lunes, 28 de septiembre de 2020

1951: LA “CHIRINADA" DEL GENERAL BENJAMÍN MENÉNDEZ


  

El 28 de septiembre de 1951, tuvo lugar el segundo intento militar por terminar con la carrera política de Juan D. Perón que culminó en un total fracaso.

 

LA CANDIDATURA VICEPRESIDENCIAL DE EVITA 

Hacia fines de 1947, se convirtió en un tema recurrente entre los peronistas la idea de reformar la Constitución Nacional, divulgada antes de las elecciones y apoyada por la prédica nacionalista y antiliberal, pero también conforme con quienes postulaban cambios técnicos o la incorporación a su texto del Decálogo del Trabajador y los Derechos de la Ancianidad. Sin embargo, el tema que en rigor promovió la reforma fue la reelección presidencial. A principios de 1948 se habían formado ligas, grupos y organizaciones de toda especie para proclamar la necesidad de que Perón siguiese en el poder. Su mandato expiraba en 1952, de acuerdo con el Art. 77 de la Constitución Nacional, y la modificación de esa cláusula fue el objetivo aglutinante del peronismo. Aun cuando faltaban tres años para los comicios del 51, era evidente que el peronismo no aceptaba otra conducción que la de Perón, y no confiaba en gestores que, asegurando la permanencia del partido en el poder, permitiesen la rotación de sus elites. 

Con la sanción de la reforma constitucional del 11 de marzo de 1949 y la posibilidad de la reelección, se originó dentro del movimiento peronista –en especial entre los sectores sindicales- un grupo que impulsaba la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia de la nación. Hugo Gambini atribuye la idea de la candidatura de Eva Perón a Serafín Román Yustine, un caudillo barrial conocido como “El Perón de la 13°”, quien la promocionó a través de un periódico parroquial denominado “Monserrat”. Otros dirigentes lo imitaron, hasta que la CGT tomó la iniciativa y la apadrinó.[i]  

La candidatura de Eva Perón fue un hecho político muy particular. Movilizó muchedumbres, culminando en una impresionante manifestación: “El Cabildo Abierto del Justicialismo” convocada por la C.G.T., el 22 de agosto de 1951, que proclamó la vicepresidencia para la “compañera Evita”. 

La C.G.T., conducida por José Espejo, un incondicional de Evita había trabajado duramente organizando una multitudinaria peregrinación a Buenos Aires desde los más apartados rincones del país, proporcionando a los asistentes transporte, alojamiento y alimentos gratuitos. Finalmente se declaró una huelga general para facilitar la concurrencia a la convocatoria. Su objetivo era reunir una multitud de dos millones de personas. En consecuencia, el lugar de la concentración fue la Avenida 9 de Julio, en un escenario montado frente al Ministerio de Obras Públicas. 

El acto se inició con la exclusiva presencia de Perón, a los efectos de permitir a la multitud reclamar la presencia de Evita. El propósito del encuentro era la consagración de la fórmula Perón – Eva Perón, tal como lo señalaba la convocatoria y los carteles que decoraban el escenario. A las cinco de la tarde Eva Perón se hizo presente y dirigiéndose a la multitud señaló que estando Perón al frente del gobierno el cargo de vicepresidente era tan sólo honorífico y que el único honor al que ella esperaba era el cariño de su pueblo. Ante la insistencia de la multitud, Evita pidió cuatro días para dar una respuesta definitiva. Pero, debido a la presión ejercida por Espejo, incitando a los asistentes al acto a no desconcentrarse hasta que la “abanderada de los humildes” diera una respuesta, a las diez de la noche, finalmente Evita consintió en hacer lo que pueblo le pidiera. 

No obstante, no estaba dicha la última palabra al respecto. En un discurso radial difundido el 31 de agosto Evita comunicó su irrevocable decisión de no presentarse como candidata a la vicepresidencia. “No renuncio a la tarea –dijo Evita con voz desgarrada-, sino solamente a los honores. [...] No tengo... más que una sola y grande ambición personal: que de mí se diga... que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevar al presidente las esperanzas del pueblo, y que a esa mujer el pueblo la llamaba, cariñosamente, Evita”.[ii]          

Desde comienzos de 1950, aunque la gente lo ignoraba, Evita se encontraba enferma de cáncer. No se había atendido a tiempo, desechando el consejo de los médicos. Cuando finalmente aceptó operarse fue demasiado tarde. Eva Perón moriría tan solo once meses después el 26 de julio de 1952. 

La candidatura de Eva Perón tuvo profundas implicancias tanto dentro como fuera del movimiento peronista. En las filas peronistas significó el alejamiento del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Coronel Domingo Mercante, un hombre de absoluta confianza de Perón y uno de los artífices del 17 de octubre de 1945, quien era el candidato natural a la vicepresidencia. Fuera del peronismo provocó una fuerte conmoción en las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar la posibilidad de que una mujer pudiera acceder a la presidencia de la Nación y por consiguiente a la Jefatura de las Fuerzas Armadas. 

LA CHIRINADA DE MENÉNDEZ 

Hasta ese momento, las Fuerzas Armadas eran –junto a los sindicatos- las piedras básales del edificio peronista. Por lo tanto el régimen les dispensaba un trato especial en cuanto a sueldos, ascensos –se aumentaron los cargos de oficiales superiores y se redujeron los de oficiales subalternos- y prebendas varias. Esto significó entre otros aspectos una política de reequipamiento y adquisición de pertrechos militares de la Segunda Guerra Mundial, aumentos de salarios superiores al promedio, construcción de barrios militares y en especial el irritante tema de las licencias para adquirir automóviles. Perón, para cosechar voluntades entre los militares, otorgaba a los generales y otros oficiales de alta graduación licencias para importar vehículos. El agraciado podía comparar el auto o vender la licencia con una importante ganancia. El favoritismo que esta práctica implicaba amargaba a quienes no resultaban agraciados, así los oficiales subalternos solían calificar de “general Cadillac” a los mimados del régimen. Sin embargo, el malestar entre los cuadros de oficiales comenzó con la imposición de asistir a clases de “doctrina nacional”, nombre con el cual se pretendía encubrir el adoctrinamiento peronista. 

