domingo, 29 de abril de 2018

EN AMÉRICA LATINA LA VIOLENCIA CRIMINAL MILITARIZA LA SEGURIDAD





La violencia criminal insume l 3,55 del PBI regional, según el Banco Interamericano de Desarrollo, frenando el crecimiento económico de América Latina y militarizando la seguridad.

América Latina, con 21,5 homicidios por cada cien mil habitantes es la región más violenta del mundo, aunque presenta un leve descenso desde el 23,9 registrado en 2012.

No obstante, con tan sólo el 8% de la población mundial consigna el 33% del total de asesinatos que se comenten anualmente en el mundo.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- la violencia criminal consume el 3,55% del PBI regional, un porcentaje similar de recursos al que América Latina invierte en infraestructura.

La violencia criminal tiene un costo social adicional en pérdida de vidas, tratamiento de heridos y daños materiales. Así como el costo que demandan las actividades de prevención y las investigaciones que realizan los cuerpos de aplicación de la ley, además del mantenimiento de las prisiones.

Según el BID, tan sólo entre 2010 y 2014, la región de América Latina y el Caribe invirtió 6.500 millones de dólares anuales en construir y mantener institutos carcelarios. Esto no impidió que las prisiones se convirtieran en auténticas “tumbas” donde los internos intentan sobrevivir en condiciones inhumanas de hacinamiento y violencia.

Las cárceles latinoamericanas lejos de ser institutos para la resocialización de los internos son verdaderas “escuelas del delito”, donde frecuentemente un detenido sólo sobrevive si puede demostrar ser tan “duro” y violento como el resto.

Los países con mayor tasa de homicidios de la región son: El Salvador con 60 muertos por cada 100.000 habitantes, Venezuela con 53,7; Honduras con 42,8, Brasil con 27,8, Guatemala con 26, Colombia con 22 y México con 20,4. Tan sólo en cuatro países se producen el 25% de todos los asesinatos del mundo: El Salvador, Venezuela, Honduras y Brasil.

Cabe mencionar que la Organización Mundial para la Salud -OMS_ considera que con más de 30 asesinatos cada 100.000 habitantes un país, es una “zona en conflicto”. En consecuencia, cabe considerar que El Salvador, Honduras y Venezuela son zonas en conflicto.

Cabe destacar que hay países en la región que presentan tasas homicidios bastante bajas en relación con el resto. Bolivia, por ejemplo, tiene 6,4 homicidios cada 100.000 habitantes, Argentina 6, Ecuador 5,7, Cuba 5,4 y Chile inclusive esta por debajo de países del primer mundo con apenas 2,7 homicidios cada 100.000 personas.

La violencia criminal en América Latina afecta especialmente a los adolescentes varones de entre 15 y 29 años que constituyen el 50% de las víctimas fatales.

Por otra parte, el 75% de los hechos de violencia se cometen con armas de fuego. Revólveres y pistolas asesinan al 40% de los latinoamericanos.

Los altos índices de violencia criminal potencian, en contrapartida, la aparición de violencia parapolicial. Grupos de vigilantes armados y los denominados “escuadrones de la muerte” y las ejecuciones extrajudiciales son también comunes en muchos países de la región.

Mientras la población demanda medidas urgentes contra la violencia y los políticos oportunistas -como el ex militar y actual candidato presidencial Jair Bolsonaro en Brasil- proponen la aplicación de políticas de “mano dura y tolerancia cero” con el delito, los gobiernos de la región suelen involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el delito y la violencia generalizada.

Países como Brasil, México y Colombia, por ejemplo, han apelado reiteradamente al empleo de sus militares en la lucha contra las organizaciones del narcotráfico. En general, esta solución no ha dado buenos resultados.

El hecho más preocupante es que los expertos consideran que los altos índices de violencia en América Latina se mantendrán al menos hasta 2030.

sábado, 28 de abril de 2018

CRECEN LAS DENUNCIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS DEL FRENTE POLISARIO





Un detallado informa de un prestigioso instituto europeo pone en evidencia las vinculaciones del Frente Polisario con el terrorismo y el crimen organizado.

En reiteradas ocasiones expertos en seguridad internacional han denunciado las vinculaciones del Frente Polisario con el terrorismo y el crimen organizado transnacional. En un principio fueron ataques terroristas implementados por sus milicianos contra ciudadanos e intereses españoles en el Sáhara provocando centenares de víctimas fatales y cuantiosos daños.

Luego aparecieron evidencias de la participación de elementos del Frente Polisario en el lucrativo negocio del secuestro de extranjeros que visitan el Sáhara. En especial “cooperantes” pertenecientes a ONG europeas que concurren al Magreb a brindar su trabajo solidario.

Luego aparecieron las evidencias de vínculos entre miembros del Polisario con organizaciones terroristas como Al Qaeda en el Magreb Islámico y el Estados Islámico.
Ahora, es un detallado informe de una prestigiosa institución europea independiente que desnuda la participación del Frente Polisario en el comercio ilegal de armas en la región. Veamos el detalle de estos hechos.

