jueves, 10 de enero de 2019

LA SEMANA TRÁGICA CIEN AÑOS DESPUÉS




La Semana Trágica es el nombre con que se conocen las protestas populares y la represión siguiente que arrojó cientos de muertos en la ciudad de Buenos Aires, entre el 7 y el 14 de enero de 1919.

¿PORQUÉ SEMANA TRÁGICA?

La Semana Trágica recibió esa denominación por su similitud con los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Barcelona, entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909, cuando durante el reinado de Alfonso XIII, el gobierno conservador de Antonio Maura decidió enviar tropas de reserva a su colonia del Marruecos Español, desatando una violenta protesta popular. El gobierno español solo logró controlar la situación aplicando la ley marcial y fusilando a algunos anarquistas.

LA SITUACIÓN PREVIA

En 1916 fue elegido mediante la aplicación de la ley electoral sancionada por el presidente Roque Sáenz Peña un gobierno elegido por el voto secreto,  y obligatorio de todos los argentinos varones. El triunfador fue el caudillo Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, un hombre de gran popularidad entre las clases medias del país.

El primer gobierno de Yrigoyen debió transitar por un difícil contexto internacional condicionado por la etapa final de la Gran Guerra –1914 / 1918- y la Revolución Rusa de 1917.

La Revolución Rusa impactó sobre el movimiento obrero, las incipientes corriente políticas de izquierda y la juventud en general. Los sectores de izquierda pesaban que estaban dadas las condiciones para que se produjeran una serie de revoluciones socialistas en todo el mundo. Esta impresión se reforzó con el estallido de convulsiones revolucionarias, en los primeros  años de la posguerra, en Alemania y Hungría. Aunque estos conatos revolucionarios fracasaron, parecía que los obreros se disponían a tomar el poder.

En la Argentina, un sector del Partido Socialista, influido por la nueva experiencia, que en cambio rechazaba la mayor parte de la dirigencia tradicional de este partido, se alejó, el 5 y 6 de enero de 1918, para formar el “Partido Socialista Internacional”. Del congreso fundacional participaron veintidós centros socialistas que representaban a 750 afiliados. Inicialmente la dirección del nuevo partido estuvo en manos del obrero gráfico José Penelón, el jefe del socialismo chileno, Luis Emilio Recabarren, con el apoyo de varios intelectuales entre los que destacaban José Ingenieros y su discípulo Aníbal Ponce. Dos años más tarde, siguiendo los dictados de la “Tercera Internacional” liderada desde Moscú por Vladimir Ilich Lenin, el grupo cambio su denominación por “Partido Comunista Argentino”.

Yrigoyen insistió en mantener la política exterior heredada del gobierno anterior. La neutralidad en el conflicto mundial. No le resultó fácil. La guerra submarina desatada por Alemania y el hundimiento de algunos barcos argentinos fueron picos de alta tensión, pero el líder radical supo mantener el rumbo pese a las presiones de todo tipo que debió enfrentar. Cuando terminada la guerra, se organizó la Sociedad de las Naciones la Argentina no participó, porque Yrigoyen consideró que los intereses de los países menos poderosos no estaban debidamente contemplados.

En 1918, la Federación Universitaria de Córdoba desconoció con violencia la autoridad del rector de la Universidad de esa provincia, Dr. Antonio Nores y declaró una huelga estudiantil. Después de algunas refriegas entre estudiantes y policías en las plazas General Paz y Vélez Sarsfield y la calle del teatro Rivera Indarte, el rector renunció y el gobierno nacional nombró un interventor que adoptó posiciones favorables a los estudiantes.

El movimiento, conocido como la “Reforma Universitaria”, planteó la renovación de los elencos docentes, la aplicación de un sistema de concursos públicos para la designación de profesores, la apertura de cátedras paralelas y la participación de los estudiantes y graduados en el gobierno universitario.

El estilo político radical imperó durante tres períodos presidenciales consecutivos. En el primero, entre 1916 y 1922, ejerció la presidencia Hipólito Yrigoyen. En el segundo, entre 1922 y 1928, el presidente radical fue el doctor Marcelo Torcuato de Alvear. Hipólito Yrigoyen fue nuevamente elegido para el último período, iniciado en 1928 y terminaron abruptamente en 1930 por una intervención militar.
  
LA CUESTIÓN OBRERA

En la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, la más importante esfera de conflictos provino de los manejos del Gobierno con el movimiento obrero a los efectos de ganar su apoyo electoral y minar la posición del Partido Socialista. El presidente tendió a favorecer la posición negociadora de los sindicatos durante las huelgas. Esta estrategia logró cierto éxito en las huelgas marítimas de 1916 y 1917, pero fracasó al aplicarse en las huelgas ferroviarias de 1917 y 1918.

