Hace
treinta años, la Argentina vivió el último ataque del terrorismo setentista,
entre el 23 y 24 de enero de 1989, setenta guerrilleros del Movimiento Todos por
la Patria atacaron las instalaciones del RIM 3, el la localidad de La Tablada,
asesinando a nueve militares y dos policías.
El 10 de diciembre de 1983, el
voto popular restableció el régimen republicano y constitucional en Argentina.
El abogado Raúl Ricardo Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica Radical,
asumió la presidencia. Inmediatamente comenzó a desmantelar el sistema
represivo organizado por los militares durante su gobierno y a investigar las
desapariciones forzadas de personas ocurridas durante el régimen de facto entre
1976 y 1983.
La restauración de convivencia
democrática no fue una tarea sencilla. Había demasiadas pasiones encontradas,
demasiados sentimientos de revancha.
Alfonsín ordenó investigar los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. Para ello creó
la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas -CONADEP-, presidida por
el escritor Ernesto Sábato. También ordenó enjuiciar a los integrantes de todas
las Juntas Miliares del Proceso de Reorganización Nacional, así como a las
cúpulas de las dos principales organizaciones terroristas que actuaron en las
décadas de 1960 y 1970, la Organización
Político Militar Montoneros y el Partido
Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT –
ERP).
Debido a un acuerdo entre la
UCR y el Partido Justicialista, solo se investigaron los hechos ocurridos a
partir del día del golpe de Estado, es decir desde el 24 de marzo de 1976. En
esta forma nunca se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos por
las organizaciones terroristas entre 1967 y 1976, ni los hechos de terrorismo
de Estado ocurridos durante los gobiernos constitucionales de Juan D. Perón
(12/10/1973 a 1/7/1974) y de María Estela Martínez Carta de Perón (1/7/1974 a
23/3/1976) a través de grupos parapoliciales como la “Triple A”, o Alianza Anticomunista Argentina.
En 1985, el Juicio a las
Juntas terminó con la condena de nueve de los militares enjuiciados, dos de
ellos a reclusión perpetua. Inmediatamente se abrieron juicios contra otros
militares por los hechos ocurridos durante la lucha antisubversiva.
Los militares no aceptaron
dócilmente la revisión de los hechos ocurridos durante la represión de las
actividades terroristas.
Hubo protestas militares con
actos de rebeldía en Campo de Mayo durante la Semana Santa de 1978, en la
localidad correntina de Monte Caseros (16/1/1988) y en la bonaerense de Villa
Martelli (1/12/1988).
Alfonsín tampoco demostró
mucha idoneidad en la gestión del país. El “Plan
Austral” pergeñado por el ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille
fracaso estruendosamente. La inflación, en 1987, alcanzó al 174% y en 1988,
superó el 387% anual. Alfonsín debió suspender las negociaciones paritarias
pese a la oposición del sindicalismo peronista que le hizo trece huelgas
generales al gobierno radical. En el tórrido verano de 1989, el gobierno
radical se vio obligado a imponer cortes de energía eléctrica y a reducir las
emisiones televisivas al horario de 18.00 a 24.00 horas. El mal humor se
instaló sólidamente en la sociedad argentina.
En ese contexto un grupo
remanente de terroristas del PRT-ERP, liderado por Enrique Haroldo Gorriarán
Merlo, creó el 8 de mayo de 1986, una nueva organización del Movimiento Todos
por la Patria.
El terrorista Gorriarán Merlo
(1941 – 2006), nombre de guerra “El
Pelado”, tenía un largo historial de violencia y como mercenario al
servicios de gobiernos comunistas.
Perteneciente
a una familia de origen radical de la localidad bonaerense de San Nicolás de
los Arroyos, Gorrirán participó de la fundación del PRT-ERP, de la fuga de
guerrilleros del Penal de Rawson, en 1972, y del ataque a la Guarnición Militar
de Azul, provincia de Buenos Aires, el 14 de enero de 1974, en que murieron el
coronel Camilo Arturo Gay, su esposa Nilda Cazaux de Gay, el teniente coronel
Jorge Roberto Ibarzábal y el soldado conscripto Daniel González.
Cuando el PRT-ERP debió retirarse de la Argentina, tras la
muerte de Mario Roberto Santucho y otros miembros del Comité Central, el 19 de
julio de 1976, los cuadros terroristas sobrevivientes se trasladaron a
Nicaragua para combatir en las filas del Frente Sandinista de Liberación
nacional que conducía el comandante Daniel Ortega.
