El Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas ha exigido al gobierno de Argelia que ponga fin a las sistemáticas
ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos cometidos por miembros de las
fuerzas armadas y de seguridad argelinas contra la población marroquí de los
campamentos de Tinduf y contra menores y mujeres subsaharianas migrantes.
El
Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; el Relator
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y el Relator
Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes del Consejo de Derechos Humanos se dirigieron, el pasado 7 de enero,
al gobierno de Argelia denunciando diversas violaciones a los derechos humanos
producidas dentro del territorio argelino y protagonizadas por funcionarios
públicos argelinos contra la población marroquí retenida por la fuerza en los
campamentos de Tinduf y por migrantes subsaharianos que atraviesan su
territorio en camino a las costas de la Unión Africana.
Los
Relatores del Consejo de Derechos Humanos denunciaron en particular los
siguientes hechos:
Ejecuciones
Extrajudiciales
El 1 de enero de 2020, las fuerzas de seguridad argelinas
mataron a tiros a tres menores migrantes subsaharianos que intentaban cruzar la
frontera entre Níger y Argelia.
El 15 de mayo de 2020, una patrulla del ejército argelino
habría incendiado el sitio de extracción de oro artesanal en Abadara, matando a
tres migrantes y dejando a los otros ocho con quemaduras de tercer grado y
heridas graves.
En la tarde del 19 de octubre de 2020, un grupo de
buscadores de oro saharauis residentes en los campamentos de Tinduf fueron
presuntamente sorprendidos por una patrulla del ejército argelino en un sitio
minero no autorizado cerca del campamento “Dakhla”, al sur de la ciudad
argelina de Auinet Balakraa.
Los refugiados buscaban oro en un sitio minero no
autorizado. Según la ley argelina, la minería no autorizada conlleva penas de
prisión de hasta tres años y multas. Después de escuchar tiros aparentemente
disparados en su dirección por soldados argelinos, los refugiados saharauis, se
precipitaron hacia la trinchera de seis metros de profundidad y, se negaron a salir, temiendo que los mataran.
Las fuentes dicen que reconocieron los autos del ejército argelino en el lugar.
Luego, la patrulla militar prendió fuego al pozo minero
con mantas empapadas en gasolina y abandonó el lugar sin preocuparse por la
suerte de los refugiados y sin brindarles asistencia: esto provocó en la muerte
de dos menores refugiados. Los dos jóvenes, Maha Ould Hamdi Oudl Suielem, de 42
años, y Ali Idrissi, de 34, intentaron escapar del incendio, pero murieron de
heridas graves a pesar de ser trasladados al hospital del campamento de “Dakhla”
en la ciudad de Rabouni, Argelia, en circunstancias desconocidas. Los otros
mineros lograron escapar.
El 26 de octubre, los cuerpos de las dos víctimas fueron
entregados a sus familias en el campamento “Dakhla”. El gobierno
argelino no se ha abierto ninguna investigación sobre las circunstancias de la
muerte de esos dos hombres y los culpables no han sido procesados.
Abusos
contra la población de los Campamentos
La población marroquí retenida en los campamentos de
Tindouf sigue siendo extremadamente vulnerable y depende totalmente de la
asistencia internacional para sus necesidades básicas y su supervivencia. La
desnutrición y la anemia son problemas comunes entre esa población, según el
informe del Secretario General (S / 2020/938).
Las limitadas oportunidades económicas, vinculadas al
duro clima y la lejanía, han dejado a los refugiados saharauis con muy pocas
fuentes de ingresos. En ausencia de un marco legal adecuado para el asilo, los
pobladores no cuentan con ninguna protección, ya que se les considera personas
en situación irregular. El derecho al trabajo de los migrantes y solicitantes
de asilo no está garantizado, lo que crea una situación que expone a los
migrantes a la explotación y la trata de personas.
La mayoría de los marroquíes retenidos no tienen acceso
al mercado laboral formal. Además, en respuesta a la pandemia de COVID-19, los
campamentos se cerraron, lo que provocó la pérdida de muchos puestos de trabajo
y otras fuentes de ingresos para los pobladores. Las duras condiciones
económicas están empujando a algunos de ellos a violar leyes, como las restricciones a la
extracción de oro y regulaciones de emergencia que afecten la libertad de
circulación, con el fin de mantenerse a sí mismos y a sus familias y como estrategia
de supervivencia.
