EL DESAFÍO EDUCATIVO

La sociedad argentina enfrenta la disyuntiva de corregir radicalmente el rumbo de su sistema educativo o enfrentar una inevitable decadencia

“Su movilidad ascendente está facilitada por la

Más amplia escolaridad, promovida por las élites

desde 1880 para “argentinizar” a los hijos de los inmigrantes

y asegurar la cohesión social. Para los mejores, el diploma de

educación superior, el pasaporte de entrada a las clases medias,

no es un sueño inaccesible.”

Alain Rouquie

El siglo de Perón

EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL

La Argentina se forjó sobre la base de ciertos valores compartidos por el grueso de la población. Algunos de ellos fueron: la aceptación de la inmigración que llevaron a la Argentina como “crisol de razas”. Otro era el ser una tierra de gran movilidad social donde el hijo de un pobre inmigrante llegaba a presidente: Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Mauricio Macri son un claro ejemplo de ello.

Aunque un valor central de los argentinos fue la importancia que siempre otorgaron a la educación. No debe sorprender entonces que entre los “padres de la Patria” figure en un lugar destacado un maestro: Domingo F. Sarmiento cuyo objetivo en la vida fue “educar al soberano”, es decir, al pueblo.

Movilidad social ascendente y educación se convirtieron, desde los tiempos de la formación del Estado argentino, en dos caras de una misma moneda. Así, el humilde inmigrante llegado al Río de la Plata soñaba con ver a su hijo convertido en “doctor” y en muchos caos lo lograba.

El acceso a una educación superior de calidad era garantía de ascenso social. Por ello lucharon los estudiantes reformistas de Córdoba, en 1918.

Ahora, el descenso de la calidad educativa pone en tela de juicio las oportunidades de movilidad social de las nuevas generaciones y el desarrollo y crecimiento económico futuro del país.

Desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, para establecer un punto de inicio en este proceso, la calidad educativa en Argentina ha estado descendiendo año a año.

Hasta 1984, los alumnos que terminaban la escuela primaria debían aprobar un examen de ingreso al colegio secundario. De igual modo los alumnos que concluían el secundario debían aprobar un examen para ingresar a la universidad pública. Las deficiencias de cada nivel quedaban en evidencia cuando un elevado número de alumnos cada año no aprobaban la evaluación y debían repetir la prueba hasta lograr superarla.

Lógicamente, los padres y alumnos reclamaban por el “elevado nivel de exigencias” de estos exámenes. El tema era muy impopular y el nuevo gobierno democrático decidió terminar con el “autoritarismo” en las aulas.

Bajo la consigna de que “con la democracia se come, se cura, se trabaja y se educa”, suprimió lo exámenes de ingreso y de paso las calificaciones numéricas, que los abanderados fueran los alumnos con mejores calificaciones y estableció “cursos de compensación” para reemplazar los tradicionales exámenes de diciembre y febrero.

Qué mejor para curar la fiebre del enfermo que romper el termómetro.

Claro que en la Universidad Nacional de Buenos Aires hicieron trampa. Suprimieron el examen de ingreso, pero crearon un Ciclo Básico Común -CBC- que incrementó la duración de las carreras universitarias en un año.

LA REFORMA MENEMISTA

El gobierno menemista agravó el problema cuando en 1993 sancionó la Ley Federal de Educación, N° 14.195. Las provincias debieron hacerse cargo de la gestión de las escuelas nacionales. Muchas provincias no contaban con presupuesto, personal calificado ni experiencia para la tarea, pero igual debieron realizarla.

La enseñanza se estructuró en base a un ciclo de Educación General Básica de nueve años y un ciclo Polimodal de tres años. Una reforma similar se había llevado a cabo en España y al cabo de pocos años fue abandonada ante sus malos resultados.

El Polimodal terminó siendo un buen negocio para las editoriales españolas que se instalaron en el país -en muchos casos absorbiendo pequeñas editoriales nacionales- y comenzaron a vender los libros y cursos de perfeccionamiento docente que dejaban de emplearse en España.

El Polimodal al trasladar los dos primeros años del colegio secundario a la órbita de la enseñanza elemental (el nivel que mayores carencias presentaba) agudizó el descenso de la calidad educativa. Especialmente, porque algunas materias que antes dictaban profesores especializados en las mismas pasaron a ser dictadas por maestras de grado sin mayor capacitación para ello.

