¿UNA PROFUNDA GRIETA SE INSTALA EN AMÉRICA?

La posible aplicación de la Carta Democrática de la OEA frente a la violación de derechos humanos en Nicaragua amenaza con instalar una suerte de división en el continente americano dividiendo a las democracias de las dictaduras populistas.

LA CRISIS EN NICARAGUA

En 2017, el presidente nicaragüense Daniel Ortega fue investido para su cuarto mandato de cinco años y tercero consecutivo.

El comandante guerrillero Daniel Ortega, es el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que derrocó a la dinastía de los Somoza con ayuda de Cuba, la Unión Soviética y grupos terroristas latinoamericanos como los argentinos Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo y Organización Político Militar Montoneros, en 1979.

El régimen sandinista pronto enfrentó la resistencia guerrillera de los “Contra” apoyados por el presidente estadounidense Ronald Reagan. Los sandinistas se mantuvieron en el poder gracias al apoyo económico y militar que recibían de Fidel Castro y los países del entonces Bloque Socialista.

Cuando en 1986, Mijaíl Gorbachov inició su política de “glasnost” y “perestroika” recortó abruptamente la ayuda económica que enviaba a sus clientes del Tercer Mundo, en especial, a Cuba y Nicaragua, el régimen sandinista entró en crisis.

La caída del Muro de Berlín y la desaparición del Bloque Socialista, en 1989, fue el golpe de gracia.

Daniel Ortega asfixiado económicamente y hostigado por los Estados Unidos, decidió (contra el consejo de Fidel Castro) convocar a elecciones. Resultó derrotado frente a la Unión Nacional Opositora, una coalición de catorce partidos nicaragüenses que impulsó la candidatura de Violeta Barrios de Chamorro.

Ortega intentó infructuosamente retornar al gobierno en las elecciones de 1996 y 2001. Finalmente, en 2007, con la generosa ayuda de los petrodólares del bolivariano Hugo Chávez Frías logró retornar al poder, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente.

Eran los buenos tiempos del Socialismo del Siglo XXI y los gobierno populistas y antiimperialistas brotaban como hongos en América Latina. A la Cuba de los Castro se sumaban Venezuela con Chávez, Argentina con Néstor y Cristina Kirchner, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa, Paraguay con Fernando Lugo, Perú con Ollanta Humala, Brasil con Luis Inacio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff y hasta, en buena medida, Chile con Michelle Bachelet hacían un clima de acompañamiento para una época dorada del populismo latinoamericano.

Pero la fiesta populista duró poco. La crisis económica del 2008, el descenso brusco del precio de las materias primas, en especial del petróleo, se sumó a la corrupción, el descontrol y la ineficacia de las economías populistas para poner en jaque a los gobiernos de izquierda en la región.

Hasta la biología parecía conspirar contra el populismo. En rápida sucesión dejaron el escenario político Néstor Kirchner (2010), Hugo Chávez (2013) y Fidel Castro (2016).

Finalmente, los gobiernos populistas comenzaron a ser desplazados por procesos electorales adversos en Perú, Argentina, Ecuador y Chile, mientras que en Brasil Dilma Rousseff fue destituida, Lula da Silva encarcelado por corrupción y el derechista Jair Bolsonaro se impuso en las urnas.

En los primeros años del régimen de Ortega, Nicaragua vivió una cierta recuperación económica gracias al aporte solidario de algunos gobierno socialistas europeos dispuestos a colaborar en la reconstrucción del pequeño país centroamericano, la generosidad (y el petróleo barato) de Hugo Chávez que necesitaba aliados para conformar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y los préstamos que recibía de los mismos organismos financieros que el presidente Ortega condenaba en público.

Pero los últimos años fueron de “vacas flacas” y el humor social se hizo adverso a los sandinistas.

Cuando cesó el flujo de dólares de Venezuela y desaparecieron las escasas inversiones europeas y chinas, el gobierno de Ortega no tubo mejor idea que reclamar a los Estados Unidos el pago de una indemnización establecida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en 1986, de 17.000 millones de dólares por haber sido responsable de “actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”. Washington hizo oídos sordos al reclamo por desconocer la jurisdicción de la CIJ y, en 1991, la entonces presidenta Violeta Barrios de Chamorro decidió renunciar al reclamo.

En 2017, Ortega recién reelegido para su tercer período consecutivo, insistió en la indemnización. La respuesta estadounidense fue contundente, la Cámara de Representantes aprobó la “Nica Act”, una ley que pretendía bloquear los prestamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua, hasta tanto este no tomara “medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes.”

La iniciativa de la cámara baja estadounidense puso en estado de máxima alerta al empresariado nicaragüense que veía como se cerraban todas las fuentes de financiamiento externo y la posibilidad de recibir inversiones.

La crisis se precipitó en abril de 2018, con la decisión del gobierno de reformar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social aumentando del 6,25 al 7% los aportes jubilatorios de los trabajadores y del 19 al 22,5% el aporte patronal, al tiempo que reducía en 5% el monto de las jubilaciones (la jubilación mínima era de 127 dólares).

Así comenzó el ciclo de movilizaciones callejeras, signadas por la violencia y los enfrentamientos entre opositores (en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios), la policía y los grupos parapoliciales del FSLN conocidas como “turbas divinas”.

