Por
el Dr. Adalberto C. Agozino
La
Argentina se ha convertido en un país paradojal donde la simple administración
de una prueba de calidad educativa a los estudiantes primarios y secundarios se
convierte inmediatamente en una contienda ideológica y política.
El
operativo APRENDER 2016, aprobado por los 24 ministros que forman el Consejo
Federal de Educación, para medir los conocimientos de los alumnos que finalizan
la enseñanza primaria y media, ha desatado la fiera oposición de los gremios
docentes que decidieron sabotear la medida desalentando la participación de sus
afiliados y de los alumnos, revelando las preguntas del cuestionario, ocupando
los establecimientos educativos y realizando protestas callejeras cortando el tránsito
en la ciudad de Buenos Aires.
Los
argumentos de los sindicalistas contra la evaluación son por lo demás
precarios. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel ha declarado: “Las
pruebas fueron confeccionadas utilizando ítems de respuestas cerradas,
condición que reduce al mínimo la retroalimentación (sic.) en las escuelas”.
La
profesora Natalia Stoppani, desde el diario Página 12, cuestiona la evaluación
por ser “una propuesta neoliberal” y
agrega que una evaluación es correcta si la lleva a cabo el “ministro de Educación de Bolivia, Roberto
Gómez Aguilar” y no lo es si la lleva a cabo “el ministro Esteban Bullrich”. Curiosos argumentos estos.
Es
decir que para esta docente, un gobierno populista puede evaluar la educación y
por el contrario, si la evaluación la lleva a cabo un gobierno legítimo y
democráticamente elegido pero de otro signo político es “un golpe de la educación pública” que “no sirve de ninguna manera valorar
los procesos de enseñanza”, tal como afirma Jorge Adaro, secretario general del
gremio Adamys.
Quienes
cuestionan, por ejemplo, la evaluación estandarizada a nivel nacional debido “a la diferencia de contextos
socioeconómicos de los alumnos” parecen olvidar que los egresados del
sistema educativo (tanto público como privado) reciben el mismo título nacional
conforme al nivel que cursaron.
Acaso
están sugiriendo que un alumno debe tener diferente nivel conocimientos sí
egresa en Jujuy capital, en Ushuaia o en la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo
este razonamiento debería aceptarse que alguien ejerciera la medicina con
diferente nivel de conocimientos e idoneidad debido a que egreso de una
Facultad de Medicina en la provincia de La Rioja, en el Chaco o en Buenos
Aires.
Si a
todos los alumnos se les otorgan títulos nacionales de igual validez, que los
habilitan para trabajar o seguir sus estudios en cualquier parte del territorio
y en cualquier contexto socioeconómico del país, por qué no se los puede
evaluar con el mismo cuestionario.
Acaso
se ésta sugiriendo que los títulos nacionales tienen distinto nivel de
exigencia conforme a la situación socioeconómico de los alumnos. Esto sería
admitir que si un alumno es pobre, por su mera condición socioeconómica,
obtendría su título con menores conocimientos de los que serían exigibles a un
alumno de mayores recursos económicos.
Tal
consideración sería cuando menos prejuiciosa y discriminatoria. Todo esto es
poco serio. El problema con algunos sectores del progresismo en Argentina no
son sus ideas sino la falta de idoneidad y el “infantilismo revolucionario” que impera en sus planteos.
En
realidad, lo que ocurre es que los gremios docentes en Argentina están
absolutamente ideologizados y en manos de dirigentes que hace décadas no pisan
un salón de clase.
La
oposición a la evaluación de la educación es parte del sabotaje sistemático de
aquellos que pretenden ocultar la herencia educativa dejada por más de doce
años de un ineficaz gobierno populista.
Son
los mismos gremios que toleraron con un silencio cómplice la pauperización de
los docentes durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
Para
la administración de Mauricio Macri resulta muy difícil avanzar en la solución
de los problemas del país cuando cualquier medida de gobierno dispara
sistemáticamente la oposición militante de los gremios y de los sectores de
izquierda.
Cristina
Fernández de Kirchner busca lograr la impunidad por los hechos de corrupción
ocurridos durante su presidencia, para ello incita a sus militantes a que
ataquen sin descanso al actual gobierno.
En
consecuencia, los militantes kirchneristas apelan a prácticas de resistencia
civil para jaquear al gobierno nacional y no darle descanso.
Esta
conducta constituye un ataque a la gobernabilidad del país, un acto
antidemocrático y hasta golpista.
El
boicot a APRENDER 2016 no pretende cuestionar una medida desacertada o
rectificar una política pública. Este comportamiento se inscribe dentro de un
plan de más largo plazo: impedir que el gobierno de Mauricio Macri termine su
mandato constitucional.
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