Otro motivo de malestar entre la oficialidad era el tratamiento particular que merecían los suboficiales. Perón que había servido como oficial en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral conocía profundamente la mentalidad y aspiraciones de los suboficiales. En 1948, otorgó el derecho de votar a los suboficiales y aplicó una política tendiente a jerarquizarlos con buenos sueldos, viviendas y becas para sus hijos en el prestigioso Liceo Militar General San Martín. Tales halagos hacían sospechar que se los pretendía captar como una suerte de “comisarios políticos” por parte del gobierno. Los oficiales afirmaban que estas prácticas atentaban contra la disciplina y el orden jerárquico, esenciales para el funcionamiento de las instituciones militares.[iii] 

Mientras que un grupo de generales de alto rango – Sosa Molina, Jauregui, Lucero y otros- se complotó para “vetar” la candidatura vicepresidencial de Eva Perón. Otro grupo –formado principalmente por oficiales jóvenes encabezados por el viejo general Benjamín Menéndez- pretendía ir más allá, se proponían derrocar a Perón y retrotraer el reloj de la historia a 1943. Mientras que los primeros se conformaron con arrancar al presidente la renuncia de Eva Perón, los segundos decidieron pasar a la acción con el apoyo de varios dirigentes civiles. 

El 1 de agosto de 1951 estallaron bombas en varias estaciones ferroviarias cercanas a Buenos Aires y se cometieron algunos actos de sabotaje en las vías, sin mayores consecuencias. Los responsables eran algunos ferroviarios que no se resignaban a la violenta ocupación de “La Fraternidad” por elementos peronistas, y jóvenes universitarios de la FUBA vinculados al radicalismo, algunos de cuyos dirigentes, como Miguel A. Zabala Ortiz, participaban también de la conspiración de Menéndez y habían realizado los atentados para crear el clima de inquietud necesario para posibilitar el éxito del movimiento militar. 

Si bien el jefe era el general Menéndez, un viejo conspirador contra los gobiernos de Justo y Ortiz de ideas nacionalistas, que después de una vida agitada marcada por duelos, desafíos y conspiraciones, se encontraba en situación de retiro, pero conservaba gran prestigio dentro del Ejército y contactos con la oficialidad joven a través de sus dos hijos, ambos oficiales de caballería. 

En realidad, el principal animador de la conspiración había sido el general Eduardo Lonardi, por entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército con sede en Rosario, otro prestigioso militar del sector nacionalista del Ejército que mantenía un antigua enemistad con Perón donde no faltaban cuestiones personales. Según relata Robert A. Potash[iv] en 1937, Lonardi reemplazó a Perón como agregado militar en Santiago de Chile. Perón, que había dispuesto una transferencia de materiales con violación a las leyes chilenas de espionaje, dejó encargado a Lonardi que recogiera los datos sin informarle previamente acerca de la naturaleza o ilegalidad de la operación. Lonardi cayó en una trampa que las autoridades chilenas habían preparado a Perón, y aquél fue arrestado y alojado en una comisaría de policía de Santiago hasta que el embajador argentino pudo lograr su libertad. El episodio estuvo a punto de interrumpir la carrera militar de Lonardi, pero se le permitió continuar en parte gracias a la intercesión de su amigo y condiscípulo Benjamín Rattenbach, que estaba relacionado con el ministro de Guerra.  

Hacia fines de 1949, un grupo de oficiales, alumnos, profesores y miembros del personal superior de la Escuela de Guerra, inclusive el subdirector, coronel Pedro Eugenio Aramburu, comenzaron a contemplar la idea de derrocar al gobierno. En búsqueda de un oficial a quien pudieran persuadir de que asumiera la jefatura del movimiento, pusieron sus ojos en el general Lonardi a quien contactaron por medio del teniente coronel Bernardino Labayru. 

Lonardi comenzó lentamente los trabajos preparatorios del alzamiento, la detención de un grupo de oficiales implicados en la conspiración en junio de 1951 y la vigilancia que las autoridades realizaban sobre Lonardi obligaron a este a reducir su actividad. Entonces la jefatura del movimiento pasó a Menéndez. 

Menéndez consiguió el apoyo de varios dirigentes políticos: Arturo Frondizi y Miguel A. Zabala Ortiz de la UCR, el Américo Ghioldi por el socialismo, Reynaldo Pastor por los demócratas nacionales, y Horacio Thedy, de los demócratas progresistas, quienes se comprometieron de diversa forma en los trabajos conspirativos. 

La eliminación de la candidatura de Evita –y con ella, de la principal causa de descontento entre los militares- sin duda influyó sobre las perspectivas del golpe de Estado en marcha. El general Menéndez, sin embargo, siguió firme en su posición y planeó el golpe inminente. La conspiración se realizó principalmente en la Escuela de Guerra y en unidades navales y aeronavales. 

El levantamiento del 28 de septiembre de 1951 fracasó por su inadecuada planificación y por su deficiente ejecución. Puesto  que daba gran importancia al secreto y al factor sorpresa. Menéndez permitió que oficiales comprometidos en el complot viajaran al interior sin saber que el golpe era inminente. Él y sus colaboradores contaban demasiado con la improvisación y así no previeron que los tanques del regimiento de Campo de Mayo, que esperaban copar, necesitarían combustible, o que los suboficiales se les opondrían. Las demoras ocasionadas por el aprovisionamiento de los vehículos permitieron a un oficial leal y a varios suboficiales entorpecer los planes y alterar los tiempos calculados. Pero el error fundamental del general Menéndez fue de cálculo. Supuso que una abrumadora mayoría de militares opinaba como él y que un valiente puñado de hombres, con un simple desafío al gobierno, concentraría las fuerzas necesarias para derrocarlo. Aunque así fuera, era imprescindible un resonante éxito inicial para persuadir a los indecisos a que tomaran parte en la acción. En ese sentido, el anticuado uniforme de Menéndez, con sus sesenta y seis años y sus voces de mando caídas en desuso –estaba retirado desde hacía nueve años- causaron una penosa impresión entre los oficiales. Además, la pobre columna de tres tanques y doscientos hombres que salió de Campo de Mayo rumbo al Colegio Militar no ofrecía demasiado incentivo a los oficiales que simpatizaban con esa causa pero no estaban resueltos a arriesgar por ella sus carreras. 

Por su parte, los elementos civiles que habían estado comprometidos en su casi totalidad y entre ellos importantes dirigentes políticos, no habían recibido a tiempo la información de la resolución adoptada por el general Menéndez la tarde del día 27 de septiembre y por lo tanto habían quedado totalmente marginados de los acontecimientos iniciados en Campo de Mayo en las primeras horas del día 28.[v] 

El levantamiento de Menéndez fue escaso en cuanto a su alcance geográfico, su carácter y su duración. Sus objetivos principales eran las instalaciones de la Aeronáutica y la Marina situadas al noroeste de la Capital y la base aeronaval de Punta Indio. Sólo en Campo de Mayo hubo algunas víctimas, y su escasa importancia –el cabo Miguel Farina, fue abatido en un enfrentamiento que también dejó cuatro heridos en ambos bandos- indica que ese movimiento no estaba resulto a persistir hasta las últimas consecuencias, sino que era un intento de explotar la presunta disconformidad de los oficiales. 

