perteneciente al “Movimiento Todos
por la Patria”, formado por exmiembros del Partido Revolucionario de los
Trabajadores / Ejército Revolucionario del Pueblo, atacó el cuartel del Regimiento
de Infantería Mecanizada 3, sito en la localidad bonaerense de La Tablada. El
ataque terrorista se saldó con la muerte de 33 atacantes y once miembros del
Ejército (5 oficiales y suboficiales, 4 soldados conscriptos de 18 años que
cumplían con el Servicio Militar Obligatorio y 2 miembros de la Policía
Bonaerense), dos civiles muertos y 53 heridos, entre ellos 2 civiles.
Los
trece sobrevivientes enjuiciados y otros siete terroristas detenidos después
fueron enjuiciados. Los líderes del grupo Enrique Gorriarán Merlo y su esposa
Ana María Sívori fueron detenidos en México, donde se habían refugiado, y
extraditados a Argentina. Los veinte atacantes encarcelados recibieron la
conmutación de sus penas por parte del presidente Fernando de la Rúa. Sívori y
Gorriarán Merlo fueron indultados en 2003 por el presidente Eduardo Duhalde.
En el
mes de febrero la crisis económica se agudizó. Una fuerte depreciación del austral[ii] con
relación al dólar despertó un profundo malestar en bancos y empresas contra el
gobierno. En el mes de mayo, tras el triunfo del candidato peronista Carlos
Menem en las elecciones presidenciales, el gobierno radical fue incapaz de
controlar el país. Estallaron entonces, en diversas localidades del país,
múltiples saqueos e incidentes entre manifestantes y propietarios, guardias
privados de seguridad y fuerzas de policiales.
La
población argentina, tras nueve años de dictadura militar, debió ver con dolor
como el primer presidente democrático no era capaz de cumplir su mandato
constitucional.
Carlos
Saúl Menem, era hijo de inmigrantes sirios que se habían radicado a principios
del siglo XX en la provincia andina de La Rioja donde prosperaron en el
comercio y la actividad vitivinícola. Aunque se graduó de abogado en la
prestigiosa universidad argentina de Córdoba, Menem se dedicó casi con
exclusividad a la actividad política en las filas del Partido Justicialista.
Elegido
gobernador de su provincia natal en 1973, durante el tercer gobierno del
general Juan D. Perón, tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976 debió
enfrentar largos años de cárcel y destierro interior.
En los
comicios de 1983, aunque el Partido Justicialista perdió la elección nacional,
Carlos Menem fue nuevamente elegido gobernador de La Rioja. En 1987, fue
reelecto en el cargo.
Pese a
su evidente popularidad en la pequeña, despoblada y pobre provincia de La
Rioja, Carlos Menem carecía de inserción en la política argentina. La población
en general lo veía como una figura un tanto exótica aún para los parámetros
latinoamericanos. Usaba el cabello largo y grandes patillas al estilo de los
caudillos provinciales del siglo XIX. Menem era más conocido por sus escándalos
conyugales, sus amoríos con celebres artistas del espectáculo y por su pasión
por el automovilismo que por su capacidad como dirigente político.
Para
sorpresa de la mayoría de los observadores y analistas políticos, derrotó al
gobernador de la poderosa provincia de Buenos Aires, el veterano caudillo
justicialista Antonio Cafiero, en la elección interna de su partido. Después se
impuso ampliamente en la elección presidencial al candidato de la Unión Cívica
Radical, el gobernador de la provincia de Córdoba, Eduardo Angeloz, su antiguo
condiscípulo en la universidad.
Aunque
Menem tenía el típico perfil del político populista latinoamericano una vez en
el gobierno sorprendió nuevamente tanto a sus propios partidarios como a sus
opositores. Inmediatamente abandonó sus promesas electorales de implementar el “salariazo” y la “revolución
productiva”. También renunció a los principios estatistas y dirigistas que
durante décadas había sido la base ideológica del peronismo. Menem demostró ser
realista y pragmático al adherir a los principios del “Consenso de
Washington”, que por entonces era el modelo político dominante.
Menem
fue uno de los primeros presidentes latinoamericanos en percibir los futuros
efectos del fin de la guerra fría, la globalización y el predominio de los
Estados Unidos sobre el sistema internacional y operó en consecuencia.
Se
alineo con la potencia hegemónica, abrió la economía argentina, privatizó las
deficitarias empresas estatales, refinanció la deuda externa y dio al país un
período de estabilidad y crecimiento del que no había gozado en décadas.
En
1994, la prosperidad económica le permitió reformar la constitución argentina
para poder ser reelecto en 1995. Así alcanzó varios récords en la historia
argentina. Fue el presidente argentino que gobernó más tiempo seguido al país.
También fue el único presidente civil que completó dos periodos presidenciales
consecutivos. Por último, fue el primer presidente argentino que completó su
mandato presidencial desde que Juan D. Perón completó el suyo en 1952.
Pero,
el modelo menemista tenía otra cara menos feliz. Muchas de las privatizaciones
fueron realizadas con “desprolijidades” y corrupción. Se vendió a precio
vil el patrimonio de los argentinos y se entregó al control extranjero sectores
claves de la economía argentina. La industria nacional fue prácticamente
arrasada por la competencia de productos extranjeros subsidiados.
La
política exterior se convirtió en “relaciones carnales” con los Estados
Unidos. Argentina participó de la Guerra del Golfo –1991-, restableció
relaciones con el Reino Unido y reforzó sus vínculos económicos con Brasil en
el marco del MERCOSUR.
Mientras
una parte de la población vivía la “fiesta menemista”, creyendo que
ingresaba al “primer mundo”, aprovechaba el “dólar barato” para
viajar por el mundo practicando el “deme dos”, crecieron los excluidos
del sistema económico. Argentina acentuó su perfil de país exportador de
materias primas con escaso valor agregado y la desocupación se incrementó
aceleradamente.
El
Dr. Ricardo ARONSKIND nos presenta una visión
crítica de la economía durante el menemismo: “Se ha señalado al tipo de
cambio artificialmente revaluado como la causa de los enormes desequilibrios
del período, ya que estimuló fuertemente la importaciones (destruyendo la
industria local), hizo perder competitividad a las exportaciones (reduciendo el
margen de ganancia, o haciéndolas desaparecer), propició las actividades
especulativas y llevó a un enorme endeudamiento público y privado que derivó en
la incapacidad de la economía de obtener los créditos necesarios para pagar sus
compromisos externos. Pero la revaluación cambiaria no fue más que una parte
del conjunto de las políticas implementadas en ese período de fundamentalismo
neoliberal.
“Según esa visión ideológica, el Estado debía crear un “clima de
negocios” que propiciara la inversión privada. En la práctica, eso significó la
total subordinación de las políticas públicas a las necesidades y demandas de
las diversas fracciones empresarias. Sin embargo, la sumatoria de favores a
diversos intereses particulares no constituye una política productiva. Las
políticas de apertura importadora, privatización a precio vil de las empresas
públicas y la desregulación a favor de intereses privados, no tuvo otra meta
que la de otorgar rentas en condiciones privilegiadas a determinados actores
locales y extranjeros. El tipo de cambio artificialmente sostenido con endeudamiento
externo fue parte de esas medidas: favoreció la concesión de una gran masa de
créditos al país, muy útiles para los financistas internacionales y los
comisionistas locales que necesitaban colocar fondos en economías periféricas;
favoreció la importación de todo tipo de bienes de consumo, provenientes de
firmas extranjeras, lo que le proporcionó a la población la sensación
(ficticia) de progreso y de “acceso” a la modernidad; favoreció la remisión de
utilidades mucho más elevadas en dólares de las firmas extranjeras a sus casas
matrices, ya que podían obtener muchos más dólares gracias a la baratura de los
mismos debido al “1 a 1”; favoreció la ilusión de estabilidad de precios, ya
que la brutal disrupción de la producción local y la enorme masa de desempleados
que se fue acumulando a lo largo de esos años, presionó hacia la baja el
salario nominal.
