sábado, 30 de septiembre de 2017

LA GUERRA DE LIBERACIÓN MAPUCHE


Los mapuches, un pueblo originario de Chile que invadió territorio argentino en el siglo XVIII, ahora pretenden crear un Estado étnico en la Patagonia argentino chilena con límites entre los océanos Pacífico y Atlántico llevando a cabo una guerra de liberación.

Desde principios de este año, debido especialmente a artículos publicados por el semanario Perfila y otros medios periodísticos, ha tomado estado público la existencia de un accionar insurgente, en la Patagonia, llevado a cabo por personas que se reivindican como pertenecientes a la etnia aborigen chilena conocida como “mapuche”.

Dicho accionar comprende más de 75 hechos de violencia que comprenden la  y comisión de diversos delitos: robo y destrucción de propiedad privada, ocupación de tierras e instalaciones, incendios premeditados, lesiones e intimidación a pobladores, incitación a la violencia, quema de iglesias, sedición, etc.

En todos los casos, los hechos han sido protagonizados por personas que se identifican como mapuches y miembros de una organización terrorista separatista denominada Resistencia Ancestral Mapuche –RAM-.

Los mapuches o araucanos son una etnia chilena que ingresó a territorio argentino, en las últimas décadas del siglo XVIII, escapando de la persecución que los españoles de la Capitanía General de Chile efectuaban contra ellos en el territorio transandino de la Araucanía.

Por casi un siglo, los mapuches depredaron el sur del territorio argentino. Primero atacaron y exterminaron a los pueblos originarios de la Patagonia y la Pampa argentina: los tehuelches, pampas y ranqueles. Más tarde, dedicaron a atacar y saquear las estancias argentinas hasta la línea del río Salado, es decir, distantes a unos doscientos kilómetros de la Plaza de Mayo.

Su destreza en el empleo del caballo y la lanza les permitieron convertir las razzias sobre las poblaciones cristianas en un modo de vida. Sus incursiones, denominadas “malones”, tenían por objeto saquear las estancias y pueblos argentinos robando especialmente ganado vacuno y ovino, enseres y secuestrando mujeres y niños que reducían a la condición de “cautivos”, es decir, concubinas y esclavos.

Los cautivos eran retenidos en sus precarios campamentos, conocidos como “tolderías”, mientras que el ganado robado era conducido hasta Chile donde lo traficaban por armas, alcohol y otros elementos (azúcar, yerba mate, textiles, etc.).

El último gran cacique mapuche fue un aborigen chileno llamado Calfucurá, quien en 1871, durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento organizó el último “malón grande” que asoló la pampa argentina hasta proximidades de la ciudad de Luján a poco más sesenta kilómetros de la capital porteña.

En 1879, la Campaña al Desierto, llevada a cabo por el ministro de Guerra, general Julio A. Roca terminó con la constante amenaza de los ataques indígenas chilenos sobre las estancias y poblaciones argentinas y garantizó la soberanía nacional sobre las tierras de la Patagonia. Tanto Calfucurá como sus principales “capitanejos” –lugartenientes- terminaron sus días en reservaciones.

Dos años más tarde, en 1881, el Tratado General de Límites entre las Repúblicas de Argentina y Chile, estableció la división jurisdicciones en la Patagonia y estableció los derechos argentinos sobre sus territorios en el Sur.

Los mapuches, conocidos en la zona como “chilotes”, se fueron asimilando gradualmente a las poblaciones cristianas como trabajadores rurales.

A partir de 1997, más de un siglo después de estos acontecimientos, los supuestos descendientes de estos pueblos invasores, usurpadores y depredadores del territorio argentino demandan crear un Estado étnico en la Patagonia, tanto chilena como argentina, con costas sobre el océano Pacífico y Atlántico, alegando que estos territorios constituyen sus “tierras ancestrales” por lo tanto son sagradas.

Más allá de lo disparatado de estas demandas es que, tanto la llamada “Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco y Weichan Auka Mapu”, en Chile, como la “Resistencia Ancestral Mapuche”, en Argentina, conforman lo que denominan como un “movimiento mapuche anticapitalista”.

Este movimiento mapuche está librando lo que denomina una “guerra de liberación”, tanto contra el “Estado burgués” como contra las empresas forestales y de transporte, las iglesias y la población cristiana.

“Las acciones contra el enemigo –dice uno de sus documentos- deben dejar consecuencias graves en su economía, irreparables y cada vez en mayor escala.”

En esta campaña son apoyados financiera y políticamente por ONG europeas, grupos anarquistas argentinos, chilenos y extranjeros e, especialmente por antiguos terroristas del MIR, Mapu Lautaro, Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Montoneros.

Los terroristas mapuches operan indistintamente en territorio chileno o argentino. No reconocen la soberanía, ni la legalidad de ninguno de los dos Estados. Tan sólo aprovechan en su beneficio la separación de jurisdicciones para dificultar el accionar de las agencias de aplicación de la ley a uno y otro lado de la cordillera de los Andes.

Recientemente, Carabineros de Chile interceptó chats entre dirigentes mapuches detenido por actividades terroristas. En los mismos se hacía referencia a un embarque de armas proveniente de Argentina que los insurgentes esperaban recibir para emplearlas en sus ataques en la zona de la Araucanía.

El embarque comprendía 6 escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, 2 fusiles, 250 cartuchos de escopeta, 550 proyectiles calibre 38 y 84 proyectiles calibre 9 mm.

Por otra parte, he tenido acceso a un manual publicado por la Coordinadora Arauco Malleco titulado “Kutralwe. Herramientas para la lucha. Informativo para la Defensa, Resistencia y Rekuperación.”

El texto, de 278 páginas, profusamente ilustrado, está redactado en un lenguaje muy elaborado, por momentos casi académico. La portada incluye –sin citarlo- un conocido párrafo del libro “El Arte de la Guerra”, del estratega chino Sun Tzu, escrito en el siglo VI antes de Cristo.

El Kutealwe constituye un manual para llevar a cabo la resistencia civil y la lucha armada de los mapuches. Aunque la CAM y la RAM niegan toda vinculación con las ideologías marxista y anarquista, la terminología empleada por los redactores del manual muestra la influencia del marxismo y la sociología francesa, en especial de autores como Michael Foucault y Pierre Bordieu.

La influencia del marxismo también se aprecia en el análisis de las condiciones de “la lucha” que llevan adelante los mapuches donde admite que está inspirada en “Entender y analizar los procesos de liberación que han desarrollado otros pueblos” (pág. 34) y que pretende culminar en “un levantamiento mapuche generalizado” (pág. 35).