El general Lucero, ministro del Ejército, pudo reunir una importante cantidad de fuerzas leales y hacer que el general Menéndez se rindiera en horas. Mientras tanto, los obreros peronistas, convocados por la C.G.T., se reunieron para defender al gobierno de un ataque que nunca se produjo. Al rendirse Menéndez, rebeldes de la Aeronáutica y pilotos de la aviación naval que habían dejado caer sobre la ciudad de Buenos Aires una lluvia de panfletos que proclamaban el golpe de Estado abandonaron sus bases ante el avance de las fuerzas leales y buscaron refugio en el Uruguay.[vi] 

Ante las primeras noticias del levantamiento, Perón firmó un decreto ordenando el fusilamiento de todo militar sorprendido con las armas en la mano y estableciendo el estado de guerra interno. El decreto, luego ratificado por el Congreso en una rápida sesión, se mantuvo hasta el derrocamiento de Perón cuatro años más tarde, salvo los días de elección. 

La consecuencia inmediata del levantamiento fue alterar aún más el ya tenso clima político argentino. Los peronistas acusaban cada vez con mayor hostilidad a los opositores al gobierno de ser traidores aliados con las potencias imperialistas. La oposición, por su parte, encontraba dificultades que se agravaban sin cesar para hacer oír su voz. Por ejemplo, durante la campaña política previa a las elecciones del 11 de noviembre, los partidos opositores actuaron con desventaja: se les negó todo acceso a los programas radiales. Sólo podían organizar reuniones al aire libre con permiso policial, y aun cuando lograban llevarlas a cabo, con frecuencia eran hostigados por grupos de provocadores. Los principales afectados fueron los miembros del Partido Socialista: sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, así como la mayoría de sus candidatos a diputados, estaban detenidos o permanecían en la clandestinidad. 

El impacto de la “chirinada”[vii] –como la denominó Perón- de Menéndez en las fuerzas armadas fue inmediato y profundo. Perón reemplazó a sus ministros de Aeronáutica y de Marina, y se ordenó una investigación de la conducta de cada oficial y suboficial durante esa emergencia. Las consecuencias abarcaron no sólo a quienes habían participado activamente en el complot, sino también a quienes tenían conocimiento del intento revolucionario y no habían actuado con energía para reprimirlo. Dentro del Ejército, se inició una depuración de los elementos desafectos al régimen que involucró a sus instituciones más prestigiosas, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Superior Técnica y el Colegio Militar. El gobierno expulsó a algunos alumnos cursantes, otros fueron dados de baja y condenados a prisión, y a otros se los obligó a pedir el retiro. Los generales que estaban al frente de los tres institutos militares fueron reemplazados; uno de ellos, el director del Colegio Militar, que se había negado a sumarse a Menéndez, fue dado de baja y sentenciado a tres meses de arresto. 

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas enjuició por rebelión al general Menéndez y a otros importantes partícipes de su movimiento. Aunque las publicaciones peronistas reclamaban la pena de muerte, el tribunal sentenció al general Menéndez a 15 años de reclusión, a los coroneles Bussetti -4 años-, Larcher –6 años-, Llosa –4 años-, Reimundes –3 años-, Repetto –5 años-, Pío Elía –6 años-, Alsogaray –5 años-. El tribunal se abstuvo de aplicar la sanción más severa de degradación, autorizado por el código de justicia militar. 

De los restantes 104 jefes y oficiales juzgados simultáneamente, a 45 se les aplicó condenas de 3 a 4 años de reclusión, con las accesorias de destitución y baja. El resto tuvo condenas que oscilaban entre el arresto de seis meses o menos y prisión hasta un año. Otros 66 oficiales que no comparecieron ante la corte marcial porque habían abandonado el país fueron destituidos por rebeldía. Si se incluye a quienes no fueron juzgados por esa corte pero que debieron retirarse mediante procedimientos administrativos, el número total de oficiales en servicio activo que vieron interrumpida su carrera a consecuencia del levantamiento del general Menéndez fue de alrededor de doscientos. 

En el frente político, repercutió inquietantemente la noticia de la compra, que por expresa decisión de Evita,  realizó la Fundación Eva Perón, de 2.000 fusiles y 5.000 pistolas para su entrega a la C.G.T. Empezaron a circular rumores sobre la posible formación de una milicia obrera.[viii]

[i] GAMBINI, Hugo: Ob. Cit. p. 18

[ii] CRAWLEY, Eduardo: Una casa dividida: Argentina 1880 – 1980. Ed. Alianza. Bs. As. 1989. Pág. 150.

[iii] SAENZ QUESADA, María: La Argentina. Historia del país y de su gente. Ed. Sudamericana. Bs. As. 2001. Pág. 557.

[iv] POTASH, Robert A.: El Ejército y la política en la Argentina 1945 – 1962. Ed. Sudamericana. Bs. As. 1980. Pág. 162 y 163.

[v] LANUSSE, Alejandro A.: Protagonista y testigo. Reflexiones sobre 70 años de nuestra historia. Ed. Marcelo Lugones S. A. Editores. Bs. As. 1988. Pág. 78.

[vi] POTASH, Robert A.: Óp.. Cit. Pág. 188.

[vii] CHIRINADA: Muchos nos preguntamos aún hoy que quiso decir Perón calificando de “Chirinada” el levantamiento de Menéndez. La única explicación que se me ocurre es que Perón conocía en detalle la muerte del matrero y cuchillero Juan Moreira a quien el cabo de la Policía Juan Cirino ensartó por la espalda con la bayoneta de su fusil Remington clavándolo contra una d las paredes del patio de la pulpería “La Estrella”, en Lobos. Recordemos que su abuelo, el Dr. Liborio Perón, entregó el cráneo y la daga de plata de Juan Moreira al Museo de Luján. En este sentido “chirinada” simbolizaría un ataque a traición y con cobardía. Aunque Juan Chirino que perdió un ojo y tres dedos a manos de Moreira no actuó a traición.

[viii] CRAWLEY, Eduardo: Óp.. Cit. Pág. 154.

viernes, 25 de septiembre de 2020

¿HABRÁ LLEGADO LA HORA DE “QUE SE VAYAN TODOS”?

La Argentina se debate en una profunda crisis socioeconómica potenciada por la existencia de un gobierno autista que se debate en banalidades sin encontrar las respuestas que con urgencia el país necesita

El gobierno presidido por Alberto Fernández apela a todo tipo de distracción para ocultar o al menos disimular la profunda crisis que atraviesa la Argentina. Probablemente la más grave en más de sus doscientos diez años de vida independiente.