El desempleo, que llegó al 18% -con un subempleo semejante- a
mediados de la década, fue un aspecto relevante del “modelo”, ya que permitía
un fuerte disciplinamiento laboral, y fue un antecedente social directo de las
jornadas de diciembre de 2001.”[iii]
Comenzaron
a surgir las organizaciones de trabajadores desocupados y jubilados
pauperizados por el congelamiento de sus pensiones, así nacieron los “piqueteros”,
identificados en primer lugar por una forma novedosa de protesta: el corte de
ruta. Lo piqueteros hicieron su aparición en 1996, en Cutral Có, en la
provincia de Neuquén, y de más contundente poco después en Tartagal y General
Mosconi en Salta.
Los
piqueteros cortaron rutas, incendiaron neumáticos, organizaron ollas populares
y reunieron además a jóvenes que nunca pudieron trabajar, a sus familiares y
amigos, dispuestos a enfrentar a pecho descubierto, con piedras y palos, a las
fuerzas de seguridad. Era la movilización de los desocupados, violenta y a la
vez reacia a cualquier tipo de acción organizada. El gobierno a veces reprimió,
otras veces negoció, entregando ayuda en alimentos y ropa, y sobre todo
contratos de empleo, los “planes trabajar”, transitorios y siempre
insuficientes; con ellos lograba un alivio momentáneo del conflicto, pero a la
vez generaba nuevos reclamos.[iv] Habían
llegado para nunca desaparecer los “planes sociales” que se
multiplicarían en los años siguientes.
No
obstante, sentir los crujidos del sistema que había creado, Carlos Menem fue
capaz de terminar su mandato en medio de escándalos de corrupción por la venta
de armas a Croacia y Ecuador. Años después muchos funcionarios de su gobierno y
el mismo deberían transitar los juzgados y aún enfrentar la cárcel para
responder a las acusaciones de corrupción, malversación de fondos públicos y
enriquecimiento ilícito.
Una
alianza de centro izquierda, entre la Unión Cívica Radical, el FREPASO y el
socialismo, logró una amplia victoria sobre el justicialismo y llevó a la
presidencia al veterano dirigente radical Fernando de la Rúa.
Fernando
De la Rúa era ciertamente un hombre de paradojas. Era, sin lugar a duda, el
político con mejores antecedentes académicos, profesionales y legislativos que
llegó al sillón de Rivadavia en el siglo XX.
Había
nacido en 1937, en la mediterránea provincia de Córdoba pero su base electoral
estaba en la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de un abogado y profesor
universitario con sólido prestigio intelectual y profesional pero su vocación
era la política. Recogía la tradición de “sabattinismo”
del radicalismo cordobés, a la vez que se asentaba a nivel nacional junto al balbinismo.
Había
cursado estudios secundarios en el Liceo Militar llegando a ser el abanderado
de su promoción. A los 21 años se recibió con honores de abogado en la
Universidad Nacional de Córdoba. Tenía vinculaciones familiares y sociales con
el ámbito castrense –su esposa pertenecía a la familia Pertiné integrada por
prestigiosos militares- pero militaba en el partido político más antiguo de la
Argentina: la Unión Cívica Radical.
Su esposa Inés Pertiné era nieta, sobrina y
hermana de militares, hombres bendecidos con cargos ministeriales,
diplomáticos, casi todos ellos en regímenes de facto. Su padre el general
Basilio Pertiné fue presidente del Círculo Militar e integró el Tribunal Honor
que despojó al general Juan D. Perón de su grado y uso de uniforme, durante la
Revolución Libertadora. Se casaron el 15 de diciembre de 1970 en la iglesia del
Pilar. Agustina,
Antonio y Fernando fueron los hijos del matrimonio.
El joven “Chupete” De la Rúa comenzó su carrera
política en 1973, cuando contra todo pronóstico derrotó al candidato
justicialista, el nacionalista Marcelo Sánchez Sorondo, -hijo de un ministro de Interior del general José Félix Uriburu, de
connotaciones fascistas-, y creador del semanario Azul y Blanco, de notable
difusión en la década del sesenta. En una disputada segunda vuelta
electoral por el cargo de senador nacional por la ciudad de Buenos Aires obtuvo el 54%, casi un
millón de votos. Fue la única victoria radical en todo el país.
De la Rúa a los 35 años,
dice Marcelo Larraquy[v], se destacaba como un
dirigente moderno entre aquellos radicales formados en la lucha contra el
peronismo, que trasegarían durante décadas en la historia del partido.
Junto a hombres de la “vieja guardia” de la Línea Nacional, como
Juan Carlos Pugliese, Carlos Perette, Antonio Tróccoli, César García Puente o
Carlos Contín, al
joven De la Rúa se lo caracterizaba como el “John Kennedy argentino”, a
favor de su indubitable proyección política.
De la Rúa no tenía la exaltación ni la
estética de aquellos jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional
aunados detrás del liderazgo de Alfonsín, pero frente a las voluntades
conservadoras –y en, muchos casos, de visible ADN antiperonista- de la Línea
Nacional era claramente una figura renovadora.
Era moderado y prudente,
lo cual significaba una antítesis para la época, pero tampoco al punto de
repudiar la ola en favor de la “liberación nacional” que acompañaba la
mayoría del pueblo argentino con el voto al peronismo.
Aún más: en la noche de su victoria de abril,
prometió que ejercería desde el Senado un control democrático, pero no
obstaculizaría los proyectos populares que llegaran del Ejecutivo.
Esto se advirtió en la madrugada del 27 de mayo de 1973: De la Rúa votó por
la liberación de los presos políticos. Había sido su
promesa de campaña y la cumplió.
Su buena estrella electoral hizo que Balbín
lo subiera a su fórmula presidencial pocos meses después, cuando debió
enfrentar a Perón y a su esposa Isabel. La de la UCR fue casi una fórmula
testimonial. La fórmula del FREJULI, Perón - Perón venció con el 62% de los votos.
Su
mandato legislativo quedó interrumpido en 1976 por el golpe de Estado. Pero, él
no fue molestado por los militares –en ese entonces tenía un cuñado almirante:
Basilio Pertiné, bien situado en el poder- y pudo desarrollar su actividad como
abogado sin ningún inconveniente e incluso cobrar su “jubilación” como
senador. Su estudio jurídico tenía clientes importantes como el Grupo Bunge & Born o el Banco de Crédito Argentino.
Muerto Balbín en 1981, emergió como referente
protagónico de la Línea Nacional, pero después de la derrota de Malvinas el
alfonsinismo fue construyendo un fenómeno político, que fue imparable no sólo
para él sino para el propio peronismo, al que derrotaría por primera vez en
elecciones libres, sin proscripciones.
