jueves, 28 de abril de 2022

HA COMENZADO LA CAMPAÑA ELECTORAL


 

Aunque algunos políticos repitan la letanía de que “falta mucho para las elecciones” y hay tiempo para lanzar candidaturas, lo cierto es que el país comienza a entrar en un clima electoral.

EL COMIENZO DE LA CAMPAÑA

Alguien puede objetar que falta más de un año para las PASO de 2023, señalando que no se ha establecido la fecha de estas, y que es muy pronto para lanzar una campaña presidencial.

Sin embargo, lo real es que una candidatura a presidente demanda más de dos años para formar los equipos de campaña, crear la estructura de apoyo a nivel nacional, recaudar fondos y, lo que es más importante hacer que el candidato y sus propuestas sean conocidos por la totalidad del electorado para contar con posibilidades ciertas de llegar a la Casa Rosada.

Dos y más años tardaron en instalarse como candidatos figuras como Carlos S. Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Aún Raúl Alfonsín preparó su candidatura presidencial (incluso viajó a los EE. UU. para observar las elecciones presidenciales) y la anunció en círculos radicales y progresistas mucho antes de que los militares del Proceso decidieran dejar el poder y convocar a elecciones generales en 1983.

Néstor Kirchner incluso adquirió el departamento de la calle Paraguay, en CABA, donde hoy vive su viuda, en 1985, “para cuando seamos Presidente”, según le dijo a algunos colaboradores y amigos íntimos.

Es decir, que Kirchner se tomó casi dieciocho años para preparar su candidatura presidencial y comenzó a trabajar en ella antes de ser Intendente de Río Gallegos (1987).

Evaluando estos antecedentes no podemos considerar como apresurados a los candidatos presidenciales que lancen sus candidaturas.

CANDIDATURAS

En este sentido el economista liberal Javier Milei y quienes lo asesoran están aprovechando la oportunidad que le brinda el hecho de que las fuerzas mayoritarias del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) carezcan de candidatos presidenciales definidos y de que dependan del resultado de las PASO, en agosto de 2023, para definir esa cuestión.

En este sentido, Javier Milei corre con ventaja. Es candidato indiscutido y líder de su propio partido y no debe aguardar al resultado de las PASO. Tampoco, al menos por el momento, está condicionado por acuerdos políticos con partidos aliados. En este contexto no debe preocuparse por sufrir escisiones o desprendimientos de dirigentes de sus filas.

También la reciente negativa de la Mesa Nacional de JxC a establecer una alianza con el economista es probable que termine por favorecer a Milei haciendo parecer que no tuvo más alternativa, para llevar adelante sus ideas, que competir en solitario por la presidencia.

Al mismo tiempo, Milei podrá seguir castigando a los políticos actuales denominándolos “la Casta”, es decir un grupo cerrado de dirigentes privilegiados que gozan de impunidad.

Milei no gobierna ni tiene responsabilidades legislativas vinculadas a la gobernabilidad del país, por lo cual puede radicalizar su discurso sin temor a ser considerado desestabilizador o golpista. Tampoco arrastra fracasos o responsabilidades sobre el actual estado del país porque nunca gobernó.

Como en las elecciones legislativas de 2021 obtuvo solo el 17% de los votos en CABA, si logra presentarse como partido nacional y mejora su caudal electoral en la votación de 2023, conseguirá un considerable logro hacia la construcción de una sólida estructura partidaria con presencia nacional.

Por otra parte, esa mejora permitiría al economista conformar un bloque legislativo más decisivo en la aprobación de leyes claves durante el próximo gobierno.

Mientras que el FdT y JxC deben esforzarse por mantener a los distintos sectores y dirigentes que los componen dentro de cada coalición

Ante el crecimiento de La Libertad Avanza de Milei una fractura importante (como una candidatura presidencial de Sergio Massa por fuera del FdT o una división de JxC en candidaturas paralelas de Rodríguez Larreta y Mauricio Macri) podría dejar a alguna de estas coaliciones fuera de una eventual (pero muy probable) segunda vuelta electoral.  

Por último, Milei cuenta con una ventaja adicional, dispone de un plan económico que puede explicar y defender con solvencia como no podrá hacer ningún otro candidato presidencial aún cuando cuenten con esa propuesta, lo cual por el momento se presenta como algo dudoso.

Porque en la actual situación económica el electorado, desesperanzado y en depresión colectiva, espera que el hombre que dirija sus destinos durante los próximos cuatro años explicite el plan económico que piensa implementar y que les ofrezca una clara posibilidad de mejorar sus vidas en el mediano plazo.

Por el momento, parece probable que Javier Milei dispondrá casi de un año en solitario para difundir por todo el país su propuesta esperanzadora de menos Estado, menos impuestos y mayor libertad cambiaria.

Quizá por todo esto el gurú electoral ecuatoriano Jaime Durán Barba considera a Javier Milei como el candidato con mayores probabilidades de triunfar en las elecciones de 2023. Solo el tiempo dirá si el pronóstico es acertado.

sábado, 23 de abril de 2022

IMPORTANTE PROTESTA OPOSITORA CONTRA LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE FERNÁNDEZ



Encabezados por productores agropecuarios que reclaman por el incremento de impuestos diversos sectores de la población expresaron su rechazo a la política económica del gobierno kirchnerista.

