COLOMBIA: LA PAZ Y EL NARCOTRÁFICO

Los acuerdos de paz que desmovilizan a las FARC no terminan con el problema del narcotráfico, incluso podrían estar incrementándolo.

Mientras el proceso de paz en Colombia se cumple según lo previsto y las FARC deponen y entregan su armamento (o al menos la mayor parte de él) para transformarse en un partido político convencional, se hace evidente que, como muchos expertos anticiparon, un sector de la organización narcoguerrillera, continuará su accionar criminal.

Desaparecida la organización madre, algunos de los territorios que controlaba y los negocios ilícitos que llevaba a cabo continuarán en manos de algunos de sus ex miembros o serán asumidos por otras organizaciones de narcotráfico colombiano, incluso por la otra gran organización narcoguerrillera el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Cumpliendo con una antigua regla de la política que indica que todo vacío de poder termina siendo ocupado por alguien, el rol que las FARC cumplían en el mundo criminal colombiano e incluso sus negocios internacionales no desaparecerán porque la cúpula guerrillera haya decidido transformarse en una entidad legal para aprovechar como políticos convencionales los millones acumulados como narcotraficantes.

Además, no todos los miembros de narcoguerrilla están en condiciones de cambiar de vida. Algunos de ellos no conocen otra forma de subsistencia que la llevada a cabo como insurgente en las selvas y campos.

Incluso aquellas características personales que les permitían sobrevivir en regiones inhóspitas y los transformaban en buenos cuadros militares pueden resultar inútiles y hasta un obstáculo para desarrollar una nueva vida como políticos y conseguir el apoyo de los votantes.

Otros simplemente no desean cambiar de vida porque están satisfechos con los beneficios que obtenían como miembros de las FARC.

Al igual que ocurre en cualquier conflicto bélico prolongado (y este fue el de mayor duración en el contiene y se extendió por décadas) cuando llega el momento de la paz los ex combatientes enfrentan grandes problemas para reinsertarse en una sociedad más normal.

Por lo tanto, a nadie debe sorprender lo que está ocurriendo en Colombia. Es normal y hasta previsible que algunos individuos y grupos se nieguen a entregar sus armas y a desmovilizarse también lo es que los campesinos que siempre han vivido del cultivo de la hoja de coca y de la minería ilegal no estén dispuestos a cambiar de actividades.

Al margen de los acuerdos entre los líderes guerrilleros y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en la base la situación se niega a cambiar. Elementos pertenecientes a la estructura de las FARC continúan con sus actividades de narcotráfico, cobrando “impuestos revolucionarios” a los campesinos y mineros, secuestrando gente para cobrar rescates e incluso reclutando niños para mantener sus ejércitos.

En síntesis, el proceso de paz y la desmovilización de las FARC no han solucionado los problemas de seguridad en Colombia solo han modificado el panorama.

Hoy el mundo criminal colombiano está sufriendo un proceso de reacomodo. Aparecen nuevos actores, más pequeños, posiblemente también más violentos que se disputan los territorios y los negocios ilícitos. Esto continuará hasta tanto el proceso de “selección natural” elimine a los grupos más débiles y concentre la actividad criminal en los más grandes, poderosos y violentos.

Este proceso no es nuevo. Algo similar ocurrió con la desmovilización de los paramilitares de las autodefensas, cuando más de treinta grupos iniciales se unieron a menos de media docena de poderosos ejércitos armados.

El proceso de concentración siguió durante años, hasta el punto en que actualmente no hay más que una organización con genuino alcance nacional: el Clan del Golfo.

Es difícil saber cuántas organizaciones del narcotráfico, además de las FARC, operan actualmente en Colombia, en parte porque son organizaciones criminales que no hacen públicas sus actividades, por otra parte, estos grupos suelen ser muy inestables: sufren fracturas que generan nuevos grupos, las organizaciones más pequeñas son absorbidas por las grandes o terminan desarticuladas por las fuerzas de aplicación de la ley.

Sin embargo, hay dos grupos con presencia nacional que concentran la mayor parte de los negocios ilícitos. Estos son el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional.

EL CLAN DEL GOLFO

Esta organización también fue conocida en el pasado como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque de Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGG). Emplea su nombre actual desde junio de 2016 debido a que el centro de sus operaciones se radica precisamente en el Golfo de Urabá.

Es considerado el grupo narcoparamilitar más grande, peligroso y mejor estructurado de Colombia, por la cantidad de miembros, por la extensión del territorio que controla y donde opera y por el volumen de droga que maneja.

El máximo líder es Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel, Mauricio o Mao”. Se trata de un antiguo miembro del Ejército Popular de Liberación que después de la desmovilización del grupo se pasó a las autodefensas.

El gobierno ofrece dos mil millones de pesos colombianos por datos que conduzcan a la captura de Otoniel y los Estados Unidos otros cinco millones de dólares.

Las autoridades colombianas estiman que el Clan del Golfo cuenta con aproximadamente dos mil combatientes, en su mayoría paramilitares desmovilizados de las Autodefensas de Colombia.

Además de las actividades vinculadas con el narcotráfico, el Clan vende protección a ganaderos, comerciantes y dueños de minas ilegales de oro.

El 31 de mayo de 2013, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al Clan del Golfo en la “Lista Clinton” como grupo del narcotráfico y terrorista.

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL

Es una organización guerrillera insurgente que opera en Colombia financiándose a través del narcotráfico y aplicando métodos terroristas.

Fue creado en 1964, por estudiantes universitarios comunistas encabezados por sacerdotes católicos que adherían a la llamada “Teología de la Liberación”. En especial, el colombiano Camilo Torres y el español Manuel Pérez Martínez, alias “Comandante Poliarco”.

La conducción del grupo actualmente la ejerce un “Comando Central”, compuesto por cinco miembros, entre los que se cuenta su jefe: Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”.

El ELN es considerado una organización terrorista por Colombia, Perú, los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. No obstante, el ELN es miembro del Foro de Sȃo Paulo, agrupación de partidos y organizaciones latinoamericanas de izquierda,

Ideológicamente, el ELN adhirió desde sus orígenes a una interpretación castro guevarista del marxismo – leninismo y del proceso de toma del poder a través de un foco guerrillero.

Creado con el auspicio de Cuba, el ELN siempre mantuvo estrechos vínculos con el gobierno de los hermanos Castro.

Actualmente, las autoridades colombianas estiman que el ELN cuenta con no más de 1.500 combatientes distribuidos en siete “frentes de guerra” y áreas estratégicas.

Entre 1985 y 2015, el ELN secuestró a 6.729 personas de las cuáles 148 habrían muerto durante su cautiverio.

Desde 2016, el ELN mantiene negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aunque esto no ha impedido que el grupo continúe sus actividades criminales. Este grupo también mantuvo negociaciones de paz en el pasado con otros presidentes colombianos.