De la Rúa no pudo heredar
el liderazgo de Balbín. La época no lo acompañó. Si bien había entendido y
representado los intereses tanto de la franja conservadora moderada como de
sectores de la clase media progresista, el
electorado buscaba un líder con un carácter más definido y expresivo para salir de la dictadura militar;
que pudiera demostrar firmeza tanto frente a los militares como frente al
peronismo que había desparramado la violencia interna en su precedente período
de gobierno. Y ese hombre fue Raúl Alfonsín.
El linaje militar de su familia política y
sus vínculos sociales no ayudaba a Fernando de la Rúa para un discurso más
enérgico frente a los militares que cedían el poder tras la contienda bélica.
El apellido Pertiné le había resultado una coraza para atravesar sin
sobresaltos los años del régimen de facto, pero no resultaba confiable para los
nuevos tiempos.
Las críticas de De la Rúa a los militares
habían sido moderadas, de tono bajo, casi inaudibles, frente a las violaciones
de los derechos humanos. Ser
un hombre de centro, en este caso, no lo favoreció en la apertura democrática.
Alfonsín le ganó la interna radical con
facilidad, distrito a distrito, una interna que además lo proyectó como
candidato presidencial.
La posibilidad de una fórmula Alfonsín - De la Rúa no
prosperó en las negociaciones iniciales. Cada uno construyó su propio sendero
en la historia del radicalismo, y los dos llegaron a la Presidencia, con
finales dramáticos, pero la
rivalidad histórica entre ambos, durante tres décadas, se mantendría
inalterable, afirma Marcelo Larraquy.
De la Rúa volvió al Senado
en 1983 y respetó disciplinadamente cada proyecto del Partido. Negoció, buscó acuerdos
con la oposición en designaciones de jueces y ascensos de militares, y apoyó,
no podía ser de otro modo, la ley de Punto Final y Obediencia Debida impulsada
por Raúl Alfonsín.
En un país derrumbado por la crisis de la deuda
externa y la hiperinflación, no se proyectó para una elección presidencial.
Ningún radical tendría posibilidades de triunfo en la Argentina del '89. Pero,
como todo el partido, apoyó a Eduardo Angeloz, que fue derrotado por Menem.
La alianza de la UCEDE y el PJ en el Colegio
Electoral lo privaron de continuar en el Senado en 1989, pero volvería al
Congreso como diputado dos años más tarde.
En ese momento, De la Rúa ya era titular del
Comité Capital, con un perfil bien diferenciado de la
Coordinadora radical que encabezaban hombres como Enrique “Coty”
Nosiglia, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Federico Storani o Facundo Suárez
Lastra. Tenía un electorado consolidado entre los porteños. Fue electo senador
otra vez en 1993 y luego presentó su
oposición al Pacto de Olivos, se enfrentó decididamente a Raúl Alfonsín y a la reforma constitucional que,
con la cláusula reeleccionista, permitiría otro mandato de Menem. La UCR ya
perdía terreno frente a la emergencia del FREPASO. Y De la Rúa se sumó a las
voces que reclamaron la renuncia de Alfonsín a la conducción del partido,
finalmente consumada, que inauguró un período de anarquía para la UCR.
Con la reforma
constitucional de 1994, Buenos Aires logró su autonomía como distrito federal,
y De la Rúa quedó como el candidato mejor proyectado para ganar la Ciudad. Ahora tenía que enfrentar
a una fuerza nacional progresista, consolidada como la primera oposición al
menemismo: el FREPASO, que venía avanzado con victorias consecutivas. El nuevo
hombre de los porteños era el peronista disidente Chacho Álvarez.
Pero en la batalla electoral por la Ciudad de
Buenos Aires no habría obstáculos para De la Rúa. En los comicios alcanzó el
40% de los votos emitidos, Un porcentaje suficiente para superar el 26% obtenido
por el candidato socialista del FREPASO Norberto La Porta. Fue su primer cargo Ejecutivo. Jefe
de Gobierno casi a los 60 años.
La Jefatura de Porteña se convirtió pronto en
un lugar especialmente apto para él. De la Rúa podía acompañar la ola opositora
contra el menemismo y a la vez distinguirse, pero no excluirse, del movimiento
transversal que urdían frepasistas y radicales en los orígenes de la Alianza,
cuando se presentaron por primera vez en un acuerdo en la histórica confitería porteña
de “El Molino”.
La pretensión de unir a progresistas del
peronismo y el radicalismo, más sectores de izquierda independiente, para
presentarse como una opción política alternativa y viable frente al menemismo,
no encandiló a De la Rúa.
La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mejor dicho, su jefatura de gobierno sostenía su propio capital
político. Sin embargo, cuando la unidad progresó y se consolidó como tal,
con una foto en la casa de Raúl Alfonsín, en agosto de 1997, apareció
junto a Chacho
Álvarez, Graciela Fernández Meijide y Rodolfo Terragno. Así nació la Alianza por el Trabajo,
la Justicia y la Educación. Todavía no se podía
prever cuál de los Cinco Fundadores emergería como líder de un futuro
gobierno. Los unía el
mismo enemigo: Carlos Menem.
El caudillo riojano fue reelecto en 1995, su
segunda presidencia presentaba muchos flancos abiertos. La revelación de casos de
corrupción, mafias políticas apañadas por el Estado, el crimen del fotógrafo
José Luis Cabezas y los múltiples funcionarios procesados –aún con la
protección de jueces federales- le hicieron perder credibilidad a su gobierno.
La unidad entre la UCR y
el FREPASO parecía un bloque electoral difícil de romper. La UCR ofrecía el
territorio, los caudillos, las parroquias, una maquinaria electoral aceitada.
El FREPASO ofrecía el discurso renovador, la alternativa al “hastío moral”
gestado por el menemismo, con las privatizaciones, la desocupación, y el
estancamiento económico.
La imagen de De la Rúa
estaba asentada en el contraste del exhibicionismo de la “pizza con champán”
que irradiaba el menemismo. La austeridad, la moderación y la transparencia ahora eran
cualidades valoradas. Pero antes faltaba ganar la competencia interna en la
Alianza. Y aquí el radicalismo aprovechó su despliegue territorial.
De la Rúa, que triunfó de forma sencilla
frente a Rodolfo Terragno en la interna radical, luego enfrentó a Graciela
Fernández Meijide, que venía de vencer al duhaldismo en la provincia de Buenos
Aires en 1997. Fernández Meijide era la figura política del año.
Sin embargo, pasados los meses, en noviembre
de 1998, la victoria de De la Rúa fue de tal magnitud que prefirieron abandonar
el conteo para dar imagen de “unidad” a la Alianza, y no erosionar a
Fernández Meijide, ahora proyectada para la gobernación de Buenos Aires en
1999.
En la campaña por la Presidencia, la Alianza
había logrado reunir el apoyo de una alquimia de personalidades que encontraban
en la oposición a Menem su punto de equilibrio: Patricia Bullrich, Diana Conti, Hernán
Lombardi, Torcuato Di Tella, Nilda Garré, Darío Lopérfido, Beatriz Sarlo…
marcaban el pulso, la necesidad del cambio.