El sábado 23 de abril, la Argentina vivió una nueva jornada de protesta convocada por más de doscientas entidades rurales (encabezadas por la Sociedad Rural Argentina y productores autoconvocados) de todo el país a la cual se sumaron a título individual importantes dirigentes opositores y una nutrida concurrencia de los sectores medios urbanos (jubilados, monotributistas, pequeños comerciantes, profesionales, etc.)

La protesta del campo detonó por la alta presión tributaria (el Estado se queda con el 66% de la renta agropecuaria), la escasez de gasoil en plena cosecha gruesa, el deterioro de la infraestructura vial, el elevado gasto público y los planes del gobierno de incrementar la carga fiscal a los productores con nuevos en lo que el gobierno denomina “renta inesperada”.

La movilización de los productores agropecuarios con sus tractores comenzó el viernes 22 en las zonas productivas y se prolongó durante toda la jornada a lo largo del país.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el primer tractor acompañado de una columna de automóviles y manifestantes a pie ingresó a la histórica Plaza de Mayo hacia las 14.30 horas.

El eje de protesta fueron treinta tractores acompañados de centenares de automóviles portando banderas argentinas. Entre los manifestantes a pie, además de las banderas argentinas podían observarse carteles críticos de Cristina Kirchner.

Ningún partido político acompañó orgánicamente la protesta, sin embargo, muchos legisladores y dirigentes políticos de la oposición asistieron a la protesta en apoyo a las demandas de los ruralistas. Entre los asistentes, por Juntos por el Cambio asistieron el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la presidente del PRO Patricia Bullrich, los legisladores María Eugenia Vidal, Waldo Wolf, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, Diego Santilli y Fernando Iglesias, los funcionarios porteños José Luis Patiño, Yamil Santoro y Jorge Macri.

La jornada de protesta transcurrió totalmente pacífica, con tono casi festivo y familiar. Los ruralistas distribuyeron entre los asistentes unos diez mil ejemplares de la Constitución Nacional. La oposición acusa al gobierno de violar la letra y el espíritu de la Carta Magna. Según algunas estimaciones la protesta en la ciudad de Buenos Aires involucró a unas cien mil personas.

Si bien el epicentro de la protesta fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la movilización se replicó en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el Monumento al Ejército de los Andes en Mendoza, la ciudad de Mar del Plata, Córdoba capital, San Miguel de Tucumán y Salta capital.

Los manifestantes dieron a conocer una proclama con duros considerandos hacia el gobierno. En sus párrafos más relevantes el texto consigna: “No emos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima.

Traemos una proclama sencilla: No estamos dispuestos a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan. […]

Basta de mentiras… Basta d fronteras que son un colador… Basta d entregar nuestro Mar Austral a la depredación… Basta de soltar presos y perseguir policías… Basta de someter a alumnos y maestros a la dictadura de ideólogos y burócratas… Basta de vándalos y usurpadores… Basta de opresión impositiva… Basta de sarasa.

Esta es nuestra protesta: Anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos. Arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa.”

La televisión estatal y los canales televisivos afines al kirchnerismo ignoraron totalmente la movilización. Otro tanto hizo el presidente Alberto Fernández que guardo silencio sobre lo que ocurría en Plaza de Mayo y por todo el país pero encontró tiempo para saludar por Twitter al presidente francés Emanuel Macron.

No obstante la aparente indiferencia oficial, la movilización de hoy en un golpe más para un gobierno desorientado que parece un boxeador “grogui” que se tambalea en el centro del ring, recibiendo golpes sin energía suficiente para replicar.

Un gobierno dividido entre funcionarios que responden al presidente Fernández y los que siguen las directivas de la vicepresidente y líder del espacio oficial Cristina Fernández y su agrupación La Cámpora.

Además, la política económica no puede resolver el problema inflacionario, mejorar los índices de pobreza o poner en marcha al país.

La inflación del primer trimestre de este año superó el 14%, en marzo fue del 6,7% y en abril las estimaciones de las consultoras privadas la sitúan por encima del 5%. Esto da un proyectado de más del 80% anual.

El desabastecimiento de insumos esenciales alcanza al gasoil, el gas y la electricidad afectando al proceso productivo tanto agropecuario como industrial. Y la situación se agravará con la llegada de la temporada invernal.

Frente a la crisis el gobierno insiste en repetir la misma receta que ha demostrado su ineficacia: suba de impuestos, precios máximos a los productos alimenticios básicos y subsidios de todo tipo para mantener artificialmente bajos los precios de alimentos y las tarifas de los servicios públicos.

Alberto Fernández parece no comprender esa máxima básica de que no puede hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto.

El gobierno del Frente de Todos insiste en aplicar una política que siempre ha fracasado esperando un milagro que lo salve o que al menos le permita llegan rengueando y en muletas a diciembre de 2023.

 

 

lunes, 18 de abril de 2022

ESPECULACIONES ELECTORALES RUMBO AL 2023


 

A veinte meses del cambio de gobierno de diciembre de 2023, las encuestas de imagen comienzan a perfilar el escenario electoral del año próximo.

La semana pasada, una encuesta de imagen entre las principales figuras políticas del país abrió las especulaciones sobre las candidaturas con mayores posibilidades para el 2023.