El Frente Polisario asesino a casi trescientos ciudadanos españoles durante las décadas de los años 70 y 80. Los pescadores españoles que faenaban en la zona de El Aaiún o los trabajadores que picaban piedras en las minas de fosfato de Fosbucraá fueron aniquilados en masa. Barcos con toda la tripulación pasada a machete, secuestros, torturas físicas y psicológicas o fusilamientos con ráfagas de ametralladora eran algunas de las desastrosas “postales” que dejaron los terroristas separatistas que nunca fueron debidamente investigadas ni sancionadas, según afirma la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE).

Más tarde, el 24 de octubre de 2011, la madrileña Ainhoa Fernández Rincón, el mallorquín Eric Gonyalons y la italiana Rosella Urru, todos ellos cooperantes europeos pertenecientes a diversas ONG, fueron secuestrados en Rabuni, la sede administrativa de los campamentos argelinos controlados por el Frente Polisario, mientras desarrollaban actividades humanitarias.

Del secuestro de los cooperantes participaron elementos del Frente Polisario en asociación con terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), vinculados a Mokhtar Belmokhtar, el terrorista conocido periodísticamente como “Míster Marlboro”, desde sus tiempos de contrabandista de tabaco.

Los cooperantes fueron trasladados por sus captores en vehículos 4X4, primero a territorio de Mauritania y luego al norte de Malí. Meses después, luego de intensas negociaciones y de que sus gobiernos pagaran a los terroristas un sustancial rescate, fueron liberados.

Recientemente, el 15 de febrero de 2018, en Marruecos, la Oficina Central de Investigaciones Judiciales, el organismo responsable en Marruecos de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional, que dirige Abdelhak Khim como parte de la Dirección General de la Supervisión del Territorio Nacional, la eficiente DGST marroquí, arrestó en las ciudades de Laayun, Salé y Marrakech a tres individuos, de entre 24 y 30 años, miembros de una célula terrorista del Dáesh.

En el proceso, las autoridades antiterroristas marroquíes secuestraron documentación, uniformes y hasta una bandera pertenecientes al Frente Polisario.
Precisamente, una semana antes, en declaraciones formuladas a la prensa, Khim había advertido sobre los vínculos del Dáesh con el Frente Polisario y las actividades del terrorismo yihadista en el sur de Argelia.

Dijo el alto funcionario de seguridad marroquí: “El Dáesh no ha desaparecido. Hubo una reubicación; se reorganizaron en la zona sahelo – sahariana y en Libia. Donde encuentran áreas sin ley, allí se establecen”. Para luego agregar: “El problema se incrementa con la falta de cooperación de los argelinos y la existencia de un área controlada por un grupo terrorista que es el Frente Polisario.” Concluyendo: “Al Qaeda en el Magreb Islámico sigue intentando controlar el sur de Argelia y al norte de Mali”.

Las recientes revelaciones de los vínculos del Frente Polisario con el tráfico de armas a grupos terroristas yihadistas no hacen más que confirmar lo acertado de las declaraciones del jefe antiterrorista.

Ahora, es el Instituto Flamenco para la Paz, una prestigiosa institución financiada por la Unión Europea quien aporta nuevos elementos de Juicio. Un informe titulado: “Mercado ilícitos y Adquisición de Armas de Fuego por Redes Terroristas en Europa”, elaborado como parte del “Proyecto Safte”, consigna la colusión entre el Frente Polisario y grupos terroristas sahelianos, como MUJAO y Ansaru Din, en el período 2010 a 2016.

Las armas traficadas por los separatistas polisarios provenían del arsenal acumulado por el dictador libio Muhammad Gadafi y que terminó en manos de grupos irregulares después de su derrocamiento y asesinato.

La ONU ha estimado que Gadafi se encontraba en posesión de entre 250.000 y 700.000 armas de fuego portátiles, entre un 70 y 80% de ellas eran fusiles de asalto. La mayor parte de estas armas salieron de territorio libio y se esparcieron por la región sahelo - sahariana.

Muchas de ellas ingresaron a los campamentos de Tinduf llevados por elementos del Polisario que actuaron como mercenarios al servicio de Gadafi durante la guerra civil libia. Esto permitió al Frente Polisario, con la complicidad de Argelia, abastecer de armamento moderno a sus arsenales y vender el excedente a grupos terroristas y organizaciones criminales.

Recordemos, que existen antecedentes de la asociación entre funcionarios argelinos corruptos y dirigentes Polisario en el robo y tráfico de ayuda humanitaria proveniente de gobiernos y ONG europeas.

Así lo constató la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude -OLAF- en un detallado informe elaborado en 2008.

Estos hechos confirman que el Frente Polisario tiene un largo historial de actividades terroristas. También son inocultables los vínculos del Frente Polisario con el crimen organizado internacional.