Menem estiró la posibilidad de una nueva
reelección, tensó la interpretación de la Constitución Nacional y el escenario
político; sólo parecía interesado en presentar obstáculos a la fórmula de peronista
integrada por el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y el canta autor Palito
Ortega, en ese entonces gobernador de Tucumán. El peronismo, diferenciado del
menemismo, no logró conformar una propuesta electoral confiable.
La Alianza ganó sin sobresaltos. Obtuvo el 48,5% de los votos.
La fórmula mostraba a los dos vencedores de la Alianza. La autoridad de De la
Rúa y el progresismo de Chacho Álvarez,
el arquitecto de la coalición política. De la Rúa pretendía integrar
la fórmula presidencial con la moderada y dialoguista Fernández Meijide, pero
el presidente de la UCR, Raúl Alfonsín impuso al más combativo y maquiavélico
Carlos “Chacho” Álvarez, un hombre más afín a sus ideas
socialdemócratas.
Para De la Rúa significaba llegar a la cima
tras casi cuarenta años de carrera política, como senador, diputado y jefe de
gobierno. El 10 de diciembre de 1999 juró como Presidente. Había llegado su
hora. Aquel “Kennedy
argentino” de los sesenta llegaba al poder al filo del siglo XXI.
Era la promesa del cambio. La expectativa era alta, porque también el
desencanto con el menemismo lo era.
Pero la paciente carrera del candidato se convirtió pronto en impaciencia. Ya en
el verano del 2000 comenzó a advertirse que la moderación y la prudencia que había guiado su vida
política, ahora se asociaba a la indecisión, la inacción, incluso la apatía.
Como si el poder le resultara ajeno, o pesara, y lo condujera a recluirse a un
sistema de decisiones lento, cerrado a su familia y a su círculo íntimo.
Los semanarios políticos
quizá prematuramente, expresaron su queja por la forma de gestionar sus
primeros dos meses de gobierno. Con el título “Basta de siesta”, Noticias mostraba un
Photoshop de De la Rúa en pijama, durmiendo sobre una almohada, y La Primera,
con su tapa “El país paralizado”, mostraba a un Presidente también falto
de energía.
La realidad argentina era mucho más compleja
que las promesas electorales de austeridad o la pretensión marketinera de mostrar al Presidente
como un hombre común que llegaba al poder del Estado, con un
camino lineal y legítimo.
Respecto de la extraña conducta que presento
Fernando de la Rúa como presidente, Juan Bautista “Tata” Yofre aclara: “En
esos días un conocido columnista sentenció: “Los argentinos descubrieron
que detrás del respetable tribuno se encontraba un hombre inseguro, quien, por
lo tanto, desconfía de medio mundo, manejado por un curiosos entorno integrado
por muchachos que le reclaman dureza para ejercer su autoridad y familiares que
lo impulsan a ver enemigos por todas partes.”
“A este relato le faltaba un detalle poco
conocido pero importante. Quienes conocieron a De la Rúa desde sus tiempos de
senador nacional en 1973 sabían que había tenido a su lado a un secretario
privado brillante a quien el legislador escuchaba con atención.
Era Fernando Madero, el que no hubiera permitido ciertos desbordes
juveniles en su entorno. Tenía la autoridad necesaria porque era como de la
familia, pero Madero ya no estaba porque un cáncer lo había derrotado
tempranamente.
“Por su parte, con la simpleza de su estilo,
el expresidente Carlos Menem dijo: “No hay liderazgo y por más
que se enoje mi amigo De la Rúa cuando no hay liderazgo no hay gobernabilidad.”
“Era evidente que algo pasaba con la imagen
presidencial porque se prestó a un reportaje grabado con el
periodista Mariano Grondona y golpeó la mesa para demostrar su
“firmeza”. Nadie dudaba de su honorabilidad sino de su carácter y
clarividencia para enfrentar los retos del momento.”[vi]
Envuelta en un clima exasperante la Argentina
entró en diciembre de 2001 con toda una serie de problemas acumulados e
irresueltos. Daba la sensación de un país parado. Ni que hablar del cierre de
negocios en el Barrio Norte. Por algo el radicalismo había sacado tan pocos
votos en octubre.
Desde su nacimiento la Alianza era una coalición inestable
destinada al fracaso. El primer incidente se produjo en torno a la votación en
la OEA con respecto a las violaciones de derechos humanos en Cuba. Pronto fue
evidente que dentro del gobierno se libraba una sórdida puja por el poder y el
modelo a seguir.
Diez
meses más tarde, el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez renunció a su
cargo después de una controversia que involucraba a miembros de su propio
gobierno – el ministro de Trabajo, el frepasista Alberto Flamarique y el
Secretario de Inteligencia Fernando de Santibáñez- en el pago de sobornos a
senadores peronistas para que aprobaran una polémica ley laboral.
Tras
el alejamiento de Álvarez el gobierno quedó herido de muerte, la economía, que
se encontraba en recesión, se tornó incontrolable. De la Rúa se proponía
reducir el gasto público tal como le solicitaban los organismos financieros
internacionales. Para ello aumentó la presión impositiva sobre los sectores
medios y populares que conformaban su base lectoral. Al tiempo que reducía en
un 13% los sueldos de los empleados públicos y los haberes de jubilados y
pensionados. El resultado fue un acelerado incremento de la recesión que
aumento el desempleo y empobreció a extensas capas de la sociedad argentina. De
nada sirvió que el presidente abandonando sus reparos ideológicos y convocase
al economista liberal Domingo Cavallo otorgándole poderes especiales. El padre
de la convertibilidad, en tiempos de Carlos Menem, no pudo sacar al país de la
crisis económica. Sólo fue capaz de incrementar astronómicamente el
endeudamiento externo. Cuando De la Rúa asumió la presencia, la deuda externa
era de 115.000 millones de dólares, al momento de su renuncia era de 225.000
millones.[vii]
Debido
a la crisis económica y a la falta de respuestas por parte del gobierno, el
radicalismo sufrió un duro revés en las elecciones legislativas de octubre del
2001, que ganó el peronismo, pero que registraron un nivel inédito de votos en
blanco e impugnados[viii].
La imagen del
Presidente había caído al 21%, según la encuestadora de Hugo Haime y Asociados,
mientras que la de “Chacho” Álvarez, su exvicepresidente, lindaba
el 42%. En esas elecciones habían sido electos senadores
nacionales Eduardo Duhalde y Raúl Ricardo Alfonsín. El primero duplico
fácilmente al segundo que solo obtuvo 15%, lo suficiente para entrar al
Parlamento en nombre de la minoría.
Con los sufragios nacionales el Partido Justicialista obtuvo la
mayoría en la Cámara Alta y ya imaginaba presidirla luego de desplazar al misionero
y radical Mario Losada y reemplazarlo por otro misionero: Ramón
Puerta[ix]
quien quedó situado en la línea de sucesión presidencial debido a que el país
carecía de vicepresidente.
Dice Ceferino Reato: “Pero,
al finalizar la primera semana de diciembre de 2001, el ingrediente que haría
detonar ese cocktail explosivo todavía pasaba desapercibido para la mayoría de
los políticos, los empresarios y los medios: la furia que iba invadiendo a
los estratos medios porteños contra De la Rúa y Cavallo por el “corralito” en
el que habían quedado atrapados todos los depósitos bancarios, incluidos los
sueldos.
