Latinoamérica es una región
inundada de armas ilícitas, pese a que ciertos países del subcontinente tienen
una legislación de armas relativamente estricta. Curiosamente, la mayor parte
de estas armas provienen del mayor productor del mundo: los Estados Unidos.
América
Latina es, lamentablemente, una región caracterizada por altos niveles de
violencia, elevadas tasas de homicidios, proliferación de organizaciones del
narcotráfico. Por consiguiente, es un mercado floreciente para la
comercialización de armamento ilícito.
La
demanda de armas, bien sea para fines criminales o exclusivamente para defensa
personal, ha creado zonas como la Triple Frontera, que constituyen una suerte
de "supermercado" de armamento ilícito.
De hecho, videos tomados por periodistas empleando cámaras subrepticias muestran lo fácil que es comprar un
arma a lo largo de la frontera entre Argentina y Brasil.
La
gran concentración de armas de fuego en Latinoamérica guarda correlación con
los elevados índices de violencia con armas, en particular en los países de
Centroamérica: El Salvador, Gatemala y Honduras. En este último, las armas de fuego se usan en más del ochenta por ciento de los homicidios,
una dinámica instigada por el fácil acceso a armas de bajo precio en el mercado
negro. Incluso, en la región se ha desarrollado una curiosa modalidad donde los
delincuentes alquilan el armamento a un proveedor, realizan una operación con
ellas (un robo o asesinato) y luego se la reintegran. El propietario,
generalmente un armero, modifica las armas para tornarlas irreconocible es una
pericia y luego las renta a otro criminal necesitado de armamento. El arma
siempre retorna al armero propietario.
Muchas
armas en la región, especialmente en México y Centroamérica, pueden tener su origen en Estados Unidos. Recordemos
que este país es el mayor productor de armas del mundo, que fabrica una de cada
dos armas. De hecho, en repetidas ocasiones el gobierno estadounidense ha objeto de críticas por no lograr
contener las grandes cantidades de armas que salen de ese
país. En agosto de 2016, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, hizo una crítica condenando la
política interna de armas en Estados Unidos, alegando que las autoridades
mexicanas han rastreado hasta Estados Unidos el origen del setenta por ciento
de las armas confiscadas en el país.
Este
mes, la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro decomisó en una terminal del
aeropuerto de El Galeao un embarque de armas constituido por 45 fusiles de
asalto AK-47, 14 fusiles AR-10 y un fusil alemán Heckler & Koch G3. Todo
este armamento había sido fabricado en los Estados Unidos (algunos bajo
licencia) y arribaron a Brasil en un contenedor catalogados como “calentadores para piscinas”.
Las
autoridades estimaron que cada una de estas armas pueden adquirir un valor de
U$S 5.000 en las favelas cariocas. También creen que el cargamento decomisado
puede constituir tan sólo uno de treinta embarques introducidos por la red de tráfico
de armas desarticulada en esa operación. Dicha red habría introducido hasta
1.800 fusiles de alto poder al Brasil.
Sin embargo, no todas las
armas en la región vienen de los Estados Unidos. Brasil es el segundo productor
de armas del continente, solo superado por Estados Unidos, y Argentina también
fabrica armas de muy buena calidad. No obstante, la producción de armas de
Argentina y Brasil se centra especialmente en armas de puño: pistolas y
revólveres. A la región también llegan gran cantidad de armas de fabricación
china y turca.
Los criminales, en muchos
casos suelen acceder a armamentos de muy buena calidad cuando roban en
domicilios particulares debido a que cada vez más, personas comunes, ante la
ola de inseguridad que se ha tornado endémica en los países latinoamericanos,
adquieren legalmente armas que luego terminan en manos de criminales.
Otra fuente de suministro
de armas al mundo criminal latinoamericano son las propias fuerzas de
aplicación de la ley. Algunos agentes corruptos de la policía y el ejército,
así como empresas privadas de seguridad, participan en el tráfico de armas, en ocasiones robando
armas de las reservas del gobierno o importando armas por vías legales para
venderlas a grupos criminales para beneficio personal. Indicios de estas
conductas se han denunciado en toda la región, desde la República Dominicana y hacia el sur hasta Uruguay.
El gobierno de Colombia,
por ejemplo, ha denunciado que militares venezolanos, afectados por la grave
crisis económica que sacude a su país, roban armas de sus depósitos y luego las
venden a elementos del Ejército Popular de liberación (EPL) en territorio
colombiano.
Por otra parte, la política
de la administración de Maduro en proveer armas a grupos civiles no
reglamentados y afines al gobierno, conocidos como “colectivos”, ha aumentado aún más el número de armamentos venezolanos
que transitan por este circuito. Algunas estimaciones calculan que hay
3.500.000 armas de fuego en manos de civiles venezolanos de las cuales el 70%
son ilegales.
Este flujo de armas
sofisticadas y de gran poder de fuego explican como la organización de
narcotraficantes brasileños conocidos como Primer
Comando de la Capital (PCC) puedo exhibir tal capacidad de fuego y de
manejo de explosivos de diverso tipo en el ataque a las instalaciones de la
empresa PROSEGUR, en ciudad del Este, Paraguay, en abril último.
Por lo tanto, para reducir
los niveles de violencia en América Latina hay que primero terminar con el tráfico
ilegal de armas.
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