La encuesta, realizada por la consultora “Taquión” de Sergio Doval, reveló que en el sector más joven del lectorado, la llamada “Generación Z” compuesta por jóvenes de entre 16 y 25 años, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner tiene una imagen negativa del 80% y en promedio, en la totalidad del electorado, del 77,5%, seguida en imagen negativa por el presidente Alberto Fernández con 72,7% y del gobernador bonaerense Axel Kicillof con el 70% de imagen negativa.

En esa encuesta, el político con mejor imagen positiva es el liberal Javier Milei con el 55,3%, seguido muy lejos (treinta puntos por debajo) por Patricia Bullrich, con el 23,8%, y por Mauricio Macri con el 21%.

Aun cuando la imagen positiva o negativa de un candidato no se trasmite automáticamente en intención de votos en una elección, sin embargo es un indicador relevante del estado de ánimo del electorado a dieciocho meses de la próxima elección presidencial.

Más tarde, en el momento preciso de las elecciones inciden otros factores: el mayor o menor peso de los aparatos partidarios y su capacidad para generar candidaturas locales representativas, movilizar al electorado y efectuar una fiscalización eficiente de los comicios, los recursos financieros de cada candidato, la idoneidad de sus equipos de campaña, el manejo que haga de la prensa, etc.

Sin embargo, todo parece indicar que la Argentina llegará a las elecciones de 2023 con el Frente de Todos fracturado en dos o más sectores (cristinistas, albertistas, massistas, etc.) y con múltiples candidatos aspirando a los diversos cargos. Muchas veces anteponiendo sus intereses personales a las necesidades del espacio partidario.

Más grave aún se presenta el panorama económico actual y del próximo año. Este mes la inflación fue del 6,7% y el primer trimestre de 2022 alcanzó al 14%, en tanto que la pobreza se sostiene en el 37%.

Algunos economistas sostienen que la inflación anual, en 2022, se situará más cerca del 100% que del 80%. Esto implica un arrastre para el 2023 de veinte puntos por lo que estiman que la inflación mensual a lo largo de ese año será de dos dígitos.  

Cabe preguntarse entonces: ¿Qué gobierno o candidato oficialista puede ganar las elecciones en un país con hiperinflación superior al 100% anual?

Entonces, si el Frente de Todos se ve obligado a concurrir a las urnas dividido y en el marco de una de una aguda crisis económica aún peor que la actual será capaz de entrar en una segunda vuelta electoral para definir quién será presidente.

Especialmente, con un candidato como Javier Milei creciendo en intención de votos gracias a que es para el electorado joven una figura nueva que no arrastra ni fracasos al gobernar ni acusaciones de corrupción y que cosecha el descontento de la sociedad hacia una clase política, que no ha sabido encontrar el rumbo para el desarrollo del país en los últimos cuarenta años.

No es muy disparatado entonces imaginar una segunda vuelta electoral entre el candidato presidencial de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza de Javier Milei.

El economista del extraño peinado cuenta con la ventaja adicional de no depender del resultado de las PASO para lanzar su candidatura presidencial. Esto le ha permitido comenzar ahora, con veinte meses de antelación, su campaña presidencial. Mientras que los posibles candidatos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos probablemente deberán aguardar al resultado de las PASO, en agosto de 2023, para confirmar su candidatura presidencial por esos espacios.

Otra importante ventaja del candidato liberal es que no tiene compromisos previos ni mantiene alianzas con otras fuerzas políticas que limiten su libertad de acción así pude construir una fuerza partidaria en todo el país y organizar su propuesta de gobierno sin condicionamientos.

Por otra parte, su principal debilidad es que carece de una estructura partidaria que orgánica a sus votantes a nivel nacional, le aporten poder de movilización y proporcionen listas de candidatos locales con figuras representativas e idóneas para competir a nivel municipal y provincial.

También carece de cuadros políticos experimentados para elaborar una propuesta de gobierno coherente y establecer puentes con otros sectores de la sociedad (los medios de comunicación, la cultura, la justicia, el deporte, etc.) más allá de los ámbitos estrictamente económicos o productivos.

Esta hipótesis pone a Javier Milei, con su discurso disruptivo, antipolítico y su guerra contra los aumentos de impuestos y críticas a la “casta política”, en la misma senda del candidato antisistema que recorrieron con éxito el brasileño Jair Bolsonaro y el chileno Gabriel Boric, desde los extremos distintos del espectro político.

   

 

domingo, 10 de abril de 2022

PLANES SOCIALES, CLIENTELÍSMO Y OTROS MALES DE LA DEMOCRACIA ARGENTINA


 

Planes sociales y organizaciones piqueteras elementos claves de un entramado clientelar que mantiene al 37,3% de los argentinos en la pobreza.

CONTENIDO

El multitudinario acampe realizado por las organizaciones piqueteras, el pasado 31 de marzo, con su caótico e intimidante panorama de carpas y fogatas en pleno centro porteño ha desatado el debate en la sociedad argentina sobre el control de los piquetes y la utilidad de los planes sociales,

El sábado 9 de abril los principales diarios argentinos Clarín y la Nación se ocuparon del tema de los planes sociales con artículos de Jorge Lanata y Jorge Fernández Blanco respectivamente.

Lamentablemente, el artículo de Jorge Lanata incurre en algunos errores que es oportuno aclarar, como el afirmar que: “los planes comenzaron en 2001: fue la respuesta desesperada al 25% de desocupación”.

Esto no es cierto, los planes sociales comenzaron mucho antes de esa fecha y de que la desocupación llegara a esos niveles y surgieron por decisión del presidente Carlos S. Menem.