Crisis heredada de los doce años de gobierno del matrimonio Kirchner y los cuatro de Mauricio Macri pero que se ha potenciado por el desacertado manejo que la actual administración ha hecho de la pandemia del coronavirus covid 19.

El actual gobierno kirchnerista impuso una cuarentena total paralizando casi totalmente la actividad económica. Pero desaprovechó los primeros meses, en que el ritmo de contagios era lento, no implementó los necesarios protocolos preventivos, no adecuó las instalaciones sanitarias ni mejoró el equipamiento para el personal médico.

Durante meses las usinas propagandísticas oficiales insistieron en que el país saldría rápidamente y con mínimos daños de la pandemia. Incluso el presidente Fernández no dudó en realizar polémicas y poco diplomáticas declaraciones afirmando que Argentina había manejado mejor la pandemia que países como Suecia o Chile.

La falacia no pudo mantenerse por mucho tiempo. Los contagios y las muertes se dispararon y Argentina se situó entre los nueve países más afectados por la enfermedad y con un elevado índice de mortalidad con relación al número de infectados.

Para ese entonces la economía argentina que arrastraba años de recesión recibió con la cuarentena el golpe de gracia.

Miles de pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas definitivamente. Otra tanto debieron hacer emblemáticos comercios que llevaban décadas brindando sus servicios a la comunidad. La hotelería, los locales gastronómicos, los artistas, los comercios en centros comerciales con elevados alquileres y los pequeños locales familiares atendidos por sus dueños fueron los más afectados.

Pronto las ciudades argentinas adquirieron un perfil fantasmal con su muchos locales cerrados y con rojos carteles de “se alquila”. El microcentro de la “opulenta” ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo de ello.

En diciembre de 2019, cuando asumió la presidencia el binomio formado por Alberto Fernández y cristina Fernández Kirchner, el dólar blue cotizaba a 71 pesos por unidad, uno de cada tres argentinos se situaba por debajo de la línea de la pobreza y cuatro millones de habitantes percibían algún tipo de subsidio del Estado, se alimentaban en “comedores comunitarios” o recibían “bolsones de alimentos”.

Diez meses más tarde, el dólar blue cotiza a 147 pesos, dos de cada tres argentinos se sitúa por debajo de la línea de la pobreza y once millones de habitantes perciben algún tipo de subsidio del Estado, en especial el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de diez mil pesos que comenzó pagándose mensualmente (aunque con mucho atraso) y actualmente se paga bimestralmente. El número de quienes se alimentan en “comedores comunitarios” o retiran “bolsones de alimentos” de las municipalidades se ha multiplicado.

La jubilación mínima que reciben dieciséis millones de personas se fijo en septiembre en $16.864 pesos por mes. Es decir, que un jubilado debe sobrevivir con $526 pesos diarios. Con esa suma debe pagar impuestos (nacionales, municipales y quizás provinciales), luz, gas, teléfono, alquiler, posiblemente expensas a un consorcio y adquirir los medicamentos que por su edad (más de 65 años) y dolencias le demanden.

Veamos una interesante comparación. Un general de brigada del Ejército, con más de treinta años de servicio, según el Jefe de Estado Mayor del Ejército percibirá con los haberes del mes de octubre la suma de $ 95.199, que equivalen a U$S 648 dólares estadounidenses, una 5,6 jubilaciones mínimas. Pero esos haberes sufren descuento de aportes jubilatorios, obra social e impuestos a las ganancias.

Un diputado nacional recibe como honorarios por diversos conceptos la suma de $ 215.000 pesos mensuales, unos 1.462 dólares al cambio actual y el equivalente a 12,75 jubilaciones mínimas. También recibe descuentos por aportes jubilatorios y obra social. Pero, los diputados están exentos del pago de impuestos a las ganancias.

Si llevamos estas cifras valores internacionales un jubilado argentino percibe U$S 115 dólares estadounidenses, o sea unos tres con cincuenta dólares diarios. Lo mismo que gana un habitante de los países más pobres de África y Asia.

No puede sorprender entonces que muchos jubilados dependan de sus familiares más jóvenes, continúan trabajando mientras pueden o se convierten en asistentes a los comedores comunitarios.

Hoy un ejército de trabajadores desempleados anda a la caza de cualquier tipo de “changa” que le permita llevar alimentos y un poco de dinero a sus hogares. Muchos antiguos trabajadores mejor preparados y con más iniciativa aguzan su ingenio su inventiva para crear precarios “microemprendimientos”.

Algunos se dedican a producir velas aromáticas, otros venden esencias, preparan comidas caseras para entregar a domicilio, distribuyen productos de limpieza, ofrecen clases de yoga, gimnasia o reiki por internet, etc.

La imposibilidad de afrontar el pago de alquileres, expensas e impuestos ha obligado a muchas personas a apelar a la solidaridad de algún familiar que los albergue, a instalarse en precarias casillas en las villas miseria o directamente a entrar en “situación de calle”. Cuando no a participar en la usurpación de tierras y viviendas desocupadas por sus propietarios.

El empobrecimiento generalizado y la liberación indiscriminada de delincuentes presos ha incrementado considerablemente el número de delitos violentos. En especial los femicidios detonados por el encierro de la cuarentena y los crecientes conflictos familiares por falta de dinero.

Este es el desgarrador retrato de un país que ha entrado en una pronunciada anomia social, donde el que puede se va o hace planes para irse cuando disminuyan las restricciones impuestas por la pandemia.

Más de diez compañías globales (Falabella, Sodimac, Walmart, la aerolínea Latan, Air New Zealand, Emirats Airways, Qatar Airways, la aerolínea low cost europea Norwegian, la fabricante de pintura para automóviles BASF y su competidora Axalta, al autopartista francesa Pierre Fabre, la empresa de indumentaria deportiva Nike, la empresa alemana de packaging Gerresheimer, la firma de delivery Glovo y la empresa de comidas rápidas Burger King) abandonan el país por sus condiciones estructurales: la prohibición de despidos, las expropiaciones, imposiciones de tarifas controladas por el Estado, controles cambiarios, restricciones a las importaciones, elevados costos laborales, el poder de los sindicatos, etc.

No obstante, en algunas empresas internacionales dejan el país porque el poder adquisitivo de la población ha descendido tanto que no pueden adquirir los productos o servicios que comercializan. El sector más afectado por la pérdida de ingresos es la sufrida clase media argentina que cada día se reduce más.