Por lo tanto, nunca podrá hablarse de verdadera seguridad en la zona sahelo -sahariana mientras persistan los campamentos controlados por el Frente Polisario donde vive y recibe adiestramiento militar una población sin futuro, propensa a radicalizarse y a engrosar las filas de organizaciones terroristas como el Dáesh o AQMI.

Población que el Frente Polisario mantiene sumida en la pobreza y en la desesperación. Esos habitantes desocupados, para ganarse la vida, se ven naturalmente tentados a realizar actividades ilícitas.

El Frente Polisario es un grupo terrorista con vínculos en el crimen organizado, las pruebas están allí quien quiera verlas las verá y quien persista en su infantil creencia de que trata con una minoría perseguida enfrentará, más tarde o más temprano, las consecuencias.


lunes, 16 de abril de 2018

ECUADOR BAJO LA AMENAZA DEL NARCOTERRORISMO

Walter Arizala Vernaza, alias "Guacho"


Rota la alianza con Rafael Correa la narcoguerrilla colombiana extienden su accionar creando un área sin ley en la frontera colombo - ecuatoriana.

UN CRIMEN SIN SENTIDO

La sociedad ecuatoriana se encuentra fuertemente conmovida por el asesinato de tres periodistas del diario El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, en la provincia ecuatoriana de Esmeralda, frontera con Colombia, mientras realizaban una cobertura periodística sobre recientes hechos de violencia en la región.

Desde el pasado 7 de enero efectivos militares y policiales han sufrido diversos ataques -atentados explosivos, tiroteos con armas automáticas e incluso disparos de morteros- que provocaron al menos cuatro muertos y un centenar de heridos de diversa consideración, en las localidades de San Lorenzo, Mataje y Viche en la provincia de Esmeralda.

Los ataques son responsabilidad del Frente Oliver Sinisterra una de las llamadas “disidencias” de las FARC.

GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS RESIDUALES

Los integrantes de este grupo narcoterrorista anteriormente formaban parte de la columna Daniel Aldana del Frente 29 de las FARC.

Las disidencias de las FARC -que el gobierno colombiano denomina “Grupos Armados Organizados Residuales” (GAOR)- son frentes o grupos de guerrilleros que no aceptaron desmovilizarse -es decir, ir a las zonas veredales, entregar sus armas y hacer el tránsito hacia la vida en la legalidad y la paz- como lo estipula el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia y la organización narcoterrorista, en 2016.

Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- constituyen un serio desafío a la paz y la seguridad tanto de Colombia como de sus países vecinos: Ecuador, Brasil y Venezuela. Estas narcoguerrilla han minado la confianza sobre el actual proceso de paz.

El número de narcoguerrilleros que continúan en actividad es incierto. Las cifras varían entre los 1.000 y 1.400 combatientes según las fuentes. Los mismos se encuentran distribuidos en decenas de grupos de diversas dimensiones.

FRENTE OLIVER SINISTERRA

Oscar Armando Sinisterra Sevillano, cuyo alias en la organización era “Oliver”, era un líder de las FARC de la localidad de Nariño que cayó en combate en febrero de 2015.
Sus hombres tomaron el nombre de “Oliver Sinisterra” para denominarse al separarse de las FARC, en 2016.

Hoy el Frente Oliver Sinisterra cuenta con aproximadamente 250 combatientes que antes pertenecían a las Columnas Móviles Aldana y Mariscal Sucre del Frente 29 de las FARC que se negaron a desmovilizarse y responden al comando de Walter Arizala Vernaza, alias “Guacho”, el narcotraficante más buscado en Colombia y Ecuador y por quien se ofrece una recompensa conjunta de 247.000 dólares.

ALIAS “GUACHO”

Walter Arizala Vernaza es colombiano, aunque nació en proximidades a la frontera con Ecuador y cuenta con parientes radicados en el pequeño poblado de Limones en la provincia costera de Esmeraldas.

Alias “Guacho” ingresó a las FARC, en 2007, reclutado por alias “Alexis” o “Tachuela”. Ascendió rápidamente en la estructura del grupo narcoterrorista hasta alcanzar el rango de “comandante”.

En su carrera criminal de más de una década, alias “Guacho” se destacó como responsable financiero y experto en explosivos. Precisamente, el Frente Oliver Sinisterra es responsable por nueve ataques con explosivos en Ecuador durante los primeros meses de 2018.

Arizala Vernaza fue también el encargado de organizar las redes de tráfico de cocaína por las rutas y corredores terrestres que unen el Alto Mira y la frontera de Tumaco (Nariño) con cabo Manglares en el Océano Pacífico, como así también las rutas con Carchi y Esmeraldas en Ecuador, especialmente en la región del río Mataje, que delimita la frontera entre ambos países.

Cuando en 2016, las FARC acordaron desmovilizarse para cumplir con el proceso de paz, los hombres del Frente 29 decidieron transformarse en Frente Oliver Sinisterra para impedir que grupos guerrilleros pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional -ELN- y a las Guerrillas Unidas del Pacífico -GUP- se apropiaran de sus campos de cultivo y rutas de tráfico. Cabe destacar que ni el ELN ni las GUP pertenecieron nunca a las FARC.

