En
2019, los argentinos concurrirán a las urnas en reiteradas ocasiones para
elegir autoridades municipales, provinciales y hasta un nuevo presidente. Un
proceso que involucrará un movimiento financiero de quinientos millones de
dólares que puede contribuir a reactivar la alicaída economía del país.
La
Argentina tendrá, en 2019, un cargado calendario electoral que forzará a los
votantes a concurrir en diversas ocasiones a las urnas y que generarán fuertes
erogaciones fiscales y privadas que, sin embargo, pueden contribuir a
reactivar, al menos parcialmente, a una economía en recesión.
En
2017, las elecciones legislativas (nacionales, provinciales y municipales)
implicaron erogaciones superiores a seis mil millones de pesos, que con un
dólar por debajo de los veinte pesos implicaban trescientos millones de
dólares.
Desde
entonces, la inflación subió 47,5% y el dólar se situó, al menos por el
momento, en torno a los cuarenta pesos. Además, el aporte que hará el Estado
para el financiamiento de las campañas electorales se triplicará a partir de
este años. Por cada votante, el Estado pagará el 3,5 por mil (antes era 1,3 por
mil) del valor asignado al Salario Mínimo, Vital y Móvil que esta fijado
actualmente en $ 11.900.
Por
último, en 2019, además de los cargos legislativos se elegirán autoridades
ejecutivas: intendentes, gobernadores y presidente. Lo que abre la posibilidad
para una segunda vuelta electoral.
Todos
estos factores hacen difícil estimar a priori cuánto se gastará en los comicios
de este año.
No
obstante, es importante destacar que no todo el dinero invertido en las
elecciones son una pérdida para el Estado sino que se reinvierten en la
economía nacional, crean puestos de trabajo y reactivan la capacidad ociosa de
empresas locales.
En
2015, por ejemplo, el Correo Argentino cobró por su participación en la
distribución y recolección de urnas y el envío de telegramas, tan sólo en la
provincia de Córdoba, 36,8 millones de pesos, que con un dólar a diez pesos
eran 3,68 millones de dólares.
Un
proceso similar ocurre con los gastos de seguridad para los comicios donde el
Estado nacional y provincial se contratan a sí mismos. El Estado paga los
salarios, viáticos, gastos de combustible, etc., del personal destinado a la
custodia de los locales de votación y al traslado de las urnas. Dinero que
ingresa al presupuesto de cada fuerza y se vierte, en parte, en el salario y
pago de horas extra del personal asignado a estas tareas.
En
otras palabras, el Estado se paga a sí mismo y a los empleados públicos que
trabajan en los comicios en forma de horas extra, viáticos y contratos de mano
de obra temporal.
Claro
está que no todo el gasto electoral se reabsorbe en la economía nacional. La
firma española Indra, por ejemplo, obtuvo importantes ganancias por llevar a
cabo el recuento provisorio y la difusión pública de los datos de los comicios.
Pero, aun así, Indra contrató mano de obra e insumos locales (además de pagar
impuestos en el país) para llevar a cabo las tareas para la cual fue
contratada.
Pero,
si el gasto estatal en las elecciones es difícil de dimensionar, mucho más
difícil es saber cuanto gastan los partidos políticos en una elección
presidencial.
Los
expertos estiman que un partido político o una alianza electoral que presente
no sólo la candidatura presidencial, sino también candidatos a gobernador en
las veinticuatro provincias y a intendentes en todos los municipios del país
(acompañados de sus respectivos candidatos legislativos) deberá invertir en la
práctica no menos de cien millones de dólares.
En un
país donde los afiliados a los partidos políticos no pagan cuotas partidarias
el financiamiento de las campañas electorales dependen por entero de los
aportes del Estado y de los que realizan financistas privados: empresarios,
sindicalistas e incluso contribuciones de algunos gobiernos extranjeros.
A
medida que se va aproximando la fecha de los comicios, las firmas encuestadoras
electorales son contratadas por el gobierno, por los partidos e incluso en
forma individual por los posibles candidatos para llevar acabo las mediciones
de opinión e imagen más diversas.
Los
expertos en marketing político, los asesores de imagen, los asesores de prensa,
custodios, etc. venden sus servicios a los candidatos y partidos.
Las
imprentas trabajan intensamente para la impresión de gigantografías,
pasacalles, volantes, afiches y otros materiales de propaganda, etc.
Los
expertos en informática son contratados como “community managers” para atender
la imagen de los candidatos en las redes, crear videos y memes u operar como trolls
informáticos.
Los
analistas políticos son cada vez más consultados y contratados para dar
conferencias, asistir a mesas redondas o a programas televisivos y radiales.
Los
periodistas tienen mayor material para informar, opinar y especular. Los menos
éticos suelen ser incentivados para mejorar con sus artículos la imagen o dar
mayor espacio a las actividades de un candidato. En algunos casos, incluso para
ocultar algún escándalo. Los más célebres y con mayor audiencia suelen ser consultados
y/o contratados por medios extranjeros.
Hacia
el final de la campaña, incluso llegan equipos periodísticos extranjeros que
contratan hoteles, traductores, vehículos y choferes locales durante sus
estadías.
La
industria publicitaria vende sus espacios (físicos, radiales, televisivos y de
internet) a los políticos que deben instalar su imagen y a los partidos que
necesitan dar a conoce sus propuestas.
Mucho
dinero circulará por canales informales para financiar las actividades
proselitistas de distinta naturaleza.
La
organización de actos de masas demandan fuertes inversiones para alquilar
locales (estadios deportivos, anfiteatros, salones de fiestas, etc.), convocar
y movilizar a los asistentes, contratar micros, alquilar equipos audiovisuales,
luminarias, efectos especiales (bengalas, bombas de humo y estruendo, etc.), pinturas,
bebidas, alimentos, banderas y otras parafernalias.
Todo
ello sin hablar de la distribución de fondos extra a los militantes
involucrados en la organización del evento y, más tarde, a los que reclutarán
fiscales para controlar los comicios el día de la votación, e incluso para el
pago de esos fiscales partidarios.
Los
candidatos además deben recorrer la extensa geografía del país si se postulan
para cargos nacionales o al menos de sus provincias e intendencias. En estos
traslados el candidato nunca viaja solo, siempre lo hace con parte de su equipo
de campaña, según sus posibilidades presupuestarias.
Para
sus traslados los candidatos suelen emplear aviones, micros y flotas de
automóviles. En ocasiones cedidos por empresas y en otros alquilados. Pero, en
todos los casos el equipo de campaña suele hacerse cargo de los salarios y
viáticos de los pilotos, choferes y personal de seguridad.
En
ocasiones deben enviarse “equipos de
avanzada” o trasladar una flota de automóviles para brindarán apoyo local al candidato a su
visita a una localidad alejada. En otros casos, se desplazan un par de micros
cargados de manifestantes para dar una mayor presencia de masas al candidato en
una localidad donde sus simpatizantes son escasos.
Todos
estos gastos se incrementan cuando hay que sumar los costos de la hotelería y
viáticos del personal de campaña y apoyo que se traslada y, en ocasiones, debe
permanecer varios días fuera de sus bases.
Estos
gastos de traslado, alojamiento y viáticos también deben ser afrontados por los
medios de prensa que desplazarán a sus periodistas para cubrir una campaña o
que deben contratar los servicios de medios o periodistas locales.
Pero,
lo que son gastos para unos son oportunidades de negocios para otros. Los hoteles
que alquilan sus habitaciones y salones de conferencias, estaciones de servicio
que venden más combustible, bares y restaurantes locales que reciben a los
clientes de visita, personal de seguridad que tiene una sobrecarga de trabajo
pero también cobran horas extras.
El día
de la votación, además de organizar un ejército de fiscales para controlar la
votación, los partidos deben organizar un sistema logístico para distribuir
boletas adicionales (porque suelen ser robadas de los cuartos oscuros),
distribuir viandas a los fiscales y coordinar los relevos de los fiscales
cuando es necesario que interrumpan su labor para descansar o ir al baño.
Todo
ello sin hablar de los pagas ilícitos para captar voluntades y “comprar votos”
que siempre forman parte de la “distribución
de recursos” que acompañan a los años electorales.
Resumiendo,
el desarrollo de un proceso electoral implica grandes movimientos de fondos que
constituyen una suerte de “gasto
keynesiano” que moviliza la economía de los países cuando se llevan a cabo
elecciones y redistribuye fondos del Estado y la política hacia la sociedad.
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