viernes, 24 de febrero de 2017

LA CONTRAOFENSIVA KIRCHNERISTA


Ante la ofensiva judicial, que amenaza con la cárcel por delitos de corrupción, a las principales figuras del kirchnerismo, este sector lanza una contraofensiva para desestabilizar al gobierno con huelgas y movilizaciones.

CÁRCEL PARA LOS CORRUPTOS

La justicia argentina avanza, muy lenta pero inexorablemente, en la condena a los principales dirigentes del régimen kirchnerista.

Recientemente la justicia dispuso la prisión preventiva para el general César Milani acusado desde hace años por haber participado de la detención ilegal de dos personas y la desaparición forzada de un tercero durante los años de la dictadura militar. Además, enfrenta otro proceso por “enriquecimiento ilícito”.

El kirchnerismo hizo del falso progresismo y la persecución a los militares por delitos de lesa humanidad, cometidos en la década de los años setenta, sus principales banderas. Sin embargo, Cristina Kirchner no dudó en promover a Milani, un oficial del Ejército especializado en tareas de inteligencia, a la más alta jerarquía.

No sólo lo promovió a teniente general, sino que lo nombró, primero jefe de la inteligencia militar, y luego Jefe del Estado Mayor del Ejército, en 2013.

La entonces presidente Cristina Kirchner fue indiferente, durante años, a las reiteradas acusaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos contra Milani. El apoyo de la presidente al militar cuestionado se debía a que este la abastecía de información sobre la oposición. La misma provenía de una estructura ilegal de inteligencia paralela, aun cuando la Ley de Defensa Nacional veda a los militares realizar tareas de inteligencia interior.

Hoy diversos protagonistas de los años de la “fiesta de corrupción kirchnerista” están encarcelados. Además de Milani, se encuentra detenido el ex empleado bancario devenido en empresario, Lázaro Báez.

Durante los años del gobierno kirchnerista, la fortuna del empresario patagónico creció exponencialmente gracias a los contratos para la construcción de obras públicas adjudicadas por sus amigos y socios Néstor y Cristina.

La relación entre Báez y el matrimonio Kirchner era tan íntima que el empresario pagó la monumental bóveda donde hoy descansan los restos del ex presidente Néstor Kirchner.
La justicia ha dispuesto la prisión preventiva de Báez mientras lo investiga, a él y a sus hijos, por enriquecimiento ilícito.

También se encuentra en prisión preventiva el ex secretario de Obras Públicas del ministerio de Planeamiento a cargo del arquitecto Julio De Vido, y diputado electo del Parlasur, José López. El caso de López tomo celebridad después de que fuera sorprendido tratando de ocultar valijas conteniendo 8.982.000 dólares en el monasterio de Nuestra Señora de Fátima, en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. La justicia lo ha procesado por enriquecimiento ilícito.

El juez Gastón Mercau, de la provincia de Jujuy, por su parte, ha dispuesto la prisión preventiva de la dirigente indigenista Milagro Sala acusada de "asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión", por la malversación de 29 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) destinados a la construcción de viviendas sociales.

En los primeros días de marzo deberán concurrir a los tribunales federales de Buenos Aires para brindar testimonio la ex presidente Cristina Kirchner, su hijo el diputado nacional Máximo Kirchner y su hija Florencia para rendir cuentas de la realización de maniobras financieras poco claras con la empresa familiar, la inmobiliaria “Los Sauces S. A.”.

Luego llegará el turno, entre otros, del ex ministro de Planeamiento y actual diputado nacional, Julio De Vido, el dirigente social devenido en empresario, Luis D´Elia, involucrado en la negociación del “Memorándum de Entendimiento Argentina – Irán”, firmado en 2013, para el esclarecimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. En esa misma causa, también deberá prestar testimonio el dirigente del grupo radicalizado autodenominado Movimiento Nacionalista Revolucionario Quebracho, Fernando Esteche.

La titular de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, deberá responder ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa por defraudación al Estado en la construcción de viviendas sociales en la empresa “Sueños Compartidos”.

Durante los años de Cristina Kirchner, estas causas estuvieron prácticamente paralizadas por todo tipo de presiones y amenazas provenientes del Poder Ejecutivo. Actualmente, la justicia actúa con independencia y los procesos judiciales avanzan con mayor celeridad.

El kirchnerismo se victimiza y atribuye los problemas judiciales que enfrentan sus principales dirigentes a una persecución política impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.

Es por ello que muchos kirchneristas han expresado su deseo de que Macri no termine su período presidencial. Su odio a quien piensa distinto supera a su amor por la democracia y su respeto por el orden constitucional.

A este juego antidemocrático el kirchnerismo intenta arrastrar al peronismo y a los sindicatos.

El kirchnerismo no es peronismo. Esto es muy claro para destacados dirigentes peronistas como Juan Manuel De la Sota, Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey o dirigentes sindicales como Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Momo Benegas.

No obstante, algunos de ellos han compartido con el kirchnerismo doce años de gobierno. Muchos dirigentes peronistas temen que el desprestigio y la condena social por los hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo termine por contaminarlos con una imagen de corrupción descarada, autoritarismo e ineficacia, alejando toda posibilidad de un retorno peronista al poder en 2019.

Por lo tanto, el peronismo protege a los dirigentes kirchneristas acusados por corrupción en defensa propia y necesidad de supervivencia política.

Mientras tanto, el gobierno macrista tampoco hace mucho para legitimar, a través de la gestión, la legalidad adquirida en las urnas.

Tratando de separar a los peronistas de los kirchneristas, no explicitaron adecuadamente la totalidad de la calamitosa situación heredada y la responsabilidad del peronismo en muchos de los excesos cometidos por el matrimonio Kirchner.

Por otra parte, corregir doce años de populismo lleva su tiempo. Hacer competitiva la economía argentina a nivel internacional demanda corregir tarifas artificiales, el desborde de los subsidios, el exceso de impuestos, los altos costos laborales, la industria del juicio, etc.

No es una tares sencilla. Aun tomando todas las medidas acertadas -y este no precisamente el caso- las buenas noticias demorarán en llegar, mientras tanto la inflación seguirá en niveles alarmantes, el poder adquisitivo de los salarios cayendo y la desocupación en un alto nivel. Las buenas noticias, los “brotes verdes” de que habla el macrismo tardarán en llegar.

Además, las condiciones externas -en especial la recesión en Brasil- tampoco favorecen la rápida recuperación de la economía argentina.

UN GOBIERNO CON MUCHOS ERRORES

En lo político, el gobierno también parece cometer más errores que aciertos. Comenzó tratando de imponer el nombramiento de dos jueces en la Corte Suprema sin consultar a la oposición, cuando podía haber logrado el mismo resultado, y sin cuestionamientos, negociando con el peronismo, tal como finalmente hizo.

La costumbre de tomar decisiones inconsultas y luego abandonarlas o modificarlas sustancialmente se hizo costumbre en el gobierno. Este fue un error tan frecuente como el abrir temas sin estar seguro del resultado a obtener.

Así procedió en la reforma al impuesto a los ingresos a las ganancias que se ha convertido en un “impuesto al trabajo”. Pero el colmo, en un año electoral y de gran conflictividad social, fue activar un conflicto latente, la quiebra y re-estatización del “Correo Argentino”.

Este tema implica un claro e inevitable conflicto de intereses entre el presidente Mauricio Macri, la familia Macri y el Estado Nacional. El tema era una “bomba de tiempo” y el gobierno lo detonó de la peor forma y en el peor momento.

No es culpa de la oposición de que el gobierno cometa frecuentemente errores, tampoco se la puede culpar por buscar réditos políticos. Pero, una cosa es el natural juego entre gobierno y oposición y otra cosa es una campaña de desestabilización.

LA CONTRAOFENSIVA

Porque el kirchnerismo está llevando a cabo una campaña de desestabilización, agitando el ambiente con reiteradas marchas piqueteras cortando las principales avenidas del centro de la ciudad de Buenos Aires, pedidos de juicio políticos contra el presidente, impulsando la conflictividad laboral en aquellos gremios -como los docentes y los pilotos de las aerolíneas- donde ejercen la conducción y amenazando con un paro nacional contra el gobierno.

La semana del 6 al 10 de marzo será especialmente delicada para el presidente Macri. El 6 y 7 de marzo los docentes de todo el país llevaran a cabo un paro impidiendo el inicio de las clases primarias.

El 7 de marzo, la CGT y el peronismo convocan a un cese de actividades por la tarde seguida de una marcha al centro porteño. Ese mismo día, Cristina Kirchner debe concurrir a los tribunales para declarar por la causa de “Los Sauces”. Sus partidarios convocan a una concentración en apoyo de la ex presidente acusada de corrupción frente al juzgado.

Para horror de los organizadores -tanto sindicalistas como políticos-, Cristina Kirchner ha convocado también a sus partidarios para que asistan a la marcha opositora.

Mientras tanto, los medios de prensa en manos del kirchnerismo multiplican sus ataques mediáticos contra el gobierno. Los “periodistas militantes” del kirchnerismo difunden todo tipo de “verdades alternativas”, es decir, mentiras, sobre el gobierno y sus funcionarios. 

Entre ellas falsas estadísticas de inflación, sobre la popularidad del presidente, sobre el índice de desocupación o explotando al máximo los errores del gobierno, como el tema del Correo Argentino.

No se trata de acciones aisladas o de actitudes independientes de un sector de la sociedad sino de una verdadera “contraofensiva” opositora para presionar al gobierno e impulsarlo a intervenir ante la justicia para que se paralicen las causas y que ningún otro dirigente kirchnerista termine encarcelando.

En esta verdadera pulseada entre el gobierno y el kirchnerismo está en juego la gobernabilidad del país y la plena vigencia de las instituciones. En este sentido, resulta difícil para muchos permanecer indiferente.