Me he ocupado del tema de los planes sociales hace unos veinte años en mi libro “Nuevas Modalidades de la Violencia” que publicara la Editorial Ábaco en 2004.

En las páginas 136 y 137 explique el origen y evolución de los planes. Voy a trascribir mi texto de entonces para informar al lector: “La relación de los piqueteros con los Planes Trabajar y otros tipos de subsidios surge con los sucesos de Cutral-Có -y luego Tartagal- entre mayo y junio de 1997: tras la protesta y un corte de ruta que se prolongó por un mes, el gobierno les ofrece dichos planes para desmovilizarlos.

“Varios gobiernos provinciales y municipales organizaron ‘consejos de emergencia’ para administrar los Planes Trabajar. Estos planes eran, según la resolución de entonces, ‘una ocupación transitoria de los trabajadores desocupados, preferentemente jefes de familia, que no podrá tener una duración inferior a los tres meses o superar los seis, en los que el beneficiario debe realizar obras sociales de infraestructura social y económica’.

Esto significa que una iniciativa que se pensó como una solución de emergencia por muy corto plazo se ha transformado en un problema para los argentinos desde hace veinticinco años. Pero retomemos el texto de 2004.

“Esto significaba que el desocupado no recibía un salario, sino una ayuda económica no remunerativa, primero de 200 pesos, más tarde de 160 y luego de 150. El beneficiario no realizaba aportes jubilatorios, no percibía salario familiar ni aguinaldo, tampoco contaba con obra social ni cobertura por invalidez o fallecimiento.[i]

“La gran expansión del fenómeno se produce durante la administración De la Rúa. Con el doble objetivo de afectar la estructura clientelista en la provincia de Buenos Aires y limitar el crecimiento de pequeños grupos de piqueteros en el conurbano, el Ministerio de Desarrollo Social, por entonces en manos de Graciela Fernández Meijide, introduce una modificación en la distribución de los planes -hasta entonces en manos de los municipios gobernados, en su mayoría, por intendentes pertenecientes al partido de la oposición: el PJ-, proponiendo que estos sólo sean asignados a ONGs que se responsabilicen de su ejecución.[ii]

“Pero en lugar de contener la práctica piquetera, esto la institucionaliza y la potencia, las organizaciones de desocupados crean sus propias ONGs, ofician de coordinadoras de los pequeños grupos que surgen en los barrios más pobres del Gran Buenos Aires, y se convierten en movimientos sociales organizados con mayor poder de presión, una administración económica propia, y con una práctica sistemática de piquetes y cortes de ruta para mantenerla.

“Actualmente (2003) hay en todo el país unos 2.050.000 beneficiarios de subsidios. Las organizaciones piqueteras distribuyen el 10% de estos planes. Los 200.000 beneficiarios de planes para desocupados se reparten entre las organizaciones piqueteras y representan casi veinte millones de pesos por mes”

Voy a transcribir el Cuadro 9 del libro donde el lector podrá verificar que los “gerentes de la pobreza” en Argentina son los mismos desde hace más de veinte años.

Distribución de los planes de asistencia social por organizaciones piqueteras en 2002[iii]

Organización

Cantidad de planes

Porcentaje

Corriente Clasista y Combativa

50.000

25%

Federación Tierra y Vivienda

50.000

25%

Bloque Piquetero Nacional

30.000

15%

Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados

10.000

5%

Movimiento Barrios de Pie

10.000

5%

Movimiento Teresa Vive

10.000

5%

Movimiento Teresa Rodríguez

10.000

5%

Coordinadora Aníbal Verón

20.000

10%

Organizaciones menores: Movimiento Territorial de Liberación, Movimiento Político y Sindical, Casa Pueblo, Coordinadora de Unidad Barrial, etc.

10.000

10%

Total

200.000

100%

 

EL PROBLEMA ACTUAL

Hasta aquí el pasado, ahora veamos algunos datos interesantes consignados en el artículo de Jorge Fernández Blanco: “Momentos difíciles: un disparo en la línea de flotación de Cristina Kirchner”, allí se señala: “Mauricio Macri creó 256 planes por día. En su gobierno, (los planes) crecieron 197% en comparación a lo que había heredado de Cristina Kirchner”

Luego agrega Fernández Blanco que el Frente de Todos sumó, hasta agosto de 2021, 1.000 nuevos beneficiarios de planes sociales cada 24 horas. El mayor incremento en el otorgamiento de planes se produjo en julio de 2001 como parte del “plan platita” coincidiendo con las elecciones legislativas que perdió el oficialismo. Es decir, cuando más necesito reforzar su esquema clientelar para retener a sus votantes.

Uno de cada dos planes sociales otorgados pertenece a la provincia de Buenos Aires distrito superpoblado pero que no reúne a la mitad de la población del país y donde ha gobernado el peronismo 40 de los 48 años de democracia. Dentro de esta provincia, el partido de La Matanza es el mayor receptor de beneficios sociales y donde el peronismo gobierna desde 1983.

Para concluir volvamos al artículo de Jorge Lanata, que menciona, en 2022, la existencia de 4 millones de AUH, 3 millones de jubilados por moratoria y 1.300.000 planes sociales a desocupados. Esto significa al menos 8 millones de beneficiarios de algún tipo de planes sociales en Argentina.