Más adelante, el texto reconoce que los mapuches pretenden apoderarse “de las facultades que entrega la legalidad y la ilegalidad a la vez, para que un buen ataque contenga una buena defensa en caso de necesitarlo, todo apuntando hacia el mismo enemigo que es el capitalismo devastador de la tierra…” (pág. 34).

También es importante destacar el rol que la insurgencia mapuche asigna a las protestas callejeras en las ciudades. Así leemos en la página 35: “No cabe duda que las manifestaciones en las ciudades ayudan a visibilizar el tema de la represión y las problemáticas que se viven en las comunidades, sirven para respaldar simbólica y políticamente los procesos que se viven en los territorios de convertir un conflicto local en un problema país, ayudan a romper el cerco mediático, a canalizar redes de apoyo, a articular solidaridad y difusión del conflicto. Pero hay que aumentar los niveles de organización para la lucha y con ello los niveles de impacto. Se ha demostrado en varias ocasiones que las movilizaciones cívicas no sirven para reconquistar derechos territoriales obtenidos en el pasado (tratados históricos) ni tampoco para expulsar a los empresarios y sus inversiones definitivamente de los territorios en conflicto. Hay que luchar desde las trincheras, lugares y formas que nos corresponda luchar, pero entendiendo que hay acciones simples que no tienen repercusión en las políticas del Estado ni en el territorio mismo, donde se barajan los resultados, donde se viven las consecuencias. Las marchas, los actos cívicos o hechos aislados son un acompañamiento al movimiento mapuche en general y que puede servir para circunstancias, para una defensa jurídica o la instalación de una demanda, pero no son determinantes en el proceso territorial mismo.”

El Kutralwe es un curioso documento que contiene temas ideológicos, planes estratégicos sobre la guerra de liberación mapuche y también tácticas e instrucciones para llevar a cabo el accionar terrorista sin ser detectado por las autoridades. Estas comprenden incluso consejos para evitar las intervenciones –o “pinchaduras”- en teléfonos celulares, manejo de redes sociales, etc.

Por lo que puede apreciarse, existen elementos y pruebas suficientes que tanto por su accionar como por los propósitos sediciosos que exponen en sus comunidades, documentos internos y declaraciones públicas para que el movimiento mapuche en su conjunto: Coordinadora Arauco Malleco y Resistencia Ancestral Mapuche, sea considerado un grupo terrorista, se lo declare ilegal y se abran las acciones legales contra sus miembros.

La insurgencia mapuche debe ser combatida por medio de la ley evitando los crímenes y errores de la lucha antiterrorista, en el siglo pasado, tanto en Argentina como en Chile. Solo en esta forma se evitaran nuevas tragedias humanas como la que envuelve al caso de Santiago Maldonado.

Al mismo tiempo, combatir a un grupo terrorista que opera simultáneamente en dos países requiere de una íntima coordinación de las políticas y procedimientos de seguridad entre ambos Estados, porque el problema del separatismo mapuche es más grave de lo que las autoridades se atreven a reconocer.





  

lunes, 25 de septiembre de 2017

ECUADOR PENDIENTE DEL JUEGO DE TRONOS



La confrontación se ha desatado entre el presidente Lenin Moreno y su predecesor Rafael Correa apoco más de cien días de su asunción de la presidencia. Los golpes bajos y las acusaciones cruzadas hacen pensar que Ecuador enfrenta una descarnada lucha por el poder.

Rafael Correa, como otros líderes populistas de América Latina, tiene la intención de perpetuarse en el gobierno de Ecuador.

En 2015, Correa propicio una reforma constitucional que estableció la reelección indefinida para los presidentes ecuatorianos, pero sólo a los electos a partir del 24 de mayo de 2017.

Esta cláusula vedaba al presidente Correa presentarse como candidato en 2017. Entonces Correa decidió buscar un candidato de su partido que ocupara la presidencia por un periodo de cuatro años y le permitiera retornar al poder en 2021 cuando la cláusula de reelección indefinida estuviera vigente.

Posiblemente el candidato ideal para él era su vicepresidente Jorge Glas, pero este no media bien en las encuestas y era cuestionado incluso dentro de su propio partido.

Para asegurarse que su partido, Alianza País, se impusiera en las elecciones de 2017 y que la sucesión cayera sobre un gobierno “amigo”, que no revisara lo actuado durante los años de su gestión, Correa debió apoyar la candidatura presidencial del empresario Lenin Moreno. Además, con el objeto de tener un mejor control sobre el futuro gobierno, colocó a Jorge Glas como parte de la fórmula presidencial de Alianza País.

En medio de la campaña presidencial estalló el escándalo de la constructora brasileña Oderbrecht. Las revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicaban que la firma brasileña había pagado, entre 2007 y 2016, es decir, durante los gobiernos de Rafael Correa, 33,5 millones de dólares, a cambio de contratos de obra pública por 116 millones.

Correa negó toda acusación, pero impidió que la justicia ecuatoriana investigara la denuncia.

El presidente Lenin Moreno asumió su cargo el 24 de mayo y la investigación comenzó a avanzar en la justicia. El 2 de junio las investigaciones del caso Odebrecht derivaron en la detención del tío y reconocido operador político del vicepresidente Glas, Ricardo Rivera.

Mientras el presidente Moreno afirmaba que dejaría actuar a la justicia, el ex presidente Rafael Correa salió a respaldar a Jorge Glas y dijo que ponía sus manos en el fuego por él.

El 3 de agosto, el presidente Moreno, mediante un decreto le retiró las competencias a su vicepresidente. También avanzó en la confrontación contra su predecesor y mentor político.

Moreno sacó a la luz que la situación económica de Ecuador no era como Correa la había querido mostrar, pues, según el presidente, no se habían incluido deudas del país en los informes sobre la deuda externa, las cuales sumaban más de 15.000 millones de dólares.

Correa prudentemente dejó Ecuador y fijó residencia en Bélgica, donde la nacionalidad de su esposa le facilitó los trámites migratorios e incluso lo protege de una eventual extradición. Desde allí replicó: “De Moreno siempre supimos que era un tipo sin convicción, no sabíamos que era un traidor y un mediocre, (bueno) mediocre sí sabíamos un poco […], pero no sabíamos que era tan desleal, tan malo, tan perverso”.

A partir de allí el tono de la disputa entre el presidente en ejercicio y ex presidente fue subiendo cada vez más de tono con acusaciones cruzadas. Pronto la división entre “morenistas” y “correístas” dividió al gobierno y al partido Alianza País.