Los primeros años de la guerra, con la interrupción del sistema de división internacional del trabajo y las limitaciones al comercio internacional, la economía argentina debió enfrentar problemas en el abastecimiento de insumos importados, que por ese entonces eran ampliamente mayoritarios. Comenzó en esta forma un muy precario proceso de industrialización por sustitución de importaciones que incrementó la actividad fabril, aunque en muchos casos los productos eran de calidad muy inferiores a los importados y su costo muy superior. El fin de la guerra ocasionó la destrucción de este precario sector industrial y la desocupación para los empresarios y trabajadores que lo integraban. En esta forma estaban dadas las condiciones para el crecimiento de la protesta social y sindical.

El centro de los hechos de la Semana Trágica fue la por entonces mayor empresa metalúrgica del país, conocida como los Talleres Vasena, cuyos establecimientos estaban ubicados en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en los barrios de San Cristóbal y Nueva Pompeya.

La empresa Pedro Vasena e Hijos, había sido fundada en 1870 por el italiano Pedro Vasena. En 1912 se había transformado en una sociedad anónima con la incorporación de importantes capitales ingleses, estableciendo su sede legal en Londres y cambiando su nombre societario por Argentine Iron & Steel Manufactury formely Pedro Vasena e Hijos.

Al morir el fundador Pedro Vasena, en 1916, la presidencia de la empresa pasó a su hijo Alfredo, secundado por sus tres hermanos, Emilio, Humberto y Severino. El abogado de la empresa era el influyente senador Leopoldo Melo, un alto dirigente de la Unión Cívica Radical del sector azul o antipersonalista, que también era miembro del directorio de la compañía. Melo sería ministro durante el gobierno del presidente Marcelo T. de Alvear. Fundador de la UCR Antipersonalista, en 1926, encabezó la fórmula presidencial que compitió infructuosamente contra Hipólito Yrigoyen en 1928.

La firma Pedro Vasena e Hijos contrataba a 2.500 trabajadores, incluyendo varios cientos de obreros en un lavadero de lana en Barracas y establecimientos en las ciudades de La Plata y Rosario.

Como muchas de las empresas de la época se caracterizaba por las malas condiciones de trabajo que debían soportar sus obreros, locales mal ventilados que acumulaban temperaturas excesivas, salarios considerablemente más bajos que otras empresas del sector y jornadas más largas. La empresa tenía una postura antisindical y contraria a las negociaciones colectivas de salarios.

En 1918, en el sector metalúrgico argentino los trabajadores sindicalizados se nucleaban en la Federación Obrera Metalúrgica (FOM), afiliada a la FORA del IX Congreso de orientación sindicalista y socialista. En abril de 1918, la FOM convocó una huelga en los Talleres Vasena que terminó fracasando y llevando a que un sector de los trabajadores creara otro sindicato, la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos (SRMU), más radicalizada y adherida a la FORA del V Congreso controlada por anarquistas y comunistas.

Entre octubre y diciembre de 1918, la SRMU organizó varias huelgas exitosas en distintas empresas metalúrgicas de la ciudad, ganando así el apoyo de una parte importante de los trabajadores del sector. Como parte de ese plan de lucha, el 2 de diciembre de 1918, la SRMU declaró una nueva huelga en los Talleres Vasena. Sus principales dirigentes fueron Juan Zapetini, secretario general del sindicato de ideología anarquista y el italiano Mario Boratto, delegado del personal de la empresa, un católico no anarquista.

La empresa tenía el taller y la administración en un predio de algo menos de dos manzanas, con entrada principal en la calle Cochabamba 3075. Actualmente allí se encuentra la plaza Martín Fierro.

A unas veinticinco cuadras de allí, en dirección sur, sobre el límite de la ciudad en el Riachuelo y ya en el Barrio de Nueva Pompeya, la empresa tenía los galpones en los que almacenaba las materias primas. La operatorio de la empresa demandaba un transporte constante de materiales entre los talleres y los galpones, a lo largo de la calle Pepirí – 24 de noviembre, en pleno barrio obrero. A pocos metros del cruce de la calle Pepirí con la avenida Amancio Alcorta, se situaba el local sindical de la SRMU. En esas tres ubicaciones se desarrollaron los principales acontecimientos que desencadenaron la Semana Trágica.
El sindicato elaboró un petitorio que fue presentado a la empresa, pero Alfredo Vasena se negó a recibir el documento y a tratar con la delegación sindical. A partir de allí las tensiones se fueron incrementando hasta arribar a la violencia.

La empresa decidió agotar a los trabajadores recurriendo al empleo de esquiroles o rompehuelgas y civiles armados proporcionados por la Asociación Nacional del Trabajo y la Sociedad Rural Argentina, presidida por Joaquín de Anchorena.

El sindicato, por su parte, intentó causarle perjuicios económicos a la empresa mediante la implementación de piquetes que impidieran el transporte de materiales y el ingreso de los rompehuelgas.

Los obreros montaron los piquetes con la solidaridad del barrio y la adhesión de otros sindicatos, en especial marítimos y portuarios, que se negaron a operar con los Talleres Vasena mientras durara el conflicto.

Para poder atravesar los piquetes la empresa armó a los rompehuelgas, con la tolerancia cómplice del gobierno.