COMO SON LOS “PLANEROS”

Pero, Lanata también cita un trabajo elaborado bajo las directivas de Carolina Stanley, durante el gobierno de Macri, que proporciona el siguiente perfil de los beneficiarios de planes sociales.

63% no tiene secundario completo y el 30% solo tiene educación primaria.

El 11% ni siquiera finalizó la escuela primaria.

El 27% vive hacinado.

Solo el 24% percibía tener un oficio

Más del 66% llevaba más de siete años en el programa.

Estas cifras indican que más de la mitad de los beneficiarios de planes sociales son “desocupados crónicos” que no han podido o querido obtener un trabajo en siete o más años. También refleja la incapacidad del Estado para crear empleos para estos trabajadores y al mismo tiempo revela que el Estado tampoco ha sido capaz de capacitar a estos individuos para que puedan insertarse en el mercado laboral de manera formal.

REFLEXIÓN FINAL

Los planes sociales han demostrado ser una errónea solución al problema de la pobreza, no obstante, cada gobierno en los últimos veinticinco años no ha hecho otra cosa para intentar infructuosamente contenerla que incrementar el número de pobres dependiente de la ayuda estatal.

Este hecho lo demuestra existencia de 37,3% de la población en la pobreza y de 8 millones de personas dependiendo de la ayuda social. Con estos datos resulta evidente que los gobiernos democráticos no han encontrado la forma de encarrilar al país hacia el desarrollo sostenido.

También es claro que la existencia de altos niveles de pobreza y de dependencia del Estado han generado un caldo de cultivo ideal para la consolidación de prácticas clientelares que han beneficiado especialmente al peronismo y algunas expresiones de la izquierda combativa.

La sociedad argentina debería estar pensando si es posible continuar con más de veinte años de protestas sociales y sindicales diarias y, al mismo tiempo, otorgando a algunas personas beneficios sociales ininterrumpidos prácticamente desde aún antes de nacer y por el resto de su vida. Especialmente, cuando estos supuestos beneficios solo son aparentes ya que los mantienen en la pobreza y la marginalidad por el resto de sus vidas.



[i] SCHNEIDER MANSILLA, Iván y CONTI, Rodrigo A.: Piqueteros. Una mirada histórica, Astralib. Bs. As. 2003. P. 49

[ii] BURDMAN, Julio: Origen y evolución de los piqueteros en http://www.mastercard.nuevamayoría.com/invest/sociedad/cso180302.

[iii] FUENTE: DOLBER, Luciano: Piqueteros manejan 200 mil planes, Infobae, del 7/11/2002 y YOUNG, Gerardo; GUADNINI, Lucas y AMATO, Alberto: Piqueteros: el Estado les da casi 20 millones al mes, Clarín, del 4/9/2002.

sábado, 9 de abril de 2022

EL REY MOHAMMED VI RECIBE AL PRESIDENTE DE GOBIERNO ESPAÑOL PEDRO SÁNCHEZ


 

Con un gesto de alta diplomacia, el Rey de Marruecos recibió al presidente de Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en el sagrado mes del ramadán para iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

CONTENIDO

Realizando un gesto de grandeza y conciliación, al recibir al presidente de Gobierno español Pedro Sánchez, el miércoles 7 de marzo en Rabat, en el sagrado mes de ramadán e invitándolo a participar del iftar (ruptura del ayuno), el Rey Mohammed VI dio por finalizada una puja diplomática de 480 días con España que dejó un saldo muy positivo para Marruecos.

El mismo Pedro Sánchez reconoció la hábil diplomacia del monarca alauí cuando señaló: “Quiero saludar el papel decisivo desempeñado por Su Majestad el Rey Mohammed VI para poner fin a la crisis entre ambos países”.

Esta crisis que hoy culmina satisfactoriamente se inició cuando España no aceptó la decisión, en diciembre de 2020, del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre su Sáhara y condenó la decisión de Washington. La misma que hoy se ve obligada a reconocer como válida.

La decisión del gobierno estadounidense negociada durante largo tiempo, con extrema habilidad y paciencia por el Rey Mohammed VI modificó drásticamente el escenario geopolítico en el Norte de África y en el Mediterráneo Occidental reduciendo drásticamente la influencia de los países de la Europa comunitaria en la región.

Para España, especialmente, no fue fácil admitir la desaparición de los vínculos poscoloniales que le otorgaban ventajas comerciales y políticas en la región.

Para agravar aún más la situación, en una burda y torpe maniobra, el gobierno español acogió, a fines de abril de 2021, en forma clandestina y bajo un falso nombre al líder del Frente Polisario Brahim Ghali, un criminal prófugo de la justicia española, con el pretexto de recibir tratamiento médico para el COVID en el hospital de Logroño.

Pero, los dirigentes españoles no se resignaban a aceptar los nuevos tiempos y los cambios en el esquema de poder regional. Ni el Rey Mohammed Vi ni el pueblo marroquí estaban dispuestos a tolerar semejante afrenta de un país que se decía amigo.

Rabat retiró inmediatamente a su embajadora en Madrid y toleró una irrupción de inmigrantes subsaharianos en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo. Las relaciones bilaterales sufrieron uno de los mayores momentos de tensión de su historia.

Para colmo de males las rivalidades entre Argelia y Marruecos, agudizadas por la decisión de Washington que terminaba con los sueños del Frente Polisario apoyado por Argel, llevaron a la ruptura de relaciones entre los dos gigantes del Magreb y al cierre del gasoducto que abastece con gas argelino a España.