A comienzos de los años ochenta, Gorriarán Merlo condujo el
comando de mercenarios argentinos, ex miembros del PRT-ERP, que llevó a cabo la
“Operación Reptil”, el asesinato del exdictador
nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, el 17 de septiembre de 1980, en su
exilio de la ciudad de Asunción, en Paraguay, por encargo del gobierno
sandinista de Nicaragua.
En 1986, Gorrirán Merlo contando con el apoyo político –
financiero de la inteligencia cubana, del gobierno sandinista y con
considerables fondos provenientes de sus operaciones ilegales, decidió crear
una estructura política movimientista y cristiana para impulsar “la revolución” en Argentina. Además, de
un partido político el Movimiento Todos por la Patria, Gorriarán Merlo decidió
crear canales de difusión política e ideológica al servicio de este movimiento.
Para ello financió la creación, el 26 de mayo de 1987, el diario
Página 12, que dirigió por el joven
periodista Jorge Lanata contaba con la colaboración de un grupo de periodistas
de izquierda integrado por Horacio “el
perro” Verbitsky, Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós, Eduardo
Blaustein, Carlos Alberto “Quito”
Burgos y Francisco “Pancho”
Provenzano y Jorge Baños.
Las rebeliones militares, la crisis económica y el mal humor
social imperante en la sociedad argentina, convencieron a Gorriarán Merlo, un
dirigente revolucionario con vocación “foquista
castro guevarista” y tendencia militarista, que desde 1970 se movía en la
más absoluta clandestinidad, vinculado a estructuras de inteligencia y
seguridad, que nunca había hecho militancia de masas, que no era un dirigente
surgido de un barrio, una fábrica o la militancia universitaria, que estaban
dadas las “condiciones objetivas” para desencadenar una “insurrección popular de masas”.
Es así como unos setenta militantes del Movimiento Todos por la
Patria, bajo la dirección estratégica del “Pelado
Gorriarán” se lanzaron a atacar el cuartel del Regimiento de Infantería
Mecanizada 3, en La Tablada, partido bonaerense de La Matanza, con la intención
de llamar la atención de los medios de comunicación para desencadenar la
esperada “insurrección popular” y con
los tanques del Regimiento emprender una marcha a la Casa Rosada, en la Plaza
de Mayor, distante a 23 kilómetros, para “exigir
cambios de fondo” en el gobierno y “hacer
la Revolución”.
Todo ello bajo la patraña de que estaban repeliendo un
inexistente golpe de Estado de militares carapintadas.
Este delirio de una “Armada
Brancaleone” de setenta iluminados, mal armados, sin ninguna experiencia
militar, ni apoyo aéreo, tomando el control de un país de treinta millones de
habitantes, era una graciosa comedia. Pero, en su loco intento, los
improvisados terroristas asesinaron a nueve militares y dos miembros de la
Policía Bonaerense y provocaron mutilaciones y heridas de consideración a otros
sesenta militares y policías.
En el ataque murieron 32 terroristas. El 5 de octubre de 1989, veintiún
integrantes del Movimiento Todos por la Patria fueron juzgados y sentenciados a
penas que fueron de reclusión perpetua a diez años de prisión.
En 1997, después de su detención en México, Enrique Haroldo
Gorriarán Merlo y su compañera de ese entonces, Ana María Sívori fueron
condenados a cadena perpetua y 19 años de prisión respectivamente.
En diciembre del año 2000, el entonces presidente radical
Fernando de la Rúa conmutó las penas de todos los condenados en 1989,
permitiendo que nueve de los once condenados por el ataque terrorista que aún
estaban encarcelados salieron en libertad en 2001, mientras que los dos
restantes (Felicetti y Acosta) salieron recién en 2006.
El 20 de mayo de 2003, por decreto N° 1230/2003, el presidente
Eduardo Duhalde indultó a todos los condenados por el ataque terrorista al RIM
3, esto permitió a Gorriarán Merlo y Ana María Sívori salir en libertad después
de tan sólo seis años de cárcel.
No hubo ningún indulto para el mayor Horacio Fernández Cutiellos
y a los otros diez héroes que perdieron su vida defendiendo la ley y el orden
constitucional en el Cuartel de La Tablada por los delirios de un grupo de
iluminados conducidos por un mercenario loco.
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