En América Latina, la década de los años 10 del siglo XXI
posiblemente sea recordada como la “década perdida”. Un periodo signado por la
crisis económica, los hechos de corrupción y los problemas de gobernabilidad
que impidieron el progreso de la región y dispararon las tensiones sociales.
Los expertos
suelen discutir si los problemas económicos derivan en crisis sociales o
viceversa. En el caso de la actual crisis que afecta América Latina es muy
difícil saber qué fue primero si “el
huevo o la gallina”. Es decir, si la crisis económica detonó las denuncias
por corrupción o fue la corrupción generalizada la que derivó en problemas de
gobernabilidad que a su vez potenciaron el deterioro de la economía.
Lo cierto es que
los problemas se iniciaron en los Estados Unidos, en 2008, con el affaire de
las hipotecas subprime que provocaron la quiebra del banco de inversión Lehman
Brothers que a su vez llevo la inestabilidad a las bolsas y mercados de los
países tecnotrónicos.
En los Estados
Unidos la recesión económica hizo resurgir el proteccionismo y la histórica
tendencia al aislacionismo de los estadounidenses y terminó proyectado a la
presidencia a un líder antisistema: Donald Trump.
En Europa la
recesión de la economía y la desocupación gestaron movimientos de “indignados”
que a su vez derivaron también en la aparición de partidos y líderes antisistema
como el español Podemos. El separatismo catalán e incluso el Brexit son hijos
de este proceso.
Lentamente, el
crack económico fue contagiándose del
prospero mundo desarrollado a los países más pobres. En un proceso similar a
las ondas que produce la caída de una piedra en el centro de un lago. En cada
región la depresión de la economía derivó en crisis políticas de diferente
naturaleza.
En 2010, el
deterioro de la economía y los altos niveles de desocupación en el Norte de
África y el Medio Oriente asumió la forma de una “Primavera Árabe”, con reclamos de mayor democracia y libertades
ciudadanas. Este proceso introdujo cambios revolucionarios en Túnez, Egipto,
Libia, Siria e inestabilidad en otros países de África. Luego la crisis impactó
a América Latina con características diferentes pero un mismo origen.
Hoy las grandes economías
de la región se ven afectadas por serios problemas que vulneran su
gobernabilidad y alejan las tan necesitadas inversiones extranjeras.
México, la mayor
economía latinoamericana, enfrenta problemas derivados de su conflictiva
relación con su principal socio comercial: los Estados Unidos, gobernados por
el imprevisible Donad Trump. Las inversiones han dejado de llegar al país
azteca a la espera de definiciones por parte de Trump sobre el tratado de libre
comercio entre ambos países. Tampoco ayuda la baja popularidad del presidente
Enrique Peña Nieto, la siempre presente actividad del narcotráfico y el riesgo
de que, en 2018, alcance la presidencia el izquierdista Andrés Manuel López
Obrador.
En Venezuela, la
crisis económica unida a la caída de los precios internacionales del petróleo
(su principal producto de exportación) y a los desastrosos desmanejos
económicos del chavismo crearon una situación explosiva. La inflación estimada
para el año 2017 es de casi el 700%, la más alta del mundo, el
desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera
necesidad es casi total.
A los avatares
económicos se unió la desaparición del líder populista que había creado el
régimen, el carismático Hugo Chávez, dinamitando las bases de la gobernabilidad
en Venezuela. Hoy el país, en manos del inefable Nicolás Maduro se debate entre
la dictadura y la guerra civil, con una serie continua de protestas callejeras
que el régimen reprime duramente sin preocuparse por las víctimas letales que
provoca.
Brasil no cesa en revolver en las cloacas de la corrupción. El
controvertido proceso se inició con la controvertida salida de la presidenta
Dilma Rousseff, en agosto de 2016, por medio de un juicio políticos.
El miércoles 17 de mayo, el diario O Globo reveló una grabación en la
que Joesley Batista —dueño del mayor frigorífico del mundo, JBS—, le comentaba
al presidente Michel Temer, en un encuentro personal, que pagaba una
mensualidad al exdiputado Eduardo Cunha en la cárcel. Cunha, aliado de
Temer, es el ex presidente la Cámara de Diputados que lideró el proceso de
destitución de Rousseff y terminó, a su vez, preso por corrupción. Desde que
fue encarcelado el establishment vive pendiente de sus revelaciones que
podrían desestabilizar aún más la política y la economía.
Lo curioso es que el punto de inflexión en el juicio contra Rousseff
también haya sido la publicación de una escucha telefónica en la que ella y el
expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva acordaban el envío de su designación
como ministro para que él lo usara “en caso de necesidad”. Quienes protestaban
en las calles contra Dilma vieron allí un intento de proteger a Lula de
las investigaciones por corrupción y reaccionaron con furor. El partido de
Temer, el centrista Movimiento Democrático Brasileño, siempre estuvo
involucrado en la investigación “Lava Jato”, que comenzó en Petrobras, y se fue
extendiendo a toda la clase política, que fue irrigada con financiamiento
ilegal de grandes compañías, muchas de ellas ya involucradas en el petrolȃo. De
modo que la sorpresa ha sido más por la grabación en audio del presidente que
por la denuncia.
El Partido de la Social Democracia Brasileña —principal nucleamiento de
oposición al Partido de los Trabajadores de Dilma y Lula, que hoy sirve
como apoyo parlamentario al gobierno Temer— también ha sido golpeado por las
revelaciones del miércoles. Su presidente, el senador Aécio Neves, fue grabado en
abril pasado solicitando dos millones de reales al mismísimo Joesley Batista.
En la conversación, descaradamente, el senador pide que la persona designada
para buscar la plata sea alguien “que nosotros podamos matar antes de que
delate”.
Al día siguiente de la publicación del audio, en un pronunciamiento
público tras una jornada de rumores políticos sobre su renuncia y hasta un
cierre temporal de las operaciones de la bolsa de valores para frenar
su caída, Temer, que sólo cuenta con el 8% de aprobación, dijo que en modo
alguno renunciará a su cargo. Pero, el cuestionado presidente no parece lograr
recomponer su base de apoyo político. El proceso podría culminar en un nuevo
juicio político para destituir a un presidente en menos de dos años.
Esta semana, la Corte Suprema decidirá si avanza la
investigación contra Temer o no. Y no solo la posible complicidad para
comprar el silencio de Cunha pesa en su contra. En la misma grabación,
Batista dice haber corrompido a dos jueces y un procurador en Brasilia para
obstruir investigaciones contra su empresa. Temer, quien tiene la obligación
legal de reportar estos delitos, no lo cuestionó. Uno de sus asesores más
cercanos también fue grabado por la Policía Federal recibiendo una maleta de
dinero por un soborno.
La próxima semana, el presidente también será juzgado por acusaciones de
donaciones ilegales para su campaña junto a Dilma, en 2014. Hasta la difusión
del audio de Batista se esperaba que la mayoría del Tribunal Superior Electoral
lo salvara de perder la presidencia para evitar una nueva crisis política.
Ahora, él mismo Temer genera la crisis política y su salida por decisión de la
corte electoral se convierte en una posible solución.
El problema es que, si se confirma la salida de Temer, la constitución
prevé una elección indirecta, con un nuevo presidente elegido por el
parlamento. Con más de la mitad del parlamento involucrado en denuncias de
corrupción, esta elección resolvería la vacante presidencial, pero el nuevo presidente
no gozaría de mayor legitimidad.
Si Temer logra sostenerse en la presidencia será porque ha convencido al
mercado financiero de que su impopularidad puede ser un triunfo. Como no
necesita rendir cuentas a una base popular, porque no la tiene, sería la
persona ideal para aplicar el amargo ajuste económico necesario para que la
economía vuelva a crecer.
La economía de Brasil está estancada, tiene una caída de casi el 10% del
PBI en los últimos tres años. La recesión fue del 4% en 2014 y de 3,6% en 2016.
El Estado está fracturado por el vacío político y las principales empresas de
Brasil y la obra pública – privada se encuentran paralizadas por las
investigaciones sobre corrupción y el encarcelamiento de empresarios. Se
paralizó el consumo, hay muchas familias endeudadas, caen los salarios, las
exportaciones crecen muy poco y el gasto público ha sido congelado para los
próximos veinte años…
En abril se realizó el mayor paro nacional en dos décadas y, el 1
de mayo, día de los trabajadores, estuvo marcado por protestas. Pero el
gobierno no escucha el grito de las calles. El audio de Temer hizo que
resurgiera el grito de “Diretas Já” (Elecciones directas ya), una
consigna empleada por la resistencia a la dictadura en los años ochenta.
Es difícil saber si el congreso se atreverá a modificar la constitución
para convocar nuevas elecciones y tampoco hay un líder capaz de unir al país en
la escena política.
Los problemas políticos y económicos que atraviesa
Brasil han paralizado al Mercosur e impedido que los países latinoamericanos
jueguen un papel protagónico en la búsqueda de una solución para la cuasi
guerra civil que vive Venezuela.
Al mismo tiempo, la paralización de la economía
brasileña está demorando la recuperación de la economía de la Argentina.
En octubre de 2015, la Argentina fue el primer país
latinoamericano en poner un alto en las urnas a la demagogia populista. Después
de doce años de manejo autoritario e impune del país, el kirchnerismo fue
derrotado en las urnas y el país del Plata inició el duro proceso de la
reconstrucción.
El nuevo gobierno, encabezado por el ingeniero y
empresario Mauricio Macri heredó un país con alto nivel inflacionario, que en
la última década no había llevado a cabo ninguna obra de infraestructura, con
tarifas artificiales en los servicios esenciales (combustibles, energía,
peajes, etc.), prohibiciones a la compra de divisas y un elevado nivel de
inflación y una explosiva situación social donde el 30% de la población se
encuentra en la pobreza.
El gobierno de la coalición Cambiemos se esfuerza por
poner en marcha al país corriendo los errores del kirchnerismo, en especial, en
sacar al país de la recesión y al mismo tiempo reducir gradualmente la
inflación.
El problema es que su principal socio comercial se
encuentra paralizado, sus exportaciones no crecen lo suficiente y la situación
que atraviesa la región no alienta la llegada de las tan necesarias inversiones
extranjeras.
Mientras tanto, la oposición peronista y kirchnerista
le muerde los garrones intentando desgastarlo para poder recuperar el poder en
2019.
Tampoco, en Chile las cosas están muy bien. La
presidente Michelle Bachelet, en esta segunda gestión no las ha tenido todas
consigo y también ha sido cuestionada por acusaciones de corrupción que
involucran a personas de su entorno más íntimo e incluso de su propia familia.
Los tres primeros años de su segundo mandato han estado marcados
por la debilidad de la economía -con un crecimiento medio del 1,9%-, la
reducción de la inversión y una fuerte disminución en el precio del cobre. Por
si fuera poco, la ciudadanía ha empezado a cuestionar a la clase política por
los casos de corrupción. Como resultado, el apoyo a las políticas del Gobierno
cayó abruptamente, la popularidad de la presidenta apenas supera el 20% y la
cohesión dentro de la coalición gubernamental ha desaparecido.
Tampoco resulta claro quién podría salir triunfante en
las elecciones previstas para el próximo 19 de noviembre. Por el momento, el ex
presidente conservador Sebastián Piñera (2010 -2014), de 67 años, candidato de
la coalición “Chile Vamos”, lidera
las encuestas y su principal rival es el periodista Alejandro
Guillier, de la alianza izquierdista Nueva Mayoría.
Como
puede apreciarse, la situación económica y política de los principales países
de América Latina es por demás compleja y no alienta en modo alguno la llegada
de inversiones extranjeras y ello no hace más que potenciar la crisis. Es por
ello que la presente década seguramente será algo olvidable en la historia
latinoamericana del siglo XXI.
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