Después
de un año, el proceso de paz en Colombia no ha podido solucionar los problemas
más urgentes de insurgencia y narcotráfico, que asolan el país desde hace
décadas.
El
acuerdo de paz entre el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos y
la narcoguerrilla terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
se ha presentado ante el mundo como un gran logro en favor de la paz.
De
hecho, le reportó al presidente Santos obtener el premio Nobel a la Paz y a los
narcoterroristas pasar a convertirse en políticos legales y “democráticos”. Todo ello sin realizar
una mínima autocrítica, expresar arrepentimiento por sus crímenes o entregar el
cuantioso botín acumulado en décadas de tráfico de drogas, extorsiones, robos y
saqueos.
Pero
ha hecho muy poco en favor de la auténtica pacificación de Colombia.
Como
ocurrió con la “desmovilización” de
los paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y otras
denominaciones similares, sus integrantes no abandonaron las actividades ilegales,
en especial las acciones guerrilleras y el tráfico de drogas.
Los
líderes históricos de las FARC, que controlan los contactos políticos
internacionales (especialmente con Cuba y Venezuela), además del dinero ilícito
oculto en paraísos fiscales, tienen la posibilidad de alcanzar un “retiro
dorado” como políticos. Incluso pueden soñar como Timochenko en convertirse en
presidente constitucional de Colombia en mayo de 2018.
Pero,
esa alternativa no existe para el grueso de los jóvenes combatientes que no
poseen educación, ni un oficio y que, además, no cuentan con la asistencia
política y financiera de la organización que los reclutó y los convirtió en
terroristas.
Para
la mayoría de los combatientes de los grupos de narcoguerrilleros colombianos,
como las FARC y el ELN, el único modo de vida que conocen -y en el que son
eficientes y se sienten cómodos- es la “lucha
armadas” y el tráfico de drogas.
Es por
ello por lo que muchos guerrilleros simplemente apelan al “cambio de brazalete”,
es decir a pasar de una organización que se desmoviliza a otra que sigue “combatiendo”,
o a crear su propia banda criminal (Bacrim) para continuar con sus actividades
de narcotráfico.
Es así
como, a un año de la firma de los Acuerdos de Paz, entre Juan Manuel Santos y
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el líder de las FARC, se han formado quince
nuevas organizaciones narcoterroristas integradas por sus ex miembros. A estas
nuevas organizaciones, se las conoce como “disidencias
de las FARC” o “Grupos Armados Post
Desmovilización” (GAPD).
Las
tres más grandes operan en el Guaviare, Tumaco y el Cauca. Los doce GAPD
restantes son grupos más pequeños formados en muchos casos por un par de
decenas de combatientes. En conjunto, las “disidencias de las FARC” tienen
presencia en cuarenta y tres municipios de Colombia.
La
presencia de estos grupos explica que continúen los desplazamientos masivos y
el reclutamiento forzado de niños y adolescentes en las áreas rurales. En 2017,
según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y
el Consejo Noruego para los Refugiados, el número de personas desplazadas fue
de 139.359, lo que constituye un 32% más que en 2016.
Antes
de la desmovilización las FARC actuaban en 243 municipios de Colombia, hoy las
disidencias sólo ocupan 43 de ellos. Por lo tanto, hay numerosos municipios
antes afectados por la actividad narcoguerrillera que actualmente constituyen “espacios vacíos”. Una ley de la física
indica que todo espacio libre tiende a ser ocupado. Esto mismo ocurre con el
narcotráfico. La organización más grande no desaparece totalmente, sino que se comportan
en forma similar a una gota de mercurio al caer al piso, primero se fragmenta
en múltiples grupos pequeños. Luego, los fragmentos se adhieren a otras
organizaciones existentes o terminan por reagruparse formando una nueva entidad
más grande. Veamos un ejemplo de este proceso.
EL RESURGIR DEL EPL
Un
claro ejemplo de este proceso es el resurgir del Ejército Popular de
Liberación. En 1983, el Ejército Popular
de Liberación, brazo armado del Partido
Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), estableció en
Catatumbo, al Norte de Santander, el “Frente
Libardo Mora”.
El Catatumbo
es una extensa región selvática del Departamento Norte de Santander que
tradicionalmente ha sido una de las más atrasadas del país y su territorio
abarca los municipios de Convención, El Carmen, Hacari, El Tarra, Tibú, San
Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama.
En 1991,
el PCC-ML y su brazo armado el EPL negociaron con el gobierno colombiano dejar
la lucha armada. En ese momento, trece estructuras que respondían al fundador
del EPL, “Francisco Caraballo”
continuaron combatiendo. Entre ellas se encontraba el “Frente Libardo Mora”, inicialmente conducido por un campesino
convertido en líder guerrillero, Hugo Carvajal.
Hasta
2005, el Frente Libardo Mora era tan sólo una pequeña organización guerrillera.
En ese entonces pasó a involucrarse en el narcotráfico y gradualmente a
convertirse en una entidad narcoterrorista que reivindicaba para sí la denominación
de PCC-ML.
Actualmente,
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos insiste en negarle al Frente
Libardo Mora la condición de organización política que lleva a cabo la lucha
armada. Lo considera tan sólo otra banda criminal a la que denomina “Los
Pelusos”.
Los
cierto es que el PCC-ML y su brazo armado el EPL, o la bacrim “Los Pelusos”, opera en once municipios
del Departamento Norte de Santander, reúne a unos cuatrocientos combatientes y
está expandiendo sus actividades en el territorio donde antes actuaban los
guerrilleros de las FARC.
Para
justificar su condición de “organización
político militar”, el EPL edita el antiguo periódico clandestino “Revolución”, ponen pasacalles y
distribuyen panfletos de consignas y propuestas políticas.
En el
plano militar mantiene fluidos vínculos con el Frente de Guerra Nororiental de
la organización narcoterrorista Ejército de Liberación Nacional y con los
restos del Bloque Magdalena Medio de las FARC.
Sus
actividades en el narcotráfico se centran en exportar cocaína a los Estados
Unidos y Europa, especialmente a través de México en asociación con el Cartel
de Sinaloa.
Es por
ello, que el gobierno colombiano la considera tan sólo una organización de
narcotraficantes más dedicada exclusivamente a esa actividad delictiva.
En
respuesta, la dirección del Frente Libardo Mora coloca minas antipersonales y
suele atacar con disparos de francotiradores a los policías y militares que
combaten el narcotráfico, mientras afirma ser una “guerrilla política militar” con base social.
Al
parecer, el reconocimiento de “Los
Pelusos” como una entidad política y no simplemente delictiva, abriría a
los narcoterroristas la posibilidad de llegar en el futuro a un acuerdo de
impunidad a cambio de la desmovilización. En forma similar al acuerdo alcanzado
por el liderazgo de las FARC.
Por el
momento, al menos parece que la paz es algo muy lejano en Colombia.
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