DIFÍCIL BALANCE DE LA PAZ EN COLOMBIA

A un año de la firma del Acuerdo de Paz entre el presidente Juan Manuel Santos y la cúpula de la organización narcoterrorista FARC el balance es cuanto menos confuso.

Es difícil saber si en acuerdo ese acuerdo ha significado un avance hacia la definitiva pacificación de Colombia.

En el Foro sobre La Reincorporación y Reconciliación, Dimensiones de la Construcción de la Paz, organizado por el diario “El Espectador”, el Representante Especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault brindó las siguientes cifras indicativas.

Según Arnault: 12.262 miembros de las FARC han sido certificados como desmovilizados -entre ellos 2.590 miembros que fueron excarcelados por las autoridades colombianas-; 10.445 están bancarizados para recibir subsidios por los siguientes 24 meses y 10.218 están afiliados a los sistemas de salud y de pensión.

El problema es que el 55% de estos miembros desmovilizados de las FARC abandonaron los 26 Espacios territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCRs) y no se sabe como han encausado su vida actual.

Al mismo tiempo se observa un incremento en la actividad de bandas criminales en las mismas áreas territoriales donde anteriormente operaban las FARC. Las autoridades policiales piensan que una buena parte de esos ex guerrilleros se han unido a las “disidencias de las FARC” que rechazan el proceso de paz, se han incorporado al ELN o alguna de las bandas criminales herederas de las desmovilizadas organizaciones paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, incluso podrían haberse incorporado a las filas del Cartel del Golfo.

A estas alturas, para algunos observadores en Colombia, parece evidente que el Acuerdo de Paz fue tan sólo un inmenso acuerdo de impunidad que beneficio a la cúpula histórica del grupo terrorista y permitió al presidente Santos obtener el premio Nobel a la Paz.

Recordemos que, al momento de la firma del Acuerdo de Paz, el Secretariado de las FARC acumulaba 56 sentencias en las cuales los jueces colombianos los condenaban a 1.629 años de cárcel, es decir, a más de dieciséis siglos tras las rejas.

Esas sentencias, al menos las de público conocimiento, incluyen 184 asesinatos, 129 cargos por lesiones graves, 198 secuestros, más de 827.000 millones de pesos colombianos en multas para resarcir a las víctimas y cubrir los incontables daños producidos en la infraestructura pública y en los inmuebles particulares ocasionados por los insurgentes en ataques a poblaciones, detonación de coches bomba, etc.

Según la Policía Nacional de Colombia, las FARC son responsables por la muerte de al menos dos mil personas y la desaparición forzada de otras cinco mil personas. Pero muy probablemente el número de víctimas provocado durante décadas por el accionar de esta letal organización narcoterrorista sea muy superior.

Los criminales hoy certificados ni siquiera han hecho un reconocimiento público de sus crímenes y mucho menos han expresados su arrepentimiento a los deudos de sus víctimas. Una parte de ellos han aprovechado el acuerdo para lanzarse alegremente a conformar un partido político y a pasar a narcotraficantes a dirigentes políticos.

Ni siquiera han resignado el empleo de su sigla, FRAC, que es un recordatorio permanente para el pueblo colombiano de más de cuatro décadas de sangrienta guerra civil. Así mutaron de ser una organización guerrillera las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a ser un partido político denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Una auténtica burla.

Han entregado una parte sustancial de sus arsenales formado por: 8.994 armas de fuego, 1.765.826 municiones, 32.255 kilogramos de explosivos de diverso tipo, 11.015 granadas de mano, 3.528 minas antipersonales, 46.288 detonadores eléctricos, 4.370 proyectiles de mortero y 51.911 metros de cordón detonante.

El problema consiste en que nadie sabe cual era dimensión real del arsenal en manos de las FARC. Además, mucho del material entregado estaba muy deteriorado e incluso era inestable para su traslado por lo que hubo que detonarlo en el lugar. Los expertos piensan que los terroristas reservaron para cualquier uso eventual lo mejor y más moderno de su arsenal limitándose a entregar los excedentes deteriorados y poco confiables.

Tampoco se sabe si las FARC han dejado de brindar entrenamiento militar y apoyo político y logístico a otros grupos insurgentes de América Latina. Entre los que se encuentran los separatistas mapuches de la Resistencia Ancestral Mapuche o RAM. Habrá que estar muy atentos a la presencia de ex combatientes de las FARC en otros países latinoamericanos donde existan grupos insurgentes.

Por último, algo similar ocurre con los cuantiosos fondos recaudados en robos, secuestros extorsivos, cobros de “impuestos revolucionarios” y fundamentalmente a través del narcotráfico.

El Secretariado General de las FARC solo ha reconocido poseer una mínima fracción del sustancioso botín acumulado durante décadas. La mayoría de estos fondos se encuentran a buen recaudo en remotos paraísos fiscales y especialmente invertidos en Cuba y Venezuela.

Esos fondos están destinados a garantizar una vejez dorada y sin sobresaltos económicos al envejecido Secretariado General y los recursos necesarios para llevar a cabo su futura actividad política legal.

Por lo pronto, los terroristas de las FARC han presentado sus futuras candidaturas empleando sus “nombres de guerra” empleados en los años en que vivieron en la clandestinidad. Así, su líder Rodrigo Londoño Echeverri, aspira a convertirse en el “Presidente Timochenko”, en las elecciones de 2018.

De ser así, Colombia estrenará un presidente buscado por terrorista y narcotraficante por los Estados Unidos -quienes ofrecen una recompensa de cinco millones dólares por datos que permitan su captura en cualquier país del mundo- y con causas abiertas en la Corte Penal Internacional.