En la oposición, además de los estudiantes, se situó el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), los medios de comunicación independientes, los diarios La Prensa y Confidencial (ambos pertenecientes a miembros de la familia Chamorro), el canal televisivo “100% Noticias”, Radio Darío y en alguna medida la propia Iglesia Católica.

Daniel Ortega dio marcha atrás y suprimió el decreto de reforma del INSS, pero a esa altura, los opositores reclamaban la renuncia del Presidente responsabilizándolo por los muertos provocados por la dura represión policial y parapolicial.

Desde que se iniciaron las protestas contra el régimen de Ortega la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha registrado al menos 325 muertos (entre ellos 24 menores de edad), más de 2.000 heridos, 550 detenidos y enjuiciados (incluidos la jefa de noticias del canal 100% Noticias, la periodista costarricense Lucía Pineda Ubau y el presentador de noticias Miguel Mora), así como 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos públicos por asistir medicamente a los manifestantes heridos, al menos 80 estudiantes universitarios y el asalto por parte de la Policía Nacional al edificio de “Confidencial” y luego de “100% Noticias”, el incendio de Radio Darío, en la ciudad de León, y la anulación de la personería jurídica y la confiscación de bienes a nueve ONG dedicadas a la protección de los derechos humanos.

El 13 de octubre el gobierno de Nicaragua subió la apuesta y decretó la prohibición de las marchas e implementó un férreo dispositivo policial para impedir cualquier reunión masiva o marcha, tomando el control de todos los grandes espacios públicos, como las rotondas de la ciudad de Managua.

INTERVIENE LA OEA

El jueves 27 de diciembre de 2018, a petición de siete países, la OEA convocó a una sesión extraordinaria para tratar la crisis de Nicaragua.

Durante la sesión Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina solicitaron que se evalué la situación imperante en Nicaragua mediante la Carta Democrática de la OEA, creada en 2001, para preservar la institucionalidad de Latinoamérica.

La decisión de estos países fue adoptada después de que un grupo independiente de expertos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el gobierno de Daniel Ortega había perpetrado crímenes de lesa humanidad, que no prescribían.

El Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro y la vicepresidente de la CIDA, esmeralda de Troitino y los gobiernos de esos cuatro países consideran que debe aplicarse la Carta Democrática.

Sin embargo, se requieren 18 países de la OEA para poner en marcha la Carta Democrática y luego el de 24 de los 35 estados miembros para suspender a Nicaragua de la organización regional. Un número que parece difícil de obtener especialmente por la decidida defensa que Venezuela, Bolivia y Cuba han hecho del régimen sandinista y posiblemente la solidaridad de México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

CONSECUENCIAS

Es así como América Latina aparece hoy dividida por una profunda grieta. Por un lado, se sitúa la mayoría de los países que tienen gobiernos constitucionales, que respetan las bases de la democracia y respetan los derechos humanos.

Del otro lado de grieta, están un puñado de países donde el orden constitucional ha sido vulnerado o modificado al servicio de la continuidad vitalicia de dictadores populistas que amañan los procesos electorales, persiguen e intimidan a los opositores políticos y ahogan cualquier expresión de disidencia con un aparato de seguridad que invade los derechos de los ciudadanos y responde ciegamente a los dictados del gobierno.

El grupo de las dictaduras latinoamericanas esta encabezado por Cuba, hoy en manos de Miguel Diaz-Canel, Venezuela con Nicolás Maduro, Bolivia con Evo Morales y ahora Nicaragua con Daniel Ortega.

Aislados de sus vecinos latinoamericanos, de los organismos financieros internacionales, sin inversiones extranjeras, con sus economías en crisis y su población migrando en grandes cantidades, las dictaduras latinoamericanas pronto sentirán la tentación de buscar la solidaridad de otros gobiernos igualmente segregados del orden internacional forjado por las democracias.

Entre estos estados marginados pueden citarse en primer término a la Rusia de Vladimir Putin, después de la anexión de Crimea en 2014, seguida de Irán, Corea del Norte, Siria y Argelia.

Las dictaduras populista invertirán sus escasos recursos financieros y sus aparatos de propaganda en apoyo de políticos latinoamericanos del mismo signo ideológico para intentar romper el cerco político que los aísla. Pronto los partidos políticos y los dirigentes latinoamericanos comenzaran a identificarse con uno y otro de los bandos en puja acentuando las diferencias en la región. También buscarán el apoyo de grupos políticos extrarregionales como el partido español Podemos y los separatistas del Frente Polisario.

Si en los años de la Guerra Fría, un solo país, la Cuba de los Castro fue un problema para la gobernabilidad de los países latinoamericanos, un eje de cuatro países parias constituye una seria amenaza a la seguridad de la región.

Por último, la inestabilidad en Nicaragua incrementará la crisis migratoria que se inicia en Venezuela y se extenderá por toda Centroamérica como una gigantesca ola humana que golpea en forma continua la frontera de México con los Estados Unidos.

En otras palabras, en Nicaragua no sólo están en juego los derechos humanos y las libertades democráticas del pueblo nicaragüense sino la estabilidad de todo el continente.