La disputa se incrementó el pasado 18 de septiembre cuando el presidente Lenin Moreno denunció que había encontrado una cámara espía en su despacho y acusó a Correa de haberla hecho instalar sin advertirle de su existencia.

Rafael Correa replicó que se trataba de una cámara de seguridad instalada en 2009 y desconectada en 2010 y que operaba a través de un cableado y no a control remoto como afirmaba el presidente.

Moreno acusó al ex presidente de incumplir una promesa personal de dejarlo gobernar tranquilo y según sus ideas luego de entregar el mando. También prometió ir a fondo contra la corrupción sin reparar en quien estaba involucrado.

“Es terrible, replicó Correa, es tremendamente doloroso, tremendamente ingrato, tremendamente injusto. Esta gente está aplicando el programa de la oposición, nos está siguiendo, nos está haciendo quedar como corruptos, como inútiles (…) Es una deslealtad, una ingratitud terrible y se atreven a decir que no están traicionando a la revolución cuando cuestionan el manejo económico, que ha sido extraordinario.”

El presidente Moreno anunció que convocaría a los ciudadanos a una consulta popular, cuyo contenido será presentado el próximo 2 de octubre, para avanzar en un plan de reformar que derribe el edificio autoritario construido por Correa, en especial modificando la ley represiva sobre los medios de prensa, la ley de plusvalía que está afectando las inversiones inmobiliarias y sobre todo la reelección indefinida del presidente.

Es evidente, que Moreno pretende abandonar el modelo de socialismo del siglo XXI, que impulsaba a través de la llamada “revolución ciudadana” Rafael Correa, y girar a posiciones más centristas y democráticas que terminen con la grieta que divide a los ecuatorianos.

Moreno también está tomando distancia, tanto del cuestionado Nicolás Maduro como del presidente boliviano Evo Morales, ambos estrechos aliados de Correa. Posiblemente, en los próximos meses veamos a Ecuador abandonar el grupo de ALBA -Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- que reúne a varios países de América Latina y el Caribe bajo el liderazgo de Venezuela.

Pero, Correa y sus partidarios pretenden evitarlo a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que ponga fin al mandato de Moreno a menos de un año de su asunción. “Si siguen destruyendo lo logrado, vamos a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, y si se impulsa esa Asamblea Nacional Constituyente, tendré que volver a ser candidato”, amenazó Correa desde Bogotá, Colombia, hace unos días.

También acusó al gobierno de Lenin Moreno de querer inhabilitarlo para hacer política. “Buscan inhabilitarme como a Lula, buscan bajar la reelección indefinida, pero no solo eso: buscan meterme preso, es la judicialización de la política”, declaró.


Esta confrontación entre la racionalidad política y el populismo es transcendental no sólo para Ecuador sino para América Latina. La región debe archivar el populismo autoritario si espera tener un futuro de crecimiento y prosperidad. Si se impone el populismo todos los países de la región tendrán un futuro similar al de Cuba y Venezuela: dictadura y pobreza.

sábado, 23 de septiembre de 2017

LA TRAGEDIA DE LOS ROHINGYAS EN MYANMAR



La actividad de un grupo terrorista separatista de una etnia bengalí, el Ejército de Salvación de Arakan Rohingya, desata una confrontación étnica sin precedentes en la República de Myanmar, la antigua Birmania.

Un macabro juego de ataques terroristas seguidos de violenta represión está ensangrentando al empobrecido estado de Rakine -antes denominado Arakan- en la república de Myanmar, en sudeste asiático.

La violencia comenzó el 22 de junio cuando el gobierno de Myanmar informó que tres “terroristas” habían resultado muertos por las fuerzas de seguridad en operativos en la zona.

A comienzos de agosto, fuerzas del gobierno y civiles budistas cercaron la aldea de Zay Di Pyin, en el municipio de Rathedaung. La aldea alberga aproximadamente a 700 personas birmanos y rohingya. Las autoridades restringieron los movimientos de los pobladores musulmanes y el ingreso de alimentos.

La réplica de los rebeldes llegó el 25 de agosto, unos días después de que el representante especial del Secretario General de la ONU, Kofi Annan presentara un informe censurando el trato que el gobierno de Myanmar daba a su población de once millones de rohingya, cuando atacaron entre 25 y 30 puestos policiales situados en dos municipios del norte: Maungdaw y Buthidaung. Además, una base militar en Taung Bazaar, en el norte de Buthidaung, fue atacada por unos 150 insurgentes armados con fusiles Kalashnikov.

Los rebeldes también volaron puentes y minaron carreteras con artefactos explosivos de fabricación artesanal que también fueron empleados como granadas de mano. Según cifras oficiales, el número de muertos en los enfrentamientos llegaría a un centenar y comprendería a 80 atacantes, 10 policías, un soldado del ejército, un funcionario de inmigración y seis civiles asesinados.

En respuesta, el 27 de agosto, el gobierno proscribió al grupo atacante, el Ejército de Salvación Arkan Rohingya -ARSA, por su sigla en inglés- como un grupo “terrorista” y advirtió a los medios de comunicación que “escribir en apoyo de grupo” constituía un delito.

Los ataques fracasaron en lo táctico, pero fueron un éxito desde el punto de vista estratégico porque llevaron ante la opinión pública internacional la causa de los rohingya.
El Tatmadaw, el poderoso ejército de Myanmar desató una durísima operación de “búsqueda y destrucción” contra el ARSA que no diferenció entre terroristas y población de rohingya inocente.

El ejército de Myanmar asesinó a civiles e incendió viviendas humildes sembrando el pánico entre los rohingya que escaparon en masa a Bangladesh. Unos 70.000 rohingya lograron entrar como refugiados antes de que Bangladesh, acuciado por sus propias necesidades económicas y sanitarias, cerrara su frontera atrapando a unas 20.000 personas en una suerte de tierra de nadie entre ambos países.

Pronto la situación de los rohingya, tanto en Myanmar como Bangladesh y en la zona fronteriza se hizo insoportable. En Myanmar eran masacrados por el ejército y los grupos parapoliciales budistas. El gobierno de Bangladesh no podía hacerse cargo de satisfacer las necesidades más elementales de los refugiados y se negaba a recibir a más fugitivos. Los rohingya atrapados en la “tierra de nadie”, sin poder retornar a Myanmar que los consideraba “extranjeros bengalíes” ni ingresar a Bangladesh se estaba tornando una tragedia humanitaria pese a la asistencia que comenzó a brindar la ACNUR.

Inmediatamente se despertó un clamor internacional para detener el genocidio de que eran víctimas los rohingya. Tanto la ONU, como Human Rights Watch, la Cruz Roja Internacional y otras ONG alzaron sus voces en defensa de los rohingya.