El mismo titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), el preceptor Roberto Baradel reconoció que el Polimodal “fue un mal sistema para el aprendizaje de los chicos, ya que bajo el nivel de exigencia.”

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al rechazar ingresar a la Ley Federal de Educación, logró escapar a la debacle y su sistema educativo permaneció sin grandes cambios,

En agosto de 1995, el gobierno menemista sancionó la Ley Nacional N° 24.512 de Educación Superior. Para terminar con el desgranamiento -el abandono de los estudios por parte de los alumnos universitarios después de cursar algunos años-, la nueva normativa redujo la duración de las carreras universitarias en uno o dos años.

Para poner un ejemplo, un licenciado en Ciencia Política egresado de mi alma mater después de 1995, ostentaría el mismo título y diploma que obtuve en 1978 pero estudiaría solo cuatro años. Es decir, debería aprobar ocho materias menos para obtener dicho título.

En todas las universidades las licenciaturas pasaron a comprender tan solo cuatro años de estudios y se redujeron la duración de las carreras de abogado, contadores públicos, médicos, ingenieros, arquitectos, etc.

También se flexibilizaron los requisitos necesarios para crear nuevas universidades nacionales y privadas. Inmediatamente proliferaron las universidades municipales, especialmente en el conurbano bonaerense: Avellaneda, Alte. Brown, Lanús, Lomas de Zamora, San Martin, Tres de Febrero, etc. Pasaron a contar con su propia casa de altos estudios.

Cada fuerza armada y de seguridad transformó sus institutos de formación del personal en Institutos Universitarios, hasta el propio ministerio de Defensa creó la Universidad de la Defensa Nacional.

En el ámbito privado algunos institutos terciarios alcanzaron la jerarquía de institutos universitarios y hasta de universidades. Pronto las clínicas médicas, los sindicatos y otras asociaciones sin fines de lucro abrían sus propias universidades (CEMA, Austral, Universidad Metropolitana para el Estudio y el Trabajo, Favaloro, Barceló, etc.)

Lamentablemente, no todas las nuevas casas de altos estudios tenían la suficiente solvencia académica. Algunas de ellas no lograban convocar docentes idóneos que además acreditaran suficiente jerarquía científica. Dedicaban escasos (o ningunos) recursos a la investigación y a la realización de actividades extracurriculares. Incluso carecían de bibliotecas actualizadas para las carreras que dictaban.

Por lo general, las nuevas universidades se concentraron en las denominadas carreras de “tiza y pizarrón” que no demandaban ni infraestructuras complejas ni mayores gastos operativos para el dictado de las clases. Así la matrícula creció considerablemente en carreras como abogacía, contadores, administración de empresas, psicología y periodismo.

Pronto la oferta educativa pública y privada pasó a superar a la demanda.

EL POPULISMO LLEGA A LAS AULAS

Para colmo de males, en 1999, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Eduardo Duhalde, quién competía para la presidencia, pretendió incentivar a los estudiantes de Polimodal mediante el pago de una beca mensual de cien pesos durante diez meses al año.

El efecto fue una hecatombe. Las aulas del Polimodal se llenaron de pronto de alumnos mal preparados y ausentes de toda motivación de estudio a quienes sus padres inscribían en el colegio para que aportaran el monto de sus becas. Al aumento de alumnado sin deseos de estudiar contribuyó también que se exigiera la escolarización de los hijos como requisito para percibir planes sociales.

Aunque a algunos funcionarios les cueste comprenderlos asistir a la escuela no es lo mismo que estudiar y la mayor cantidad de días de clase tampoco es garantía de mejor calidad educativa.

Dentro de esta irrealidad en que cayó el sistema educativo, en 2006, el gobierno de Néstor Kirchner sancionó la ley 26.206, que estableció la extensión de la obligatoriedad escolar en todo el país hasta la finalización del ciclo secundario. Como si se pudiera obligar por ley a la gente a estudiar. Por suerte, la normativa no indicaba cual sería la pena por no dar cumplimiento a la misma.

La medida fue complementada con planes de estudio abreviados para quienes habían abandonado el cursado del secundario sin completarlo. Por supuesto, estos planes consistían en titular a individuos con menores conocimientos que los adquiridos por quienes cursaban el ciclo tradicional.