El 13 de diciembre de 1918 se produjo el primer incidente violento en que se emplearon armas de fuego. Dos policías y el chofer de un auto de la empresa dispararon contra una casa de familia sobre la avenida Amancio Alcorta, a dos cuadras del sindicato. El día 14 de diciembre, el jefe de la Policía, Comisario José O. Casas, se ofreció como mediador en el conflicto, pero el sindicato rechazó la mediación, aceptando sólo tratativas directas con los miembros del directorio de la empresa.

El 15 de diciembre se produjo el primer herido, cuando el esquirol Pablo Pinciroli disparó contra uno de los huelguistas del piquete que intentaba impedir su trabajo, lesionándolo gravemente en la espalda. Al día siguiente otro huelguista, Ramón Sibacini, fue herido de un disparo en la pierna por los rompehuelgas Domingo Ratti y Juan Vidal. El 18 de diciembre uno de los dueños en la fábrica, Emilio Vasena, disparó hiriendo al carbonero De Santis, vecino del sindicato, que se encontraba en la puerta de su casa.

El 19 de diciembre el gobierno radical decidió remover al jefe de la Policía de la Capital a quién consideraba demasiado tolerante con los obreros y reemplazarlo por el comisario Miguel Luis Denovi.

LAS PRIMERAS VÍCTIMAS FATALES

El 23 de diciembre se produjo la primera víctima fatal: el rompehuelgas Manuel Rodríguez, se arrojó a las aguas de Riachuelo para huir de unos huelguistas y se ahogó a la altura de Puente Alsina. El 26 de diciembre, el esquirol Pablo Pinciroli nuevamente disparó contra un huelguista. Las víctimas fueron el obrero Manuel Noya y la niña Isabel Aguilar herida en el rostro mientras caminaba por la vereda.

Al prolongarse la huelga, los miembros del directorio de Pedro Vasena e hijos intentaron sobornar al delegado Borato y luego asesinarlo, fracasando en ambos intentos.

El 30 de diciembre, el obrero pintor Domingo Castro, cuando se dirigía hacia uno de los locales anarquistas del barrio, fue baleado por el policía Oscar Ropts y falleció al día siguiente. El 1 de enero de 1919, el huelguista Constantino Otero, fue herido de bala por un rompehuelgas.

El 3 de enero la Policía de la Capital se involucró directamente en un enfrentamiento armado atacando el local sindical sito en las calles Amancio Alcorta y Pepirí. En el hecho resultaron gravemente heridos dos vecinos Flora Santos y Vicente Velatti que se encontraban en la zona.

El día siguiente se produjo un nuevo enfrentamiento armado generalizado en el mismo lugar. Los huelguistas levantaron una barricada y rompieron los caños de agua para anegar las calles de tierra. Los huelguistas y vecinos obligaron a la policía retirarse. En el enfrentamiento fue gravemente herido el cabo Vicente Chávez, que moriría al día siguiente. El enfrentamiento ocupó la primera plana de todos los diarios y recibió extenso tratamiento en la prensa obrera de la época.

El 6 de enero, durante el entierro del cabo Chávez, el teniente de la Guardia de Caballería de la Policía de la Capital, Augusto Troncoso, ante la presencia de las más altas autoridades policiales y de la empresa, prometió en nombre de la fuerza policial, “vengar” su muerte. Ese mismo día todos los capataces de la firma Vasena se plegaron formalmente a la huelga.

COMIENZA LA SEMANA TRÁGICA

El 7 de enero, nuevamente en la avenida Amancio Alcorta 3483, sede del local sindical, aproximadamente a las 15.30, más de cien policías y bomberos armados con fusiles Mauser, apoyados por rompehuelgas armados con carabinas Winchester, dispararon contra las casas de madera ocupadas por obreros en huelga y simples vecinos. Durante casi dos horas se dispararon cerca de dos mil proyectiles.

Una gran parte de las fuerzas de seguridad ya estaban apostadas desde mucho antes en el techo de la escuela La Banderita y en la fábrica textil Bozalla, ubicada frente al local sindical, que también estaba en huelga. Entre las fuerzas atacantes estaba incluso uno de los miembros del directorio de la empresa, Emilio Vasena.

Los vecinos debieron protegerse de los proyectiles arrojándose al piso de sus viviendas y en algunos casos ocultándose debajo de las camas. En el ataque murieron cinco personas y resultaron heridas de bala otras treinta.

La magnitud de los incidentes fue verificada de inmediato en el lugar de los sucesos por el diputado socialista Mario Bravo, por los cronistas del diario socialista La Vanguardia, por las revistar Mundo Argentino y Caras y Caretas.

Inmediatamente después de este brote de violencia parapolicial el gobierno radical intentó terminar con el conflicto y apaciguar los ánimos. El ministro del Interior Ramón Gómez impartió instrucciones al jefe de la Policía de la Capital, comisario Miguel Denovi y al director del Departamento de Trabajo, Alejandro Usain, para que negociaran con el empresario Alfredo Vasena la aceptación de varios puntos del petitorio con el propósito de poner fin a la huelga.