El Frente Oliver Sinisterra organizó sembradíos de coca, comenzó a cobrar por protección a otros grupos de narcotraficantes, a recaudar “impuestos revolucionarios” de los habitantes de la región y a reclutar nuevos combatientes en la región de Tumaco (Nariño) y a ambos lados de la frontera colombo – ecuatoriana.

Pronto el Frente conducido por alias “Guacho” estaba administrando un lucrativo “negocio” que las autoridades colombianas estiman genera 25 millones de dólares semanales.

NARCOTRÁFICO Y GUERRILLA EN ECUADOR

Un informa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, elaborado en 2016, señalaba que Ecuador era un país de tránsito de precursores químicos para el procesamiento de drogas ilegales y también era particularmente vulnerable por la delincuencia organizada trasnacional. En el mismo documento se agregaba que Ecuador figuraba como “uno de los países por los que más droga transitaba” hacia los Estados Unidos y Europa.

Al mismo tiempo sostenía que en este país operaban algunas de las principales organizaciones criminales trasnacionales, incluidos los carteles mexicanos de los Zetas, Sinaloa y el Golfo y, por supuesto, las disidencias de las FARC.

La presencia de grupos narcoterroristas en la frontera colombo – ecuatoriana es antigua, y precisamente, bajo los dos periodos presidenciales de Rafael Correa la actividad de estas organizaciones criminales se incrementó considerablemente deteriorando las relaciones bilaterales.

Durante más de una década, el bolivariano Hugo Chávez se negó sistemáticamente a considerar a las FARC como una organización narcoterrorista. En total sintonía, Rafael Correa hizo otro tanto.

En una entrevista televisiva, el mandatario ecuatoriano calificó a las FARC como: “grupos irregulares. Ningún país de América Latina los llama terroristas, ni siquiera el gobierno colombiano, no antes de Uribe”, dijo.

Durante la llamada “Operación Fénix”, un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana, con la posterior incursión de helicópteros y personal de infantería, realizado en una zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población de Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el 1 de marzo de 2008, provocando la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el número dos del Secretariado de las FARC y responsable de las relaciones internacionales de la organización narcoterrorista, Luis Édgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”; se capturó abundante material documental que probaba los vínculos de Correa con la guerrilla colombiana.

El ataque contra Reyes y la revelación de los contactos de Correa con las FARC desataron una crisis diplomática. Correa para defenderse acusó al presidente Álvaro Uribe y a su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, de violar el territorio y la soberanía de Ecuador y prometió una investigación independiente que nunca se llevó a cabo.

Pero, Rafael Correa dejó la presidencia, en mayo de 2017, y sus pactos con las FARC y sus eventuales herederos caducaron. Especialmente, porque el presidente Lenin Moreno maniobró para evitar que Correa regrese a la presidencia en 2021.

La política del presidente Moreno de combatir al narcotráfico sin ningún tipo de concesiones o pactos en las sombras y su enfrentamiento con Rafael Correa explican la creciente actividad guerrillera en la zona fronteriza con Colombia y los recientes ataques del narcoterrorismo colombiano a las fuerzas armadas y policiales ecuatorianas dentro de su territorio.

LA TRAGEDIA

El 26 de marzo, los narcoguerrilleros se toparon con el equipo de periodistas del diario El Comercio. El equipo periodístico estaba integrado por el cronista Javier Ortega (32), el fotógrafo Paul Rivas (46) y su chofer y asistente Efraín Segarra (60).

Las últimas noticias de los periodistas con vida se obtuvieron el pasado 3 de abril. Los guerrilleros enviaron como prueba de vida de un vídeo donde los prisioneros aparecían de pie y sujetos por cadenas. Pero la filmación carecía de fecha que permitiera establecer cuando había sido grabado.

El viernes 13, el presidente Lenin regresó de Lima donde participaba de la Cumbre de las Américas, para confirmar en Quito la muerte de los periodistas.

“Con profundo pesar -dijo el presidente ecuatoriano- lamento informar que se han cumplido las doce horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”.

El primer mandatario ecuatoriano anunció, además, que se reanudaron las operaciones antiguerrilleras en la frontera con Colombia y ofreció una recompensa por información que permitiera la captura del “narcoterrorista, alias Guacho” a quien se incluyó entre los “más buscados de Ecuador”.

Por supuesto el Frente Oliver Sinisterra responsabilizó a las autoridades ecuatorianas y colombianas por la muerte de los infortunados periodistas.

En un comunicado el Frente afirmó que estaba dispuesto a entregar a los periodistas con vida pero que la respuesta del gobierno fue militar: con “más tropas, más gringos, más militares colombianos en Ecuador, más represión.”

Los narcoguerrilleros argumentaron que los tres periodistas murieron “en un intento fallido de asalto de las fuerzas militares ecuatorianas y colombianas en las montañas de la frontera.”

Por último, el Frente Oliver Sinisterra pidió garantías y la participación de “organismos internacionales” para la entrega de los cadáveres de los periodistas ecuatorianos.

