El
retorno de Rafael Correa y su abierta confrontación con el presidente Lenin
Moreno fuerzan a una consulta popular para restaurar la gobernabilidad en
Ecuador y decidirá la suerte de la “Revolución Ciudadana”.
El presidente Lenin Moreno,
apoyado por la mayoría de los partidos políticos ecuatorianos, medirá fuerzas
con su mentor y predecesor, Rafael Correa (2007 – 2017) en una consulta popular
y referéndum a realizarse el 4 de febrero de 2018, cuando algo más de trece
millones de ciudadanos concurran a las urnas a un costo de 48 millones de
dólares.
La consulta popular pretende
dirimir las diferencias surgidas entre Correa y quien se estimaba sería su
Delfín y “cuida silla”. Se suponía
que Lenin Moreno sería tan solo un presidente de transición hasta que el
fundador de la “Revolución Ciudadana”
pudiera retornar a la presidencia y eternizarse en ella gracias a una oportuna
cláusula de “reelección indefinida”
introducida en la Constitución.
Pero, como es sabido, en
ocasiones “el hombre propone y Dios
dispone”.
Lenin Moreno no se resignó al
papel subordinado que le asignó Correa y, dando muestras de un coraje político
y una independencia de criterio que pocos imaginaban, emprendió la difícil
tarea de desarmar la estructura de poder populista autoritario erigido durante
una década por el ex mandatario.
Aunque en un principio Rafael
Correa confiaba en Moreno y lo consideraba como un instrumento dócil a sus
directivas, sus preferencias estaban más en favor de su vicepresidente Jorge
Glas.
Pero Lenin Moreno era una
figura menos conflictiva -sobre Glas pesaban serias sospechas de corrupción- y
media mejor en los sondeos preelectorales. Entonces la fórmula presidencial del
oficialista Alianza País fue Lenin Moreno – Jorge Glas.
Pero, desde el mismo momento
del desarrollo de la campaña presidencial comenzó a gestarse -aunque en forma
incipiente- un núcleo morenista apartado del correísmo.
En este sector se inscribían
algunos amigos, familiares y políticos oficialistas que se sentían más cómodos
con un candidato conciliador y menos personalista que Correa.
Entre los más visibles se
posicionaron la Coordinadora de
Organizaciones Sociales (COS), Centro
Democrático y Compromiso Social.
Hombres de sus filas alcanzaron luego cargos en el Poder Ejecutivo de Ecuador.
Tal fue el caso del
coordinador nacional del COS, Ricardo Bueno, intendente zonal de Loja en la
Superintendencia de Control de Mercado y hermano de Julio Bueno, asesor en la
Presidencia de la República.
También adquirió relevancia la
agrupación “Ecuador Unido”, impulsada
por los hermanos del presidente: Edwin y Guillermo Moreno.
Al alcanzar la presidencia, en
mayo de este año, Moreno abrió de inmediato canales de contacto con su rival,
el opositor Guillermo Lasso, un empresario, líder del partido CREO. También
buscó ampliar su base social con un acercamiento a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y
hasta líderes de partidos minoritarios de derecha, centroizquierda y
socialdemócratas tradicionalmente opuestos a Correa.
Estos contactos y las primeras
denuncias sobre la realidad económica que había dejado Correa -quien dejó la
presidencia afirmando que Ecuador vivía en mejor momento económico de su
historia y que sólo era cuestión de mantener los grandes logros de su gestión-
generaron chispazos en el seno de la “revolución
ciudadana”.
La célebre frase de: “la mesa no está servida” se convirtió
en la bandera de Lenin Moreno para denunciar que el país atravesaba una
delicada situación económica, en especial por la deuda externa de más de 40.000
millones de dólares heredada y que demandaba la aplicación de dolorosas medidas
de emergencia.
Luego Moreno anunció que había
encontrado irregularidades en más de 640 obras públicas que quedaron
inconclusas del anterior gobierno.
El 18 de julio, Correa se refugió en
Bélgica para evitar ser citado por la justicia en vinculación con las coimas
millonarias pagadas por la firma de construcciones brasileña Odebrecht en
Ecuador.
El presidente dio un amplio respaldo a
las actuaciones de la justicia contra ex funcionarios de Correa acusados de
corrupción. Pronto varios importantes funcionarios de la empresa petrolera
estatal, dos ex ministros de Correa y el mismo vicepresidente de la República,
Jorge Glas, a quien Lenin Moreno le quitó todas las funciones, fueron detenidos
en la Cárcel 4 de Quito.
Inmediatamente, la Contraloría
General de Ecuador destituyó al vicepresidente Jorge Glas y Lenin Moreno nombró
en su reemplazo a María Alejandra Vicuña en ese cargo, aplicando lo establecido
en el artículo 150 de la constitución ecuatoriana.
El presidente Lenin Moreno busca
recortar el poder residual de Rafael Correa a través de una consulta popular de
siete preguntas que entre otras cosas pretende dejar sin efecto la reelección
indefinida en cargos públicos que la Asamblea Nacional aprobó
inconstitucionalmente en diciembre de 2015.
La respuesta de Correa no se hizo
esperar. Impulso a través de sus aliados dentro del partido Alianza País la
remoción de Lenin Moreno de su cargo de presidente del partido y nombro en ese
cargo a ex ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, una de sus
principales espadas. Patiño calificó a Moreno como “enemigo de la
revolución ciudadana” y anunció el próximo regreso del ex presidente
Correa para “acompañar” el proceso de “fortalecimiento” del
partido.