Usain y Denovi concurrieron a la empresa y obtuvieron que Vasena aceptara aumentar los salarios en un 12%, reducir la jornada laboral a nueve horas de lunes a sábado (los obreros debían cumplir 54 horas de trabajo semanal) y readmitiera a todos los trabajadores en conflicto.

Esa misma noche, se organizó una reunión de las partes en conflicto en el Departamento de Policía, llegándose a un principio de acuerdo que se formalizaría al día siguiente en la empresa. Vasena prometió también no realizar actividades en los talleres al día siguiente para evitar nuevos incidentes. El conflicto en la empresa Pedro Vasena e hijos parecía estar a punto de solucionarse.

Pero la violencia desatada por los grupos parapoliciales había desatado una indignación generalizada en los sectores obreros y en los barrios populares de la ciudad, que se reflejó de inmediato en la gran cantidad de gente que se congregó en los locales sindicales donde los socialistas revolucionarios y los anarquistas exhortaban a los trabajadores a llevar a cabo una huelga revolucionaria al estilo de los sucesos de Rusia en 1917.
Los ánimos se iban caldeando en especial en la sede del sindicato de Amancio Alcorta 3483 y en la “Casa del Pueblo”, el local socialista situado en la calle Loria 1341, a dos cuadras de la fábrica donde se estaban velando a los muertos.

Esa misma noche los comerciantes de Nueva Pompeya decidieron cerrar sus negocios al día siguiente, en señal de duelo por los muertos. Simultáneamente, uno de los principales sindicatos del país, la Federación Obrera Marítima, que respondía al FORA del IX Congreso controlada por anarquistas, resolvió declarar la huelga por falta respuesta a sus peticiones por parte de la patronal reunida en el Centro Argentino de Cabotaje.

El 8 de enero el conflicto se generalizó, el precario acuerdo alcanzado entre el directorio de Pedro Vasena e Hijos y los representantes sindicales quedó sin efecto y el alivio que el gobierno radical había sentido la noche anterior se diluyó con el correr de las horas.

La huelga comenzó a extenderse y a tomar un cariz netamente revolucionario. Durante la mañana todas las fábricas y establecimientos metalúrgicos de la ciudad suspendieron las tareas, mientras que decenas de sindicatos pertenecientes a ambas FORAs.

Repudiaron la violencia desatada el día anterior y declararon huelgas para concurrir al entierro de los muertos que se realizaría la siguiente. Las fábricas de calzado, la construcción, los choferes, construcciones navales, trabajadores del tabaco, curtidores, toneleros, molineros, textiles, construcciones de carruajes, tapiceros, empleados estatales, etc., se plegaron decididamente a la huelga. Además, el conflicto delo trabajadores marítimos se extendió a los demás puertos del país y la Federación Obrera Marítima (FOM) convocó a sus afiliados a acompañar el cortejo fúnebre.

Mientras el conflicto se expandía, los dirigentes del sindicato metalúrgico se hicieron presentes poco antes del medio día a la sede de empresa en la calle Cochabamba, para negociar los términos del acuerdo alcanzado la noche anterior. Pero el empresario Alfredo Vasena mostró de inmediato una total intransigencia. Comenzó por impedir el ingreso a las instalaciones de los dirigentes sindicales que no eran trabajadores de la empresa y luego se negó a recibir el petitorio o negociar cualquier condición que modificara lo que se había acordado frente a las autoridades gubernamentales: es decir el 12% de incremento en los salarios y la jornada de nueve horas.

Los dirigentes sindicales pretendían más aumento de sueldo, equiparación salarial entre secciones y géneros, jornada laboral de ocho horas, no obligatoriedad de horas extras, las que debían pagarse con un suplemento del 50 o 100% si se realizaban los días domingo.
La negativa del directorio de la empresa a otorgar cualquier nueva mejora laboral, a pesar de la gravedad de la situación y los muertos del día anterior, tensó aún más los ánimos ya exacerbados por la tragedia y la prédica de los elementos más radicalizados del movimiento obrero, como pudo apreciarse en la asamblea informativa que el sindicato realizó esa noche en el salón Ausgusteo ubicado en la calle Sarmiento 1374.

Esa tarde se reunió también la Cámara de Diputados de la Nación en sesión extraordinaria para debatir los “sucesos sangrientos” de Nueva Pompeya. El Partido Socialista pidió la interpelación del ministro del Interior para que respondiera sobre lo que el diputado Mario Bravo calificó de “masacre”. El legislador socialista, Nicolás Repetto, en tanto, denunció también la “impermeabilidad cerebral de algunos patrones” en una clara referencia a la intransigencia mostrada por el directorio de la firma Pedro Vasena e hijos.

Bravo, que había concurrido al lugar del ataque poco después de los hechos y entrevistado a numerosos testigos, informó en detalle sobre la forma en que se habían desarrollado los acontecimientos y la participación de personal policial uniformado. Pero, cuando llegó el momento de realizar la votación para decidir la interpelación al ministro del Interior, la bancada de la UCR se retiró dejando a sesión sin quórum.