Como si hiciera falta agregar más combustible al incendio, el grupo yihadista Al Qaeda advirtió que Myanmar sufriría un “duro castigo” por la represión desatada contra la minoría musulmana rohingya. Los yihadistas pidieron a los musulmanes de todo el mundo que enviaran ayuda, armas y hasta combatientes para auxiliar a sus hermanos exterminados salvajemente en Myanmar.

Al Qaeda prometió que: “El gobierno de Myanmar probará lo que experimentaron nuestros hermanos musulmanes. Llamamos a nuestros hermanos muyahidines en Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas para que vayan a Birmania a ayudar a sus hermanos musulmanes y hagan los preparativos necesarios -entrenamiento- para resistir a la oposición.

La declaración de Al Qaeda sirvió de confirmación a las afirmaciones del Tatmadaw de que el Ejército de Salvación Arakan Rohingya recibe armas y entrenamiento de los grupos yihadistas de Medio Oriente e incluso del gobierno de Arabia Saudí.

Pero el gran éxito del ARSA -bueno es reiterarlo- fue el colocar la “causa Rohingya” ante los ojos de mundo despertando la solidaridad internacional sobre una minoría perseguida por su propio gobierno.

Veamos entonces en que consiste realmente la causa de los rohingya.

LOS ROHINGYAS

La constante diáspora del pueblo rohingya de Birmania, oficialmente República de la Unión de Myanmar, tiene fundamentos políticos, étnicos y religiosos. Los rohingya constituyen una minoría islámica suní que habita en el Norte del Estado de Rakáin –antiguamente Arakan-, en Birmania occidental.

Con setenta millones de habitantes, Birmania es uno de los países del sureste asiático con mayor diversidad racial y lingüística de la región. El grupo étnico predominante es el Bamar o birmano, además existen otros 135 grupos étnicos reconocidos que conforman el 35% de la población, ninguno de ellos musulmanes, ni siquiera el millón de rohingya, mucho menos los panthay, de origen chino, los gurkha nepaleses y los birmanos chinos e indios.

El 89% de la población practica el budismo (mayoritariamente Therevãda). El 4% profesa el cristianismo, otro 4% el islam, un 1% son animistas y el 2% restante se distribuye entre diversas religiones incluyendo el budismo Mahãyãna, el hinduismo y otras religiones.

La cultura de Birmania es una mezcla centenaria de influencias birmanas, chinas, indias y tailandesas, su idioma oficial es el birmano, una lengua tibeto-birmana del grupo lolo-búrmico.

Una Ley de Ciudadanía, sancionada en 1982, niega la ciudadanía a la etnia rohingya que se asienta mayoritariamente en dos municipios del Estado de Rakáin, limítrofes con Bangladés, Maungdaw y Buthidaung y se extiende también por otros tres municipios: Akyab, Rathedung y Kyauktaw. El Estado de Rakáin, situado al oeste del país, es el segundo estado más pobre de Birmania, uno de los países menos desarrollados del mundo, que posee la menor esperanza de vida de la región.

El origen de los rohingya es algo incierto, se cree que en los siglos VII y VIII, comerciantes provenientes del mundo árabe, del Imperio Mongol y de Bengala, comenzaron a establecerse en el actual territorio de Rakáin.

Durante la ocupación colonial británica de Birmania (1885 a 1948), la población musulmana de Arakáin, no superó a las sesenta mil personas, pero durante las siguientes décadas miles de musulmanes comenzaron a llegar de Bangladés y de la India, en muchos casos como mano de obra barata. Los recién llegados rápidamente se asimilaron a la antigua población rohingya.

En 1937, los ingleses separaron administrativamente a Birmania del Imperio Británico de la India, nombrando para la Birmania británica un gobernador. Durante la Segunda Guerra Mundial, Birmania fue ocupada por los japoneses, pero tras el retiro japonés en 1945 los británicos retomaron su control. Durante el conflicto los rohingya se aliaron con los ingleses en la lucha contra el gobierno títere del Estado de Birmania compuesto en su mayor parte por japoneses birmanos, lo que generó en la etnia Bamar un profundo resentimiento.

Las guerras civiles han sido una constante del panorama sociopolítico de Birmania desde la consecución de su independencia en 1948. Estas guerras predominantemente han buscado la autonomía étnica y subnacional, siendo las áreas circundantes a los distritos centrales del país poblados mayoritariamente por los Bamar. Los periodistas y diplomáticos extranjeros requieren de un permiso especial de viaje para visitar las zonas en conflicto.

Los rohingyas siempre despertaron suspicacias y rechazos en el resto de la sociedad birmana, en parte debido a que no son asiáticos sino bengalíes. Las diferencias raciales, idiomáticas y religiosas se conjugaron para generar la estigmatización.

Al finalizar la ocupación japonesa, los rohingyas intentaron crear un estado autónomo en Rakáin, pero a partir de 1962, con los militares en el poder, instaurando una despótica dictadura por los siguientes cincuenta años, fueron blanco de una persecución sistemática.

Las políticas de limpieza étnica aplicadas contra los rohingyas alcanzaron picos máximos en los años 1978 y 1992, donde se llevaron a cabo asesinatos, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas para obligar a unos trescientos mil rohingyas a refugiarse en Bangladés.

En 2012, durante la transición democrática se produjeron dos nuevas oleadas de violencia racial, en los meses de junio y octubre, orquestadas por los budistas rakines, que provocaron al menos 140 muertos, cientos de viviendas, madrazas y mezquitas destruidas. Escapando de la violencia racial unos cien mil rohingyas dejaron Rakaín.

Los ataques comenzaron seis días después de que tres hombres rohingyas fueron acusados de violar y asesinar a una joven budista. Aunque los acusados fueron rápidamente detenidos   –dos resultaron condenados a muerte y el tercero se suicidó-, budistas exaltados asaltaron un autobús donde viajaban diez líderes musulmanes que fueron apaleados hasta la muerte, sin que se produjera ninguna detención.

Desde entonces los ataques a los rohingyas se tornaron endémicos provocando más de trescientos muertos.

El 12 de octubre de 2016, en una nueva espiral de violencia, militantes del autodenominado Karakah Al-Yaqin (o Movimiento de la Fe), atacaron puestos policiales birmanos a lo largo de la frontera entre Myanmar y Bangladesh asesinando al menos a nueve policías y robando un centenar de armas pertenecientes a las fuerzas de seguridad.