Mientras los economistas privados recorren los programas periodísticos alertando sobre el sunami económico y social que amenaza al país. El gobierno y sus funcionarios viven una suerte de autismo en que sólo atienden sus intereses políticos, sus especulaciones electorales y sus ambiciones personales.

Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidente y líder autocrática del Frente de Todos esta inmersa en sus vendettas contra los miembros del poder judicial y algunos periodísticas críticos. Aunque su preocupación principal es obtener el sobreseimiento definitivo en las causas judiciales que la afectan a ella y a sus hijos. Para lograr ese objetivo no duda en llevar a cabo toda suerte de arteras maniobras desplazando a empellones a los jueces que los procesaron.

La vicepresidenta esta especialmente interesada en recuperar el patrimonio embargado por la justicia y cobrar la doble jubilación sin pagar los mismos impuestos a las ganancias que el resto de los argentinos.

En otras palabras, Cristina solo se interesa en su propios problemas y por mantener bajo control a su testaferro en la presidencia.

El presidente Alberto Fernández ha dinamitado toda su credibilidad afirmando primero una cosa y veinticuatro horas más tarde decir o hacer precisamente todo lo contrario. También ha perdido su imagen de político moderado con declaraciones confrontativas y decisiones sectarias que solo contribuyen a profundizar la grieta que divide a los argentinos. Como la  puñalada por la espalda que asestó a su “amigo Horacio” al sacarle autoritaria e inconsultamente un punto de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir el desmanejo financiero del gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof. 

Si la situación no fuera tan dramática, las desopilantes declaraciones del presidente Alberto Fernández moverían a risa, pero en la situación actual solo causan pavor a quienes las escuchan.

Un día dice muy suelto de cuerpo que la Secretaria Legal y Técnica en lugar de cumplir con sus funciones se dedica a hacerle la “carta astral” y descubrir que es una suerte de “ave Fénix” que renace de las cenizas. Otro día obsequia un cachorrito a la madre de un joven asesinado y desparecido que reclama por la identificación y castigo de los asesinos de su hijo. Luego se congratula porque los argentinos podrán pagar un corte de cabello en dieciocho cuotas. Finalmente, el presidente que tiene su residencia privada en el barrio más costoso de la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero, condena a los porteños por vivir en la opulencia. Pero, que opulencia puede haber en la Villa 31 de Retiro, la Ciudad Oculta de Mataderos o la Villa 21 del bajo Flores, o en las decenas de precarios inquilinatos que sirven de refugio a miles de porteños pobres y a inmigrantes provenientes de los países limítrofes.

Con estas disparatadas declaraciones el presidente Fernández no hace más que descender en las encuestas. Hoy el presidente se ha convertido en el político argentino con mayor imagen negativa, superando por primera vez a su vicepresidenta Cristina Kirchner. En esta forma Fernández se equipara con su colega venezolano Nicolás Maduro quien suele hablar con los pájaros y con el espíritu de Hugo Chaves.

Los comportamientos bizarros dentro del kirchnerismo no son patrimonio exclusivo del presidente. Está semana la Cámara de Diputados de la Nación debió expulsar al diputado kirchnerista Juan Ameri. El legislador convirtió una sesión parlamentaria por zoom en una vídeo porno casero. Durante el debate, el diputado que se encontraba en su domicilio se dedicaba a besarle una teta desnuda a una de sus asesoras, a la vista de todos sus colegas.

Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá presentó con bombos y platillos un nuevo mapa oficial de la República Argentina donde el sector antártico reclamado por el país -hasta ahora infructuosamente por la vigencia del Tratado Antártico de 1959 y la superposición con otras reclamaciones de soberanía en el continente blanco- aparece como la nueva y más grande provincia del argentina. Además de confundir los conceptos de aguas territoriales, zona económica exclusiva y plataforma continental entre otros dislates. Una fantasía total que se pretende presentar como un logro internacional de la gestión kirchnerista y que sólo servirá para generar conflictos con otros Estados.

La única solución que se le ocurre al gobierno kirchnerista frente a la crisis es aumentar los impuestos, incrementar los controles cambiarios y a estatizar aún más la economía, mientras se aumenta el gasto público creando nuevos juzgados u otorgando jubilaciones sin aportes previo incrementando aún más el déficit del ANSES.

No debe sorprender entonces que cada día más argentinos se pregunte hasta cuando seguirá esta disparatada aventura populista, como hará la Argentina para sobrevivir a ella y si no es necesaria una renovación profunda de la clase política. El demorado “que se vayan todos”.   

 

jueves, 24 de septiembre de 2020

EL DÍA QUE LOS MONTONEROS LE TIRARON UN “FIAMBRE” A PERÓN


 

El 25 de septiembre de 1973 la organización terrorista Montoneros asesino al Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, un trabajador y dirigente peronista cuyo único pecado era ser fiel a su líder el general Juan D. Perón.

 

Luego de las nuevas elecciones del 23 de octubre de 1973, en las cuales Juan D. Perón fue consagrado presidente de la Nación por tercera vez con el 61,8 por ciento de los votos, la organización terrorista Montoneros, aunque oficialmente había suspendido su accionar, operaba sin adjudicarse las acciones que realizaba.

 

La más importante operación realizada por ellos fue el asesinato del Secretario General de la C.G.T. José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973. Rucci era un peronista ortodoxo que intentaba oponerse al avance de la izquierda en el movimiento peronista, para ello había creado poco antes la Juventud Sindical Peronista.

 

Rucci había nacido el 15 de mayo de 1924 en un humilde puesto -un rancho- de la estancia "La Esperanza", en Alcorta, provincia de Santa Fe. Casi adolescente, trabajó como domador de caballos. Inquieto y de gran inteligencia natural, se trasladó a Buenos Aires en busca de mejor destino. Se casó con Nélida Blanca Vaglio y tuvo dos hijos: Aníbal y Claudia, quienes en la fecha del atentado tenían 14 y 9 años, respectivamente.

 

Su primer trabajo formal, que lo llevó a convertirse en metalúrgico, lo obtuvo en la fábrica de cocinas "Catita". Ya siendo Secretario General de la CGT, en una entrevista con dirigentes estudiantiles universitarios, que querían conocer sus inicios en aquella empresa, declaró que le asignaron allí la tarea de barrer talleres, para luego desarrollar otras actividades, siempre como obrero, empezando también desde abajo su carrera sindical.

 

“Tanto se distinguió en su dirigencia – nos dice Enrique Oliva- como delegado, que lo llevó a ser Secretario de Prensa de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cuando era encabezada por Augusto Timoteo Vandor. En 1966, el gremio lo hace interventor de la Seccional San Nicolás, donde también se destaca por su eficaz gestión sindical, trascendiendo su prestigio. Así alcanza el 2 de julio de 1970, en el Congreso Confederal, al ser designado Secretario General de la CGT, y reelegido en el cargo en 1972.”