“Desde el lunes 3 de diciembre, los
depositantes solo podían sacar mil pesos/dólares por mes, 250 por
semana. Esa medida tomó por sorpresa a la gente, que se sintió
traicionada, estafada, con el “corralito”, una palabra inventada por el
periodista Antonio Laje, que, además, anticipó esa medida.
“Los números lo demuestran: en 2001, la
fuga de ahorros bancarios alcanzó a más de 15 mil millones de pesos/dólares, el
18,7 por ciento del total de depósitos. Pero, la caída fue mucho mayor en los
depósitos en pesos que en dólares, 37,3 por ciento contra 8,3 por ciento; eso
indica que los ahorristas temían mucho más a la devaluación que al bloqueo de
sus fondos.
“Por eso, la bronca de los depositantes, que
crecía a medida que tomaban nota de todas las molestias e incertidumbres que
les provocaba el inesperado “corralito”. Pertenecían a la clase media, que
nunca había imaginado que un gobierno al que consideraba propio la perjudicaría
de esa manera.
“No alcanzaba con que De la Rúa y Cavallo le
explicaran que podían pagar sus gastos con la tarjeta de débito o de crédito y
también movilizar sus depósitos dentro del sistema bancario, ni que le
aseguraran que era una medida temporaria —por noventa días— hasta que el
gobierno terminara la reestructuración de la deuda. La bronca de los
depositantes, que crecía a medida que tomaban nota de todas las molestias e
incertidumbres que les provocaba el inesperado “corralito”. Pertenecían a la
clase media, que nunca había imaginado que un gobierno al que consideraba
propio la perjudicaría de esa manera.
“Para De la Rúa y Cavallo la prioridad
era salvar a los bancos de la corrida desatada en noviembre, en especial
durante la última semana de ese mes, cuando a las declaraciones de funcionarios
del Fondo y de Estados Unidos que anticipaban una devaluación, la cesación de
pagos o medidas para restringir la devolución de dólares en los bancos, se
sumaron las versiones de que algunas entidades bancarias de primera línea se
quedaban sin liquidez.
“En total, en noviembre se fugaron 2.917
millones de pesos/dólares.
“Cavallo recuerda que los bancos más
afectados por esta nueva fuga de depósitos fueron “los que más dinero habían
prestado a los gobiernos provinciales. Entre los cuales estaban el Banco
Provincia, el Banco Nación y el Banco de Córdoba, pero también el Galicia, un
banco privado nacional. También habían prestado el Banco Francés, el Banco
Santander y el Citibank, pero de ellos no se retiraban tantos depósitos porque
se pensaba que sus casas centrales los asistirían”.
“No era que al corralito —afirma Cavallo— lo
vinieran a pedir Carlos Ruckauf, José Manuel De la Sota o
Escasany (el dueño del Galicia) porque ellos, además, no sabían cómo se
resolvían estos temas. El problema de ellos era que sus bancos se habían
quedado sin liquidez: la gente quería retirar sus dólares, pero ya no tenían
billetes para devolvérselos. Algunos dicen que tendríamos que haber cerrado los
bancos en problemas; es decir el Banco Provincia, el Banco de Córdoba, el Banco
Nación, el Galicia y algunos otros bancos privados. Ahora, si nosotros
llegábamos a cerrar todos esos bancos ¿qué le íbamos a decir a la gente? ¿Qué
perdieron los depósitos que tenían en esos bancos? Además, cuando la gente
viera que se cerraban todos estos bancos, ¿por qué no iban a pensar que se iba
a terminar cerrando a los otros bancos también? No había otra
alternativa; el corralito era absolutamente imprescindible”.
“Según el banquero que no quiere que su
nombre sea revelado, “en la corrida también hubo mucho fly to quality (vuelo a
la calidad): depósitos que salían de algunos bancos, pero quedaban en el
sistema porque se iban a los bancos extranjeros creyendo que allí estarían a
salvo porque las casas matrices garantizarían en cualquier caso la devolución
de los ahorros en el dinero en el que habían sido depositados”.
“El Galicia —añade— tenía muchos bonos
provinciales, pero no porque los había elegido sino porque había sido poco
menos que obligado a comprarlos. Su dueño, Eduardo Escassany, llegó a sospechar
que la corrida se debía a una operación nuestra, de los bancos extranjeros, y
me lo dijo. ´Me estás jodiendo: sería como pegarse un tiro en los pies´, le
contesté. Es que esa avalancha de depósitos aumentaba drásticamente nuestro
riesgo crediticio”.
“Quienes en lugar de un “vuelo a la calidad”
prefirieron retirar directamente sus dineros de los bancos fueron las AFJP —las
empresas privadas que administraban los fondos aportados por los asalariados
para sus jubilaciones— “y otros grandes depositantes”, afirma Cavallo. Empresas
y particulares que tenían mejor información y más medios para proteger sus
dólares.
“Es decir que el corralito atrapó
principalmente a los medianos y pequeños ahorristas. Perdieron, pero salieron a
las calles de la Capital y le dieron el golpe de gracia a De la Rúa y al
gobierno que habían ayudado a elegir, hacía apenas dos años y diez días, cuando
el futuro parecía seguro y próspero.”[x]
EL ESTALLIDO
El repudio de la población, frustrada por la pérdida de sus
ahorros y por la alternativa de quedarse sin dinero para las vacaciones de
verano, pronto se hizo sentir, con “cacerolazos” y marchas de protesta. Ante
el incremento de las protestas y la violencia, la
noche del 19 de diciembre, el presidente De la Rúa habló por televisión en
cadena nacional para anunciar que había impuesto por decreto el Estado
de Sitio, suspendiendo las garantías
constitucionales. Una medida claramente inconstitucional porque la Constitución
Nacional establece que la declaración del Estado de sitio es una función
exclusiva del Congreso de la Nación cuando se encuentra en período de sesiones (art.
75, inc. 29).
Ante
el agravamiento de la situación el Regimiento de Granaderos a Caballo, a cargo
de la seguridad presidencial y de la Residencia de Olivos y la Casa Rosada,
desplegó sus efectivos conforme a su rol de combate y con municiones de guerra.
Incluso situó armas automáticas pesadas en los accesos de ambas instalaciones.
Inmediatamente
después de terminado el anuncio del estado de sitio, miles de personas en todo
el país empezaron a hacer sonar cacerolas desde sus casas y muchas salieron a
las calles dando inició a lo que se conoció como “El cacerolazo”. Una
multitud se congregó pacíficamente en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada
pese a la intensa lluvia de verano exigiendo la renuncia del presidente De
la Rúa y comenzando a corear una consigna que caracterizaría al movimiento: “Qué
se vayan todos”.
El presidente que siguió los hechos a
través del canal “Todo Noticias”, del Grupo Clarín, comprendió
inmediatamente que la difusión de las protestas por los medios de comunicación
no hacía más que incrementar el efecto contagio e incitar a nuevas protestas y
saqueos. Por lo que, durante la tarde del 19 ordenó solicitar al Comité Federal
de Radiodifusión que interfiriera la señal del canal. Pro no encontró apoyo
para concretar la medida.
Se sucedieron también protestas durante la
madrugada del 20 de diciembre, frente a la casa del Ministro de Economía
Domingo Cavallo y en Plaza de Mayo, que fueron duramente reprimidas. A
pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles del centro
porteño y de otras ciudades del país se llenaron de protestas dando lugar
a la renuncia del ministro Cavallo presentada por la noche del día 19, y
aceptada a las 3 de la mañana del día siguiente. El ministro también solicitó
garantías a su seguridad personal.