Lamentablemente, el Informe de los Relatores omite el
robo sistemático de la ayuda humanitaria destinada a la población de los
campamentos de Tindouf por parte de los miembros del Frente Polisario y por
funcionarios argelinos corruptos.
Son varias
las organizaciones no gubernamentales que han denunciado esta estructura de
corrupción y aprovechamiento fraudulento de suministros alimenticios y
medicinales, vitales para la supervivencia de una población civil necesitada.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Cruz Roja Española y el Centro
Europeo de Inteligencia Estratégica y Seguridad han reiteradamente denunciado y
suficientemente probado la vergonzosa realidad de la existencia de esta red de
corrupción que condena a las mujeres y niños de los campamentos de Tinduf a la
privación, la indigencia y la desesperación.
Ante este
fraude varias autoridades reconocidas
por su credibilidad han sido obligadas a suspender sus contribuciones, como es
el caso de las ONG estadounidenses “The Association of the Bar of the City
of New York” y “Teach the Children International” y la ONG española “Manos
Limpias”.
Mediante la malversación de la ayuda
humanitaria y su venta ilegal en los mercados africanos, el Polisario y sus cómplices
en el país receptor cometen otro crimen
aún más grave que viola esencialmente los derechos humanos fundamentales y
absolutos a saber; la integridad física, la salud, la vida y la dignidad de la
población civil secuestrada en Tinduf con el beneplácito del Estado argelino,
en una flagrante violación del artículo 3° común a los cuatro Convenios de
Ginebra que prohíben estos crímenes en cualquier momento y en cualquier lugar.
Los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa
humanidad imprescriptibles cometidos intencional y sistemáticamente contra una
población civil indefensa, reprimida y obligada a vivir en condiciones
infrahumanas que superan los límites tolerados por la comunidad internacional y
que debe ser condenado y sancionado por los diversos órganos de las Naciones
Unidas y las instancias internacionales judicialmente competentes.
Es debido a
ello que los Relatores advirtieron: “Quisiéramos recordar al Gobierno de Su Excelencia que los
Estados tienen la responsabilidad primordial de prevenir y abstenerse de
cualquier acto de intimidación y represalias. Los Estados también tienen la
obligación de proteger a las personas de las represalias y de investigar y
proporcionar recursos efectivos a las víctimas de represalias. Las familias de
víctimas de abusos como la que se describe en esta carta tienen derecho a
acceder a un procedimiento de denuncia independiente y deben beneficiarse de
medidas para garantizar que no serán objeto de represalias e intimidación.
Instamos al Gobierno de Su Excelencia a que garantice que
las fuerzas de seguridad y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
actúen de conformidad con el estado de derecho y las normas de derechos
humanos. También instamos al Gobierno de Su Excelencia a que lleve a cabo
investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas
las denuncias de las violaciones de derechos humanos cometidas contra menores
migrantes, y en particular con respecto a las circunstancias relacionadas con
la muerte de los dos refugiados saharauis subrayados en esta carta. En
particular con miras a iniciar las acciones disciplinarias y judiciales
apropiadas y asegurar que cualquier culpable de las presuntas violaciones
comparezca ante la justicia, pero también con miras a brindar una reparación e
indemnización adecuadas a las familias de las víctimas.” […]
Esta información se conoce recién ahora debido a que los
relatores dieron un plazo de 60 días para esclarecer y tomar medidas judiciales
que pongan fin a esas violaciones a los derechos humanos. Advirtiendo que “Transcurrido
este plazo, esta comunicación, así como cualquier respuesta que se reciba del
Gobierno de Vuestra Excelencia, se hará pública en el sitio web que informa de
las comunicaciones. También estarán disponibles más adelante en el informe
habitual que se presenta al Consejo de Derechos Humanos.”
La denuncia del Consejo de Derechos Humanos esta firmada
por Felipe González Morales, Relatora especial sobre los derechos humanos de
los migrantes; Agnes Callamard, Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Nils Melzer, Relator Especial sobre la
tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes.
Lamentablemente, los hechos consignados no constituyen
un hecho aislado sino que las violaciones a los derechos humanos son una
práctica habitual y constante en Argelia desde hace décadas en la lucha contra el
Frente Islámico de Salvación Nacional, en el trato a la población de los
campamentos de Tinduf o en la represión de los manifestantes del movimiento de
protesta Hirak.
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