La FORA del IX Congreso expresó una vez más su solidaridad con los huelguistas y al anochecer la FORA del V Congreso decretó la huelga general para el día siguiente, a partir de los doce del mediodía a los efectos de que los trabajadores pudieran asistir masivamente al entierro de las víctimas de la violencia parapolicial.

El 9 de enero, la ciudad de Buenos Aires quedó casi completamente paralizada, a excepción de los trenes que traían multitudes de trabajadores desde las áreas suburbanas para sumarse al cortejo fúnebre. Barricadas, piquetes, cortes de los cables de los tranvías, comisiones obreras recorriendo los lugares de trabajo para verificar que no se llevaran a cabo actividades, paros de subtes y huelga de canillitas, etc.

El perímetro de las calles Boedo, Cochabamba, Entre Ríos y Rivadavia, estaba abarrotado de gente horas antes de la llegada del cortejo. Grupos de trabajadores y vecinos se agolpaban en las veredas, los balcones y las terrazas. Muchos de los asistentes llevaban flores para arrojarlas al paso del cortejo. Para no exacerbar aún más los ánimos las autoridades decidieron retirar al personal policial, sin embargo no se produjeron incidentes por parte de los obreros.

Mientras tanto, el directorio de la empresa Pedro Vasena e Hijos y varios dirigentes de la Asociación Nacional del Trabajo se habían atrincherado en la fábrica reforzados por unos trescientos hombres armados.

El embajador inglés Reginald Tower y el presidente de la Asociación Nacional del Trabajo y de la Sociedad Rural Argentina, Joaquín de Anchorena concurrieron a la Casa Rosada a reclamar al presidente Yrigoyen el empleo de fuerzas policiales y decisiones más enérgicas para defender el establecimiento, que ya comenzaba a estar rodeado de obreros y bloqueado por barricadas en las esquinas.

El presidente Yrigoyen se negaba a decretar el estado de sitio y a tomar medidas más drásticas esperando que los ánimos se tranquilizaran con el correr de los días. Sólo decidió remover al jefe de la Policía de la Capital y poner a ese cuerpo de seguridad a las órdenes del ministro de guerra Elpidio González, un dirigente radical de extrema confianza del primer mandatario.

A las dos de la tarde, el multitudinario cortejo fúnebre partió del local sindical de la calle Amancio Alcorta 3483, hacia el cementerio de la Chacarita. La columna estaba encabezada por una vanguardia compuesta por 150 anarquistas armados que se fue ampliando con el saqueo de las armerías que se encontraban en el camino u en otros puntos de la ciudad.
La columna avanzo por la calle La Rioja hasta llegar a los Talleres Vasena, donde se reunió con una columna formada por obreros socialistas. Luego se produjo una enorme confrontación armada entre los guardias que custodiaban las instalaciones de la empresa y los anarquistas. Los atacantes intentaron en vano prender fuego al portón de hierro de la entrada y a los forrajes de los caballos almacenados en el patio. El resultado fue un número indeterminado de muertos y heridos de ambos bandos.

Al enterarse de lo que sucedía en los talleres Vasena, el ministro Elpidio González, acompañado por el comisario inspector Justino Toranzo, se dirigieron en auto hacia la empores. Pero el vehículo fue interceptado por los manifestantes a pocas cuadras de los talleres, e incendiado, los funcionarios debieron volver a pie al Departamento de Policía.
La mayor parte del cortejo evitó pasar por los Talleres Vasena y siguió rumbo al cementerio con algunos incidentes en el camino. Al llegar a la Iglesia de Jesús Sacramentado, sita en la calle Corrientes 4433, aproximadamente a las 16.00 horas, se produjo otro choque sangriento con los bomberos que custodiaban el templo cuando un grupo de obreros anarquistas pretendieron incendiarlo.

La violencia fue raleando el cortejo, los vecinos y curiosos desistieron de acompañar los féretros, pero algunos cientos de manifestantes lograron abrirse paso y llegar hasta el cementerio. Pero, para entonces el ministro Elpidio González impartió órdenes a la policía, reforzada con un regimiento de Infantería del Ejército, a las órdenes del capitán Luis A. Cafferata, de disolver a los manifestantes en el cementerio.

El cortejo, que había ingresado al predio del cementerio, estaba escuchando los discursos de los dirigentes sindicales que despedían a los caídos cuando, sin intimación previa, comenzó el fuego de fusilería. Se produjo un desbande general, seguido de muertos y heridos, cuatro féretros quedaron insepultos. El fuego de fusilería produjo al menos murieron doce personas, entre ellas dos mujeres.

Al promediar la tarde, se hizo presente en la Casa Rosada el general Luis J. Dellepiane, comandante de la II División de Ejército, acantonada en Campo de Mayo. El militar manifestó al presidente que no podía demorarse más la intervención del Ejército para controlar la situación. Yrigoyen escucho el planteo y se limitó a aceptar la intervención del Ejército con un lacónico “General, cumpla con su deber” y designó a Dellepiane como “Comandante Militar de Buenos Aires”.

