La condena a nueve años y medio de cárcel para ex
presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva conmueve a América Latina
debido a que otros ex mandatarios de la región podrían enfrentar un destino
similar.
El ex
presidente Luiz Inácio “Lula” da
Silva, a los 71 años, es el mayor ícono de la izquierda latinoamericana y el
precandidato presidencial con mayor intención de voto para las elecciones de
2018.
Este
antiguo obrero metalúrgico y militantes comunista que, contando tan sólo con estudios
primarios, presidió Brasil, entre 2002 y 2010 y se retiró como uno de los
mandatarios más populares de su país.
Se lo
considera el artífice de que unos treinta millones de brasileños escaparan a la
pobreza extrema.
Sin
embargo, para muchos de sus compatriotas es el artífice de una trama de
corrupción que malversó al menos cuatro mil millones de dólares durante su
gobierno.
Lula
da Silva enfrenta por estos hechos cinco procesos judiciales. En uno de ellos,
el juez anticorrupción Sergio Moro, lo acaba de condenar en primera instancia a
nueve años y medio de cárcel porque “después
de asumir el cargo de presidente de la república, Lula da Silva comando la
formación de un esquema colectivo para el desvío de recursos públicos
destinados a enriquecerse ilícitamente, comprar apoyo parlamentario y financiar
campañas electorales.”
El
juez Moro ha encontrado al expresidente culpable de haber aceptado y reformado
una lujosa vivienda de tres plantas y 250 metros cuadrados en un nuevo complejo
en Guarujá, situado en el litoral del Estado de Sȃo Paulo. El inmueble está
valuado en 3,7 millones de reales (1.300.000 dólares) y fue pagado por la
constructora OAS a cambio de ventajas para la obtención de contratos de obras
públicas.
El juez
basó su decisión, entre otras evidencias, en el testimonio del arrepentido Leo
Pinheiro, ex presidente del Grupo OAS, quién aceptó cooperar con la justicia
para reducir su condena.
Junto
al ex presidente brasileño, también fueron condenados por el mismo delito de
corrupción pasiva y lavado de dinero, José Adelmiro Pinheiro junior, presidente
del Grupo OAS, Franklin Magalhaes Medeiros, director de esa firma y otros
ejecutivos. También resultó condenado el presidente de la Fundación Lula, Paulo
Tarciso Okamato.
Hace
unos meses, el juez Moro ordenó a Lula da Silva restituir los regalos que
recibió como Jefe de Estado y que, debían estar en el acervo oficial de la
Presidencia de Brasil.
Se
trataba de 26 objetos, entre los que figuraban una escultura del español Joan
Miró, un bolígrafo con el escudo del Vaticano, una corona, tres espadas y una
daga, figuran entre 176 que estaban guardados en una caja de seguridad y que
fueron embargados durante las investigaciones por corrupción de la petrolera
estatal.
El
juez determinó que la constructora OAS pagó por el traslado de los objetos de
Lula entre Brasilia y Sȃo Paulo, y costeaba el alquiler de la caja de seguridad
en que estaban guardados.
Si
finalmente la sentencia es ratificada en la segunda instancia, el ex presidente
Lula deberá ingresar en la cárcel y no podrá ser candidato presidencia en 2018.
En esta forma Lula sería el primer presidente brasileño en ser condenado por
este delito.
La primera
reacción del ex presidente al conocer la sentencia fue proclamar su inocencia y
atribuir la misma a una “persecución
política”. Algo que suelen hacer los políticos cuando reciben acusaciones
sobre su honestidad.
No
obstante, la noticia produjo un hondo impacto entre la dirigencia del Partido
de los Trabajadores.
La
destituida presidente brasileña Dilma Rousseff rechazó la condena y aseguró que
su mentor político era “inocente”.
La
condena “sin pruebas” contra lula “es un escarnio”, escribió Rousseff,
quien también es investigada por corrupción por la justicia brasileña, en su
página web.
Es “una injusticia flagrante y un absurdo
jurídico que avergüenza a Brasil. “Lula es inocente y esa condena hiere
profundamente a la democracia”, agrego la ex mandataria.
“Lula, el presidente de la república más popular en la
historia del país y uno de los más importantes estadistas del mundo en el siglo
XXI, viene sufriendo una persecución sin cuartel”, aseguró Rousseff, destituida el año pasado en un
juicio político.
“Lula es inocente. Y el pueblo brasileño sabrá
rescatarlo democráticamente en 2018. Vamos a resistir”, agregó combativa la ex presidente.
