Al comienzo
del año electoral los votantes deben exigir a los candidatos que definan
claramente que harán con el abrumador gasto social y con las agrupaciones piqueteras
si resultan electos.
Un interesante artículo publicado por el matutino
Clarín consigna que el gobierno gastó durante los 31 días del mes de enero de
2023, la suma de $ 2.700 millones de pesos por día en subsidiar planes
sociales. Se trata de algo más de siete millones de dólares diarios tan solo
para financiar los programas “Potenciar Trabajo” y la “Tarjeta Alimentar”.
Ese dinero se distribuye entre los 1,3 millones de
beneficiarios de estos programas a razón de $2.086 por persona y por día.
No obstante, como el ministerio de Desarrollo Social,
desde 2019, se encuentra loteado entre los principales referentes y
agrupaciones piqueteras: Emilio Pérsico del Movimiento Evita, Laura Valeria
Alonso y Fernanda Raverta de La Cámpora, Daniel Menéndez de Somos Barios de
Pie; Ramona Fernanda Miño que responde a Juan Grabois referente del Movimiento
de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular, entre otros.
Los
piqueteros terminan pagándole los subsidios a sus propias agrupaciones Tal como
señala el artículo de Clarín, Emilio Pérsico, secretario de Economía Social
para el Programa Potenciar Trabajo abona la partida correspondiente al
Movimiento Evita que lo tiene por principal referente, es decir jefe.
Además,
las agrupaciones piqueteras perciben un porcentaje de dinero en función de los
planes sociales que distribuyen; además de decidir que personas carenciadas
cobran el subsidio y cuales no son merecedoras de ese beneficio.
De
esta forma el otorgamiento de un plan social no esta sujeto a las reales
necesidades del beneficiario sino a su militancia política o a los vínculos
familiares o de amistad con los referentes piqueteros y sus principales
militantes, además de las prestaciones que el beneficiario debe realizar para
la agrupación: concurrir a marchas y acampes, asistir a cursos de
adoctrinamiento, trabajar en los comedores barriales, etc.
Claro
que si el beneficiario está muy ocupado (por ejemplo trabajando en alguna labor
eventual (“changa”) siempre puede enviar un reemplazo, un familiar o un “piquetero
par time” contratado para suplirlo. Todo ello en ese marco de marginalidad
y necesidades extremas.
A
principios de enero, la consultora Julio Aurelio – Aresco, dio a conocer una
curiosa encuesta que señalaba que 8 de cada 10 argentinos cree que existe un
alto nivel de irregularidades en la administración de los planes sociales y el
56,1% de los encuestados afirmó estar de acuerdo en disminuir los planes sociales
“para bajar el gasto público”.
¿Por qué
entonces los políticos no toman medidas para terminar con estas prácticas corruptas?
¿Por
qué los gobiernos incrementan continuamente el gasto en planes sociales?
Desde
su aparición en 1997, en la localidad de Cutral-co, durante el gobierno de
Carlos S. Menem, los planes sociales no han hecho más que aumentar, cambiaron
continuamente de nombre, pero el número de beneficiarios se incrementó
continuamente.
Durante
los gobiernos de: Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner,
Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, el número de planes
sociales se incrementó y paralelamente creció la capacidad de movilización, los
recursos económicos y las exigencias de las organizaciones piqueteras.
Las
organizaciones piqueteras someten a todos los gobiernos, sin importar la
orientación ideológica que tengan, al chantaje continuado de sus movilizaciones
y “acampes” en el centro porteño.
Según
Clarín, tan sólo entre 2021 y 2022, las organizaciones piqueteras recibieron del
ministerio de Desarrollo Social $ 10.000 millones de pesos (unos U$S 26
millones de dólares al dólar blue de hoy) en fondos discrecionales de los
cuales no deben realizar ninguna rendición sobre cómo se han empleado.