El comunicado concluye con el lema: “Nuestra nacionalidad es donde nacimos… ¡Nuestra patria es América! Y señala “¡Montañas de Colombia!” Como el lugar donde fue redactado.

Las autoridades ecuatorianas creen que los periodistas fueron ejecutados por disparos de armas de fuego y que su muerte se produjo en territorio colombiano a donde los condujeron sus captores.

No obstante, aún no se recuperaron los cuerpos de los infortunados periodistas, pero la sociedad ecuatoriana no logra superar su estupor y dolor.

CONCLUSIONES

La tragedia ecuatoriana demuestra los límites del acuerdo de paz que debían terminar con las actividades criminales de las FARC.

En realidad, la organización madre se fragmentó en decenas de pequeños grupos más dinámicos y radicalizados. Por lo tanto, más peligrosos.

El proceso de paz en Colombia, que tantos apoyos internacionales recibió y que proporcionó el premio Nobel al presidente Juan Manuel Santos, en la práctica ha brindado pocos beneficios reales al pueblo colombiano. Ahora sus perjuicios desestabilizadores se proyectan a los países de la región, comenzando por Ecuador.


domingo, 15 de abril de 2018

OTRO LIBRO CONTRA TRUMP AGITA EL AVISPERO EN LA CASA BLANCA




“Bola de baba débil y mentirosa” es como denomina el presidente Donald Trump al ex director del FBI, James Comey, al conocer la publicación de su libro “A Higher Leyalty” -traducido como “Una lealtad más alta”-. El texto que constituye un nuevo y demoledor ataque contra el presidente.
En poco tiempo James Comey acumuló varios honores. No sólo fue el primer director del FBI despedido por falta de lealtad hacia su presidente, sino que fue capaz de hacerse odiar por igual por demócratas y republicanos.

Los demócratas -y en especial Hillary Clinton- lo culpan por su derrota en las elecciones presidenciales de octubre de 2016. Comey anunció quince días antes de votación, cuando Hilary encabezaba las encuestas, que el FBI contaba con nueva información y que en consecuencia reabriría la investigación sobre el affaire de los correos electrónicos clasificados, derivados al servidor personal de la candidata cuando todavía era Secretaria de Estado. Ese anuncio podría haber afectado el resultado final de los comicios.

Los republicanos, y en especial del presidente Donald Trump, desconfiaron siempre de los manejos personales de Comey, en especial en las investigaciones realizadas sobre miembros del equipo de campaña republicano en el marco de lo que se conoce como “la trama rusa”.

Recientemente, el presidente Donald Trump por su parte, consignó en un tuit una descalificación total del ex director del FBI: “James Comey es un filtrador y un mentiroso probado -escribió el presidente- virtualmente, todos en Washington pensaron que debería despedirlo por el terrible trabajo que hizo, hasta que fue despedido. Filtró información clasificada, por lo que debería ser procesado.” […] “Es un terrible director del FBI. Su manejo del caso de la corrupta Hillary Clinton y los eventos que lo rodean, pasará a ser uno de los peores malos trabajos de la historia. ¡Fue un gran honor despedir a James Comey!”

Por su parte, Comey no es menos insidioso al referirse al presidente a quien compara como una suerte de gánster al estilo de Michael Corleone o John Gotti.

Comey dijo que lidiar con Trump le recordó sus días al enjuiciar a los jefes de la mafia con su “círculo silencioso de consentimiento” […] “El jefe en control total. Los juramentos de lealtad. La cosmovisión de nosotros contra ellos. La mentira sobre todas las cosas, grandes y pequeñas, al servicio de algún código de lealtad que pone a la organización por encima de la moralidad y por encima de la verdad.”

Comey reconoce que discutió con Trump el contenido del dossier elaborado por el ex agente del MI6, Christopher Steele -con la colaboración del envenenado desertor del GRU Sergei Skripal-. En especial la versión sobre la contratación de prostitutas por parte del magnate inmobiliario durante una visita a Moscú.

El hecho resulta llamativo porque el polémico dossier fue confeccionado con el objetivo de desacreditar al candidato republicano durante la campaña presidencial. Por lo tanto, su veracidad y objetividad fue puesta en duda en los medios políticos demócratas que tuvieron acceso a él y por la prensa en general. Pero el FBI, por vía de su director James Comey otorgaba credibilidad al informe e incluso comentaba su contenido con el presidente.

¿Qué esperaba lograr Comey al discutir el tema? ¿Advertir al presidente, medir la veracidad de la información por su reacción o poner en jaque a Trump?

Nunca lo sabremos con certeza. Lo único que si sabemos es que el presidente se desprendió inmediatamente del polémico director del FBI.

Comey dejó el cargo resentido y mascullado su venganza. Esta llega ahora en forma de un libro que no aporta demasiadas novedades -o directamente ninguna-.

El exfuncionario como escritor de memorias vuelve sobre hechos y datos ya conocidos combinados con comentarios incisivos y despectivos contra su antiguo jefe. No aporta nada más.