La situación en el Magreb se tornó explosiva obligado a Pedro Sánchez a rectificar su política hacia Marruecos y la cuestión del Sáhara marroquí.

El gobierno español de Pedro Sánchez debió realizar un acto de realismo total y reconocer los cambios en el balance de poder en el norte de África modificando 46 años de política exterior española aceptando como única solución seria, realista y creíble a la Iniciativa para la Negociación de un Estatuto de Autonomía para la región del Sáhara propuesta por el Reino de Marruecos en 2007.

En esta forma Madrid abandonó su tradicional línea diplomática de proponer la aplicación del derecho de autodeterminación de los pueblos mediante la realización de impracticable referéndum como solución al diferendo y reconoce implícitamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

España se anticipó así a los países de la Unión Europea en reconocer los cambios geopolíticos obrados en el África mediterránea, en especial ante la mayor dependencia de algunos países del gas y petróleo africano y el brusco incremento de los flujos migratorios hacia Europa Occidental generados por el conflicto en Ucrania. España no podría enfrentar un brusco incremento de los migrantes irregulares provenientes simultáneamente de África y Europa Oriental.

Esta declaración del gobierno español distendió las relaciones entre ambos países y abrió el camino para que el Rey Mohammed VI invitara telefónicamente a Pedro Sánchez a visitarlo en Rabat.

Poniendo fin formalmente a la crisis, al término de la visita del presidente de Gobierno español, ambos dignatarios suscribieron una declaración conjunta que entre otros aspectos establece los siguientes quince puntos de acuerdo:

“1. España reconoce la importancia de la cuestión del Sahara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo.” 

2. Los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados.” 

3. La plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo.” 

4. Las conexiones marítimas de pasajeros entre los dos países se restablecerán de manera inmediata y gradual hasta la apertura de todas las frecuencias.”

 

5. Con este mismo enfoque se iniciará n los preparativos para la operación Paso del Estrecho/Marhaba.” 

6. Se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos.” 

7. Se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos.” 

8. Se relanzará y reforzará la cooperación en el ámbito de la migración. El Grupo

Permanente Hispano - Marroquí sobre Migraciones se reunirá próximamente.” 

9. La coordinación en el marco de las respectivas presidencias del proceso de Rabat, durante el periodo 2022 - 2023, se realizará de forma que se ponga de relieve la cooperación ejemplar que mantienen los dos países en este ámbito, en beneficio de un enfoque global y equilibrado del fenómeno migratorio.” 

10. Se reactivará la cooperación sectorial en todos los ámbitos de interés común: económico, comercial, energético, industrial y cultural, entre otros.” 

11. La facilitación de los intercambios económicos y las conexiones entre los dos países será objeto de una próxima reunión.” 

12. El ámbito de la educación, la formación profesional y la educación superior será prioritario en esta nueva etapa. Se establecerá un grupo de trabajo específico con este objeto.”

 

13. Se fortalecerá la cooperación cultural. Se constituirá un grupo de trabajo sectorial en el ámbito de la Cultura y el Deporte. Se dará un nuevo impulso al Patronato de la Fundación Tres Culturas.” 

14. Los informes de actividad de las reuniones y Grupos de Trabajo establecidos o reactivados se presentarán a la Reunión de Alto Nivel.” 

15. Los dos países iniciara n conversaciones sobre la actualización del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1991, sobre la base de los principios, para metros y prioridades que deben guiar sus relaciones bilaterales en los años venideros.” 

16. Su Majestad el Rey Mohamed VI y el presidente del Gobierno de España, Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez, designara n un comité encargado de la puesta en práctica de la presente declaración en un plazo de tres meses”. 

REPERCUSIONES 

La nueva etapa que se abre en la asociación marroquí – española tiene también sus enemigos. 

Los sectores más conservadores y nacionalistas en la Península albergan el temor de que cuando Marruecos obtenga por parte de Naciones Unidas el reconocimiento pleno a su soberanía en el Sáhara y ponga fin a más de cuatro décadas de conflicto artificial, dirija las energías nacionales del Reino hacia la recuperación de Ceuta y Melilla terminando con el despojo colonial del reino alauí.

 

Porque sin lugar a duda Ceuta y Melilla son las últimas posesiones coloniales de un Estado europeo en África. España podrá considerar a estas ciudades como territorio español, tal como alguna vez Francia consideró a Argelia como parte de su territorio metropolitano, pero tomando en consideración al derecho internacional son colonias europeas en África. 

En tanto que los partidos de izquierda radical y partidos separatistas con representación parlamentaria (Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, E. H. Bildu y Partido Nacionalista Vasco), fieles a sus compromisos de solidaridad socialista con el Frente Polisario y Argelia, también se oponen al cambio de postura con respecto al Sáhara aferrándose a la idea inaplicable de un referéndum con que intentan desde hace décadas resolver este conflicto. 

También están los separatistas del Frente Polisario que ven como uno a uno caen sus apoyos internacionales dejándolos solos y aislados. 

Hasta este reciente cambio de posición, España era para el Polisario el principal aliado internacional después de Argelia. España era uno de los principales países aportantes de ayuda humanitaria y cooperantes para asistir a la población marroquí retenida en los campamentos de Tinduf; permitía sus actividades de proselitismo, como el infame “Programa de Vacaciones en Paz”, otorgaba rápidamente la nacionalidad española y pasaportes para que los dirigentes polisarios puedan recorrer los foros internacionales simulando se diplomáticos. 

