En
un acto de racismo y xenofobia el gobierno de Abdelaziz Bouteflika ha expulsado
violentamente a mil inmigrantes subsaharianos que habían ingresado al territorio
argelino en camino a las costas europeas.
En un
proceder casi sin precedentes en África, el gobierno argelino ha llevado a cabo
razias y detenido a inmigrantes subsaharianos residentes en su territorio. Las
detenciones se han producido especialmente en la ciudad de Argel y en la sureña
provincia de Tamanraset. Entre los detenidos se encontraban mujeres
embarazadas, niños y personas con problemas de salud, tal lo denunciado tanto por
la Organización Internacional para las Migraciones, como por Human Rights
Watch.
Los
detenidos, que formaban un total de 1.400 personas, provenían de países del
oeste de África, sobre todo de Níger, Malí y Guinea Conakry y se encontraban
dentro de Argelia en situación irregular.
Las
autoridades cargaron a los infortunados inmigrantes en unos cincuenta camiones
y los transportaron hasta el centro de Níger donde los dejaron librados a su
suerte, aun cuando sabían que muchas de esas personas escapaban de la
persecución política o eran refugiados medioambientales que huían del hambre,
la desertificación y otros desastres naturales.
Nada
de esto fue tomado en consideración por Argel, que sin piedad aplicó la misma
política que xenófoba que los argelinos critican cuando padecen la islamofobia
de los europeos y estadounidenses.
Así,
por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional Consultiva para la
Protección de los Derechos Humanos, Farouk Ksentini, defendió la decisión de su
gobierno con argumentos sumamente racistas. El funcionario declaró que “la presencia de inmigrantes y refugiados
africanos en varias localidades del país” puede causar problemas a los
argelinos “porque”, según él, “los expone, en particular, al riesgo de
propagación del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual”.
La
expulsión de los inmigrantes subsaharianos es un claro mensaje a los países de
la región que apoyan el reintegro de Marruecos a la Unión Africana, en la
cumbre de Addis Abeba, en enero próximo.
En
1984, Marruecos abandonó la entonces Organización de Unidad Africana, en señal
de protesta, cuando Argelia y sus aliados lograron los votos suficientes para
incorporar a la entidad al seudo estado de los separatistas marroquíes, la
RASD.
Tres
décadas más tarde, la Guerra Fría ha concluido y la geopolítica africana se
guía por nuevas realidades. Mientras que Argelia atraviesa una dura realidad
conformada por la existencia de un liderazgo gerontocrático en retirada y una
complicada situación económica como producto de la caída internacional de los
precios del petróleo.
Marruecos
por su parte, está en la situación inversa. Es el país más estable del
continente, con mayor calidad institucional, una economía diversificada y
numerosas inversiones en África. Es por ello, que una mayoría de países
africanos está impulsando el regreso del Reino Alauí a la Unión Africana.
Argelia,
mientras tanto apela a todo tipo de presiones diplomáticas y apela a sus
aliados en el continente para intentar frenar el retorno marroquí, que
marginaría definitivamente al Polisario del único foro internacional donde ha
logrado hacer pie.
El
análisis estaría inconcluso si no se mencionaran las diferencias entre la
política de expulsiones que lleva a cabo Argelia y el trato humano, de protección
e inclusión con dignidad que otorga Marruecos a los inmigrantes subsaharianos
que arriban a su territorio.
Al
respecto, cabe recordar que en el discurso pronunciado con motivo del 63°
Aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo, Mohammed VI estableció
claramente cuál era la política del reino para el continente africano al
señalar: “África, para nosotros, no es un
objetivo, sino más bien una vocación de servicio al ciudadano africano, donde
quiera que esté. El interés que ponemos en la mejora de las condiciones de vida
en su país, es el mismo que el ofrecido a los migrantes africanos en Marruecos,
al contrario de lo que tienen que soportar en muchas partes del mundo.”
En
el día de hoy, El rey Mohamed VI dispuso iniciar "de
inmediato" una segunda fase de regularización de emigrantes, después de la
primera que durante el año 2014 permitió legalizar el estatus de unas 25.000
emigrantes en el país.
La Comisión Nacional para la Regularización e Integración de Emigrantes
emitió un
comunicado precisando que esta segunda fase se desarrollará “en las
mismas condiciones que la primera”.
Según diversos organismos de defensa de los inmigrantes en Marruecos,
permanecen, actualmente, en el país unos 10.000 inmigrantes en situación
irregular.
Los criterios de regularización en 2014 incluyeron que éstos pudieran
demostrar arraigo en el país o que se encontraran en situación de
vulnerabilidad (enfermedad o discapacidad), y beneficiaron a la totalidad de
mujeres y niños que habían solicitado su legalización.
Los emigrantes regularizados proceden de más de un centenar de países,
entre los que
destacaban por su número los senegaleses, sirios, nigerianos y los
originarios de las naciones del África Occidental.
Una vez legalizada la condición de los emigrantes, se plantearán los
retos para su integración, como la escolarización, el acceso gratuito a la
sanidad pública (que no existe
para millones de marroquíes) o su inserción laboral.
Los
pueblos africanos saben muy bien que pueden esperar en cada caso. Mientras que
en Argelia les espera la discriminación y el rechazo en Marruecos encuentran la
mano solidaria y fraterna de un pueblo que se siente por sobre todas las cosas
árabe, musulmán y africano.
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