En la mañana del 20 quedaban unos pocos
manifestantes entre los que se encontraban oficinistas, empleados, amas de casa
y niños; comenzaron a arribar miembros de organizaciones políticas. Entre los
integrantes de estas organizaciones políticas que marcharon a la Plaza de Mayo
se encontraban, entre otros, las Madres de Plaza de Mayo y grupos de
piqueteros pertenecientes a la agrupación Movimiento de Liberación
Quebracho y activistas de otros grupos de izquierda que potenciaron el accionar
violento de los manifestantes quemando tachos plásticos de residuos.
En el lugar también estaba presente la jueza
federal María Romilda Servini, quien intentó sin éxito frenar la represión
policial, siendo también afectada por los gases lacrimógenos lanzados por las
unidades antimotines de la Policía Federal Argentina, que tenían orden de
desalojar a los manifestantes de la Plaza de Mayo.
Esta represión, que se transmitió por todos
los canales de televisión y radio, e incluso por emisoras internacionales, en
directo durante todo el día, generó que más grupos políticos y manifestantes
ocasionales se acercaran a la Plaza. Con el correr de las horas los incidentes
fueron creciendo en intensidad y se produjeron víctimas fatales en todo el
país.
Mientras tanto, la noche del 19 de
diciembre, y tras el pedido de renuncia de Cavallo, el resto del gabinete
también puso sus renuncias a disposición del Presidente.33 El ministro del Interior, Ramón Mestre,
de quien dependía la Policía Federal, vació su despacho tras renunciar en la
mañana del día 20. Por la tarde le siguió el ministro de Justicia y hermano del
presidente, Jorge de la Rúa. En esta forma el Presidente se quedó sin la
asistencia de dos colaboradores claves para contener la crisis.
A las 16:00, De la Rúa anunciaba por cadena
nacional que no renunciaría a la presidencia e instaba a la oposición y otros
sectores a dialogar. Se presentó ante las cámaras con solo tres de sus
ministros y el vocero presidencial Juan Pablo Baylac. El pedido fracasó. En su
mensaje (que duró unos 11 minutos), ofreció al Partido Justicialista la
conformación de un gobierno bipartidista de unidad, convocó a un acuerdo para
reformar la Constitución y “efectuar todos las variantes políticas que sean
necesarias para mejorar la situación del país”.
También comunicó el desdoblamiento del
ministerio de Economía, creando el ministerio de Producción (que hubiese
integrado las áreas de industria e infraestructura) a cargo del economista
radical Nicolás Gallo y el pase a la Jefatura de Gabinete de las
secretarías de Hacienda, Finanzas e Impuestos.
A las 19:37, De la Rúa renunció luego de
que fracasaran sus intentos políticos de salvar al Gobierno. Previamente, el ministro
de Relaciones Exteriores Adalberto Rodríguez Giavarini solicitó una hoja
con membrete presidencial, donde el mandatario escribió su renuncia de puño y
letra, dirigiéndose al senador Ramón Puerta, presidente provisional del Senado.
Luego en el despacho presidencial, firmó su último decreto: 1682/2001, “para
regularizar las acciones de la Policía y enmarcarlas dentro del contexto
de conmoción interior”. También se comunicó con el jefe del bloque
de senadores radicales, Carlos Maestro, quien le comunicó que el partido
radical consideraba que su renuncia era la única salida a la crisis.
El contenido de su carta de renuncia fue el
siguiente:
20 de diciembre de 2001
Al señor presidente provisional del Honorable
Senado, ingeniero Ramón Puerta:
Me dirijo a usted para presentar mi
renuncia como Presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la
gobernabilidad y constituir un Gobierno de unidad fue rechazado por líderes
parlamentarios.
Confío que mi decisión contribuirá a la paz
social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al Honorable
Congreso que tenga a bien aceptarla.
Lo saludo con mi más alta consideración y
estima y pido a Dios por la ventura de mi Patria.
Fernando de la Rúa.
Tras ello fue en ascensor a la azotea de la
Casa Rosada aproximadamente a las 20.00 horas, para dirigirse en un helicóptero
de la VII Brigada de Morón rumbo a la Residencia Presidencial de Olivos junto
con su edecán. La opción de utilizar la vía aérea para retirarse de la Casa de
Gobierno había sido tomada durante la mañana de ese día por el jefe de la Casa
Militar debido a las manifestaciones en las calles aledañas, pese al temor de
que el uso del viejo helipuerto afectara la estructura del edificio (de hecho,
el helicóptero se mantuvo en vuelo estacionario por ese
motivo, apenas apoyando sobre el edificio).
A las 19.52 el suboficial de la Fuerza
Aérea José Luis Orazi abrió la puerta del helicóptero Sikorsky S76B. Todo
transcurrió en un minuto, según el registro oficial de vuelo. De allí en más
enfilaron hacia la Residencia Presidencial de Olivos, aunque llegaron a manejar
dos opciones más: Campo de Mayo o Uruguay, si el peligro aumentaba. El entonces
jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, puso a disposición de la
familia presidencial las guarniciones militares del país.
Ya en las últimos momentos del día 20, se
retiró de la Casa Rosada el secretario general de presidencia Nicolás Gallo
(pasadas las 20:20), quedando solo el jefe de Gabinete Chrystian Colombo quien durante
las horas siguientes, se hizo cargo de “la seguridad y la administración
mínima del Estado”.
Como la Asamblea Legislativa aún no había
considerado su renuncia, De la Rúa regresó a la Casa de Gobierno la mañana del
21 de diciembre, se reunió con el expresidente de Gobierno de España Felipe
González -quien venía a hacer lobby por la seguridad financiera de las empresas
y bancos españoles en Argentina- y firmó un decreto que derogó el Estado
de sitio.
MECANICA DE UN GOLPE BLANDO
En el
curso de la crisis, fuerzas policiales y en algunos casos civiles armados,
reprimieron la protesta popular causando en todo el país la muerte de 39
personas, entre ellas siete adolescentes entre trece y dieciocho años y siete
mujeres. Once muertes sucedieron en la provincia de Buenos Aires (Diego Ávila,
Víctor Enríquez, Julio Flores, Roberto Gramajo, Pablo Guías, Cristian Legembre,
Damián Ramírez, Mariela Rosales, Ariel Salas, José Vega y Carlos Spinelli),
diez en Santa Fe -ocho de ellos en Rosario- (Graciela Acosta, Ricardo Rodolfo
Villalba, Ricardo Villalba, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina García, Claudio
“Pocho” Lepratti, Miguel Pacini, Rubén Pereyra y Sandra Ríos) siete en
la Capital Federal (Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna,
Alberto Márquez, Gastón Marcelo Riva, Rubén Aredes y Jorge Cárdenas), tres en
Entre Ríos (Romina Iturain, Rosa Paniagua y José Rodríguez), tres en Córdoba
(Sergio Ferreira, David Moreno y Sergio Pedernera), dos en Corrientes (Ramón Arapi
y Juan Alberto Torres), una en Tucumán (Luis Fernández) y una en Río Negro
(Elvira Avaca). Los más chicos, Rosa Eloísa Paniagua y David Moreno, apenas
tenían 13 años.