España, además, pasa por alto las violaciones a los derechos humanos que el Polisario lleva a cabo en Tinduf, como la existencia de niños soldados, la represión a los mineros informales, o reteniendo contra su voluntad a mujeres saharauis de nacionalidad española en los campamentos o robando la ayuda humanitaria enviada. 

Por último, la decisión del gobierno de Pedro Sánchez afecta los intereses geopolíticos de Argelia que ha reaccionado airadamente retirando a su embajador en Madrid y sembrando dudas sobre el suministro de gas a la Península. 

Argel pretende crear un Estado títere sujeto a su influencia política militar en el Sáhara marroquí para de esta forma aislar a Marruecos del resto del África Occidental cortando las rutas comerciales terrestres que pasan por Mauritania, obtener una salida al Atlántico cuyas aguas son ricas en recursos pesqueros y poner en discusión la plataforma marítima marroquí.

 

Por otra parte, el derrumbe del Frente Polisario pondría fin al negocio del desvío de ayuda humanitaria hacia los mercados informales del Sahel, en beneficio de los corruptos altos mandos del Ejército argelino. 

Al sostener las aspiraciones separatistas del Frente Polisario, el gobierno argelino en realidad solo está protegiendo sus interés y negocios ilegales en el sur del Sáhara. 

BALANCE FINAL 

Indudablemente, el país que resulta más favorecido, al final de esta puja de casi un año y medio, es el Reino de Marruecos que ha obtenido el reconocimiento de España para sus justas reclamaciones de soberanía en el Sáhara y el establecimiento de una relación de igual a igual en las futuras relaciones diplomáticas. 

Para recluir cabe recordar que la geografía y la historia condenan a Marruecos y España a la convivencia en armonía y al entendimiento “basados en el respeto mutuo, la confianza recíproca, la concertación permanente y la cooperación franca y leal.”  

 

 

jueves, 7 de abril de 2022

PELIGRA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN EL PERÚ


Tan solo ocho meses fueron suficientes para que el presidente peruano Pedro Castillo condujera a su país a una nueva crisis de gobernabilidad que amenaza con convertirse en terminar.

CONTENIDO

Desde hace tres décadas los militares sudamericanos han retornado a sus cuarteles olvidando toda ambición de protagonismo político. Sin embargo, los gobiernos constitucionales no han logrado en muchos países consolidarse. Diversos presidentes sudamericanos se vieron forzados a renunciar a sus cargos o fueron destituidos por sus Congresos.

Algunos presidentes incluso terminaron sus gestiones y fueron encarcelados, están prófugos de la justicia de su país (el peruano Alejandro Toledo y el ecuatoriano Rafael Correa) e incluso uno (el peruano Alan García Pérez) incluso eligió el suicidio antes que la cárcel.

En este contexto de inestabilidad regional Perú es uno de los países más afectados por los problemas de gobernabilidad.

La renuncia de Alberto Fujimori a su ilegítimo tercer gobierno -y su huida al Japón en noviembre de 2000-, llevó al interinato de Valentín Paniagua hasta julio de 2001.

El nuevo presidente, un economista de origen humilde formado en los Estados Unidos, que logro capitalizar el descontento popular contra la corrupción de era de Fujimori.

Toledo terminó su gobierno sumido en el desprestigio de no haber solucionado los problemas económicos y de desarrollo del país.

El eclipse de Toledo dejó el camino abierto para el retorno al poder del APRA de la mano de Alan García al cual los peruanos mágicamente le perdonaron los pecados cometidos durante su primer gobierno (1985 – 1990): la represión ilegal del terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, la corrupción descontrolada y la hiperinflación final de su gobierno. Con más edad y experiencia Alan García apeló a un discurso más moderado y a la ortodoxia económica para derrotar al ex militar nacionalista de izquierda Ollanta Humala que ofrecía una propuesta de corte chavista.

Para sostenerse en el gobierno, Alan García debió apoyarse en el fujimorismo que conducía la hija del ex presidente, Keiko Fujimori.

La amenaza del retorno de fujimorismo de mano de Keiko, quien había oficiado de “primera dama” durante el gobierno de su padre, posibilitó finalmente el triunfo de Ollanta Humala en 2011.

Cinco años después, la presidencia terminó en manos del empresario liberal Pedro Pablo Kuczynski que conformó un gobierno de tecnócratas y que no pudo gobernar por el estallido del escándalo Odebrecht.

El Perú post Fujimori, con gobiernos impopulares y con altos niveles de corrupción, fue el escenario propicio para la constructora brasileña Odebrecht repartiera sobornos entre los políticos para obtener jugosos contratos de obra pública.

El escándalo estalló hacia fines de 2017 y llevo a la cárcel a Ollanta Humala y a su esposa, al suicidio a Alan García y al exilio forzado en Estados Unidos a Alejandro Toledo.

Pedro Pablo Kuczynski finalmente renunció el 23 de marzo de 2018 y paso a cumplir arresto domiciliario.

Pero no solo los presidentes peruanos terminaron en la cárcel por corrupción. La líder del opositor partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori fue detenida en prisión preventiva entre el 10 de octubre de 2018 bajo cargos de lavado de dinero y corrupción vinculada a la empresa Odebrecht. Recién recuperó la libertad el 30 de abril de 2021.