Como en otros casos, la respuesta del Tatmadw no se hizo esperar y fue claramente represiva. Pronto 69 “terroristas” resultaron muertos por el ejército en tareas de limpieza étnica. Miles de rohingyas huyeron a Bangladesh.

Una tensa calma, seguida de frecuentes incidentes en que siempre resultaba muerto algún rohingyas se prolongaron hasta los recientes ataques.

Las sistemáticas agresiones contra la población rohingya son orquestados principalmente por el xenófobo Movimiento 969 (denominado así por los 9 atributos de Buda, los 6 atributos de sus enseñanzas y los 9 atributos de la orden de Buda- liderados por el fanático monje budista Ashim Wirathu, regente del monasterio de Masoeyein en la ciudad de Mandalay.

El gobierno birmano ha apoyado la discriminación y persecución contra los musulmanes obligándolos a vivir confinados en recintos cerrados. En especial el ghetto de Aungmingalar, situado en el centro de la ciudad de Sittwe, y en una docena de campos de internación situados en el Estado de Rakáin. Los rohingyas internados allí viven en condiciones infrahumanas y sin que se les permita entrar o salir sin permiso de las autoridades. Aunque la ACNUR – la agencia de Naciones Unidas para los refugiados- no está autorizada a visitar los campos de alojamiento, la población depende por entero de la ayuda humanitaria, que recibe del Programa Mundial de Alimentos y del aporte de varias ONG, para su subsistencia.

La persecución de que es objeto por el gobierno de Birmania, por los fanáticos budistas del Movimiento 969 y el desprecio del resto de la sociedad birmana ha impulsado a la población rohingya a emigrar a cualquier costo. En esta forma los emigrantes rohingya –y otros bangladeshíes- se convierten en víctimas de las despiadadas organizaciones dedicadas al tráfico humano que hacen su negocio a despecho de la suerte que aguarda a las personas que caen en sus manos.

Aunque unos pocos miles de emigrantes rohingyas y bangladeshíes han logrado encontrar un hogar en las costas de Malasia, Indonesia y Tailandia, otros muchos miles han padecido de la forma más atroz (generalmente de sed y hambre) en medio del mar.

EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN ARKAN ROHINGYA -ARSA-

El brazo armado de la minoría separatista musulmana, los rohingyas, comenzó a organizarse después de los incidentes de 2012. Su objetivo declarado es crear “un estado musulmán democrático para los rohingyas” en parte del territorio de Myanmar.

ARSA mantiene vínculos con diversos movimientos islamistas. Ha obtenido “fatwas” (decretos religiosos) de clérigos en países musulmanes como Pakistán, India, Arabia Saudí y Bangladesh para legitimar su representación de los musulmanes de Myanmar.

Sin embargo, su líder Ata Ullah ha insistido en negar el carácter yihadista de su movimiento. “No somos yihadistas. Esto es claro en la modus operandi de ARSA, en la manera en que opera y se ejecuta, y en la dirección en la que se mueve. Nada de esto está en línea con los objetivos de los grupos pakistaníes u otros grupos yihadistas. En realidad, somos mucho más parecidos a cualquier otro grupo (étnico) en Myanmar”, ha declarado el líder rohingya.

El grupo se organizó en 2014, bajo la denominación de Harakah al Yaquin (Movimiento por la Fe) por un grupo de rohingya provenientes de Arabia Saudí. Liderados por Ata Ullah.
Actualmente, el ARSA mantiene campos de entrenamiento militar dentro de Myanmar con asistencia de instructores extranjeros y donde los reclutas son forzados a jurar su lealtad a la organización sobre el Corán. Las fuerzas del ARSA, al principio precariamente armados con pistolas y machetes, actualmente cuentan con armamento moderno que incluye fusiles Kalashnikov.

EL EMIR ATA ULLAH

Ataullah abu Ammar Jununi, comúnmente conocido simplemente como el Emi Ata Ullah, es el líder máximo del Ejército de Salvación Arakan Rohingya. Nació hace cuarenta años en Karachi, Pakistán. Era hijo de inmigrantes rohingya que habían abandonado Rakine, en Myanmar debido a la persecución religiosa.

Cuando Attaullah tenía pocos años la familia se trasladó a la ciudad de La Meca, en Arabia Saudí, donde el niño fue anotado en una escuela islámica. Por ese entonces, La Meca albergaba una diáspora rohingya de unos 150.000 individuos.

Attaullah permaneció en Arabia Saudí hasta octubre de 2012, en ese momento las noticias sobre la persecución que sufrían los rohingya lo motivó a viajar a Myanmar. Aparentemente, el futuro líder del ARSA realizó una escala en los campos de entrenamiento que los talibanes mantienen en Pakistán para prepararse para su futura misión.

El 9 de octubre de 2016, el emir Ata Ullah dirigió a cientos de insurgentes en los ataques contra los puestos policiales en la frontera entre Myanmar y Bangladesh. Días más tarde Ata Ullah apareció en varios vídeos en línea asumiendo la responsabilidad sobre los ataques.

Desde entonces, sus declaraciones en vídeo son frecuentes y en todos ellos defiende a la causa rohingya como independiente de los grupos yihadistas y de cualquier país musulmán.  

EN SÍNTESIS


El conflicto entre las autoridades de Myanmar y su minoría rohingya es un problema de separatismo que puede internacionalizarse si se involucran grupos yihadistas de Medio Oriente. El gobierno de Myanmar debería revisar su posición reconocer la ciudadanía y otros derechos a los rohingyas, como un régimen de autonomía, para distender el conflicto y facilitar la convivencia. Aunque, al menos por el momento, parece difícil que esto suceda. Por lo tanto, el mundo debe prepararse evitar que el problema humanitario de los rohingyas en Myanmar y Bangladesh se agrave.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

“WHAT HAPPENED”, LA RENCOROSA CATARSIS DE HILLARY CLINTON



Un libro de memorias de la candidata derrotada en las elecciones presidenciales del año pasado conmueve la sociedad estadounidense y siembra dudas sobre su retiro de la política.

FRUSTRACIÓN Y REVANCHA

Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Pero Hillary Clinton no ha dejado que los hechos se enfríen demasiado para ajustar cuentas con quienes considera responsables de su derrota en las elecciones presidenciales de 2016.

El mecanismo elegido por la ex secretaria de Estado para su venganza fue hacer un libro de memorias para relatar lo acontecido en esa campaña.

Es evidente que a lo largo de su vida Hillary Clinton albergó la idea de que ella sería la primera mujer en alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Posiblemente a ello se deba que le sea tan difícil aceptar el rechazo del electorado estadounidense y busque otras explicaciones, como imaginar conspiraciones o causar a otros de sus propios defectos y errores.