El libro proporcionara a Comey una buena remuneración. Una suerte de indemnización por su intempestivo despido y una sensación de revancha. Pero dejará una imagen de él como un individuo rencoroso, dispuesto a revelar cuestiones confidenciales y a tomar venganza contra sus superiores. Esto puede poner fin a su carrera como funcionario público.

Donald Trump, por su parte, tendrá un breve dolor de cabeza, pero, después de todo, que le hace una mancha más al tigre…

Por el momento al menos, el escándalo promueve las ventas de un libro intrascendentes que hoy se traduce a varios idiomas y un año más tarde nadie recordará. ¿Quién recuerda acaso el libro “What Happened” (“Lo que pasó”), presentado el 12 de septiembre pasado por Hillary Clinton, donde la ex senadora se despachó a gusto contra James Comey?


viernes, 13 de abril de 2018

LAS FARC LLEVAN SU ACCIONAR A ECUADOR




Disidencias de las FARC secuestran y asesinan a tres periodistas del diario El Comercio en el norte del territorio ecuatoriano.

La sociedad ecuatoriana se encuentra fuertemente conmovida por el asesinato de tres periodistas del diario El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, en la provincia ecuatoriana de Esmeralda, frontera con Colombia, mientras realizaban una cobertura periodística sobre recientes hechos de violencia en la región.

Desde el pasado 7 de enero efectivos militares y policiales han sufrido diversos ataques -atentados explosivos, tiroteos con armas automáticas e incluso disparos de morteros- que provocaron al menos cuatro muertos y un centenar de heridos de diversa consideración, en las localidades de San Lorenzo, Mataje y Viche en la provincia de Esmeralda.

Los ataques son responsabilidad del Frente Oliver Sinisterra una de las llamadas “disidencias” de las FARC.

Los integrantes de este grupo narcoterrorista anteriormente formaban parte de la columna Daniel Aldana del Frente 29 de las FARC.

Las disidencias de las FARC -que el gobierno colombiano denomina “Grupos Armados Organizados Residuales” (GAOR)- son frentes o grupos de guerrilleros que no aceptaron desmovilizarse -es decir, ir a las zonas veredales, entregar sus armas y hacer el tránsito hacia la vida en la legalidad y la paz- como lo estipula el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia y la organización narcoterrorista, en 2016.

Oscar Armando Sinisterra Sevillano, cuyo alias en la organización era “Oliver”, era un líder de las FARC de la localidad de Nariño que cayó en combate en febrero de 2015.

Sus hombres tomaron el nombre de “Oliver Sinisterra” para denominarse al separarse de las FARC. Su líder Walter Arizala Vernaza, alias “Guacho”, organizó sembradíos de coca y organizo el cobro de “impuestos revolucionarios” en toda la región de Nariño y proximidades de la frontera con Ecuador.

Pronto el Frente Oliver Snisterra comenzó a expandir sus operaciones criminales a territorio ecuatoriano.

El 26 de marzo, los narcoguerrilleros se toparon con el equipo de periodistas del diario El Comercio. El equipo periodístico estaba integrado por el cronista Javier Ortega (32), el fotógrafo Paul Rivas (46) y su chofer y asistente Efraín Segarra (60).

Las últimas noticias de los periodistas con vida se obtuvieron el pasado 3 de abril. Los guerrilleros enviaron como prueba de vida de un vídeo donde los periodistas aparecían de pie y sujetos por cadenas. Pero la filmación carecía de fecha que permitiera establecer cuando había sido grabado.

El viernes 13, el presidente Lenin regresó de Lima donde participaba de la Cumbre de las Américas, para confirmar en Quito la muerte de los periodistas.

“Con profundo pesar -dijo el presidente ecuatoriano- lamento informar que se han cumplido las doce horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”.

El primer mandatario ecuatoriano anunció, además, que se reanudaron las operaciones antiguerrilleras en la frontera con Colombia y ofreció una recompensa por información que permitiera la captura del “narcoterrorista, alias Guacho” a quien se incluyó entre los “más buscados de Ecuador”.

Aún no se recuperaron los cuerpos de los infortunados periodistas, pero la sociedad ecuatoriana no logra superar su estupor y dolor.

La tragedia ecuatoriana demuestra los límites del acuerdo de paz que debían terminar con las actividades criminales de las FARC.

En realidad, la organización madre se fragmentó en decenas de pequeños grupos más dinámicos y radicalizados. Por lo tanto, más peligrosos.

El proceso de paz en Colombia, que tantos apoyos internacionales recibió y que proporcionó el premio Nobel al presidente Juan Manuel Santos, en la práctica ha brindado pocos beneficios reales al pueblo colombiano. Ahora sus perjuicios desestabilizadores se proyectan a los países de la región, comenzando por Ecuador.


jueves, 12 de abril de 2018

TRAGEDIA AÉREA PONE EN EVIDENCIA EL PAPEL DE ARGELIA EN EL CONFLICTO DEL SÁHARA




La mayor tragedia aérea de Argelia, la caída de un avión militar Iliushin 76 de fabricación rusa provoca la muerte de 257 personas, entre ellas 30 milicianos del Frente Polisario adiestrados para cumplir misiones especiales de sabotaje y terrorismo.

