Dos semanas de protestas ininterrumpidas
con piquetes en las rutas y daños en las ciudades interrupción de las actividades comerciales han
producido pérdidas por más de quinientos millones de dólares en la economía ecuatoriana
El
Ecuador vive desde el 13 de junio una violenta movilización social antigubernamental
que inicialmente lideró la Confederación Nacional Indigenista de Ecuador
(CONAIE) y a la cual gradualmente se sumaron otros sectores, entre ellos los
trabajadores y estudiantes universitarios.
Desde
junio de 2021, la CONAIE ha mantenido distintos diálogos con el gobierno del
banquero liberal Guillermo Lasso y entregado una serie de propuestas por
escrito. Desde allí, la tensión a estado incrementándose hasta la actual paro
nacional con movilización incidentes
violentos que han dejado hasta el momento cinco muertos, entre ellos un
militar.
La
CONAIE demandó el cumplimiento de diez demandas: una moratoria para cuatro
millones de personas, renegociación de deudas y reducción de las tasas de
interés en el sistema financiero privado, la derogación de los decretos 95 y
151 que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería; el
respeto a la consulta previa, libre e informada para iniciar proyectos extractivos
en territorios comunitarios e indígenas; la suspensión del embargo de bienes o
propiedades por falta de pago de las deudas. También pide preciso “justos”
para los productos agrícolas, aplicación de políticas públicas para detener la
precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular.
Ante
la falta de una respuesta favorable el movimiento indigenista inició el paro
nacional con movilización, el lunes 13 de junio, con gran acatamiento. La
movilización incluyó piquetes en las principales rutas y protestas en el centro
de Quito.
En la
madrugada del martes 14, Lasso ofreció un primer mensaje al país, en el que se
centró en los “actos vandálicos” ocurridos durante las protestas.
El
viernes 17, el presidente anunció algunas medidas destinadas a “aliviar la
difícil situación de las familias ecuatorianas” entre las que figuran:
-
Incrementar el bono de desarrollo humano de U$S
50 a U$S 55.
-
Declarar en emergencia al sistema de salud
pública.
-
Duplicar el presupuesto destinado a la
educación intercultural.
-
Subsidiar hasta el 50% en el precio del
fertilizante urea a pequeños y medianos productores.
-
Condonación de todos los créditos vencidos
hasta los U$S 3.000 en BanEcuador.
-
Crédito agrícola de hasta U$S 5.000 al 1% de
interés y a un plazo de 30 años.
-
No incrementar el precio del diésel, el gas y
la gasolina extra y ecopaís.
-
No promover privatizaciones de servicios
públicos y sectores estratégicos.
La
CONAIE rechazó las medidas del presidente alegando que no daban respuesta a sus
demandas.
El
presidente replicó, ese mismo día, estableciendo el “Estado de excepción”
en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo Pastaza y
Tungurahua por treinta días. La medida implica limitación a las concentraciones
de personas, toque de queda que restringe la libertad de tránsito desde las
22.00 a las 05.00 hs. en el Distrito Metropolitano de Quito.
No
obstante, las protestas se incrementaron, caracterizándose por el bloqueo casi
permanente de las principales rutas nacionales, incluida la estratégica ruta Panamericana,
especialmente en el sector centro-norte del país, donde algunas de sus ciudades
más grandes padecen escasez de alimentos, combustibles y garrafas de gas.
El
viernes 24, la bancada de Unión por la Esperanza, el partido afín al
expresidente populista Rafael Correa, solicitó la salida del poder del presidente
por considerarlo responsable de la “grave crisis política y la conmoción interna”
del país.
El
presidente Lasso logró superar la destitución con el apoyo de los partidos
Izquierda Democrática y Social Cristiano. Además, el mandatario cuenta, al
menos hasta el momento, con el respaldo de las fuerzas armadas.
Para
reducir la tensión, el presidente levantó el “Estado de Excepción” y aprobó
una reducción de U$S 0,10 por galón en los precios de los combustibles. Sin
embargo, el diálogo entre el gobierno y los representantes de la CONAIE se interrumpió
sin alcanzar ningún acuerdo.
Mientras
las protestas continúan la economía ecuatoriana muestra el efecto de la
inestabilidad sociopolítica del país perdiendo unos quinientos millones de
dólares en los últimos 17 días.
El
ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado
señaló que el sector privado ha dejado de facturar unos 225 millones de dólares
desde el comienzo del paro.
En la
industria láctea se produjo una perdida de leche de 8,5 millones de litros, lo
que significa cerca de 13 millones de dólares, y las ventas se han reducido un
85%.
En tanto
que en el sector agrícola ganadero las pérdidas se elevan a 90 millones de
dólares, el florícola, a su vez, reportó pérdidas de 30 millones de dólares.
Otro
de los sectores económicos de Ecuador más afectados es el turístico, donde se
registran cancelaciones de reservas que llegan al 80% y un lucro cesante de al
menos 70 millones de dólares.
El
sector petrolero, uno de los pilares de la economía ecuatoriana, registra una
afectación de 100 millones de dólares al dejar de producir un millón de
barriles de crudo, de los cuales unos 850.000 barriles debían ser producidos
por pozos operados por la empresa estatal Petroecuador y 215.000 por operadoras
privadas.
Petroecuador
ha cerrado hasta el momento más de mil pozos, algunos por precaución ante
posibles desmanes de comunidades cercanas y otros directamente por amenazas de
manifestantes que incluso han llegado a tomar algunas instalaciones.
Las
protestas indigenistas que pretenden mejorar las condiciones de vida de la
población ecuatoriana más humilde está logrando el efecto contrario al causar
un daño más profundo y duradero en la economía del país que el originado por la
pandemia del Covid 19.