Es evidente que Hillary tiene muy bajo nivel de tolerancia a la frustración. Tal como ella misma termina por reconocer.

Superar la depresión que le ocasionó su derrota demando de varias clases de yoga, largas caminatas, intensas conversaciones con Bill, muchas botellas de buen vino chardonnay y hasta un par de capítulos de la serie “The good wife”.

Realmente para una mujer que fue una exitosa abogada, esposa de un gobernador, primera dama, senadora y secretaria de Estado debe ser duro verse frustrada en sus intentos por ser la primer mujer presidente de los Estados Unidos, primero por un senador negro con aspecto de jugador de básquet y, luego, por un millonario desarrollador inmobiliario, de pelo teñido, conductas lujuriosas y discurso histriónico, carente de toda experiencia política.

Más duro aún es aceptar que tu pueblo finalmente no te quiere. Es por ello por lo que, para superar definitivamente su frustración, Hillary resolvió escribir un libro, de tan sólo 469 páginas, que la mantenga en el centro de la agenda política, le permita justificarse ante la historia y de paso reembolsarse unos buenos dólares que nunca vienen mal.

“What Happened” (Qué pasó) fue editado por Simon & Schuster, editorial con quien la ex candidata mantiene una larga relación, debido a que publicó sus otros libros. Este nuevo texto es menos elaborado y más interesante que otras obras de la ex Primera Dama.

Tiene algo de autocrítica, aunque no mucha ni muy sincera, combinada con intimidades de la campaña, la descripción de sus momentos de frustración y furia, además de muy destiladas gotas de un rencor venenoso.

Hillary vuelca el odio hacia importantes dirigentes, tanto republicanos como demócratas. Lógicamente su blanco principal es el presidente Donald Trump a quien no duda en calificarlo de “asqueroso”, “odioso” y un “fraude”. Demostrando que no le perdona por haberla derrotado en la contienda presidencial.

Pero la lista de personas atacadas en el libro es muy larga: comprende al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, el senador demócrata por Vermont, Bernie Sanders, quién compitió contra ella en las primarias del Partido Demócrata.

Un lugar destacado en esa lista lo ocupa James Comey, quien fue director del FBI desde 2013 y a quién el presidente Donald Trump despidió sin mayor consideración el pasado 9 de mayo. Comey, el 28 de octubre de 2016, sólo diez días antes de los comicios, envió una carta al Senado para informarle al Senado, que debido a contar con nueva información reabriría una investigación sobre el desvío de e-mails conteniendo documentos oficiales al servidor de correo persona de Hillary cuando se desempeñaba como secretaria de Estado.

Según Hillary esta notificación cambió a último momento las preferencias del electorado haciéndole perder la presidencia y “cambiando la historia”.

También incluyó en el ajuste de cuentas a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, a quién considera responsable de filtrar los documentos que hackers rusos obtuvieron de varios ordenadores del centro de campaña del Partido Demócrata.

Hillary Clinton dice de Assange en el libro: “Creo que es un nihilista, un anarquista, un exhibicionista y una oportunista que o bien trabaja para el Kremlin, o bien apoya su propaganda debido a su resentimiento contra los Estados Unidos y Europa.”

Nadie escapó a su odio, ni siquiera figuras menores de la política, como ex congresista republicano Ryan Zinke, actual secretario del Interior de la Administración Trump, quién durante la campaña dijo de ella era “anticristo”.

DE CARA A LA HISTORIA

A través de “What Happened”, Hillary Clinton intenta justificar su derrota en los comicios como resultado de tendencias irreversibles en el electorado estadounidense que ella no pudo modificar.

Entre estas tendencias menciona el hecho de que, en la era moderna, sólo en dos ocasiones uno de los grandes partidos logró controlar la Casa Blanca por más de dos períodos presidenciales. La primera vez fue cuando el demócrata Franklin D. Roosevelt fue electo cuatro veces consecutivas: en 1932, 1936, 1940 y 1944. La segunda fue en 1989, cuando el vicepresidente republicano George H. W. Bush logró ser electo para suceder a su jefe el presidente Ronald Reagan.

Además, la derrotada candidata demócrata pretende atribuir su fracaso al predominio de prejuicios de género en el electorado estadounidense. Algo difícil de creer en un mundo en que las mujeres cada vez más se convierten en jefes de Estado, tanto en América Latina, Europa y Asia.

También es difícil creer a la autora cuando dice que sufrió enormemente por las acusaciones de no ser confiable o ser poco sincera únicamente por su condición de  mujer, especialmente porque ni siquiera en el libro, donde varias manos deber realizado correcciones y controlado sus argumentos, logra abandonar su soberbia.

“En las encuestas, muchos americanos decían que yo no les gustaba, y cuestionaban mi autenticidad y la confianza que ofrezco. Sí, ha cometido errores y me he resistido a pedir perdón a veces, pero como la mayoría de los hombres en política. De hecho, uno de ellos (en alusión a Richard Nixon) llegó a presidente con la estrategia de no pedir nunca excusas y en caso de error, atacar más fuerte”, escribió.

UN NEGOCIO LUCRATIVO

Tan sólo en la primera semana (el libro se presentó el 12 de septiembre) “What Happened” se situó en Amazon.com como uno de los grandes best-seller del año.

Se ignora cuál fue el arreglo económico que Hillary alcanzó con la editorial Simon & Schuster pero se descuenta que ha sido varias veces millonario.

Además, la presentación del libro se realizó en la ciudad de Washington, donde en las pasadas elecciones más del 90% de sus residentes votaron por ella. Las entradas para el evento se agotaron de inmediato, pese a que el lugar elegido para presentación, el Warner Theatre, contaba con 1.847 localidades.

El costo de las entradas iba de los 70 a los 2.375 dólares que era el costo del “vip platinum ticket” que permitía a sus compradores un asiento en primera fila en el acto de presentación, una fotografía con la autora y la firma personal del libro a cargo de Hillary.

La promoción del libro comprende una gira de presentación por quince ciudades de los Estados Unidos y Canadá. En todos estos eventos se venderán las entradas.

Si algo no se puede discutir a los Clinton es su capacidad para recaudar dinero a través de presentaciones personales. Recordemos las promocionadas visitas de Bill Clinton para dar conferencias en eventos empresariales y para sacarse fotos (a un arancel de U$S 5.000.- por foto) en Argentina. También los abultados honorarios que Hillary le facturó a Goldman Sachs y otras empresas de Wall Street por sus conferencias.