Tras la divulgación de la resolución,
ministros de estado y militantes de Alianza País se reunieron en el Palacio de
Carondelet para ratificar su respaldo a Lenin Moreno y reiterar que lo
reconocen como el presidente de su partido.
Posteriormente, un tribunal de
garantías penales de Quito dejó sin efecto la determinación anunciada por la
directiva de Alianza País y se negó a inscribir la designación de su
reemplazante. El tribunal recordó que la remoción del presidente del partido
solo puede hacerla la Asamblea Nacional de Alianza País.
De esta manera se formalizó la
división del partido de gobierno en Ecuador un proceso que lleva gestándose
varios meses.
Finalmente, en la madrugada del 25 de noviembre,
Correa regresó al país. A su arribó se produjeron fuertes incidentes en el
Aeropuerto de Guayaquil entre sus partidarios y grupos opositores
pertenecientes al partido Fuerza Ecuador, que lidera el ex presidente Abdala
Bucaram, que fueron a escracharlo y a expresar su rechazo por ese regreso.
Correa debió alejarse del Aeropuerto sin pronunciar discurso alguno o dar una
conferencia de prensa, dejando una imagen de huida al abandonar la terminal por
un acceso no tradicional a bordo de un vehículo con vidrios polarizados.
Si bien, una vez en el país, Correa multiplicó sus
encuentros con partidarios y funcionarios que continuaban fieles a sus directivas,
pero no pudo hacer nada para revertir su aparente declinación política.
Incluso la prensa lo trató impiadosamente. La cadena
internacional CNN aprovechó la ocasión para ajustar cuentas por la forma
autoritaria con que, en sus tiempos de presidente autocrático, trataba al
periodismo.
El 28 de noviembre mantuvo un amargo encuentro con el
periodista de la CNN en español, Fernando del Rincón, quien no dudó en
recordarle las agresiones a la libertad de prensa, con clausura de medios y
juicios millonarias contra los periodistas, ocurridos durante sus dos períodos
presidenciales. El hecho se produjo luego de que Correa condenara una supuesta
censura de los medios en su contra, tras su llegada a Ecuador. Del Rincón
también lo cuestionó sobre su responsabilidad política en los hechos de corrupción
que involucran a cercanos colaboradores suyos en las investigaciones del
escándalo Odebrecht. Fue un momento inusualmente amargo para un personaje con
muy baja tolerancia a la frustración como es el ex presidente.
El objetivo del retorno de Correa era cohesionar a sus
partidarios, expulsar del partido Alianza País a la facción que responde al
presidente Lenin Moreno y por sobre todas las cosas frenar la consulta popular
propuesta por el actual mandatario.
La consulta popular promovida por el gobierno preguntará
en febrero a los ecuatorianos sobre siete puntos puestos en vigor durante el
gobierno de Rafael Correa. El tema central de la consulta se referirá a la
abolición de la reelección indefinida del presidente y de otros cargos de
elección popular.
También se consultará sobre la conformación del
Consejo de Participación Ciudadana, que elige a las autoridades de control del
país -contralor, procurador, superintendentes- y que está controlado por
delegados del Poder Ejecutivo, quienes pasarían a ser electos por voto popular.
Además, se consultará sobre el incremento de la
superficie del Parque Nacional Yasuní, la prohibición de la minería metálica en
zonas protegidas y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los
niños.
El ex presidente reaccionó declarándose “opositor” al
gobierno de Lenin Moreno que ayudó a encumbrar tan sólo ocho meses antes. Luego
calificó de “golpe de Estado” la decisión de celebrar la consulta, alegando que
su sucesor trata de “aniquilar al país, como hace veinte años”, según manifestó
el ex mandatario en un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la
sede del partido político que comparte con el presidente Moreno.
Correa argumentó que la consulta es inconstitucional y
que a diferencia de lo que suele argumentar el actual mandatario, la
Constitución de Montecristi (2008) no recoge o menciona el concepto de
alternativa.
“Todos estos folklores son para impedir que yo
vuelva”, refirió el ex presidente a los medios, antes de defender que la
consulta contraviene a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos,
que limita la concurrencia de un mismo postulante a gobernante por limitaciones
de edad, nacionalidad, antecedentes penales o condición mental, pero no por el
hecho de haber resultado electo en el pasado.
Ambas facciones de Alianza País -correístas y
morenistas- disputan por el control del partido. Han nombrado sus propias
autoridades y los “correístas” organizaron un simulacro de Convención Nacional,
en la hostería La Pradera, en el kilómetro 7,5 vía Atacama, próxima a la
localidad de Esmeralda, este domingo, con la intención de expulsar sus
opositores. Aunque Correa afirma haber reunido a 1.272 delegados del partido,
la convocatoria careció de legalidad.
Curiosamente, mientras el presidente Lenin Moreno es
duramente cuestionada por Rafael Moreno y sus partidarios en Alianza País,
cuenta con una aprobación popular del 60% y con el apoyo de los partidos
políticos anti-correístas que apoyan la realización de la consulta popular: el
Partido Social Cristiano, Creo, Fuerza Ecuador, SUMA Y PK.
Se abre así una trascendental etapa de campaña
electoral en Ecuador. Ahora, solo resta aguardar hasta el próximo 4 de febrero
de 2018 para saber si el país está listo para enterrar la “revolución
ciudadana” de Rafael Correa o, si por el contrario todavía hay margen para una
recaída populista que retrotraiga el reloj de la historia.
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