La mayor represión se produjo en pleno
centro de Buenos Aires donde resultaron muertas cinco personas (Carlos Almirón,
Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Marcelo Riva),
estuvieron a punto de morir otras cuatro (Marcelo Dorado, Martín Galli, Sergio
Rubén Sánchez y Paula Simonetti) y sufrieron lesiones 227 más. Estos crímenes
fueron investigados de manera unificada, dando origen a dos juicios. En el
primero se enjuició a Jorge Varando por abuso de arma de fuego en el asesinato
de Gustavo Benedetto, siendo absuelto por prescripción de la acción penal. El segundo
juicio comenzó en 2014 en él fueron acusados 17 personas por homicidio, intento de homicidio y
lesiones, entre ellas el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov y el
entonces jefe de la Policía Federal Argentina Comisario General Rubén
Santos. El expresidente Fernando de la Rúa había sido procesado en primera
instancia, pero fue desprocesado con decisión final de la Corte Suprema, lo que
llevó al Centro de Estudios Legales y Sociales a denunciar por impunidad al
Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde
solicitó el juzgamiento de De la Rúa.
Sin
embargo, no se trató de violencia política espontánea y descontrolada. El
descontento de la población fue incrementado y encauzado en una maniobra de desestabilización
perfectamente orquestada. Así lo demuestra entre otras pruebas, la
investigación realizada por un equipo periodístico especial del diario Clarín
integrado por Alberto Amato y Lucas Guagnini[xi].
Seguidamente reproducimos algunas de las conclusiones a que arribaron los
periodistas:
Ø Los
saqueos tuvieron una llamativa coordinación. En algunos barrios se avisó desde
el día antes cuáles supermercados serían atacados y a qué hora. Tal como
denunció ante el Departamento Judicial de San Isidro, el empresario de
supermercados Alfredo Coto. El empresario informó que en el villa de La Cava se
habrían repartido volantes convocando a concurrir ante el local del
supermercado Coto de Las Lomas, luego afectado por los saqueos.
Ø Además
se anunciaron falsos repartos de comida en determinados supermercados. Una vez
reunida la gente, actuaban los agitadores y grupos operativos encargados de
forzar el acceso a los negocios. El falso reparto se transformaba en saqueo.
Ø Esa “avanzada saqueadora” estaba
integrada por individuos marginales –lumpen social y político- a quienes habitualmente se contrata para
hacer el “trabajo sucio”
de la política por dinero.
Ø Los
miembros de esos grupos cobraron por su tarea. Según la misión y el riesgo que
pudiera tener, las tarifas variaron entre 30 y 100 pesos por persona y por día.
Los saqueadores profesionales se movilizaron en camionetas y micros puestos a
su disposición para que su accionar comprendiera un radio más amplio.
Ø Cada “grupo operativo” respetó los
límites geográficos de su distrito. Este hecho revela la existencia de una
organización y planificación compleja que vinculaba a los grupos de
saqueadores.
Ø Pese a
la característica de auténtico estallido social que tuvieron los saqueos, hubo
zonas del gran Buenos Aires donde, pese a la existencia de graves “bolsones de pobreza”, se
produjeron pocos o ninguno de estos hechos.
Ø Vecinos
de Merlo, San Martín, Tigre y La Matanza manifestaron a los periodistas que
habían visto a “punteros”[xii] del
peronismo que instaban a los saqueos.
Ø Se
avisó al menos a dos canales de televisión cuáles comercios serían saqueados.
En muchos casos, las cámaras llegaron junto a los saqueadores, en otros incluso
antes.
Ø Se vio
a particulares con equipos de comunicaciones coordinando el accionar de los
saqueadores y señalando objetivos a ser asaltados.
Ø En la
mañana del 19 de diciembre, algunos funcionarios del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, que encabezaba el doctor Carlos Ruckauf, reconocieron que los
saqueos “parecen organizados”.
Ø En
algunas zonas del conurbano la actitud pasiva del personal policial frente a
los hechos de violencia y robo favoreció la multiplicación y descontrol de los
saqueos.
Ø
El concejal del partido de La Matanza y
dirigente piquetero Luis D´Elía declaro ante el juez federal Norberto Oyarbide,
que investigaba el presunto complot para derrocar al presidente Fernando De la
Rúa, lo siguiente: “Uno podía ver la
inacción de la policía o por ejemplo, cómo mientras había inacción respecto de
los comercios minoristas, los supermercados eran fuertemente protegidos. O los
coches particulares llevando informaciones falsas, creando situaciones de
enfrentamiento de pobres contra pobres”.
“(...) yo creo que efectivamente existió el accionar
de muchos punteros que operaron en esta línea, es decir sembrar el pánico”.
“Creo que a alguno de los punteros lo podríamos
identificar. Uno de ellos es el puntero del Partido Justicialista cuyo apodo es
Tucho, me paró cuando yo entraba a mi barrio y me cruzó con su coche, que creo
que era un Taunus viejo, y me dijo que del barrio Don Juan nos venían a
saquear. Él siguió a paso de hombre, pero era mentira. Él formaba parte de esta
cadena que creó el estado de pánico”.
“Había helicópteros que eran de la provincia de
Buenos Aires, la policía dejó hacer frente a los comercios minoristas pero no
frente a los supermercados”.[xiii]
Ø Cuando
los saqueos parecían estar fuera de control, la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, muchas veces con personal de uniforme y en patrulleros, desarrolló una
operación de acción psicológica. En la mayoría de los partidos del conurbano se
hizo circular el rumor de que los barrios iban a ser tomados por asalto por
vecinos de otros barrios. Era falso, pero lograron que los vecinos
permanecieran en sus hogares para defender sus pertenencias.
Ø La
mayoría de los testimonios señalan a dirigentes barriales del peronismo en el
Gran Buenos Aires. Pero, la inminencia de los estallidos sociales seguidos de
saqueos era un fuerte rumor en todo el ambiente político. Tanto que los
intendentes de la Alianza UCR – FREPASO tomaron previsiones para evitar
incidentes en sus distritos.
Ø Al
contrario de lo que ocurrió en los saqueos de 1989, en esta ocasión pudo
observarse que muchos saqueadores portaban armas de fuego.
Ø El
presidente de una cámara de comercio del conurbano proporcionó a los
periodistas el siguiente relato, que ilustra sobre el mecanismo empleado para
efectuar los saqueos: [a los
saqueadores] “Los llevaban en
camiones, en camionetas y hasta en micros. Tenían una tarifa fija: pagaron cien
pesos a primera línea. Eran los que rompían las persianas con tenazas y
barretas. Esa gente entraba y corría directo a las cajas registradoras y a las
computadoras. Pagaban setenta pesos a la segunda línea, los que entraban a
saquear las góndolas. El pago incluía todo lo que se pudieran llevar. Incluso
le pagaron menos, unos cincuenta pesos, a quienes reclamaban comida frente a
los negocios. Por esta zona operó una Trafic blanca, les daban ropa para que se cambiaran: pantalón, remera y gorrita
con visera. Los iban a buscar, los dejaban cerca del negocio a saquear y los
volvían a levantar para sacarlos de la zona. También hubo mucha gente con
handys en las esquinas, que hacían un
trabajo de inteligencia: avisaban donde no había policía, o cuando la policía
se había retirado a custodiar otro
negocio. Vos veías a los tipos del handy y, quince minutos después, llegaban a
la zona los saqueadores. No digo que en todas partes haya sido así. Pero por
aquí, sí”.[xiv]
Estos
datos prueban que los saqueos son un instrumento idóneo para crear un clima de
descontrol y violencia política suficiente para provocar la caída de un
gobierno. También prueban que los saqueos no
constituyen estallido inorgánicos de violencia social sino que son
acciones perfectamente planificadas y coordinadas por estructuras políticas –en
especial partidos políticos legales y reconocidos- destinados a desestabilizar
un gobierno y tomar el poder.
Fernando
De la Rúa terminó siendo derrocado por una alianza entre el sector más
socialdemócrata de su partido la UCR encabezado por Raúl Alfonsín y un sector
del peronismo encabezado por el exgobernador bonaerense Eduardo Duhalde.
EL
EPÍLOGO
Lamentablemente,
el alejamiento de De la Rúa no trajo estabilidad al país. Su sucesor, el
gobernador peronista de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, apoyado
por una liga de gobernadores peronistas de las provincias pequeñas del interior
del país, quién asumió el cargo con el compromiso ante la totalidad de los
gobernadores peronistas de llamar a elecciones en sesenta días.
Pero,
no llegó gobernar tanto tiempo, se mantuvo en el cargo tan sólo una semana.
Cuando el presidente provisional dejó entender que no se descalificaba como
candidato electoral en comicios a realizarse a la brevedad y además dio
muestras de afrontar la calamitosa situación económica apelado al populismo y
con escaso sentido de la realidad, perdió el apoyo de los principales caudillos
peronistas.
Víctima
de una intriga palaciega, por el momento poco clara, renunció a la presidencia
el 26 de diciembre, pero no antes de declarar el default de la deuda externa.
Inmediatamente fue reemplazado por ex gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Eduardo Duhalde. Este había sido el candidato presidencial peronista
derrotado por Fernando De la Rúa tan sólo dos años antes.
Sin
embargo, el desplazamiento de Fernando De la Rúa no trajo calma al país. El
presidente Duhalde decretó una fuerte devaluación. El peso argentino redujo su
valor considerablemente. De una relación uno a uno con el dólar, después de
unos meses se estabilizó en una paridad de tres a uno. Las protestas sociales
siguieron produciéndose a diario y el descontento de la población era tan
intenso que muchos observadores estimaban que el menor incidente podía derivar
en un estallido revolucionario de consecuencias imprevisibles.
Es así
como seis meses más tarde, le llegó el turno de acortar su mandato a un primer
mandatario peronista. El 27 de julio de 2002, Eduardo Duhalde designado por el
Congreso para completar el mandato de Fernando De la Rúa –que concluía el 10 de
diciembre de 2003- resolvió llamar a elecciones y renunciar en enero de 2003
–finalmente el traspaso de mando se efectuó el 25 de mayo de 2003-. La decisión
del presidente provisional fue tomada después de una protesta piquetera
efectuada en el puente Pueyrredón –uno de los accesos a la ciudad de Buenos
Aires-. La protesta, llevada a cabo el día anterior, derivó en un duro
enfrentamiento entre policías y manifestantes que dejó el saldo de dos
piqueteros muertos por las balas policiales.
El
presidente ofreció elecciones anticipadas y sancionó a los policías
involucrados en los hechos para detener las protestas piqueteras. Sin embargo,
las agrupaciones vinculadas con la protesta social prosiguieron sus actividades
–sin mayores incidentes con las autoridades- durante toda la gestión de Duhalde
e incluso radicalizaron su accionar durante el primer año de gestión de su
sucesor el peronista Néstor Kirchner.
El
nuevo presidente, hasta el momento de su elección era gobernador de una rica
pero escasamente poblada provincia –Santa Cruz- patagónica situada en el
extremo sur del país.
En
realidad el triunfador en los comicios fue el expresidente Carlos S. Menem
quien se impuso en la primera ronda de votación por casi el 25% de los votos
emitidos. Pensando que en la segunda ronda electoral los restantes candidatos
se unirían en su contra el anciano exmandatario desistió de intentar una tercer
reelección.
En
esta forma Néstor C. Kirchner con solo el 22,25% de los votos válidos emitidos
se convirtió en el nuevo presidente de Argentina. Aunque en ese momento pocos
lo percibieran estaba comenzando una nueva era.
[i]
AMBITO FINANCIERO: “La democracia tolera la caída de los gobiernos”.
Artículo publicado en su edición del 27/10/03. El artículo periodístico resume
un trabajo realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría.
[ii]
AUSTRAL: Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se implementó un plan económico
denominado “Plan Austral”, que cambió la denominación de la moneda
argentina, el “peso”, por la de “austral”. Años más tarde durante
la presidencia del Carlos Menem, el ministro de Economía Domingo Caballo aplicó
otro plan económico que restauró la denominación de “peso” para la
moneda argentina y estableció su paridad con el dólar estadounidense.
[iii]
ARONSKIND, Ricardo: Argentina y 10 años del “Corralito”. Universidad Nacional
de General Sarmiento - Universidad de
Buenos Aires. Consultado en https://www.unicen.edu.ar/content/las-causas-de-la-crisis-de-2001.
[iv]
ROMERO, Luis Alberto: 1916 – 2021 Breve historia contemporánea de la
Argentina. Ed. Fondo de Cultura Económica. Bs. As. 2017. P. 333
[vii]
ROSALES, Lucía: “Crisis y nuevas formas de sociabilidad en Argentina”.
Artículo publicado en http://www.inisoc.org/lucia.htm.
Iniciativa Socialista, verano de 2004. Pág. 1 a 8. Pág.4.
[viii]
VOTOS EN BLANCO E IMPUGNADOS: La legislación electoral argentina considera
“voto en blanco2 cuando dentro del sobre
de votación falta la boleta con la nómina de los candidatos. En tanto, que “voto
impugnado” es aquel en que hay más de una boleta electoral, la boleta electoral
registra inscripciones, tachaduras o está intencionalmente rota. En esa
elección se registraron todas esas anomalías. En algunos casos, los votantes
incluso colocaban dentro del sobre papeles con inscripciones obscenas o
caricaturas recortadas de la prensa.
[x]
REATO, Ceferino: Doce Noches. 2001. El fracaso de la Alianza. El golpe
peronista. El origen del kirchnerismo. Ed. Sudamericana. Bs. As. 2015. P.
143 a 145.
[xi]
AMATO, Alberto y Lucas GUAGNINI: “La
trama política de los saqueos de diciembre”. Artículo publicado en
el diario Clarín del 19 de mayo de 2002. Pág. 16 y 17.
[xii]
PUNTEROS: Denominación que en Argentina se asigna coloquialmente a los
dirigentes políticos barriales de menor nivel.
[xiii]
AMATO, Alberto y Lucas GUAGNINI: “La
trama política de los saqueos de diciembre”. Artículo publicado en
el diario Clarín del 19 de mayo de 2002. Pág. 16 y 17.
[xiv]
AMATO, Alberto y Lucas GUAGNINI: “La
trama política de los saqueos de diciembre”. Artículo publicado en
el diario Clarín del 19 de mayo de 2002. Pág. 16 y 17.