Por el momento, Hillary Clinton se ha retirado de la política, pero, este libro además de un buen negocio y un intento de justificarse de cara a la historia es también una buena forma de generar un hecho político de envergadura, estar presente en los medios internacionales y evaluar como la considera el pueblo estadounidense un año después de su derrota.   




lunes, 18 de septiembre de 2017

EL DESAFÍO EDUCATIVO



La sociedad argentina enfrenta la disyuntiva de corregir radicalmente el rumbo de su sistema educativo o enfrentar una inevitable decadencia

“Su movilidad ascendente está facilitada por la
Más amplia escolaridad, promovida por las élites
desde 1880 para “argentinizar” a los hijos de los inmigrantes
y asegurar la cohesión social. Para los mejores, el diploma de
educación superior, el pasaporte de entrada a las clases medias,
no es un sueño inaccesible.”

Alain Rouquie
El siglo de Perón

EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL

La Argentina se forjó sobre la base de ciertos valores compartidos por el grueso de la población. Algunos de ellos fueron: la aceptación de la inmigración que llevaron a la Argentina como “crisol de razas”. Otro era el ser una tierra de gran movilidad social donde el hijo de un pobre inmigrante llegaba a presidente: Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Mauricio Macri son un claro ejemplo de ello.

Aunque un valor central de los argentinos fue la importancia que siempre otorgaron a la educación. No debe sorprender entonces que entre los “padres de la Patria” figure en un lugar destacado un maestro: Domingo F. Sarmiento cuyo objetivo en la vida fue “educar al soberano”, es decir, al pueblo.

Movilidad social ascendente y educación se convirtieron, desde los tiempos de la formación del Estado argentino, en dos caras de una misma moneda. Así, el humilde inmigrante llegado al Río de la Plata soñaba con ver a su hijo convertido en “doctor” y en muchos caos lo lograba.

El acceso a una educación superior de calidad era garantía de ascenso social. Por ello lucharon los estudiantes reformistas de Córdoba, en 1918.
Ahora, el descenso de la calidad educativa pone en tela de juicio las oportunidades de movilidad social de las nuevas generaciones y el desarrollo y crecimiento económico futuro del país.

Desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, para establecer un punto de inicio en este proceso, la calidad educativa en Argentina ha estado descendiendo año a año.

Hasta 1984, los alumnos que terminaban la escuela primaria debían aprobar un examen de ingreso al colegio secundario. De igual modo los alumnos que concluían el secundario debían aprobar un examen para ingresar a la universidad pública. Las deficiencias de cada nivel quedaban en evidencia cuando un elevado número de alumnos cada año no aprobaban la evaluación y debían repetir la prueba hasta lograr superarla.

Lógicamente, los padres y alumnos reclamaban por el “elevado nivel de exigencias” de estos exámenes. El tema era muy impopular y el nuevo gobierno democrático decidió terminar con el “autoritarismo” en las aulas.

Bajo la consigna de que “con la democracia se come, se cura, se trabaja y se educa”, suprimió lo exámenes de ingreso y de paso las calificaciones numéricas, que los abanderados fueran los alumnos con mejores calificaciones y estableció “cursos de compensación” para reemplazar los tradicionales exámenes de diciembre y febrero.

Qué mejor para curar la fiebre del enfermo que romper el termómetro.

Claro que en la Universidad Nacional de Buenos Aires hicieron trampa. Suprimieron el examen de ingreso, pero crearon un Ciclo Básico Común -CBC- que incrementó la duración de las carreras universitarias en un año.

LA REFORMA MENEMISTA

El gobierno menemista agravó el problema cuando en 1993 sancionó la Ley Federal de Educación, N° 14.195. Las provincias debieron hacerse cargo de la gestión de las escuelas nacionales. Muchas provincias no contaban con presupuesto, personal calificado ni experiencia para la tarea, pero igual debieron realizarla.

La enseñanza se estructuró en base a un ciclo de Educación General Básica de nueve años y un ciclo Polimodal de tres años. Una reforma similar se había llevado a cabo en España y al cabo de pocos años fue abandonada ante sus malos resultados.

El Polimodal terminó siendo un buen negocio para las editoriales españolas que se instalaron en el país -en muchos casos absorbiendo pequeñas editoriales nacionales- y comenzaron a vender los libros y cursos de perfeccionamiento docente que dejaban de emplearse en España.

El Polimodal al trasladar los dos primeros años del colegio secundario a la órbita de la enseñanza elemental (el nivel que mayores carencias presentaba) agudizó el descenso de la calidad educativa. Especialmente, porque algunas materias que antes dictaban profesores especializados en las mismas pasaron a ser dictadas por maestras de grado sin mayor capacitación para ello.

El mismo titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), el preceptor Roberto Baradel reconoció que el Polimodal “fue un mal sistema para el aprendizaje de los chicos, ya que bajo el nivel de exigencia.”

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al rechazar ingresar a la Ley Federal de Educación, logró escapar a la debacle y su sistema educativo permaneció sin grandes cambios,

En agosto de 1995, el gobierno menemista sancionó la Ley Nacional N° 24.512 de Educación Superior. Para terminar con el desgranamiento -el abandono de los estudios por parte de los alumnos universitarios después de cursar algunos años-, la nueva normativa redujo la duración de las carreras universitarias en uno o dos años.

Para poner un ejemplo, un licenciado en Ciencia Política egresado de mi alma mater después de 1995, ostentaría el mismo título y diploma que obtuve en 1978 pero estudiaría solo cuatro años. Es decir, debería aprobar ocho materias menos para obtener dicho título.

En todas las universidades las licenciaturas pasaron a comprender tan solo cuatro años de estudios y se redujeron la duración de las carreras de abogado, contadores públicos, médicos, ingenieros, arquitectos, etc.

También se flexibilizaron los requisitos necesarios para crear nuevas universidades nacionales y privadas. Inmediatamente proliferaron las universidades municipales, especialmente en el conurbano bonaerense: Avellaneda, Alte. Brown, Lanús, Lomas de Zamora, San Martin, Tres de Febrero, etc. Pasaron a contar con su propia casa de altos estudios.

Cada fuerza armada y de seguridad transformó sus institutos de formación del personal en Institutos Universitarios, hasta el propio ministerio de Defensa creó la Universidad de la Defensa Nacional.

En el ámbito privado algunos institutos terciarios alcanzaron la jerarquía de institutos universitarios y hasta de universidades. Pronto las clínicas médicas, los sindicatos y otras asociaciones sin fines de lucro abrían sus propias universidades (CEMA, Austral, Universidad Metropolitana para el Estudio y el Trabajo, Favaloro, Barceló, etc.)