El ex
presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizó ayer una conferencia de prensa
para fijar su posición ante la condena. “Si
alguien piensa que estoy fuera del juego, se equivoca”, advirtió.
Con
semblante tranquilo y rodeado de autoridades del Partido de los Trabajadores,
en Sȃo Paulo rechazó el proceso legal en su contra y los considero parcial: un
vano intentó por sacarlo de juego político. Lula acusó al Ministerio Público y
a algunos medios como O ‘Globo, Veja, Folha de Sȃo Paulo, etc., de organizar
esa maniobra en su contra.
“La única prueba que existe contra mí en este proceso es
la prueba de mi inocencia, y si alguien tiene una prueba contra mí, un papel
firmado, lo que sea, que la envíe a la Justicia y que me incriminen con
pruebas. Prefiero ser condenado con causa”,
pidió el ex mandatario.
“Volveré a pedirle al PT que me acepte como candidato
a la presidencia de la república”,
aclaró Lula.
“Vamos a apelar en todas las instancias y procesaremos
a todos aquellos que mientan”,
advirtió el ex mandatario.
Por su
parte, el presidente del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman, anunció
un calendario de protestas por todo el país contra el fallo que condenó a Lula
a partir del 20 de julio.
EL EFECTO DOMINO
Lo
sucedido con Lula ha tenido gran repercusión en Sudamérica por que la condena y
el posible encarcelamiento de un popular ex presidente establece un precedente
que podría repetirse en otros países del subcontinente donde algunos ex
presidentes son investigados por hechos de corrupción.
Recordemos
que diversos ex presidentes latinoamericanos se encuentran involucrados por la
trama de sobornos de la constructora brasileña Oderbrecht.
El
presidente de la mayor empresa de construcciones de Sudamérica, Marcelo
Oderbrecht reconoció ante la justicia del Estado de Nueva York, reconoció haber
pagado cerca de 350 millones de dólares en sobornos políticos en doce países
para obtener contratos de obras públicas.
La ex
presidente más acuciada por la justicia es la argentina, Cristina Fernández de
Kirchner quien enfrenta numerosos procesos por corrupción, lavado de dinero,
etc., tiene todos sus bienes embargados y no puede salir del país sin
autorización de la justicia.
Cristina
Kirchner es candidata a senadora en las elecciones legislativas de medio
término que tendrán lugar en octubre de este año en Argentina. La ex mandataria
busca, en esta forma, obtener fueron legislativos que le permitan eludir una
condena de prisión efectiva.
También
el presidente Michael Temer, en Brasil, se encuentra bajo la amenaza de un
juicio político que de paso a su destitución y procesamiento por la justicia
brasileña.
En
Perú son al menos tres los ex presidentes investigados por la justicia peruana:
Alejandro Toledo (2001 – 2006); Alan García (2006 – 2011) y Ollanta Humala
(2011 – 2016).
En
diciembre de 2016, la firma Oderbrecht reconoció que entregó 29 millones a
funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para obtener ventajas en la
adjudicación de obras.
Precisamente,
el pasado 12 de julio, la fiscalía de Perú pidió la prisión preventiva del ex
presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por los presuntos delitos
de lavado de activos y asociación ilícita después de que Marcelo Oderbrecht
reconoció que entregó cinco millones de dólares a la campaña presidencia de
Humala a pedido del Partido de los Trabajadores del Brasil.
En
febrero de 2017, el juez de Lima, Richard Concepción, ordenó la prisión
preventiva del ex presidente Alejandro Toledo, refugiado en los Estados Unidos,
por el caso Oderbrecht.
Mientras
que, por el momento, el ex presidente Alan García sólo está siendo investigado
por corrupción.
En
Ecuador, las sospechas recaen sobre el vicepresidente Jorge Glas. Pero la
justicia ecuatoriana no lleva adelante investigaciones por el caso Oderbrecht.
Si las mismas se llevan a cabo pondrían en serios problemas al ex presidente
Rafael Correa, jefe del gobernante partido Alianza País.
En
Venezuela, el centro de las investigaciones por corrupción es el ex ministro de
Transporte y Obras Públicas de ex presidente Hugo Chávez, Haiman El Troudi.
Como
puede verse, después de lo ocurrido con Luiz Inácio Lula da Silva, muchos ex
presidentes y altos funcionarios de la región deben tener problemas para
dormir.
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