 

“Fueron muchos los logros de Rucci al frente de la CGT, donde prácticamente vivía, pues con mucha frecuencia hasta dormía en la sede de calle Azopardo.”

 

“El crimen fue cometido alrededor de las 12:20, al salir de su humilde casa familiar en la calle Avellaneda 2953, propiedad prestada por un amigo. Era una de esas edificaciones con un largo pasillo angosto al que comunican varias viviendas. Cometió el error de encabezar una fila de dirigentes con los cuales había estado reunido, facilitando involuntariamente la tarea de los criminales.”


“Osvaldo Agosto[i], amigo y colaborador de Rucci, uno de los integrantes del grupo que lo acompañaba, con manifiesta indignación declara: ‘Los asesinos, enterados que en algún momento el jefe sindical debía salir, habían ocupado la casa vecina que tenía un cartel de venta de una inmobiliaria. Se habían presentado allí como interesados compradores y una vez adentro maniataron y amordazaron a la única persona presente en el lugar, una anciana
-Magdalena Villa viuda de Colgre-. Hicieron los disparos a traición y por la espalda de José, asomados a un balcón que daba sobre la vereda y desde la puerta de la casa, casi a quemarropa. Luego huyeron por los fondos a través de viviendas bajas’[ii].”


Desde las páginas del diario La Opinión se trazaba el siguiente perfil psicológico del dirigente sindical muerto y de su significación política: “Muchos de la generación intermedia del peronismo, recuerdan aún a aquel muchacho delgado nervioso, uno de los más duros e intransigentes en las primeras etapas de la llamada ‘revolución libertadora’. Su cuartito de los fondos de la casa de San José –entonces la sede de la seccional Capital de la U.O.M.- donde lo habían arrinconado sus disidencias con Vandor. La terraza de al lado, donde convocaba a los delegados, para improvisar discursos encendidos y reiterativos, que terminaban invariablemente con una exhortación guerrera: hay que darles con todo. No eran sólo consignas: él también como los jóvenes de entonces, como los jóvenes que vinieron después, jugó peligrosamente su papel en la resistencia contra el gorilismo, fue uno más en aquella etapa de anonimato en serio, cuando los diarios silenciaban todo, y el secuestro de Felipe Vallese no mereció siquiera un recuadrito perdido, porque todavía el miedo seguía constituyendo la costumbre.” [...]

 

“Indudablemente, cuando es arrancado de San Nicolás para ejercer la conducción de la CGT, Rucci asume la virtual delegación de Perón, y en eso, sólo en eso reside su fuerza. No tiene un aparato poderoso que lo respalde, ni consenso suficiente como para ensayar caminos particulares. Depende, pura y exclusivamente, de su lealtad al líder y de la confianza que el líder le dispense.”

 

“En la cúpula de la central obrera, Rucci mantuvo las características esenciales del dirigente sindical argentino, aunque éstas sean difíciles de encontrar en muchos de los dirigentes actuales. Personalista y autoritario, como son los caudillos; poco confiado en quienes se le acercaban; solitario en las grandes decisiones, entregado a la euforia o a la depresión; impenetrable o comunicativo, según los interlocutores o el momento; pragmático siempre; recelosos ante los esquemas teóricos, pero mentalmente abierto para avanzar hasta donde su visión de la realidad lo admitiera; desconocedor de eufemismos, tajante, sin términos medios entre bueno o malo, entre verdad o mentira, entre afecto u odio. Amigo de las palabras solas, aunque fueran poco descriptivas, antes que de las disquisiciones, intolerante en las formas y los formalismo. Afligido ante las críticas que se le formulaban, irritable frente a los insultos, o indiferente ante nada, débil ante los halagos, orgulloso aunque acaso siempre inconsciente de su propia significación como figura máxima del sindicalismo organizado.”[iii]

 

Sin embargo, el asesinato de Rucci fue, en realidad, una forma de presionar a Perón por parte de los sectores juveniles radicalizados disconformes con lo que consideraban un giro hacia la derecha del anciano líder y de la pérdida de influencia dentro del mismo luego de la renuncia de Héctor J. Cámpora.

 

Montoneros nunca se adjudicó públicamente la autoría del hecho, aunque los militantes de la Tendencia revolucionaria coreaban en las movilizaciones: “Rucci, traidor, saludos a Vandor”. Una consigna que vinculaba el destino del sindicalista muerto con el de otros dirigentes metalúrgicos asesinados por guerrilleros peronistas, luego de intentar un peronismo sin Perón. Por ese entonces, en los ambientes estudiantiles los simpatizantes de Montoneros, con una cuota de ácido humor negro, llamaban a Rucci: “Traviata”. Ese era el nombre de una galletita que en esa época realizaba una propaganda diciendo: “La galletita de los 23 agujeritos”.

 

Según el doctor Ricardo Pozo, un asesor político y amigo muy íntimo y cercano a Rucci, que presenció la autopsia del cuerpo de su amigo dice, muy emocionado: "recibió 35 disparos de 4 calibres diferentes. Ya el primer proyectil de gran poder fue mortal, pues le dio en la parte posterior del cuello destrozándole la vena yugular. A su chofer, Clemente Muñoz, lo alcanzaron 7 balas pero logró sobrevivir".[iv]

 

En un primer momento, se discutió la autoría del atentado a Rucci. Entre los presuntos autores se encontraban desde la CIA hasta los parapoliciales que respondían al ministro de Bienestar Social, José López Rega[v]. para despejar cualquier duda basta con referirnos al testimonio, del por entonces militantes montonero, Miguel Bonasso:

 

“La conducción de Montoneros, que no quiso operar contra López Rega en las horas de indignación que siguieron a la masacre de Ezeiza, eliminaba ahora al puntal sindical de Perón, cuando la ciudadanía acababa de plebiscitar al jefe. Aunque la operación no fue firmada, la autoría montonera del atentado (que ya entonces me pareció un trágico desatino) nos fue confirmada, en una reunión del equipo que preparaba el matutino Noticias, por el propio Firmenich”.[vi]

 

El asesinato de Rucci fue un crimen que siguió la perversa lógica de “castigar al perro para que sufra el amo”. Y el amo sufrió y mucho. Al conocer la muerte de Rucci el anciano líder dijo entre sollozos: “Me han cortado las piernas”.