Lamentablemente, no todas las nuevas casas de altos estudios tenían la suficiente solvencia académica. Algunas de ellas no lograban convocar docentes idóneos que además acreditaran suficiente jerarquía científica. Dedicaban escasos (o ningunos) recursos a la investigación y a la realización de actividades extracurriculares. Incluso carecían de bibliotecas actualizadas para las carreras que dictaban.

Por lo general, las nuevas universidades se concentraron en las denominadas carreras de “tiza y pizarrón” que no demandaban ni infraestructuras complejas ni mayores gastos operativos para el dictado de las clases. Así la matrícula creció considerablemente en carreras como abogacía, contadores, administración de empresas, psicología y periodismo.
Pronto la oferta educativa pública y privada pasó a superar a la demanda.

EL POPULISMO LLEGA A LAS AULAS

Para colmo de males, en 1999, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Eduardo Duhalde, quién competía para la presidencia, pretendió incentivar a los estudiantes de Polimodal mediante el pago de una beca mensual de cien pesos durante diez meses al año.

El efecto fue una hecatombe. Las aulas del Polimodal se llenaron de pronto de alumnos mal preparados y ausentes de toda motivación de estudio a quienes sus padres inscribían en el colegio para que aportaran el monto de sus becas. Al aumento de alumnado sin deseos de estudiar contribuyó también que se exigiera la escolarización de los hijos como requisito para percibir planes sociales.

Aunque a algunos funcionarios les cueste comprenderlos asistir a la escuela no es lo mismo que estudiar y la mayor cantidad de días de clase tampoco es garantía de mejor calidad educativa.

Dentro de esta irrealidad en que cayó el sistema educativo, en 2006, el gobierno de Néstor Kirchner sancionó la ley 26.206, que estableció la extensión de la obligatoriedad escolar en todo el país hasta la finalización del ciclo secundario. Como si se pudiera obligar por ley a la gente a estudiar. Por suerte, la normativa no indicaba cual sería la pena por no dar cumplimiento a la misma.

La medida fue complementada con planes de estudio abreviados para quienes habían abandonado el cursado del secundario sin completarlo. Por supuesto, estos planes consistían en titular a individuos con menores conocimientos que los adquiridos por quienes cursaban el ciclo tradicional.

También se crearon facilidades para que los alumnos que reprobaban sus materias durante el año lectivo pudieran rendir el examen complementario con otros docentes e incluso en otros establecimientos. No es necesario decir que en dichos establecimientos las exigencias académicas eran mínimas.

Paralelamente como los gobiernos (tanto el nacional como los provinciales) pretendían exhibir grandes cifras de alumnos que completaban los estudios secundarios ante los organismos internacionales, las autoridades educativas comenzaron a presionar a los docentes para que disminuyeran las exigencias y apelaran a cualquier recurso para hacer que los alumnos aprobaran las materias.

El objetivo era que un mayor número de alumnos completaran sus estudios aun cuando no alcanzaran el nivel de conocimientos mínimo.

Después de todo, si se distorsionaban las cifras de la inflación del Indec por que no podía hacerse lo mismo con las cifras educativas.

Pronto el país entero cayó de lleno en la mentira educativa. Cada vez más gente estudiaba y obtenía títulos. Pero, cada vez que se evaluaban los conocimientos con pruebas internacionales los resultados eran peores.

LOS RESULTADOS

Así se llegó a 2016, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) excluyó a la Argentina del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, como se lo conoce por sus siglas en inglés) que integraba desde 1999. La decisión fue adoptada por serios cuestionamientos técnicos sobre la metodología de medición empleada.

Al parecer, las pruebas PISA no eran como el Indec.

En 2012, último año en que participó, la Argentina terminó en el puesto 59° entre 65 naciones que se sometieron a la prueba. Los alumnos argentinos mostraron grandes deficiencias para realizar operaciones matemáticas básicas y en la comprensión de textos.

El gobierno de Mauricio Macri, interesado en conocer el real estado el real estado de la educación implementó, en 2016, las “Pruebas Aprender”. La evaluación fue cuestionada por los sindicatos docentes y los centros de estudiantes que intentaron impedir su realización.

Las Pruebas Aprender se llevaron a cabo en 31 establecimientos educativos de todo el país y fueron evaluados 963.700 alumnos, de 6° grado de primaria y 5° y 6° año de secundaria. También respondieron preguntas, estudiantes de 3° curso de primaria y 2° ó 3° de secundario.

Los resultaron mostraron que los alumnos de la escuela secundaria tenían un desempeño por debajo del nivel básico en lengua (23%), matemáticas (40%), ciencias naturales (16,9%) y ciencias sociales (18,8%).

El 70,2% de los alumnos de 5° y 6° año de secundaria no pudieron resolver problemas matemáticos sencillos y el 46,4% no comprendieron temas básicos.

Tengamos en consideración que los alumnos que, en 1984, ingresaron a la escuela secundaria o a la universidad y enfrentaron todos estos cambios que deterioraron el sistema educativo hoy son profesionales universitarios, docentes y hasta directivos de los establecimientos educativos. En consecuencia, su menor nivel de preparación ha impactado en la forma en que desarrollan sus actividades profesionales.

Un deterioro de décadas no se soluciona en pocos años cambiando de plan educativo. Debe necesariamente contemplar aspectos sociales.

Es necesario comenzar por restaurar la movilidad social, terminar con la pobreza estructural donde no penetra la educación, y reconstruir la percepción que la sociedad tiene de la educación.

Si la gente no considera que una mejor educación abre las puertas a un más próspero futuro no encontrará los incentivos suficientes para enfrentar las exigencias del sistema educativo.

También deben revisarse las condiciones en que los docentes desarrollan sus tareas. Terminar con el gran número de docentes sin título habilitante. Recomponer y jerarquizar los salarios y jubilaciones terminando con los “incentivos” y “cifras fijas remunerativas” que constituyen pagos en negro. El Estado no puede ni debe ser fuente de trabajo informal.

Incluso debe premiarse económicamente la mayor capacitación de algunos docentes. Hoy cobran el mismo salario básico un docente que carece título, que un profesor titulado y otro con títulos de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) o que realizan actividades como investigadores categorizados.

Sólo así se reclutarán los mejores talentos para la función docente.

Como puede apreciarse hay mucho por corregir, la tarea no es sencilla y las resistencias serán muchas (por parte de los sindicatos, los docentes y los alumnos) sin mencionar el aprovechamiento que algunos políticos querrán hacer del problema.


Pero, la sociedad argentina deberá enfrentar el desafío educativo y superarlo si quiere tener un futuro.