Desde hace
más de una década, Argelia persigue y expulsa ilegalmente a los migrantes
subsaharianos que ingresan a su territorio.
Argelia práctica en forma sistemática, desde hace más
de una década una política genocida y racista contra los migrantes irregulares
subsaharianos.
Como resultado de la cual, más de 27.000 migrantes
subsaharianos han sido expulsados en forma ilegal, tan solo hacia Níger y Mali,
en los últimos tres años.
Policías y gendarmes argelinos realizan periódicamente
razias en la capital, Argel, y en barrios periféricos, donde detienen a los
migrantes subsaharianos, incluidas mujeres y menores no acompañados, basándose
únicamente en criterios raciales, ya que no intentan determinar si los
migrantes tienen derecho a su estancia en el país, comprobando sus pasaportes u
otra documentación.
Algunas de las personas que padecieron esta traumática
experiencia tenían residencia legal en el país, pero las autoridades argelinas
no se molestaron en verificar su estatus migratorio.
Los migrantes son remitidos a “centros de
calificación” que constituyen auténticos campos de concentración. En esos
establecimientos los migrantes son tratados como si fueran criminales
peligrosos. Los detenidos se ven forzados a dormir sobre el suelo sin colchones
ni mantas y donde pueden sentirse afortunados si reciben por todo alimento un
poco de pan con margarina. Tampoco es extraño que al ingresar a los centros les
confisquen los celulares, documentos, dinero y cualesquiera otros efectos
personales que tengan en su poder al momento de su detención. Nunca más verán
sus pertenencias.
Finalmente, unos días después de su internación, los
migrantes son embarcados en camiones que los trasladan, por ejemplo, hasta la
frontera con Níger. El punto de desembarco suele estar situado a unos quince
kilómetros de la ciudad nigeriana de Assamaka.
Allí son forzados a descender de los vehículos e
internarse en territorio nigeriano mediante disparos intimidatorios al aire de
los gendarmes argelinos.
Los migrantes expulsados deben caminar por el
desierto, con altas temperaturas, sin agua ni alimentos para llegar a la
pequeña ciudad nigerina de Assamaka que no cuenta con infraestructura adecuada
para asistir y albergar, aún en forma transitoria, a los continuos contingentes
de migrantes expulsados desde Argelia.
Además, muchos de los migrantes expulsados no son nigerianos,
sino que pertenecen a diversos países subsaharianos: Guinea, Mali, Costa de
Marfil, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Liberia, Camerún y Sierra Leona.
Estas expulsiones, además de violar
los derechos humanos de las personas afectadas son absolutamente ilegales
porque Argelia es un Estado signatario de la “Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus
Familiares”, que en su artículo 22, Inciso 1° señala: “Los trabajadores migratorios y sus
familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de
expulsión será examinado y decidido individualmente.”
Además, el Inciso 2°, consigna: “Los trabajadores
migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio de un
Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad
competente conforme a la ley.”
Por último, Argelia también es signataria de la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul, de 1981)
que establece en su artículo 12°: Inciso 4: “Un extranjero legalmente admitido
en un territorio de un Estado firmante de la presente Carta, sólo puede ser
expulsado de él en virtud de una decisión tomada de conformidad con la ley.
Inciso 5. La expulsión masiva de extranjeros estará prohibida. Expulsión masiva
será aquella dirigida a un grupo nacional, racial, étnico o religioso.”
Lamentablemente, estamos
acostumbrados a ver como el gobierno argelino cuando le conviene viola los
tratados internacionales, especialmente, los referidos a los derechos humanos.
Argelia ha hecho una tradición el
violar los derechos humanos, no solo de los migrantes subsaharianos sino
también de los disidentes del Hirak que demandan la democratización del país y
el fin de la dictadura militar que oprime a su país.
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