 

Pero si la Tendencia pensaba que la desaparición de Rucci restaría poder al aparato sindical, se equivocaron. Por el contrario, la dirigencia gremial se galvanizó, obtuvo mayor respaldo de Perón y se conjuró para un ajuste de cuentas. Ese mismo día el presidente electo definió claramente: “Sabemos que tenemos enemigos fuera del Movimiento Nacional Justicialista, que responden a otros intereses. Pero, también sabemos que existen sectores que se dicen justicialistas pero que nada tienen que ver con el justicialismo. Nosotros sabemos bien lo que somos lo que dicen nuestras Veinte Verdades, ni más ni menos. Por ejemplo, somos decididamente antimarxistas y estamos contra los dos imperialismo que quieren dividirse al mundo.”[vii]

 

Las relaciones entre Perón y los sectores juveniles –agriadas desde los sangrientos episodios de junio en Ezeiza- se interrumpieron decididamente con la muerte de Rucci. Para el líder justicialista, la dirigencia sindical era una de las piezas claves en la concertación económica, que se denominó “Pacto Social”, que constituyó el proyecto del gobierno del peronismo.

 

Perón, que asumió la presidencia por tercera vez el 12 de octubre de 1973, respaldó el desplazamiento de funcionarios vinculados a la Tendencia Revolucionaria que sobrevivían desde el gobierno de Cámpora, se apoyó en los sindicatos ortodoxos y dio algunas señales que fueron interpretadas por los sectores de derecha del peronismo como una suerte de vía libre para desatar una ola terrorista que se manifestó en atentados a unidades básicas controladas por la Tendencia, secuestros de militantes a manos de grupos parapoliciales y persecución de delegados de base por parte de matones sindicales.

 

Pronto se incorporó a la violencia política el accionar de “escuadrones de la muerte” parapoliciales denominados “Alianza Anticomunista Argentina” o más simplemente “Triple A”. Su primera acción fue un atentado explosivo contra el dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen. Pero esa es otra historia de los años de plomo.

 

La muerte de José Ignacio Rucci fue uno de los tanto crímenes absurdos e impunes cometidos en esos años. Ha quedado impune porque tras el retorno de la democracia, en 1983, el peronismo se encargó de que no investigaran los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 1976. En esa forma aseguraron la impunidad de los líderes terroristas de Montoneros y al mismo tiempo protegieron la imagen histórica de Juan D. Perón de su responsabilidad en la organización y dirección de la Triple A.



[i] AGOSTO, Osvaldo: Agosto oficiaba de jefe de prensa del Secretario General de CGT. Fue un militante histórico del peronismo. El 12 de agosto de 1963 formó parte de un comando de la Juventud peronista integrado además por Alcides Bonaldi, Manuel Gallardo, Juan José Valle y un quinto hombre que solo se conoce bajo el nombre de “Emilio” robaron el sable del General José de San Martín del Museo Histórico Nacional. El 1990, el presidente Carlos S. Menem designó a Osvaldo Agosto subsecretario de logística de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

[ii] OLIVA, Enrique: “Rucci de domador a héroe nacional” Artículo publicado en el servicio de noticias Urgente 24, del 21/9/04.

[iii] BORTONIK, Julio: “José Rucci vivió y murió como un desconocido”. Artículo publicado en el diario La Opinión del 27 de septiembre de 1973.

[iv] OLIVA, Enrique: ob. cit.

[v] PAINO, Horacio: “Historia de la Triple A”. Editorial Platense. Montevideo 1984. Pág. 75 y siguientes.

[vi] BONASSO, Miguel: “El presidente que no fue. Los Archivos ocultos del peronismo”. Ed. Planeta. Bs. As. 1977. Pág. 594.

[vii] REATO, Ceferino: Operación Traviatta. Ed. Sudamericana. Bs. As. 2009.

lunes, 14 de septiembre de 2020

EL KIRCHNERISMO CONTRA LA OPULENTA BUENOS AIRES


 

A falta de recursos que distribuir, el gobierno kirchnerista ha optado por distribuir pobreza. Si en un país pobre, la ciudad de Buenos Aires es un poco menos pobre, el gobierno nacional se ha propuesto terminar con sus prosperidad y convertirla en un territorio marginal y empobrecido para que no desentone con el paupérrimo Gran Buenos Aires.

En un país privado por la cuarentena de su pasión nacional: el futbol y con sus habitantes cansados de la prisión domiciliaria en que viven desde hace 180 días, los argentinos han creado un placebo adecuado para su frustración.

Un domingo cada tanto o uno de los muchos días feriados, los argentinos toman sus banderas celestes y blancas, sus ruidosas cacerolas, alguna pancarta casera y se lanzan a llenar las principales plazas y avenidas del país para cantar el himno nacional y expresarse en contra de la diarquía gobernante formada por el presidente Alberto Fernández y su vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de ciudadanos autoconvocados por las redes sociales sin distintivos partidarios ni líderes o aparatos políticos de encuadramiento que se movilizan por propia iniciativa, sin recibir ningún tipo de compensación o estímulo, que expresan su descontento pacíficamente y en muchos casos en tono festivo. Los políticos opositores que asisten a las marchas lo hacen a título personal y no partidario.

Motivos para el desencanto social, espoloneado por la cuarentena y la recesión económica, no faltan y cuando escasean el gobierno kirchnerista se encarga inmediatamente de producir otros nuevos.

En general, los descontentos son ciudadanos provenientes de la castigada clase media que expresa su rechazo a un gobierno que apelando a una supuesta “solidaridad social” los hostiga permanentemente con incrementos en los impuestos, restricciones a las libertades individuales, incrementando la inseguridad con liberaciones de presos peligrosos y permitiendo con su inacción que cualquiera de apropie de sus propiedades y bienes.

Estos opositores descontentos que llenan las calles constituyen un electorado muy distinto de la clientela política que suele movilizar el peronismo empleando una sofisticada estructura partidaria conformada por los sindicatos y el aparato de los intendentes bonaerenses en los barrios populares donde la población sobrevive a duras penas gracias a los subsidios a la pobreza y los alimentos distribuidos diariamente en los “comedores populares” y los bolsones de comida repartidos por las intendencias. Así, el que no va a las marchas oficiales no come.

Para verificar las diferencias entre las movilizaciones oficiales y las opositoras es suficiente con observar que en las primeras los manifestantes son trasladados por una flota de transportes escolares y buses alquilados ploteados con emblemas de las distintas intendencias. Los asistentes son encuadrados por los violentos muchachos de las “barras bravas” que actúan como grupos de choque y suelen distribuir elementos para elevar el ánimo de algunos asistentes y entonar los cánticos y consignas más agresivas. Nunca faltan ni incidentes ni violencia en las concentraciones peronistas.