A
estos fondos hay que sumarle la “contribución voluntaria” que esas
organizaciones retienen a los beneficiarios que cobran sus planes a través de
ellas.
En
algún momento el kirchnerismo para controlar la calle y contar con un poder
independiente de movilización y así escapar a la dependencia de los aparatos de
movilización del sindicalismo peronista y de los intendentes bonaerenses, alimento
financiera y políticamente a las organizaciones piqueteras que le eran más
afines ideológicamente e incluso a ciertos grupos de izquierda y a las organizaciones
que se decían defensoras de los derechos humanos.
Los
kirchneristas, como buenos aprendices de brujos, crearon así fuerzas políticas
que nunca fueron capaces de controlar totalmente.
Durante,
el gobierno de Alberto Fernández el kirchnerismo ha incorporado a la
administración pública a numerosos militantes de La Cámpora y de las
organizaciones piqueteros.
Los
principales referentes se convirtieron en funcionarios jerárquicos y el resto ocuparon
diversas posiciones en ministerios y dependencias centralizadas como el PAMI,
el ANSES o la AFIP, donde se desempeñan más como militantes políticos (que es
lo que son) que como funcionarios públicos.
Estas
incorporaciones de militantes permitieron a las organizaciones piqueteras poner
un pie dentro de la administración pública.
Después
del 10 de diciembre próximo, los funcionarios jerárquicos deberán renunciar,
pero los militantes en posiciones de menor relevancia perdurarán y harán aún
más difícil la gestión de las autoridades que asuman a partir de esa fecha.
El
próximo gobierno deberá tomar medias para desmontar esta estructura si espera
completar su mandato y solucionar al menos una parte de los problemas del país.
La
industria de administrar la pobreza debe ser gradual pero rápidamente
desmontada.
El
Estado debe asumir en forma directa la adjudicación y administración de los
programas sociales, terminando con una tercerización corrupta que solo sirve
para hacer más poderosa a esas organizaciones políticas que tienen una agenda que
propone terminar con el régimen republicano que consagra la constitución.
Los
planes sociales son paliativos transitorios y no fines en sí mismo. La
Argentina no se encuentra en condiciones económicas de implementar una “renta
universal” a toda persona que nace en nuestro país y además a aquellos
nacionales de los países vecinos que ingresan libremente a nuestro territorio.
La
gran parte de estos inmigrantes irregulares se convierten en trabajadores
rurales, obreros en la industria de la construcción o trabajadores en la
confección de prendas. Pero, otros se instalan en los asentamientos suburbanos
donde demandan inmediatamente ayuda social, agravan el problema habitacional,
al tiempo que saturan los servicios sanitarios y educativos del país.
Una
pequeña minoría de estos extranjeros también alimentan la criminalidad y el
tráfico de sustancias ilícitas en los barrios marginales.
Es
necesario encontrar una alternativa justa, realista y humanitaria a la práctica
de los países vecinos que mejoras sus indicadores económicos exportando a sus
ciudadanos pobres y desocupados a la Argentina. Al mismo tiempo que se
benefician con los U$S 1.000 millones que los inmigrantes en Argentina remesan
a sus países de origen anualmente.
En
algunos casos, esos mismos países ofrecen regímenes fiscales muy laxos para
atraer capitales y empresas argentinas que se quieran instalar en su
territorio.
Los
países limítrofes deben compensar financieramente al Estado argentino por los
planes sociales y los servicios médicos y educativos que usufructúan sus nacionales
en Argentina.
Por lo
tanto, es necesario de que los votantes exijan, a quienes pretenden gobernar a
partir de diciembre, antes de darles su voto, que expliciten claramente como
piensan resolver el problema del gasto social desmedido y el chantaje de las
organizaciones piqueteras.
Ningún
país puede crecer y resolver sus problemas bajo el chantaje permanente de protestas,
marchas y acampes bloqueando sus calles.
Si no
somos capaces de resolver este problema no tendremos futuro como país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario