La resistencia civil al régimen de
facto en Sudán amenaza con transformarse en una nueva y cruenta guerra civil.
La población repudia al golpe militar encabezado por el teniente general Abdel Fattah Abdelrahman al
Burhan, Jefe de Estado Mayor del Ejército y presidente del Consejo Soberano
el pasado mes de octubre y los militares responden con una represión sin
límites.
LOS HECHOS
Las manifestaciones
callejeras contra el golpe de Estado militar de octubre pasado han dejado ayer un
saldo de al menos quince muertos y un centenar de heridos en una de las
jornadas más violentas desde que los militares derrocaron al gobierno
constitucional.
Las víctimas se
produjeron cuando fuerzas militares y policiales disolvieron una multitudinaria
marcha de manifestantes hostiles con grandas lacrimógenas y disparos de armas
de fuego.
Desde que los
militares se hicieron con el poder se han registrado 38 víctimas civiles y unos
cien profesores han sido detenidos por los militares.
Para desarticular
las protestas anti-golpe el gobierno militar ha interrumpido todas las
comunicaciones telefónicas e internet es inaccesible en el país desde el día en
que los militares se hicieron con el poder. No obstante, los manifestantes
opositores se coordinan a través de mensajes de SMS cuando funciona la
telefonía.
También los puentes
que enlazan a la ciudad capital de Jartum con el resto del país han sido
bloqueados, el aeropuerto fue cerrado y los vuelos internacionales suspendidos,
mientras tanto en la televisión estatal rige una fuerte censura sobre las
noticias nacionales.
Desde el mismo día
del golpe de Estado, la Asociación de Profesionales de Sudán difundió en las
redes un llamado “a las masas” a que “salgan a la calle y ocupen por
completo y se preparen para resistir”.
Recientemente, también
el Comité Interino del Sindicato de Trabajadores de la empresa Sudapet (la
petrolera estatal) ha anunciado que se unía a “la desobediencia civil como un
paso para apoyar al pueblo sudanés”.
EL GOLPE DE ESTADO
Fuerzas militares
conjuntas arrestaron el lunes 25 de octubre al primer ministro de Sudán,
Abdallah Hamdok, a la mayoría de los ministros del Gabinete y a los miembros
civiles del Consejo de Soberanía, organismo que supervisaba la transición a la
democracia desde el derrocamiento del dictador Omar Hassan Ahmad al
Bashir, en 2019.
El hasta entonces Presidente
del Consejo Militar, teniente general Abdel Fattah Abdelrahman al Burhan (60),
apareció ante las cámaras de la televisión nacional vistiendo uniforme, con su
bigote y su habitual boina verde para anunciar la profundización del régimen
militar que domina al país desde hace dos años disolviendo el gabinete y el
Consejo Soberano e implantando el estado de emergencia en todo el país para
evitar las supuestas disputas de poder e incitación al caos por parte de los
civiles.
Burhan también
suspendió una serie de artículos del documento que servía de Constitución
durante la transición sobre la composición y las competencias de los dos
órganos anteriores y la participación de los civiles. Los militares nombraron
un Gobierno tecnocrático que en teoría debe pilotear el país hasta unas
elecciones previstas para el 2023. No obstante, el general Al Burhan se aseguró
la presidencia del poderos Consejo Soberano.
El autogolpe
militar de Burhan en Sudán despertó repercusiones internacionales negativas.
ANTECEDENTES
Tras treinta años
de dictadura islamista, las protestas callejeras estallaron en Sudán, el 19 de
diciembre de 2018, detonadas en un comienzo por el alto nivel inflacionario, el
aumento en el precio del pan y de los combustibles, pronto fueron capitalizadas
por un conglomerado de organizaciones y partidos opositores denominado “Fuerzas
de la Libertad y el Cambio” que se conformó en enero de 2019 y donde
ejerce un rol protagónico la “Asociación de Profesionales Sudaneses”.
Las protestas que
comenzaron con concentraciones, marchas, huelgas y otras acciones de
resistencia civil derivaron en “sentadas pacíficas” en los
alrededores del Cuartel General del Ejército.
Luego de que las
protestas alcanzaron un saldo de 38 muertos, cientos de heridos y mil detenidos
sin dar muestras de decrecer, el Ejército de Sudán decidió asumir el poder el
jueves 11 de abril desplazando al anciano dictador Omar Hassan Ahmad al
Bashir (76), líder del Partido del Congreso Nacional, que
con treinta años al frente del país era uno de los jefes de Estado que más
tiempo ejerció el poder en África.