El general Dellepiane actuó drásticamente, implantó el toque de queda y emplazó dos baterías de ametralladoras en la calle Cochabamba y ordenó a su órdenes hacer fuego a discreción. Los anarquistas replicaron con las escasa armas de que disponían.
La cantidad de muertos de ese día fue de varias decenas, sin que hayan podido ser precisados. Al gobierno no le intereso contabilizarlos y la mayoría de ellos fueron sepultados en fosas comunes. Muchos trabajadores muertos eran inmigrantes solteros que no portaban sus pasaportes u otros documentos, quienes los conocían probablemente murieron también ese día y sus familias, en su país de origen, nunca sabrían que ocurrió con ellos.

Esa noche la FORA del IX Congreso, controlada por los anarquistas, emitió una resolución asumiendo “la conducción del movimiento en la Capital Federal” y convocando a una reunión urgente de secretarios generales para el día siguiente a los efectos de determinar como seguir adelante con el conflicto.

En la mañana del día 10 de enero, la ciudad de Buenos Aires amaneció paralizada y llena de barricadas. Solo circulaban automóviles que llevaban la bandera roja que les garantizaba atravesar los piquetes obreros. Nuevos gremios declararon huelgas por reclamos puntuales en diversas partes del país.

Mientras tanto, el general Dellepiane se disponía a retomar el control de la ciudad. Un contingente de dos mil marinos y dos nuevas baterías de ametralladoras provenientes de Campo de Mayo reforzaron a las fuerzas legales.

A las once de la mañana un nuevo grupo de huelguistas armados intentó tomar los talleres Vasena, cuyos defensores habían sido reforzados por personal policial y militar. El ataque fracaso pero dejó un nuevo saldo de muertos y heridos.

Simultáneamente, un destacamento de bomberos irrumpió en el local del sindicato metalúrgico de la avenida Amancio Alcorta 3483, deteniendo a sus ocupantes y matando a uno de ellos que se resistió.

Lentamente las fuerzas policiales y militares, actuando con energía y sin reparar en las víctimas que provocaban, fueron controlando la ciudad.

Esa noche, la Federación Obrera Ferroviaria, el sindicato más poderoso del país, declaró la huelga en todo el país reclamando la reincorporación de los trabajadores despedidos en las huelgas del año anterior.

La FORA del IX Congreso dispuso dar prioridad a los reclamos establecidos en los petitorios de huelga de los metalúrgicos de Vasena y de los ferroviarios.

La FORA del V Congreso decidió continuar “por tiempo indeterminado” la huelga general, dándole a partir de ese momento el carácter de “revolucionaria” y fijando como objetivo de esta la liberación de los presos políticos y sociales, en especial el anarquista ucraniano Simón Radowitzky, condenado a cadena perpetua por el asesinato del jefe de Policía, Coronel Ramón L. Falcón y de Apolinario Barrera, un anarquista preso por organizar un intento de fuga de Radowitzky.

A medida que las fuerzas legales recuperaban el control de la ciudad comenzaba la represión y persecución de los obreros e inmigrantes a manos de grupos parapoliciales que, como la recién creada Liga Patriótica, actuaban con total impunidad con la tolerancia de las autoridades. Su blanco eran los “judíos”, “rusos”, “maximalistas”, “bolcheviques” y “anarquistas”.

Por la mañana del 11 de enero de 1919, la ciudad de Buenos Aires seguía paralizada pero la población comenzaba a sentir el desgaste que generaba el caos y el conflicto. Las fuerzas represivas continuaron operando todo el día y los dos días siguientes actuando sin limitaciones de ningún tipo. A los objetivos obreros se habían sumado ahora los objetivos judíos incentivados por la difusión en los últimos años de libelos de sangre como el falaz “Los protocolos de los sabios de Síon” y otra bibliografía de odio. Así se inició la llamada “Caza del ruso” (en el lunfardo porteño, la denominación de “ruso” se aplica tanto a los judíos como a cualquier inmigrante proveniente de la Europa del Este: polacos, húngaros, serbios, etc.) y el “Haga patria mate a un judío”.

La tolerancia y hasta el apoyo a los grupos parapoliciales fue una parte sustancial del plan de seguridad del gobierno radical. El propio general Dellepiane impartió órdenes terminantes de “contener toda manifestación o reagrupamiento con excepción de los patrióticos.”

Mientras se incrementaba la violencia oficial, el presidente Hipólito Yrigoyen convocó por la tarde a la FORA del IX Congreso, encabezada por su secretario general Sebastián Marotta y al empresario Alfredo Vasena -que concurrió acompañado por el embajador británico- a la Casa Rosada para imponerles el levantamiento de la huelga a la central sindical y la aceptación del pliego de huelga al presidente de la empresa. Para contribuir a la pacificación de los ánimos, el gobierno pondría en libertad a todos los detenidos políticos, excepto a los condenados por delitos graves, como Radowitzky y Barrera.

