Rota
la alianza con Rafael Correa la narcoguerrilla colombiana extienden su accionar
creando un área sin ley en la frontera colombo - ecuatoriana.
UN
CRIMEN SIN SENTIDO
La sociedad ecuatoriana se
encuentra fuertemente conmovida por el asesinato de tres periodistas del diario
El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, en la
provincia ecuatoriana de Esmeralda, frontera con Colombia, mientras realizaban
una cobertura periodística sobre recientes hechos de violencia en la región.
Desde el pasado 7 de enero
efectivos militares y policiales han sufrido diversos ataques -atentados
explosivos, tiroteos con armas automáticas e incluso disparos de morteros- que
provocaron al menos cuatro muertos y un centenar de heridos de diversa
consideración, en las localidades de San Lorenzo, Mataje y Viche en la
provincia de Esmeralda.
Los ataques son
responsabilidad del Frente Oliver Sinisterra una de las llamadas “disidencias” de las FARC.
GRUPOS
ARMADOS ORGANIZADOS RESIDUALES
Los integrantes de este grupo
narcoterrorista anteriormente formaban parte de la columna Daniel Aldana del
Frente 29 de las FARC.
Las disidencias de las FARC
-que el gobierno colombiano denomina “Grupos
Armados Organizados Residuales” (GAOR)- son frentes o grupos de
guerrilleros que no aceptaron desmovilizarse -es decir, ir a las zonas
veredales, entregar sus armas y hacer el tránsito hacia la vida en la legalidad
y la paz- como lo estipula el acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia
y la organización narcoterrorista, en 2016.
Las disidencias de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- constituyen un serio desafío a la
paz y la seguridad tanto de Colombia como de sus países vecinos: Ecuador,
Brasil y Venezuela. Estas narcoguerrilla han minado la confianza sobre el
actual proceso de paz.
El número de narcoguerrilleros
que continúan en actividad es incierto. Las cifras varían entre los 1.000 y
1.400 combatientes según las fuentes. Los mismos se encuentran distribuidos en
decenas de grupos de diversas dimensiones.
FRENTE OLIVER SINISTERRA
Oscar Armando Sinisterra
Sevillano, cuyo alias en la organización era “Oliver”, era un líder de las FARC de la localidad de Nariño que
cayó en combate en febrero de 2015.
Sus hombres tomaron el nombre
de “Oliver Sinisterra” para
denominarse al separarse de las FARC, en 2016.
Hoy el Frente Oliver
Sinisterra cuenta con aproximadamente 250 combatientes que antes pertenecían a
las Columnas Móviles Aldana y Mariscal Sucre del Frente 29 de las FARC que se
negaron a desmovilizarse y responden al comando de Walter Arizala Vernaza,
alias “Guacho”, el narcotraficante
más buscado en Colombia y Ecuador y por quien se ofrece una recompensa conjunta
de 247.000 dólares.
ALIAS
“GUACHO”
Walter Arizala Vernaza es colombiano,
aunque nació en proximidades a la frontera con Ecuador y cuenta con parientes
radicados en el pequeño poblado de Limones en la provincia costera de
Esmeraldas.
Alias “Guacho” ingresó a las FARC, en 2007, reclutado por alias “Alexis” o “Tachuela”. Ascendió rápidamente en la estructura del grupo
narcoterrorista hasta alcanzar el rango de “comandante”.
En su carrera criminal de más
de una década, alias “Guacho” se
destacó como responsable financiero y experto en explosivos. Precisamente, el
Frente Oliver Sinisterra es responsable por nueve ataques con explosivos en
Ecuador durante los primeros meses de 2018.
Arizala Vernaza fue también el
encargado de organizar las redes de tráfico de cocaína por las rutas y
corredores terrestres que unen el Alto Mira y la frontera de Tumaco (Nariño)
con cabo Manglares en el Océano Pacífico, como así también las rutas con Carchi
y Esmeraldas en Ecuador, especialmente en la región del río Mataje, que
delimita la frontera entre ambos países.
Cuando en 2016, las FARC
acordaron desmovilizarse para cumplir con el proceso de paz, los hombres del
Frente 29 decidieron transformarse en Frente Oliver Sinisterra para impedir que
grupos guerrilleros pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional -ELN- y a
las Guerrillas Unidas del Pacífico -GUP- se apropiaran de sus campos de cultivo
y rutas de tráfico. Cabe destacar que ni el ELN ni las GUP pertenecieron nunca
a las FARC.
El Frente Oliver Sinisterra
organizó sembradíos de coca, comenzó a cobrar por protección a otros grupos de
narcotraficantes, a recaudar “impuestos revolucionarios” de los habitantes de
la región y a reclutar nuevos combatientes en la región de Tumaco (Nariño) y a
ambos lados de la frontera colombo – ecuatoriana.
Pronto el Frente conducido por
alias “Guacho” estaba administrando
un lucrativo “negocio” que las
autoridades colombianas estiman genera 25 millones de dólares semanales.
NARCOTRÁFICO
Y GUERRILLA EN ECUADOR
Un informa del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, elaborado en 2016, señalaba que Ecuador era un
país de tránsito de precursores químicos para el procesamiento de drogas
ilegales y también era particularmente vulnerable por la delincuencia
organizada trasnacional. En el mismo documento se agregaba que Ecuador figuraba
como “uno de los países por los que más droga transitaba” hacia los Estados
Unidos y Europa.
