MACRI RETOMA LA INICIATIVA POLÍTICA

El presidente Muricio Macri busca retomar la iniciativa política que había perdido desde su traspié en la reforma del polémico impuesto a las ganancias.

El gobierno de Mauricio Macri tuvo un agitado final de 2016. Su tratamiento desafortunado en la reforma del impopular impuesto a las ganancias dio pie a que la oposición populista se unificara en su contra.

El gobierno quedó en medio de una pinza política muy peligrosa. Por un lado, debió enfrentar la resistencia de los gobernadores peronistas. Los mandatarios provinciales se opusieron a la reducción de un impuesto que incide en la coparticipación federal que reciben del gobierno nacional.

Los gobiernos provinciales están siempre sedientos de recursos para sostener sus precarias economías locales. Faltos de inversiones productivas, muchos de ellos son dependientes de los ingresos y empleos que generan industrias tales como la minería y el juego. Sectores que serían aún más gravados si se reducía el impuesto a las ganancias.

El otro lado de la pinza lo componían los sindicatos peronistas. Los sindicalistas se hacían eco de las demandas de sus afiliados que, en algunos casos, durante el año 2016, recibieron una confiscación de hasta el 35% de sus salarios debido a este verdadero “impuesto al trabajo”.

Los sindicalistas hicieron frente común con los legisladores opositores en la Cámara de Diputados. El diputado peronista renovador Sergio Massa vio la oportunidad de ganar protagonismo golpeando al gobierno con un tema muy impopular y no la dejó pasar. Estableció una coalición con diputados sindicales y opositores -incluso los hasta entonces marginados legisladores kirchnerista de La Campora- y logró la media sanción de un proyecto de ley que establecía una sustancial reducción del impuesto a las ganancias.

El proyecto opositor encendió todas las luces de alarma tanto del gobierno como de los gobernadores peronistas.

El gobierno macrista debió apelar a sus mejores artes de negociación y hacer concesiones varias para lograr una modificación parcial en el Senado. De todas maneras, la reducción del impuesto fue mucho más allá de las previsiones oficiales y dejó la sensación de que el gobierno era débil e incapaz de conducir con eficacia sus negociaciones claves.

El presidente también percibió la imagen de fragilidad que evidenció en todo el proceso y decidió actuar en consecuencia. Como primera medida alejó al hasta entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay a quien responsabilizó tanto por el mal manejo del tema ganancias como por la falta de señales auspiciosas en la economía.

Para terminar con la imagen de un gobierno jaqueado por la oposición decidió trasladar el centro del debate político a otro ámbito.

El gobierno, que presta una atención especial a las encuestas, detecto que el principal reclamo de la población se ubicaba en la demanda de mayor seguridad y eficacia en la lucha contra el delito.

La gente reclamaba por lo que percibía como ineficacia y corrupción en los cuerpos de aplicación de la ley. También por el llamado “garantismo” de los jueces y fiscales que parecían más preocupados por proteger los derechos de los victimarios que por sus víctimas.

La opinión pública está especialmente sensibilizada por los casos de delincuentes detenidos al momento de cometer ilícitos que eran liberados de las dependencias policiales, por orden judicial, aun antes de que sus víctimas terminaran de brindar testimonio de lo sucedido ante las autoridades.

En otros casos, la indignación popular se disparaba al descubrir que un delincuente que violaba o mataba, estaba bajo un régimen de libertad condicional o había sido liberado recientemente, después de cumplir tan solo una parte de su condena debido a su “buena conducta”.

Diversas asociaciones de familiares de víctimas de crímenes violentos se encargaron en los últimos años de revelar estos hechos y sensibilizar a la población sobre las consecuencias negativas del “garantismo jurídico”, que suele apelar a cualquier falla procesal para dejar en libertad a delincuentes a quienes considera producto, cuando no víctimas, de una sociedad injusta.

Por otro lado, el gobierno también percibió la existencia de un cansancio social frente a las protestas callejeras que se han hecho endémicas en la vida de los argentinos desde el infausto diciembre de 2001.

Tras quince años continuos de gente -en ocasiones poco numerosa- cortando calles y rutas reclamando por cuestiones reales o no, pero que terminan descargando sus efectos sobre los transeúntes que no son responsables, ni pueden solucionar el reclamo, terminó por agotar la paciencia y comprensión de los argentinos.

De todas formas, terminar con la protesta callejera -especialmente en el centro de la ciudad de Buenos Aires- no será una tarea sencilla para el gobierno.

Algunas expresiones políticas, que no cuentan con ningún peso electoral, han creado una eficiente estructura de movilización que les permite convocar y trasladar en cualquier momento a un millar de personas. Con esta fuerza de movilización presionan a las autoridades -nacionales, provinciales y municipales- para obtener financiamiento y otras prebendas.

Privadas de apelar a la protesta callejera estas agrupaciones y sus dirigentes perderían todo protagonismo y posibilidad de mantener su presión sobre las autoridades para conseguir ventajas. Por lo tanto, no aceptarán fácilmente la implementación de medidas de ordenamiento urbano que los condenara irremediablemente a la extinción.

El gobierno de Macri conoce acabadamente esta situación y ha decidido, en medio de un año electoral, trasladar el debate del tema económico donde puede ofrecer pocas concesiones -en materia de recesión, inflación, desocupación etc.- al campo de la inseguridad donde si puede llevar a cabo reformas sustanciales.

Aprovecho para ello la conjunción de un par de crímenes violentos que conmovieron a la opinión pública con el cambio de funciones de la Policía Federal Argentina y la puesta en funciones de una nueva policía para la ciudad de Buenos Aires, para simultáneamente anunciar su intención de llevar a cabo una reforma integral de la legislación penal para permitir una mejor contención del delito.

El tema fue presentado inicialmente como una modificación de la edad de imputabilidad para atender de forma diferente el problema de los menores que comenten delitos violentos. No obstante, la reforma que pretende realizar el gobierno es mucho más amplia.

Ahora, el problema lo tendrá la oposición populista que tiene al “garantismo” como una de sus principales banderas. Si mantiene su apoyo al “garantismo zaffaroniano” y se opone a la reforma, se alejará, aún más, de lo que demanda la opinión pública y si reniega, habrá renegado de sus posiciones ideológicas y segura tendrá una crisis interna.

Muchos de estos dirigentes opositores incluso mantienen oscuras alianzas con punteros políticos que conviven en sus distritos con espacios de militancia cercanos al delito: barras bravas, familiares de presos, pibes chorros e incluso pequeños traficantes de drogas.

Estos dirigentes no apoyarán ningún incremento de penas o normas procesales más estrictas, tampoco aceptarán ningún tipo de regulación del derecho de protesta, aun cuando sea impopular y afecte su rendimiento electoral.

Por lo tanto, el problema de la oposición será como oponerse a la reformar penal sin enemistarse con el electorado que la demanda.

Sin duda, el debate por la cuestión penal le dará aire al gobierno. Solo falta saber si el presidente Macri llevará a cabo esta reforma con el mismo elenco de seguridad que ha tenido tan bajo rendimiento en su primer año de gestión o apelará a nuevos funcionarios menos desgastados y con alguna idea de cómo gestionar esta área tan sensible. Pronto lo sabremos.