La presidencia fue ocupada por el vicepresidente Martín Vizcarra quien terminó disolviendo el Congreso y convocando a elecciones parlamentarias en enero de 2020.

El nuevo Congreso destituyo al presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020. Su sucesor fue el presidente del Senado Manuel Merino que sólo logró mantenerse en el cargo cinco días. La dura represión a una protesta popular que dejó dos muertos lo obligó a renunciar el 17 de noviembre. Fue reemplazado por Francisco Sagasti.

EL TURNO DE PEDRO CASTILLO

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 6 de junio de 2021, el maestro rural Pedro Castillo se impuso por tan sólo 40.000 votos a Keiko Fujimori quien fracasó en su tercer intento por alcanzar la presidencia. En la primera ronda electoral, Castillo había obtenido tan sólo el 18,9% de los votos.

Pedro Castillo llegó a la presidencia con el apoyo de menos de uno de cada cinco peruanos y solo por el rechazo que causaba la figura de Keiko Fujimori en el electorado.

El partido que impulsó su candidatura Perú Libre, una formación política que se define como marxista leninista y mariateguista de cuna maoísta, en realidad responde a la conducción del neurocirujano Vladimir Cerrón, quien no pudo ser candidato por que pesa sobre él una condena de tres años y nueve meses por corrupción.

En una legislatura fragmentada en diez bancadas distintas, Perú Libre solo cuenta con solo 36 de los 130 diputados.

Además, el gobierno de Castillo se inició sin suficientes cuadros técnicos ni una propuesta seria de gobierno. Tanto el presidente como la mayoría de sus colaboradores ignoraban los rudimentos del funcionamiento de la administración pública.

En esta forma transcurrieron los primeros ocho meses de gestión pasando de una crisis a la siguiente.

La actual crisis se originó el pasado 28 de marzo con una huelga de camioneros que realizaron cortes de ruta en el sur del país. La protesta se originó en el alza de los precios del combustible. A ello se sumaron sectores populares que reclamaban por el alza de los precios.

El gobierno peruano enfrenta un serio problema inflacionario. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) el alza interanual del mes de marzo fue del 6,82 el nivel más alto de incremento desde 1998. Incluso el FMI, el FMI, ese mismo mes, corrigió en alza su estimación de inflación anual para el Perú, en 2021, pasando del 2,9% al 3,6%.

Los huelguistas provocaron cortes temporales y parciales en rutas que, en algunos casos derivaron en saqueos y cobros extorsivos de peajes a quienes estaban necesitados de atravesar los piquetes,

Pronto comenzaron los incidentes entre huelguistas y policías que intentaban desalojarlos y abrir las rutas al tránsito produciéndose detenciones, heridos y cuatro muertos.

En respuesta a los incidentes violentos, el presidente Castillo decreto sorpresivamente un toque de queda diurno para el martes 5 de abril en la ciudad de Lima y el vecino puerto de El Callao. La medida inconstitucional suponía el estado de emergencia, que facultaba a la policía a ingresar a las viviendas particulares y realizar detenciones sin necesidad de orden judicial eliminando también un conjunto de derechos ciudadanos. Adicionalmente, la medida suponía prohibir la movilidad de los ciudadanos, suspender las actividades laborales y el funcionamiento del Congreso.

A pesar del toque de queda, miles de personas salieron a las calles el martes. En barrios acomodados y de clase media hubo movilizaciones en contra del gobierno reclamando la renuncia de Castillo, aunque el presidente derogó la medida.

Los incidentes más serios entre la policía y los manifestantes, se produjeron en proximidades del Congreso, también resultaron atacados el edificio de la Corte Superior de Justicia en Lima y otras oficinas públicas en diversas ciudades del país.

Hasta el momento, se ha registrado un total de cinco muertos, un centenar de heridos entre ellos gran cantidad de policías y un número indeterminado de personas detenidas.

Ante el crecimiento del descontento popular surgieron pedidos de renuncia al presidente Castillo de otros sectores.

El tradicional periódico “El Comercio”, por ejemplo, publicó el miércoles 6, un editorial titulado “Presidencia Insostenible” donde se consignaba: “Los hechos de ayer confirmaron que lo mejor para el país sigue siendo que el presidente Pedro Castillo de un paso al costado.”

La posibilidad de renuncia o destitución por “vacancia del presidente” (juicio político por parte del Congreso) fue incluso considerada posible por uno de sus ministros.

El primer ministro del Perú, Aníbal Torre, durante una entrevista telefónica para la emisora colombiana “Blue Radio” respondió con un “En Perú todo es posible” a la pregunta sobre si la convulsión social y política podía poner fin al gobierno de Pedro Castillo.

Si bien durante el miércoles no se produjeron incidentes, hoy jueves la crisis dista mucho de estar superada y en los ambientes políticos de Lima se especula con un cambio de gabinete (sería el quinto en ocho meses).

En caso de que el presidente Pedro Castillo renuncie o sea destituido, lo reemplazaría la vicepresidenta Dina Boluarte, pero ella dio a entender que por lealtad también dimitiría.

No obstante, habría que esperar al desarrollo de los hechos para conocer este desenlace.

Por el momento, la gobernabilidad democrática en el Perú se encuentra pendiente de un hilo.