También se crearon facilidades para que los alumnos que reprobaban sus materias durante el año lectivo pudieran rendir el examen complementario con otros docentes e incluso en otros establecimientos. No es necesario decir que en dichos establecimientos las exigencias académicas eran mínimas.

Paralelamente como los gobiernos (tanto el nacional como los provinciales) pretendían exhibir grandes cifras de alumnos que completaban los estudios secundarios ante los organismos internacionales, las autoridades educativas comenzaron a presionar a los docentes para que disminuyeran las exigencias y apelaran a cualquier recurso para hacer que los alumnos aprobaran las materias.

El objetivo era que un mayor número de alumnos completaran sus estudios aun cuando no alcanzaran el nivel de conocimientos mínimo.

Después de todo, si se distorsionaban las cifras de la inflación del Indec por que no podía hacerse lo mismo con las cifras educativas.

Pronto el país entero cayó de lleno en la mentira educativa. Cada vez más gente estudiaba y obtenía títulos. Pero, cada vez que se evaluaban los conocimientos con pruebas internacionales los resultados eran peores.

LOS RESULTADOS

Así se llegó a 2016, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) excluyó a la Argentina del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, como se lo conoce por sus siglas en inglés) que integraba desde 1999. La decisión fue adoptada por serios cuestionamientos técnicos sobre la metodología de medición empleada.

Al parecer, las pruebas PISA no eran como el Indec.

En 2012, último año en que participó, la Argentina terminó en el puesto 59° entre 65 naciones que se sometieron a la prueba. Los alumnos argentinos mostraron grandes deficiencias para realizar operaciones matemáticas básicas y en la comprensión de textos.

El gobierno de Mauricio Macri, interesado en conocer el real estado el real estado de la educación implementó, en 2016, las “Pruebas Aprender”. La evaluación fue cuestionada por los sindicatos docentes y los centros de estudiantes que intentaron impedir su realización.

Las Pruebas Aprender se llevaron a cabo en 31 establecimientos educativos de todo el país y fueron evaluados 963.700 alumnos, de 6° grado de primaria y 5° y 6° año de secundaria. También respondieron preguntas, estudiantes de 3° curso de primaria y 2° ó 3° de secundario.

Los resultaron mostraron que los alumnos de la escuela secundaria tenían un desempeño por debajo del nivel básico en lengua (23%), matemáticas (40%), ciencias naturales (16,9%) y ciencias sociales (18,8%).

El 70,2% de los alumnos de 5° y 6° año de secundaria no pudieron resolver problemas matemáticos sencillos y el 46,4% no comprendieron temas básicos.

Tengamos en consideración que los alumnos que, en 1984, ingresaron a la escuela secundaria o a la universidad y enfrentaron todos estos cambios que deterioraron el sistema educativo hoy son profesionales universitarios, docentes y hasta directivos de los establecimientos educativos. En consecuencia, su menor nivel de preparación ha impactado en la forma en que desarrollan sus actividades profesionales.

Un deterioro de décadas no se soluciona en pocos años cambiando de plan educativo. Debe necesariamente contemplar aspectos sociales.

Es necesario comenzar por restaurar la movilidad social, terminar con la pobreza estructural donde no penetra la educación, y reconstruir la percepción que la sociedad tiene de la educación.

Si la gente no considera que una mejor educación abre las puertas a un más próspero futuro no encontrará los incentivos suficientes para enfrentar las exigencias del sistema educativo.

También deben revisarse las condiciones en que los docentes desarrollan sus tareas. Terminar con el gran número de docentes sin título habilitante. Recomponer y jerarquizar los salarios y jubilaciones terminando con los “incentivos” y “cifras fijas remunerativas” que constituyen pagos en negro. El Estado no puede ni debe ser fuente de trabajo informal.

Incluso debe premiarse económicamente la mayor capacitación de algunos docentes. Hoy cobran el mismo salario básico un docente que carece título, que un profesor titulado y otro con títulos de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) o que realizan actividades como investigadores categorizados.

Sólo así se reclutarán los mejores talentos para la función docente.

Como puede apreciarse hay mucho por corregir, la tarea no es sencilla y las resistencias serán muchas (por parte de los sindicatos, los docentes y los alumnos) sin mencionar el aprovechamiento que algunos políticos querrán hacer del problema.

Pero, la sociedad argentina deberá enfrentar el desafío educativo y superarlo si quiere tener un futuro.