Al mismo tiempo sostenía que
en este país operaban algunas de las principales organizaciones criminales
trasnacionales, incluidos los carteles mexicanos de los Zetas, Sinaloa y el
Golfo y, por supuesto, las disidencias de las FARC.
La presencia de grupos
narcoterroristas en la frontera colombo – ecuatoriana es antigua, y
precisamente, bajo los dos periodos presidenciales de Rafael Correa la
actividad de estas organizaciones criminales se incrementó considerablemente
deteriorando las relaciones bilaterales.
Durante más de una década, el
bolivariano Hugo Chávez se negó sistemáticamente a considerar a las FARC como
una organización narcoterrorista. En total sintonía, Rafael Correa hizo otro
tanto.
En una entrevista televisiva,
el mandatario ecuatoriano calificó a las FARC como: “grupos irregulares. Ningún país de América Latina los llama
terroristas, ni siquiera el gobierno colombiano, no antes de Uribe”, dijo.
Durante la llamada “Operación Fénix”, un ataque de la
Fuerza Aérea Colombiana, con la posterior incursión de helicópteros y personal de
infantería, realizado en una zona selvática denominada
Angostura en las cercanías de la población de Santa Rosa de Yanamaru, en la
provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el 1 de marzo de 2008, provocando la
muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el número dos del Secretariado de las
FARC y responsable de las relaciones internacionales de la organización
narcoterrorista, Luis Édgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”; se capturó abundante material documental que probaba
los vínculos de Correa con la guerrilla colombiana.
El ataque contra Reyes y la
revelación de los contactos de Correa con las FARC desataron una crisis
diplomática. Correa para defenderse acusó al presidente Álvaro Uribe y a su
ministro de Defensa Juan Manuel Santos, de violar el territorio y la soberanía
de Ecuador y prometió una investigación independiente que nunca se llevó a
cabo.
Pero, Rafael Correa dejó la
presidencia, en mayo de 2017, y sus pactos con las FARC y sus eventuales
herederos caducaron. Especialmente, porque el presidente Lenin Moreno maniobró
para evitar que Correa regrese a la presidencia en 2021.
La política del presidente
Moreno de combatir al narcotráfico sin ningún tipo de concesiones o pactos en
las sombras y su enfrentamiento con Rafael Correa explican la creciente
actividad guerrillera en la zona fronteriza con Colombia y los recientes
ataques del narcoterrorismo colombiano a las fuerzas armadas y policiales
ecuatorianas dentro de su territorio.
LA
TRAGEDIA
El 26 de marzo, los
narcoguerrilleros se toparon con el equipo de periodistas del diario El
Comercio. El equipo periodístico estaba integrado por el cronista Javier Ortega
(32), el fotógrafo Paul Rivas (46) y su chofer y asistente Efraín Segarra (60).
Las últimas noticias de los
periodistas con vida se obtuvieron el pasado 3 de abril. Los guerrilleros
enviaron como prueba de vida de un vídeo donde los prisioneros aparecían de pie
y sujetos por cadenas. Pero la filmación carecía de fecha que permitiera
establecer cuando había sido grabado.
El viernes 13, el presidente
Lenin regresó de Lima donde participaba de la Cumbre de las Américas, para
confirmar en Quito la muerte de los periodistas.
“Con
profundo pesar -dijo el presidente ecuatoriano- lamento informar que se han cumplido las
doce horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y
lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros
compatriotas”.
El primer mandatario ecuatoriano
anunció, además, que se reanudaron las operaciones antiguerrilleras en la
frontera con Colombia y ofreció una recompensa por información que permitiera
la captura del “narcoterrorista, alias
Guacho” a quien se incluyó entre los “más
buscados de Ecuador”.
Por supuesto el Frente Oliver
Sinisterra responsabilizó a las autoridades ecuatorianas y colombianas por la
muerte de los infortunados periodistas.
En un comunicado el Frente
afirmó que estaba dispuesto a entregar a los periodistas con vida pero que la
respuesta del gobierno fue militar: con “más
tropas, más gringos, más militares colombianos en Ecuador, más represión.”
Los narcoguerrilleros
argumentaron que los tres periodistas murieron “en un intento fallido de asalto de las fuerzas militares ecuatorianas
y colombianas en las montañas de la frontera.”
Por último, el Frente Oliver
Sinisterra pidió garantías y la participación de “organismos internacionales” para la entrega de los cadáveres de
los periodistas ecuatorianos.
El comunicado concluye con el
lema: “Nuestra nacionalidad es donde
nacimos… ¡Nuestra patria es América! Y señala “¡Montañas de Colombia!” Como el lugar donde fue redactado.
Las autoridades ecuatorianas
creen que los periodistas fueron ejecutados por disparos de armas de fuego y que
su muerte se produjo en territorio colombiano a donde los condujeron sus
captores.
No obstante, aún no se
recuperaron los cuerpos de los infortunados periodistas, pero la sociedad
ecuatoriana no logra superar su estupor y dolor.
CONCLUSIONES
La tragedia ecuatoriana
demuestra los límites del acuerdo de paz que debían terminar con las
actividades criminales de las FARC.
En realidad, la organización
madre se fragmentó en decenas de pequeños grupos más dinámicos y radicalizados.
Por lo tanto, más peligrosos.
El proceso de paz en Colombia,
que tantos apoyos internacionales recibió y que proporcionó el premio Nobel al
presidente Juan Manuel Santos, en la práctica ha brindado pocos beneficios
reales al pueblo colombiano. Ahora sus perjuicios desestabilizadores se
proyectan a los países de la región, comenzando por Ecuador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario