martes, 31 de octubre de 2017

LA TRAMA RUSA PROVOCA LAS PRIMERAS BAJAS




La investigación de la llamada “trama rusa” entro esta semana en una nueva fase con la imputación y detención de las primeras personas ligadas al equipo de campaña de Donald Trump.

LA TRAMA RUSA

La “trama rusa” no da respiro al presidente Donald Trump. Cuando el tema parece morir se conoce una nueva revelación que reanima la polémica y mantiene al presidente bajo sospecha.

La “trama rusa” es la denominación que da la prensa de los Estados Unidos a la investigación que realiza el FBI, cuatro comités del Congreso y también fiscal especial, el ex director del FBI, Robert Mueller, para establecer su hubo complicidad entre el gobierno ruso y los miembros del equipo de campaña de Donald Trump para alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2016.

Durante la presidencia de Barack Obama, el gobierno estadounidense acusó a Rusia de robar correos electrónicos del servidor del Partido Demócrata que luego distribuyó WikiLeaks en la antesala de las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre con el objetivo de favorecer a la candidatura de Trump.

El propio presidente ruso, Vladimir Putin, dejó abierta esta posibilidad en una rueda de prensa en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el pasado 1 de junio. “Si los hackers son patrióticos, empiezan a hacer su propia contribución a lo que creen es la buena lucha contra los que hablan mal de Rusia”, dijo Putin.

Aunque aclaró: “A nivel estatal no nos dedicamos a esto (el pirateo informático) y no pensamos dedicarnos, al contrario, intentamos luchar (contra ello) en el interior del país”, dijo el presidente ruso. “En cualquier caso”, concluyó, “estoy convencido de que ningún hacker puede influir en una campaña electoral en ningún país de Europa, donde sea, en Asia y en América”.

Estas ambiguas declaraciones no hicieron más que alentar las especulaciones sobre la complicidad de los rusos en el triunfo de Trump.

LOS PRIMEROS DETENIDOS

La investigación de la trama rusa ingresó este lunes en el terreno de las acusaciones formales señalando a quien fuera uno de los máximos responsables del equipo de campaña, en 2016, del hoy presidente Donald Trump, Paul Manafort.

Manafort se presentó ante el FBI junto a su socio, Rick Gates, para responder por una docena de delitos que incluyen la conspiración contra Estados Unidos (por ocultar sus actividades y sus ingresos) y el lavado de dinero. Los cargos no se refieren a la campaña electoral, sino que se centran en la asesoría a un político ucraniano afín a Putin.

En cambio, la confesión de otro asesor de Trump, George Papadopoulos, sí abona las sospechas de connivencia: admitió contactos con un profesor ruso, en abril de 2016, que afirmaba poseer vínculos con el Kremlin que le prometía información sobre actos ilícitos realizados por Hillary Clinton y se declaró culpable de haber mentido al respecto.

No ha quedado claro en la información que transcendió, si Papadopoulos obtuvo algún tipo de información sobre Clinton y quienes del equipo de campaña de Trump conocían de sus contactos y si fue autorizado para mantenerlos.

Papadopoulus, que fue miembro del equipo de política exterior de la campaña, es la primera persona en enfrentar cargos criminales que mencionan vinculaciones entre miembros del entorno de Trump e intermediarios rusos en 2016.

En tanto, que un jurado indagatorio aprobó la acusación por los presuntos delitos contra Manafort y su socio el viernes, en el marco de la investigación que desde el pasado mes de mayo dirige un fiscal especial, Robert Mueller.

Las investigaciones de Mueller no se centran en si Moscú quiso interferir en las elecciones estadounidenses —algo que las agencias de inteligencia de EE. UU. y el FBI ya dan por probado— ni en si esta presunta operación rusa tuvo algún efecto en los resultados electorales —materia de debate para politólogos y sociólogos—, sino si entre el Kremlin y la campaña de Trump hubo algún tipo de colaboración para favorecer la derrota de la candidata demócrata Hillary Clinton.

Los contactos clandestinos entre funcionarios de la Administración Trump y diplomáticos, lobistas y otros personajes vinculados al presidente Putin han alimentado las sospechas y multiplicado las líneas de investigación, pero hasta este lunes no se había producido ninguna imputación formal.

Según el documento de la acusación, entre al menos 2006 y 2015, el abogado Manafort, un conocido lobista en Washington estuvo actuando junto a su socio como agente del Gobierno de Ucrania y del partido de Víctor Yanukovych sin haberlo registrado legalmente. Esta actividad, irregular, le generó decenas de millones de dólares que ocultó a las autoridades a través de un entramado de cuentas y sociedades. En concreto, más de 75 millones se desviaron a cuentas opacas en el extranjero y Manafort blanqueó hasta 18 para comprar una casa y otros bienes y servicios.

Los presuntos delitos que se le achacan engloban la conspiración contra Estados Unidos, falso testimonio, lavado de dinero, entre otros. Ambos se declararon no culpables en su comparecencia ante el juez esta tarde, pero quedan bajo arresto domiciliario. Las fianzas se han fijado en doce millones para Manafort y cinco para Gates.

Los tres imputados han quedado, por el momento, detenidos en cumplimiento de arresto domiciliario. Gates, quien enfrenta cargos que podrían originar una condena de hasta ochenta años de cárcel,  ha debido dejar una caución de diez millones de dólares y Gates de cinco millones como garantía de que no huirán.

La actuación descrita comenzó una década antes de la campaña estadounidense y no está relacionada con la labor de asesoría de Manafort a Donald Trump, pero es un problema grave para el presidente, ya que sitúa a un hombre clave de su equipo electoral -que conoce muchos de los secretos de campaña- en el centro de múltiples delitos relacionados con una persona afín a Vladímir Putin, convirtiéndole en alguien vulnerable a presiones o chantajes.

Las sospechas sobre los vínculos de Manafort con Moscú fueron precisamente lo que le llevó a renunciar a su cargo de jefe de campaña del republicano en agosto de 2016, tres meses antes de las elecciones.

El presidente Trump reaccionó antes las detenciones de sus ex colaboradores negando toda vinculación con las imputaciones que se les formulan.

Pero lo amplio de los cargos apunta a que la investigación del fiscal especial Mueller va para largo y que las cosas se pueden complicar más para el presidente, no solo porque el problema de la sombra rusa sobre su presidencia se prolonga, sino porque puede dar lugar a otras acusaciones que sí le afecten de forma más directa.

Aunque no se ha hallado ninguna prueba concrete que vincule directamente al presidente estadounidense con los rusos son muchos los miembros de su entorno más cercano que aparecen involucrados en extraños contactos con agentes del Kremlin.

OTRO ESCÁNDALO

Anteriormente, la opinión pública estadounidense se conmocionó con la revelación de que, el 9 de junio de 2016, el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr. y su yerno, Jared Kushner, se reunieron en la Torre Trump con una conocida lobista pro rusa, la bogada Natalia Veselnitskaya, con sólidos vínculos con el Kremlin.

El propósito de la reunión era la promesa de Veselnitskaya de suministrar información sensible contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Aunque, según Trump Jr. y Kushner la abogada rusa finalmente no fue capaz de suministrar la información que prometía.

El hecho por sí solo no reviste mayor importancia. Pero visto en su conjunto agrega un nuevo nombre a la lista de personas cercanas al presidente que mantuvieron extraños contactos con los rusos.

Esa lista incluye al efímero Asesor de Seguridad Nacional, el Teniente General Michael Flynn, el Fiscal General Jeff Sessions, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, el asesor y yerno presidencial Jared Kushner y ahora el hijo mayor Donald Trump Jr., un hombre clave en el esquema familiar del presidente y que junto a su hermano Eric, es el gestor de los negocios familiares.

Tantas personas y tan cercanas al presidente vinculadas al Kremlin despiertan justificadas sospechas.

Al mismo tiempo, la conducta del presidente Donald Trump tampoco permite terminar con las suspicacias.

Nunca ha hablado en duros términos sobre el presidente Vladimir Putin. Se reúne con funcionarios rusos de alto nivel, permite el acceso a los medios de prensa extranjeros y restringe al mismo tiempo la presidencia de periodistas estadounidenses. Programa una reunión con el presidente Vladimir Putin, en el marco de la Cumbre del G-20, con una duración prevista de treinta minutos y la prolonga por dos horas, quince minutos.

Se fotografía sonriente con Putin, marcando un claro contraste con las fotografías tomadas después de la reunión con su aliada, la primera ministro alemana Ángela Merkel, en donde exhibe un claro fastidio.

Por el momento, el escándalo en torno a la llamada “trama rusa” seguirá erosionando a la Administración Trump y alentando las sospechas de que el tema termine por derivar en un juicio político contra el presidente.


sábado, 28 de octubre de 2017

FINALMENTE OCURRIÓ LO PEOR


La crisis de Cataluña derivo en una declaración unilateral de independencia por parte del gobierno catalán y en la consiguiente intervención de la Autonomía por parte del gobierno español de Mariano Rajoy. El futuro oscila entre la desobediencia civil y un pronto llamado a elecciones regionales.

LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Pese a la insistencia de los optimistas que aseguraban que finalmente “no pasaría nada” y que los catalanes no estaban locos para separarse de España, finalmente si pasó.

Ante las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución española que permite intervenir a cualquier gobierno autonómico que atente contra el orden constitucional, el jefe del Govern, Carles Puigdemont, con el apoyo de los partidos de izquierda y anticapitalistas Junts Pel Sí y las CUP votaron en el Parlament la declaración de independencia de Cataluña.

De la votación tomaron parte los 83 diputados pertenecientes a Junts Pel Sí, las CUP, Sí Que Es Pot y el diputado Germá Gordó, los diputados que integran el Partido Popular de Cataluña, el Partido Socialista Catalán y Ciudadanos se retiraron del recinto para no tomar parte en la votación.

La votación se efectúo en secreto y mediante el empleo de una urna para evitar responsabilidades legales a los diputados por el acto de sedición. La declaración de independencia se aprobó por 70 votos a favor, 10 en contra, 2 en blanco y una abstención.

La declaración aprobada dice: “Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.”

Cuarenta y cinco minutos después el Senado de España aprobó la autorización al Gobierno central, con 214 votos a favor del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición Canaria, frente a 47 votos en contra de Unidos Podemos, ERC, PdeCat, PNV, EH Bildu y Compromis, y la abstención de Nueva Canarias, la autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución española y restaurar el orden constitucional en la Autonomía.

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña y senador socialista José Montilla y el ex presidente de Baleares, el también socialista Francesc Antich, se ausentaron del recinto durante la votación.

Inmediatamente, Rajoy cesó por real decreto a Carles Puigdemont, a su sustituto Oriol Junqueras y a todos los consellers de su Govern. Sin embargo, no será Rajoy quien asuma las funciones de gobierno en Cataluña sino la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También decidió que los Ministerios pasen a dirigir la Administración catalana. También decretó el cierre de las delegaciones que la Generalitat había abierto en los últimos años en ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o París. Ha declarado extintas las oficinas de Puigdemont, de Junqueras y el Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).

Además, Rajoy ha suprimido órganos secesionistas como el Consejo Asesor para la Transición Nacional (llamado ahora Instituto de Estudios para el Autogobierno que lideraba el jurista y exmagistrado del TC Carles Viver Pi-Sunyer); la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña. Al tiempo que mantuvo la oficina de la Generalitat en Bruselas, pero cesó a su director, Amadeu Altafaf, lo mismo que al delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell.

Además, se estableció el cese del secretario general del interior de la Generalitat, César Puig, al secretario de Seguridad Pere Soler y el director general de los Mossos d´Esquiadra, comisario mayor Joseph Lluis Trapero Álvarez.

Por último, el jefe de Gobierno de España, Mariano Rajoy también dispuso la realización de elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 21 de diciembre a los efectos de renovar las autoridades autonómicas y poner fin a la intervención.

Hasta aquí las medidas formales. La implementación y el acatamiento de las mismas está por verse.

LA RESISTENCIA CIVIL

Las reacciones internas han sido dispares, ex funcionarios como Pere Soler y Trapero acataron su cese, pero Carles Puigdemont no se da por cesado como presidente de la Generalitat, ha pedido hoy “paciencia, perseverancia y perspectiva” a los catalanes para “defender las conquistas conseguidas hasta hoy” y mantener una “oposición democrática” a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont ha dejado claro que no acata la aplicación del 155: “Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y a la vez buscar la máxima estabilidad y tranquilidad, entendiendo las dificultades lógicas que comporta una etapa de esta naturaleza, que nuestro país no ha recorrido nunca”.

El Govern de Carles Puigdemont, tiene además previsto reunirse durante el día de hoy con diversas tareas sobre la mesa, entre ellas debatir la posibilidad de convocar unas elecciones “constituyentes” para finales de año.

Los miembros del Govern no contemplan acatar su cese y preparan los siguientes pasos a dar para desarrollar el encargo recogido en la resolución aprobada ayer por el Parlament.

En la resolución independentista votada ayer, el Parlament instaba al Govern a aprobar los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que creaba un marco legal catalán-, que suspendió el Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado prepara su querella por el delito de rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por el Parlament, una acción penal que afectará al menos a los miembros del Govern y a los de la Mesa del Parlament que permitieron la votación.

Si el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se empeña en seguir ejerciendo un cargo del que fue destituido incurrirá en el delito de usurpación de funciones. El cese de Puigdemont implica que deja de cobrar como presidente y que ya no puede firmar como tal. Podría intentar percibir una remuneración como expresidente de la Generalitat, pero para eso necesitaría hacer una petición concreta solicitándolo.

Mientras tanto las CUP, PDeCat, ERC, ANC y Ómnium Cultural se aprontan para implementar la resistencia civil. Estas organizaciones están tratando de implementar actuaciones que pongan trabas al control de la Administración catalana por parte del Gobierno central.

Para ello han impulsado la creación de un total de 150 “Comités de Defensa del Referéndum” (llama la atención en empleo de una sigla similar a los castristas “Comités de Defensa de la Revolución” que actúan en Cuba).

Los independentistas afirman que estos comités, especialmente en pueblos, “suelen ser espacios muy plurales y muy transversales. Hay gente de partidos políticos, de asociaciones de vecinos, de entidades cívicas y culturales, del tejido asociativo…”

En las grandes ciudades, en cambio, los CDR están en manos de la CUP. “Tenemos planes de emergencia desde hace semanas para hacer frente a cualquier eventualidad. Y ante el 155, no solo hay un plan B, sino un plan C y un plan D, depende de cómo se intente aplicar la intervención del Govern”, destacan fuentes de estos comités. Estas fuentes aseguran que no somos sóviets, como se nos ha dicho muchas veces. No actuaremos como tales ni tampoco usaremos la violencia. Pero pondremos nuestros cuerpos delante para evitar que el Gobierno español tome nuestras instituciones”.
Se trata de la estrategia de la resistencia civil. Destinada a “defender nuestras instituciones con todos los medios a nuestro alcance no quiere decir tirar tiros. Evidentemente, si hacen algo, reaccionaremos con determinación. E incluso se podría decir que con mayor o menor riesgo.

Las CUP también ha distribuido entre su militancia y a través de las redes una serie de consejos para hacer frente a una supuesta “etapa de represión”.

REPERCUSIONES INTERNACIONALES

Los gobiernos de los principales países del mundo -entre ellos EE. UU. Alemania, Reino Unidos y Francia e incluso Andorra-, como así también destacadas organizaciones pluriestatales como la Unión Europea, la ONU y la OTAN se han encolumnado uniformemente en favor de España y en contra de la declaración unilateral de independencia.

En otros países europeos también existen regiones con aspiraciones separatistas que siguen con mucha atención el resultado de la experiencia catalana. Por lo consiguiente, ningún gobierno europeo se atreve a alentar el separatismo de los catalanes.

Incluso los países de América Latina, donde existen migrantes de origen español y catalán, han expresado su apoyo y solidaridad con el Reino de España, en especial, Argentina, México y Colombia.

Una eventual república catalana solo podría contar con el apoyo de la aislada Venezuela, de Rusia, Kosovo y algún otro país paria del sistema internacional. Pero, aún los gobiernos de estos países han preferido, al menos por el momento, guardar prudente silencio sobre la proclamación de la república catalana.

Sin embargo, distintos gobiernos y organizaciones internacionales han dado a entender muy claramente que esperan que el diferendo con los catalanes se resuelva por vía del consenso y la aplicación de mecanismos democráticos.

La situación en España irá evolucionando en las próximas semanas. Pero cualquier escenario que implique violencia o represión por parte de las autoridades españolas puede resultar negativo para la exitosa resolución del diferendo.

De producirse una represión por parte de la Policía Nacional o la Guardia Civil podría terminar inclinando la balanza en favor de los independentistas en las elecciones de diciembre. También podría atentar contra el férreo apoyo internacional de que hoy disfruta el gobierno de Mariano Rajoy.


La situación actual en Cataluña es de un final abierto.

miércoles, 25 de octubre de 2017

PABLO IGLESIAS APLICA EN “PODEMOS” EL CENTRALISMO DEMOCRÁTICO




El populista español Pablo Iglesias recurre a tácticas estalinistas para asegurarse el control de su partido y eliminar a los dirigentes que se oponen.

Cuando Vladimir Ilich Ulianov, más conocido como “Lenin”, preparaba la toma del poder en Rusia llegó a la conclusión que para llevar a cabo una Revolución comunista triunfante era necesario contar con un partido político de características nuevas.

Esto lo llevó a escribir un célebre opúsculo, titulado “¿Qué hacer?”. En este texto se explicitaban las bases para la creación de un partido revolucionario. Dicho partido debía contar con una vanguardia de “revolucionarios profesionales”, dedicados en cuerpo y alma a la causa del proletariado y al mismo tiempo sujetos a una férrea disciplina partidaria que unificara esfuerzos y eliminara cualquier tipo de disidencia interna o línea política opositora a la conducción del mismo.

Lenin se cuidó mucho de evidenciar el carácter dictatorial de este tipo de conducción -que lógicamente sería ejercida por él- disfrazándolo bajo la denominación de “centralismo democrático”.

La adopción del principio de “centralismo democrático” demandaba que una vez que la conducción del partido establecía una determinada línea política -en abierta discusión honesta y democrática, por supuesto- la misma debía ser acatada y defendidas con convicción por todos los miembros del Partido. En esta forma se eliminaba toda posibilidad de disidencia interna.

En la práctica las decisiones solían ser establecidas por la dirección del partido sin real intervención de las bases del mismo. Pero esto era un aspecto secundario. Cómo el partido nunca se equivocaba, cualquier disidencia o crítica de un miembro a la línea del partido constituía un error, era una falla de conciencia revolucionaria, o lo que era peor, quien la formulaba era en realidad un “enemigo del pueblo”, un traidor oculto entre las filas de los proletarios a quien se debía desenmascarar y castigar para evitar que continuara saboteando a la Revolución.

En esta forma toda disidencia interna culminaba en la expulsión de todas las voces críticas. Con el tiempo el principio del centralismo democrático se constituyó en la piedra basal de todos los partidos comunistas del mundo.

Muerto Lenin, el liderazgo del PCUS cayó en manos de Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, ​más conocido como Iósif Stalin​, quien aplicó el centralismo democrático en forma aún más estricto. Cualquier expresión de disidencia o la menor crítica podía terminar en un “juicio” público a los “enemigos del pueblo” y su casi inmediata condena a muerte o a largos períodos en el infame Gulag, cuando no se saldaba simplemente con un disparo en la nuca.

Hoy el centralismo democrático es aplicado arbitrariamente como instrumento para consolidarse en el poder por parte del Secretario General del partido español “Unidos Podemos”, Pablo Iglesias.

Iglesias, politólogo y catedrático, combina el populismo de corte latinoamericano -al mejor estilo de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales o Cristina Kirchner- con lo mejor del marxismo decimonónico.

En su accionar partidario, Pablo Iglesias se muestra como un aventajado discípulo de Iósif Stalin en el empleo de la “purga permanente” como instrumento para acumular poder y eliminar a sus rivales dentro de Podemos.

En febrero de 2017, Iglesias aprovechó su ventaja en la “Asamblea Ciudadana de Vistalegre II”, para suprimir a la facción que respondía la número dos del Partido, Iñigo Errejón, quien perdió la Secretaría Política del Partido y el cargo de portavoz en el Congreso de Diputados, posición que pasó a ocupar Irene Montero, una dirigente vinculada sentimentalmente a Iglesias.

Otros partidarios de Errejón resultaron también “purgados” de sus posiciones de poder dentro del Partido como ser: José Manuel López, quien perdió su posición de portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid o Sergio Pascual hasta entonces Secretario de Organización de Podemos.

Ahora, quien ha resultado purgada por expresar algún tipo de disidencia, es la dirigente gallega Carolina Bescansa, una de las fundadoras de Podemos, en 2014, junto a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

Bescansa, una experta en derecho constitucional ocupaba como vocal la representación de Podemos en la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados. Ahora ese cargo será ocupado por la diputada Irene Montero.

Hace unas semanas, en una reunión del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, la diputada expresó su preocupación por que la estrategia de su partido en Cataluña pudiera restarle apoyos en el resto de España.

Bescansa cuestionaba que Pablo Iglesias llevaba a Podemos a secundar la línea “comprensiva” con el separatismo catalán, lideraba por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

“Declarar mañana la independencia de Cataluña es ilegitimo y una gran irresponsabilidad, no justificable ni con la ominosa actitud de Rajoy”, sentenció Bescansa hace unos días, por medio de las redes sociales.

La réplica de Iglesias no se hizo esperar, siguiendo las directivas del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podemos. En Marea, desplazó a la dirigente disidente de su principal posición parlamentaria.

Bescansa parece haber asimilado el castigo y se muestra pronta a dar la batalla interna contra la dirección autocrática ejercida por Iglesias. Replicó declarando: “A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no sólo a los independentistas”.

Pero no dejó el tema allí, también se lamentó del hecho que Podemos carezca de “un proyecto político para España.”

La pregunta del millón es hasta cuándo podrá Iglesias manejar autocráticamente a Podemos sin que su electorado lo abandone o los dirigentes purgados organicen un eficaz movimiento interno de resistencia.


Pero, por ahora, parece que el Secretario General Pablo Iglesias puede seguir aplicando el centralismo democrático y las prácticas estalinistas sin sufrir mayores consecuencias.   

lunes, 23 de octubre de 2017

MACRI INFLINGE UNA DURA DERROTA AL POPULISMO EN ARGENTINA



El categórico triunfo del presidente Mauricio Macri en las elecciones de medio término garantiza la gobernabilidad en Argentina y abre el camino para su reelección.

El domingo pasado, más de treinta y tres millones de argentinos concurrieron a las urnas a los efectos de elegir a 127 diputados y 24 senadores nacionales, además de cientos de legisladores provinciales y municipales.

La coalición oficialista “Cambiemos”, conformada por los partidos “Propuesta Republicana” (PRO); Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), además de otras fuerzas políticas menores; se impuso en 13 de los 24 distritos electorales en que está dividido el país.

Esto incluyó el triunfo en los cinco principales distritos del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que sumados aglutinan al 70% del padrón electoral nacional.

Cambiemos también se impuso en seis de los siete distritos con más de un millón de electores.

Por primera vez desde la restauración de la democracia, en diciembre de 1983, un partido político distinto de la UCR o el peronismo se impuso en una elección nacional. Triunfando, primero en la segunda vuelta de una elección presidencial, en noviembre de 2015, y ahora ratificando ese triunfo al vencer en una elección de medio término como ha sido la actual.

En esta forma, Cambiemos avanzó considerablemente en el proceso de convertirse en un partido con representación nacional y vocación mayoritaria en Argentina.

No obstante este triunfo, el gobierno del presidente Macri no tendrá en la mitad restante de su mandato ni mayoría en la Cámara de Diputados, ni en el Senado de la Nación. Este hecho obligará al gobierno a negociar y consensuar con la oposición las futuras medidas que se propone implementar.

Sin embargo, esta victoria electoral garantiza la gobernabilidad de la administración Macri, continuamente hostigada por sectores populistas de izquierda.

La izquierda radicalizada y ciertos sectores del kirchnerismo, como los jóvenes de La Cámpora, apostaron a generar un “estallido social” que forzara a Macri a dejar su cargo sin completar el mandato presidencial. Este sector, en síntesis, aspira a repetir con Macri lo ocurrido en 2001 con el presidente radical Fernando De la Rúa, en la llamada “teoría del helicóptero”.

El triunfo de Cambiemos, también termina, al menos por el momento, con las ilusiones de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner de retornar al poder en 2019.

El partido de la ex mandataria, Unidad Ciudadana, si bien obtuvo un nada despreciable 37,21% de los votos en la estratégica provincia de Buenos Aires, no pudo derrotar a Cambiemos que se impuso con el 41,39% de los sufragios emitidos.

Finalmente, Cristina Kirchner terminó perdiendo su primera elección a manos de un casi desconocido candidato de Cambiemos, el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich.

En realidad, Bullrich, un dirigente poco carismático, se impuso gracias al proselitismo desplegado en el distrito por la gobernadora María Eugenia Vidal y del propio presidente Macri.

Al reconocer su derrota, el ex presidente anunció que continuaría impulsando al partido Unidad Ciudadana. La declaración implica que Cristina Kirchner no pretende retornar al seno del Partido Justicialista que fue la columna vertebral del gobierno de su esposo, Néstor Kirchner y en sus dos mandatos presidenciales.

Esta derrota electoral y el definitivo alejamiento de los sectores de izquierda que responden al liderazgo de Cristina Kirchner ha acelerado la crisis del peronismo.

El peronismo es un partido que se define como “verticalista”, es decir, estructurado en base a la existencia de un “conductor” enérgico que sepa disciplinar a “la tropa”. Es decir, de una conducción autocrática, de cierto culto a la personalidad, para aglutinar en un proyecto común a dirigentes y militantes que en ocasiones definen posiciones políticas diversas, cuando no antagónicas.

Hoy, dentro del peronismo conviven un par de docenas de “caudillos feudales”, algunos controlan provincias escasamente pobladas y económicamente estancadas, pero que constituyen valiosas “cajas” para financiar sus aspiraciones políticas. Otros hacen lo mismo con estratégicos municipios bonaerenses. Hay incluso dirigentes conocidos y prestigiosos, pero sin base territorial alguna, que aspiran a un liderazgo nacional.

En esta suerte de “Armada Brancaleone” que es hoy el peronismo, no faltan importantes dirigentes sindicales que, después de acumular sustanciosas fortunas personales e incluso crear prósperas empresas comerciales, aspiran a incrementar su protagonismo en la política nacional. No son pocos los gremialistas argentinos que sueñan con seguir los pasos del brasileño Luis Inacio “Lula” da Silva.

En síntesis, la anarquía imperante actualmente en el peronismo lleva a su fragmentación y le impide unificar sus energías en favor de una candidatura presidencial única e indiscutida.
En este esquema, el triunfo de Cambiemos y la atomización de la oposición peronista y de izquierda, dejan al presidente Macri a las puertas de una reelección en 2019.

Con tan sólo dos años por delante para instalar una candidatura presidencial que constituya una real alternativa de poder, salvó que se produzca un importante “terremoto político” que modifique radicalmente la correlación de fuerzas políticas, no existe ningún dirigente opositor que suponga una seria amenaza a la reelección del presidente.

En esta forma, Mauricio Macri dispondría de ocho años para revertir, al menos parcialmente, más de una década de desaguisados provocados por el populismo salvaje que sufrió la Argentina entre 2002 y 2015.



miércoles, 18 de octubre de 2017

SOPLAN VIENTOS DE GUERRA EN CATALUÑA



El Govern catalán refuerza su dispositivo de seguridad en previsión de la intervención por parte del gobierno español.

Los plazos se acortan en Cataluña. Mañana a las 10 horas vence el plazo dado por el gobierno central para que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, responda si ha declarado la independencia y haga cesar esa situación ilegal.

A medida que el plazo comienza a agotarse los ánimos están cada vez más caldeados en la Autonomía. Especialmente después de la detención sin fianza de los líderes independentistas Jordi Cuixart, responsable de Òmnium Cultural, y Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, por orden de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. 

Ayer una manifestación en contra de la independencia reunió a miles de personas en el centro de Barcelona.

Hoy el Govern y los partidos secesionistas han adoptado medidas para el caso de que Rajoy decida implementar el Artículo 155 de la Constitución española e intervenga la Autonomía y detenga a sus dirigentes.
El presidente del Govern ha dejado provisionalmente su vivienda en Girona para instalarse en la residencia oficial del Palau de la Generalitat. Además, desde hace unos días, cuenta con un dispositivo de protección reforzada en el que participan agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), la unidad de élite de los Mossos d´Esquadra.

Hasta ahora, salvo en contadas excepciones, Puigdemont se trasladaba diariamente a Barcelona para atender sus obligaciones desde su domicilio en el municipio gerundense de Sant Julià de Ramis, situado a siete kilómetros al norte de la capital de la provincia. Allí durmió, por ejemplo, la noche anterior al referéndum independentista del 1 de octubre. Sin embargo, ante el rumbo de los acontecimientos, el jefe del Ejecutivo catalán ha preferido mudarse al Palau de forma temporal. En el ala este del edificio, en pleno barrio gótico de Barcelona, se encuentra la Casa dels Canonges (Casa de los Canónigos), la residencia de los presidentes de la Generalitat. En sus habitaciones se alojaron Francesc Macià, Lluís Companys y Josep Tarradellas. Sus sucesores únicamente usaron la vivienda de forma ocasional. Puigdemont ha decidido convertirla ahora en su residencia oficial.
A esa medida de protección personal se suma el incremento del número de agentes que se encargan de su escolta. Hasta el momento, el núcleo de su dispositivo de seguridad lo conformaban exclusivamente efectivos del Área de Personal, una sección de la policía autonómica integrada por unos 150 hombres especializados en la custodia de personalidades. Pero la sensación de intranquilidad que experimenta el Govern por su desafío al Estado de derecho ha llevado a los Mossos a redoblar la seguridad de Puigdemont con la incorporación de agentes del GEI, la sección de operaciones especiales del cuerpo.

Se trata de una medida absolutamente excepcional. La labor de estos efectivos está consiste en realizar tareas de contravigilancia para prevenir una posible agresión y, sobre todo, intentar detectar la presencia o seguimientos de agentes de otros cuerpos policiales o de inteligencia.

Los efectivos del GEI están específicamente adiestrados para intervenir en operaciones que impliquen un alto grado de riesgo, lo que da una idea del horizonte que maneja el Ejecutivo catalán. El Departamento de Interior de la Generalitat, del que dependen los Mossos, ha decidido que la unidad proteja a Puigdemont durante las 24 horas del día.

El refuerzo de la custodia del “president” también podría tener carácter preventivo. El Ministerio del Interior español mantiene desplegados en Cataluña, dentro del contingente de efectivos que ha trasladado desde el resto de regiones de España, a dos comandos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional (una decena de agentes) y doscientos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, las unidades de élite de ambos cuerpos. El motivo de su envío a Cataluña es reducir al mínimo el tiempo de respuesta en caso de que un tribunal ordene la detención de altos cargos de la Generalitat y el Parlament, y los servicios de esas secciones policiales sean requeridos.

Al tratarse de personalidades con escolta, el GEO y el GAR tendrían que intervenir en su arresto.

Las alarmas del Govern ya saltaron el pasado martes cuando Puigdemont concurrió en la Cámara autonómica para proclamar la declaración unilateral de independencia (DUI) y suspenderla ocho segundos después. Ante el temor a que el acto pudiera ser interrumpido por las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Departamento de Interior blindó el Parlament y el parque de la Ciudadela con decenas de “mossos”.

Agentes armados recorrieron el interior de la sede legislativa y efectivos antidisturbios rodearon el edificio durante el tiempo que se prolongó la sesión. Asimismo, se establecieron controles en los accesos al recinto.

El GEI fue fundado en 1984 y tiene su base en el complejo Egara, el cuartel general de los Mossos en Sabadell (Barcelona). En la actualidad, cuenta con unos 40 agentes entrenados para actuar en operaciones de alto riesgo, como misiones de rescate y dispositivos antiterroristas. Disponen del armamento y el material de autoprotección más sofisticado del cuerpo, como fusiles de asalto HK G36, SCAR L y HK MP7 y fusiles de precisión del calibre 308 Winchester y 338 Lapúa Magnum. Según una versión, en mayo de 2016, el Govern realizó una importante adquisición de fusiles y balas para sus francotiradores.

Además, el GEI se mueve en vehículos y furgonetas camufladas de gran potencia y utiliza los helicópteros de la Generalitat.

El pasado enero, la Generalitat sacó a concurso 24 nuevas plazas de ingreso en el GEI justificándolo en la necesidad de ampliar su plantilla por la activación del nivel 4 de amenaza terrorista.

Los miembros del GEI suelen participar en maniobras conjuntas de capacitación con los GEO de la Policía Nacional.

Los integrantes de ambos cuerpos de elite podrían encontrarse ahora, cara a cara, si un juez ordena la detención de Puigdemont.

No obstante, aún está abierta la posibilidad de que prime la cordura y que los españoles resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y no por medio de la violencia.