El Ejército
sudanés, para calmar los ánimos y evitar que el país cayera en un espiral de
violencia, tras derrocar al presidente Al Bashir, lo reemplazó por un Consejo
Militar Transitorio formado por diez generales y estableció una hoja
de ruta para la transición hacia la democracia.
La presidencia
del Consejo Militar Transitorio recayó en el hasta entonces
Inspector General de las Fuerzas Armadas teniente general Abdel Fattah
Abdelrahman al Burhan quien asumió también como Jefe de Estado Mayor del
Ejército y ministro de Defensa en reemplazo del dimitido general Ahmed Awad ibn
Auf.
La vicepresidencia
del Consejo Militar Transitorio y del país fue ocupada por el general Mohamed
Hamdan Daqlo, comandante de la unidad de fuerzas de élite denominada “Fuerzas
de Apoyo Rápido” que cuentan 30.000 hombres. Se trata de una milicia
que en un tiempo respondía a las órdenes directas del exdictador Al Bashir pero
fue convertida en un cuerpo regular del Ejército. Actualmente, la mayor parte
de sus efectivos están desplegadas en guerra del Yemen y en las fronteras de
Sudán para combatir el narcotráfico y el tráfico de personas.
La hoja de ruta
establecida por el Consejo Militar Transitorio contemplaba un periodo de
transición de dos años con el objeto de “preparar el ambiente político
para el traspaso pacífico del poder”, según declarara el general al Burhan.
Como primeras
medidas el Consejo Militar detuvo al presidente Al Bashir y a todos sus
ministros. Destituyó al general Salah Abdalá Qush, hasta entonces jefe del
Agencia Nacional de Seguridad e Inteligencia, encargada de reprimir las
protestas, quien fue reemplazado por el hasta entonces su segundo el general
Yaladín al Sheij.
También ordenó la
liberación de todos los presos políticos. Aunque prorrogó por noventa días el
estado de sitio, derogó la constitución de 2005 y proclamó “una
invitación abierta al diálogo de todos los componentes de la sociedad sudanesa,
sus partidos y la sociedad civil” para alcanzar un consenso y
establecer las reglas que permitan construir una transición pacífica a la
democracia.
Inmediatamente,
Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su apoyo al Consejo
Militar Transitorio. El rey Salman de Arabia Saudí incluso ordenó el envío de
un embarque de ayuda humanitaria a Sudán que incluiría derivados del petróleo,
trigo y medicinas.
UNA PESADA HERENCIA
Sudán está situado
en el norte de África, a orillas del mar Rojo, entre Egipto y Eritrea. Está atravesado
por el Nilo y sus afluentes.
Su población,
estimada en algo más de cuarenta millones de personas, se distribuye en 597
tribus que hablan cuatrocientos dialectos distintos. El 60% de la población
sudanesa tiene menos de 25 años.
Los problemas de
Sudán se remontan al momento en que dejó de ser el país más extenso de África,
tras la secesión de Sudán del Sur, el 29 de julio de 2011, que hizo que
perdiera casi todos sus campos petroleros y el 60% de sus ingresos fiscales. No
obstante, Sudán con sus más de dos millones y medio de kilómetros cuadrados es
el tercer país más extenso del continente africano después de Argelia y la
República Democrática del Congo.
Aunque el país
todavía es rico en recursos naturales como el petróleo y el algodón y su
economía está entre las de más rápido crecimiento de África. Sus principales
mercados de exportación se encuentran en Asia y son China, Japón e India. El
80% de la población sudanesa se dedica a la agricultura.
Sudán a construido
una próspera industria armamentista, cuyos productos (armas liras, vehículos
blindados y hasta aeronaves con patente internacional).
En los últimos años
Sudán ha sufrido serios problemas económicos. El Ejército y los
organismos de seguridad e inteligencia acaparaban el 80% del presupuesto
nacional. Al Bashir dejó una inflación del 120% anual y un amplio legado de
corrupción. Sudán ocupa el puesto 172 entre 180 países, según el Índice de
Percepción de la Corrupción de 2018, elaborado por la ONG Transparencia
Internacional.
La Organización de
Naciones Unidas estima que 5.700.000 sudaneses -el 13% de la población- se
enfrentan a una aguda crisis alimentaria, especialmente en las áreas afectadas
por la sequía en Oriente y Occidente del país.
CONCLUSIONES
La situación en
este atribulado país del Sahel dista mucho de encontrarse estabilizada. Los
militares enfrentan la presión combinada de las protestas internas y las
amenazas de sanciones internacionales.
Si el espiral de protestas
callejeras violentas y dura represión militar continúa acelerándose y los
militares se niegan a establecer una hoja de ruta clara para restaurar las
instituciones democráticas resulta muy posible
que el país se vea envuelto en una nueva guerra civil.
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