El aparato Iliushin argelino se estrelló tras despegar cerca de la base aérea militar de Bufarik, situada a una treintena de kilómetros al sur de la ciudad de Argel. La aeronave se estrelló el miércoles 11 del corriente a las 08.00 has en un campo agrícola próximo a la autopista que une Bufarik con Blida.

El Iliushin 76 es un aparato de fabricación soviética para uso militar con más de treinta años de antigüedad. Tenía previsto hacer una escala técnica en la ciudad meridional de Bechar. Desde allí debía llegar antes del mediodía a Tinduf transportando tropas argelinas y milicianos polisarios entrenados como comandos por el Ejército argelino.

Según el politólogo Arturo Sánchez de Bock, vicedirector del Instituto Argentino de Estudios Geoestratégicos, que recientemente recorrió el Sáhara Marroquí, Argelia y el Frente Polisario están concentrando tropas en la región de Tinduf. “Frente a la firme aptitud de Rabat -señala Sánchez de Bock- de impedir que se altere el estatus jurídico e histórico del territorio marroquí al este del dispositivo de defensa, particularmente en Bir Lahlou y Tifariti.”

El experto argentino afirma que Marruecos está dispuesto a poner fin a las incursiones armadas en el extremo sur de su territorio en Guergarat (frontera con Mauritania) y en el extremo este en Tifariti y Bir Lahlou. El Frente Polisario pretende convertir la zona en un “territorio liberado”, que de algún sustento a todas sus patrañas sobre un falso Estado denominado República Árabe Saharaui Democrática.

Argelia conoce la firme determinación de Marruecos para defender su soberanía territorial y está desplazando tropas a la región para reforzar a las milicias del Polisario ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas Reales operaciones de limpieza en la zona.

El infortunado accidente aéreo ha puesto en evidencia la participación de Argelia en el sostenimiento del conflicto del Sáhara.

Argelia siempre ha sostenido que no es parte del diferendo sobre el Sáhara y que sólo ha albergado al Frente Polisario por razones humanitarias, cuando en realidad, no sólo permite desde hace más de cuarenta años la existencia de los infames campamentos polisarios, sino que ha armado, entrenado y protegido a sus milicias.

Ahora, todas estas argumentaciones se han derrumbado como un castillo de naipes ante la inocultable evidencia del papel que Argelia cumple en la desestabilización del Magreb.

Por otra parte, el accidente del Iliushin 76 es una evidencia más del deterioro que sufren las fuerzas armadas argelinas por falta de mantenimiento y presupuesto.

En la última década, entre 2007 y 2017, se produjeron en Argelia 19 accidentes aéreos que involucraron a 21 aparatos y ocasionaron la muerte de 115 personas. Los aparatos siniestrados fueron siete helicópteros, tres aviones de transporte, tres aviones de entrenamiento y ocho cazas -entre ellos seis aviones MiG 29-. Ahora, a estas cifras se suman las 257 víctimas del Iliushin 76.

En febrero de 2014, un Hércules C-130 se estrelló en El Buaghi (a unos 500 km al este de Argel). En la tragedia murieron 77 personas, entre militares y sus familiares

El anticuado avión ruso Iliushin 76 transportaba a 176 oficiales y soldados, 30 milicianos polisarios, 10 tripulantes y 41 familiares del personal militar. Todos ellos a bordo de un avión obsoleto, falto de mantenimiento y con capacidad máxima para transportar a sólo 220 personas.

Esta tragedia aérea es tan sólo una muestra más de la decadencia que vive hoy Argelia con un presidente anciano -de 80 años- y enfermo. Además de un liderazgo envejecido e ideologizado.
  

domingo, 8 de abril de 2018

BRASIL EN CRISIS O CRISIS EN SUDAMÉRICA





La profundización de la crisis política en Brasil, con el encarcelamiento del expresidente Luis Inácio “Lula” da Silva para cumplir una condena por delitos de corrupción, abre la puerta para la expansión de la inestabilidad en la región.

BRASIL EN CRISIS

Brasil arrastra un lustro de inestabilidad política, desde la inauguración de las protestas callejeras en 2013, en reacción por el aumento de las tarifas del transporte y la política de ajuste del gasto público implementada por la presidente Dilma Rousseff.

En 2015, estalló el Lava Jato -que investiga una mega causa de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras- y se detonaron las protestas por el gasto desmedido en la organización de la Copa Mundial de Futbol y las Olimpiadas de Río.

Mediante las protestas callejeras la clase media mostraba su indignación por tres años continuos de recesión económica y la difusión de los escándalos de corrupción. El tradicional “roba, pero hace” se transformó en un categórico “si roba no hace”.