Tampoco faltan esos manifestantes humildemente vestidos, con rostros un tanto aburridos e indiferentes que avanzan arrastrando los pies, muchas veces empujando los cochecitos en que transportan a sus niños (sin van con sus hijos cobran un importante plus monetario adicional) hacia el lugar del acto. Todo ello conformando un curioso cuadro sub realista.

BAJAR AL “PELADO”

El 27 de octubre de 2019, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, la dupla Fernández y Fernández se impuso por el 48,24% al 40,28% que obtuviera el entonces presidente Mauricio Macri. Hoy, después de que el presidente Alberto Fernández perdiera en el último mes quince puntos en su imagen positiva, todas las encuestas preelectorales privadas -las únicas que se realizan en el país- indican que los número de 2019 se han invertido.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el macrista Horacio Rodríguez Larreta, “el Pelado”, el opositor mejor situado en las encuestas nacionales supera a cualquier político oficialista incluidos el presidente Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner.

Es por lo que Cristina, la Jefa, ha ordenado a través de su hijo, el diputado Máximo Kirchner  abrir fuego contra él. “Al Pelado hay que pisarlo. Ni un café habría que tomar en la Ciudad. Encima le chupa las medias a Alberto”, habría transmitido en tono académico el hijo vicepresidencial al resto de los diputados oficialistas. Las huestes peronistas no dudaron ni un segundo en cumplir las órdenes de su Jefa.

La semana pasada, una huelga de la Policía de la Provincia de Buenos en reclamo de aumento salarial y otras mejoras sirvió de excusa para que el presidente Alberto Fernández en decidiera autoritaria, inconsulta y anticonstitucional modificar por un Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo modificar la Ley de Coparticipación Federal reduciendo la cuota que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 3,50% a 2,32%. Un recorte de 45.000 millones, que representa reducir el presupuesto de la ciudad casi un 10% para el 2020 cuando debe hacer frente a las mayores exigencias impuestas por la pandemia.

El mismo decreto traspasa los fondos sustraídos a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición, a la provincia de Buenos Aires administrada por el gobernador kirchnerista Axel Kicillof.  

La respuesta de la gente no se hizo esperar en las soleada tarde del domingo 13 de septiembre nuevamente ciudadanos descontentos llenaron plazas y calles para repudiar la media contra la ciudad porteña implementada por el gobierno nacional.

LA “OPULENTA” BUENOS AIRES

Pero la guerra contra el distrito opositor y sus dirigentes está muy lejos de haber concluido. El kirchnerismo amenaza con nuevos recortes a la coparticipación federal para llevar al 1,4% que recibía cuando era administrada por el Poder Ejecutivo como distrito federal.

El gobierno nacional también amenaza con reducir el número de diputados nacionales que se eligen en el distrito aduciendo que debido a que muchos porteños han trasladado su residencia al Gran Buenos Aires aunque siguen trabajando en la ciudad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una población de tres millones y medio de residentes, pero su población se incrementa a siete millones y medio los días y horas laborables debido a las personas que concurren para trabajar, realizar gestiones en organismos federales, recibir atención médica en centros de alta complejidad que solo existen allí, estudiar en escuelas, colegios secundarios y universidades o simplemente por actividades turísticas.

Por último, el Servicio Penitenciario Federal ha decidido unilateralmente no recibir más personas detenidas por la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1997, la ciudad de Buenos Aires dejó de ser un distrito federal para transformarse en una ciudad autónoma que funciona como una provincia más. Esta transformación obligó al gobierno de la ciudad a asumir nuevas funciones educativas, sanitarias y de seguridad. Así debió crear su propia policía en un proceso político largo y traumático. Pero en ese proceso no generó su propio servicio penitenciario, al igual que otras provincias, contrató ese servicio a la Nación.

Ahora la Nación, que tiene importantes instalaciones carcelarias dentro del territorio de la ciudad, como la Unidad 2, conocida como “Cárcel de Devoto”, por encontrarse situada en el barrio porteño de Villa Devoto, se niega a recibir a los presos que abarrotan las comisarias y la Alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires.

De persistir este conflicto, Rodríguez Larreta deberá elegir entre pagar a la Nación por cada detenido en las cárceles federales o, si no logra un acuerdo, construir en plena pandemia y con un fuerte recorte presupuestario sus propias instalaciones carcelarias y contratar personal para control penitenciario.

La guerra que el gobierno de Alberto Fernández ha desatado contra el principal distrito gobernado por la oposición, y en el cual el peronismo nunca pudo hacer pie, no es una táctica nueva.

El kirchnerismo al carecer de un plan de gobierno para sacar al país de la profunda crisis socioeconómica y soló pretende aplicar un modelo de “pobreza distributiva”. Como no tiene riqueza que repartir, distribuye la pobreza buscando que los argentinos que no pueden ser ricos sean todos igualmente pobres. Para ello necesita distraer a la opinión pública con una artificial confrontación entre gobierno y oposición.

Como todo populismo autoritario, el kirchnerismo necesita, para mantener la cohesión de sus filas e imponerse a la sociedad, de un enemigo. Como el tema de responsabilizar al “imperialismo yanqui” de todos los males del país se encuentra algo trillado, Cristina Kirchner prefiere embestir contra el macrismo a quien responsabiliza por los juicios contra ella y sus hijos Máximo y Florencia por evasión impositiva, enriquecimiento ilícito y otros delitos económicos.

De allí la necesidad de combatir a su principal rival, el pelado Horacio Rodríguez Larreta y sus huestes de opulentos porteños que viven en una ostentosa riqueza. “En la Ciudad todos tienen agua potable, todos tienen luz y gas, todos tienen cloacas, todos tienen acceso al transporte público. Cuando uno va para allá quién no quisiera vivir allí. Donde hasta los helechos tienen luz y agua. Donde te rompen la vereda y ponen baldosas cada vez más brillantes”. [...] “Todo mientras en el conurbano tenemos a los bonaerenses chapoteando en el agua y el barro”, dijo Cristina Kirchner sin recordar que la provincia de Buenos Aires fue gobernada durante 29 de los 37 últimos años por el peronismo y 13 años durante los gobiernos de su esposo y de ella.

Sin mencionar que, tanto el presidente Alberto Fernández como ella residen en lujosos pisos de los exclusivos barrios porteños de Recoleta y Puerto Madero donde el metro cuadrado de edificación se cotiza más alto que en cualquier otro lugar del país. Cómo dice el refrán no hay ciego que el que no quiere ver, y el “relato populista” no necesita ser cierto o real para ser útil al autócrata de turno.