La FORA del IX Congreso emitió un comunicado, disponiendo “dar por terminado el movimiento recomendando a todos los huelguistas de inmediato la vuelta al trabajo.”

El domingo 12, pese al acuerdo impuesto por el gobierno la huelga general no solo continúo sino que comenzó a extenderse a otras ciudades del país: Rosario, La Plata, San Fernando, San Pedro, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Córdoba, impulsada incluso por sindicatos y secciones de la FORA del IX congreso que desconocieron la decisión de su conducción nacional. En la ciudad de Buenos Aires, la actividad se recuperó parcialmente por la tarde.

La Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos (SRMU) emitió un comunicado diciendo que al no haber participado de las negociaciones y de que no había recibido copia del supuesto acuerdo con la empresa y que desconocía el paradero del Alfredo Vasena, anunciaba que no levantaría la huelga en los talleres de la firma.

Durante todo el día las fuerzas de seguridad continuaron realizando allanamientos, requisas y detenciones por toda la ciudad. Centenares de personas fueron detenidas, saturando las comisarías y las cárceles, mientras que desde el Gobierno se denunciaba la existencia de un plan revolucionario maximalista.

Por la noche la FORA del V Congreso ratificó su decisión de mantener la huelga general por tiempo indeterminado hasta tanto fueran liberados “todos los detenidos por causas sociales”, agregan do la exigencia de que “el gobierno retire todas las tropas.”

El lunes 13 de enero comenzó con las fuerzas de seguridad irrumpiendo en el local de la Federación Obrera Ferroviaria, principal sindicato de la FORA del IX Congreso, que permanecía en huelga por sus propias reivindicaciones. Las autoridades detuvieron diecisiete gremialistas y clausuraron el local. El Ejército tomó el control de las instalaciones ferroviarias y normalizó el funcionamiento de los servicios.

La ciudad de Buenos Aires lentamente comenzó a normalizarse, con grandes dificultades en los abastecimientos por actos de sabotaje, como el descarrilamiento de un tren proveniente de Rosario. Algunas ciudades aledañas, como Avellaneda, todavía estaban paralizadas y bajo el control de piquetes de huelguistas.

El gobierno impuso una nueva mediación a las partes. Una delegación de la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos (SRMU) encabezada por su secretario general Juan Zapetini concurrió a la Casa Rosada donde se reunió con los miembros del directorio de la empresa Alfredo y Emilio Vasena y Leopoldo Melo. Como mediadores actuaron el ministro del Interior Ramón Gómez y el director del Departamento del Trabajo Alejandro Usain.

La empresa aceptó la totalidad de los reclamos obreros, con excepción de la situación del lavadero de lana cuya negociación fue derivada a una nueva reunión y el sindicato levantó la huelga, luego de 43 días y de una sangrienta represión. Los overos volverían al trabajo el lunes 20 de enero, luego de reparar los establecimientos y maquinarias, pero percibiendo su salario desde ese día.

El 14 de enero el general Dellepiane se reunió por separado con las autoridades de las dos FORAs, para acordar el levantamiento definitivo de la huelga general y el cese de los conflictos. Ambas exigieron la libertad de los detenidos, “la supresión de la ostentación de fuerza por las autoridades” y el “respeto del derecho de reunión”. El gobierno aceptó las condiciones de las centrales sindicales y ambas acordaron levantar la huelga.

Pese a los acuerdos, ese día fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales allanaron y destruyeron las instalaciones del diario anarquista La Protesta y de varios locales anarquistas y sindicales, incluso uno donde se encontraba sesionando la asamblea de la FORA del V Congreso, deteniendo a todos sus ocupantes.

Grupos parapoliciales pertenecientes a la Liga Patriótica continuaron vandalizando el barrio de Once y locales de la comunidad judía (incendiaron sinagogas, y las bibliotecas Poalei Sión y Avangard), cometiendo toda clase de atropellos, palizas y hasta asesinatos de inmigrantes judíos.

Aunque el día 15 de enero el presidente Yrigoyen dispuso la libertad de todos los detenidos en los incidentes la violencia no cesaba.

Ese día, en la avenida Pueyrredón un grupo de huelguista asesinó a tiros al sargento del Ejército Ramón Díaz, y en la avenida Corrientes fue asesinado el comandante de un pelotón de fusileros, el subteniente Agustín Ronzoni y un civil a manos de anarquistas. Un pelotón al mando del sargento Bonifacio Manzo fue emboscado y parte del Regimiento de Infantería 7 fue obligado al empleo de una ametralladora pesada Vickers para repeler el fuego de atacantes. El Regimiento de Infantería 3 debió intervenir para liberar a unos cuatrocientos trabajadores que se negaron a participar en las huelgas, y que ahora se encontraban atrapados en los Talleres Vasena por grupos anarquistas, que pretendían incendiar los edificios con ellos adentro. Los conductores de ambulancias públicas y los médicos abordo tuvieron que salir armados con revólveres para poder defenderse de las huelguistas que buscaban venganza.

El día 16 de enero, el general Dellepiane amenazó con “emplazar la artillería en la Plaza del Congreso y atronar con los cañones toda la ciudad” si la violencia de ambos bandos no cesaba. Mientras tanto, un destacamento del Ejército instalado frente a la fábrica abrió fuego contra los overos y en otros lugares dos policías resultaron asesinados, el cabo Teófilo Ramírez y el agente Ángel Giusti, a manos de anarquistas.

Como hemos mencionado el número total de víctimas es muy difícil de precisar. Las fuentes oficiales las minimizan y los testimonios de socialistas y anarquistas tienden a sobredimensionarlas. Lo mismo ocurre con los historiadores según sean sus posiciones ideológicas. Después de analizar las distintas fuentes podrían concluir un mínimo de 400 y un máximo de 800 muertos entre ambos bandos.

El saldo de estos sucesos, además de las víctimas fatales y los sufrimientos y daños de otras víctimas de la violencia. Las centrales sindicales de las FORAs no sufrieron perjuicios importantes y siguieron representando a los trabajadores por varias décadas.

El principal perjudicado fue el gobierno de Hipólito Yrigoyen y la UCR que vio destruida su relación con la clase obrera para siempre. Yrigoyen tampoco pudo recuperar su prestigio ante los hombres del Ejército que siempre lo culparon de ser demasiado tolerante con los anarquistas de haberlos obligado a disparar sobre los obreros.

La Semana Trágica puso fin a la etapa reformista del gobierno de Yrigoyen, el caudillo radical no profundizo ninguna otra reforma, cesó cualquier intento de desmantelar al aparato de gobierno de los  conservadores y se limitó a mantener el statu quo. Otro saldo importante de los sucesos ocurridos durante las protestas populares de enero de 1919 fue la aparición de la Liga Patriótica.

LA LIGA PATRIÓTICA

Una consecuencia directa de los acontecimientos fue la organización de los grupos de civiles armados que, con el nombre de “Comisión Pro-Defensa del Orden”, y nucleados desde el Centro Naval, habían intervenido en el conflicto desde el 10 de enero atacando a los obreros rebeldes, a la comunidad judía –cuyos miembros eran identificados con los “rusos” maximalistas- y la catalana –asociada con los anarquistas-. Estos grupos concretaron, una organización poderosa y de vasta actuación la “Liga Patriótica Argentina”, el 19 de enero de 1919. Aunque reunía en su seno elementos contradictorios, la “Liga” puede ser considerada el primer grupo nacionalista argentino, antecedente de otras organizaciones que abundaran en Argentina después de 1930, de inspiración más o menos fascista.

El ideario político de la Liga, expresado en la declaración de principios de esta, contiene muchos elementos del tipo nacionalista – fascista. Bajo el lema “patria y orden”, la Liga Patriótica Argentina se constituía en “guardián de la argentinidad”, para “estimular el amor a la patria”, “cooperar con las autoridades en el mantenimiento del orden público”, “inspirar al pueblo amor por el ejército y la marina”, en un contexto de marcado chauvinismo y antisemitismo. Igualmente, su “filosofía de la acción” y su estructura paramilitar será notablemente semejante a la de organizaciones posteriores.

Si la metodología de acción política y numerosos elementos doctrinarios –aclaran María Inés Barbero y Fernando Devoto, en su libro “Los nacionalistas”- permiten considerar a la Liga Patriótica como una organización nacionalista, si bien otros aspectos no menos importantes la diferencian de aquéllos. En primer término, el respeto al orden constitucional, que sumado a la escasa autonomía de sus objetivos políticos y al rol subordinado a las instituciones y a los poderes que la Liga se asignaba darán a esta más un papel de reserva estratégica que de vanguardia revolucionaria que pretendieron asumir otros grupos nacionalistas.

Por otra parte, el marco ideológico era excesivamente contradictorio y confuso ya que en su seno confluían sectores de la más diversa procedencia: católicos moderados, liberales, nacionalistas antidemocráticos, conservadores y hasta radicales, reunidos por sus temores a una revolución proletaria que a sus afinidades ideológicas o políticas. Monseñor de Andrea se vinculaba en ella con representantes de grandes empresas extranjeras como S. Hale Pearson o S. O’Farrell con militares de alta graduación como el ex - presidente del Círculo Militar, el general Eduardo Munilla, miembros del Jockey Club, del Círculo de Armas, de la Asociación de Damas Patricias, del Círculo Militar, del Centro Naval, de la entidad patronal denominada Asociación del Trabajo y del Comité Nacional de la Juventud –entidad aliadófila vinculada al radicalismo metropolitano-. Muchos altos oficiales de las fuerzas armadas integraban sus filas y constituían el 10% de sus cuadros directivos. La Liga Patriótica fue dirigida durante veintiocho años por el doctor Manuel Carlés.

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