LA CRISIS DE CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA

El tiro de gracia para la gobernabilidad de Brasil se disparó el 21 de diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que la empresa constructora brasileña Odebrecht había pagado unos 788 millones de dólares, durante veinte años, sobornos a políticos en doce países latinoamericanos para obtener contratos de obra pública.

En Brasil, Odebrecht pagó entre 2007 y 2014, sobornos por unos 350 millones de dólares y obtuvo ingresos por contratos firmados de 1.900 millones.

La noticia provocó un verdadero cataclismo en la clase política de la región. Al menos dos presidentes perdieron sus cargos, otros ex jefes de Estado sufrieron embargos, terminaron en cárcel o debieron responder ante la justicia y aún hoy se ignora cual será su destino final.

Dilma Rousseff y el peruano Pedro Pablo Kuczynski debieron renunciar a la presidencia y dar explicaciones ante la justicia. En Perú el expresidente Ollanta Humala (2011 – 2016) y su esposa Nadine Heredia se encuentran detenidos desde hace un año y el expresidente Alejandro Toledo ha debido refugiarse en los Estados Unidos para evitar cumplir una condena de cárcel de 18 meses. En tanto el expresidente Alan García se defiende de las acusaciones en los tribunales.

En Panamá las sospechas recaen sobre los expresidentes: Ricardo Martinelli (2009 – 2014) detenido en Miami y Martín Torrijos. También se sospecha que el actual presidente Juan Carlos Varela ha financiado su campaña presidencial con dinero de la constructora brasileña.

En Colombia, los dineros de Odebrecht se filtraron a la campaña presidencial del hoy premio nobel Juan Manuel Santos.

En Argentina, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner ha logrado, al menos por el momento, eludir el ir a prisión gracias a que dispone de fueros como legisladora y la protección del Partido Justicialista.

Sin embargo, esos mismos fueros no protegieron a su ministro de Planeamiento, el arquitecto Julio de Vido y a empresario que evidenciaron un exponencial crecimiento patrimonial durante los años del kirchnerismo, como Lázaro Báez y sus hijos o el magnate del juego y los medios de comunicación Cristóbal López.

También en Ecuador, el escándalo Odebrecht golpeó en el corazón de la clase política local. Allí la constructora brasileña pagó sobornos por 33,5 millones de dólares. El vicepresidente Jorge Glas perdió su cargo y sufrió una condena seis años de cárcel por corrupción.

La actitud por seguir frente a las denuncias de corrupción desató la abierta confrontación entre el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) y su sucesor Lenin Moreno. Correa resultó derrotado. No podrá aspirar a ocupar la presidencia nunca más y deberá responder ante los tribunales por diversos casos de corrupción ocurridos durante su gestión.

Los escándalos por corrupción y los problemas económicos terminaron por sepultar a la mayoría de los gobiernos populistas de la región. Solo Evo Morales, que pretende forzar la letra de la constitución boliviana, presentándose como candidato presidencial para un cuarto mandato, el inefable Nicolás Maduro que ha establecido una dictadura cuasi militar sobre las ruinas de lo que alguna vez fue la República de Venezuela y el exguerrillero sandinista Daniel Ortega en Nicaragua, mantienen la alicaída bandera del “socialismo del siglo XXI” en América Latina.

BRASIL EN LA INCERTIDUMBRE

El encarcelamiento de Lula da Silva para cumplir una condena doce años de prisión deja al Partido de los Trabajadores, que encabeza las preferencias en las encuestas, sin candidato presidencial y a Brasil ante la incertidumbre de quién regirá su destino a partir de octubre.

El principal beneficiario con la marginación de Lula es el candidato derechista, Jair Bolsonaro, un ex oficial del ejército, que hace campaña reivindicando a las Fuerzas Armadas y prometiendo “mano dura” contra delincuentes y violadores en un país con frecuentes guerras entre criminales en las favelas, 60.000 asesinatos por año y la tercera población carcelaria del mundo con 750.000 reclusos.

Así ha logrado situarse claramente segundo en las encuestas, con el 20% de las preferencias, mientras que otros candidatos de la izquierda (Geraldo Alckmin, Marina Silva o Ciro Gómes) no logran romper la barrera del 10% en los sondeos.

Aunque aun restan seis meses antes de que los brasileños concurran a las urnas y, en ese entonces, muchas cosas pueden ocurrir, es difícil evitar el clima de incertidumbre.
Resulta difícil imaginarnos donde ha quedado aquel Brasil que, hace tan sólo ocho años, asomaba como una potencia emergente y motor de los Brics.

No debemos olvidar, que Brasil es en sí mismo un inmenso subcontinente. Su territorio, población y PBI constituyen la mitad de todo Sudamérica. Es el gran motor que impulsa al Mercosur y el principal socio comercial de la Argentina.

Sin un Brasil estabilizado políticamente y retomando a paso firme la senda del crecimiento es imposible, por ejemplo, pensar que el Mercosur logre el tan necesario acuerdo económico con la Comunidad Europea o cualquier negociación favorable con el temperamental presidente estadounidense Donald Trump.