La Administración del presidente
Donald Trump ha presentado ante el mundo una hoja de ruta estratégica para
Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la instauración de un
gobierno interino bajo supervisión estadounidense.
Contenido:
La
propuesta, estructurada oficialmente en tres fases —estabilización,
recuperación y transición política—, apunta a consolidar el control de
Washington sobre el país caribeño, reorganizar su economía devastada y,
finalmente, encaminarlo hacia un sistema democrático. Pero la ambición del plan
se enfrenta ya a cuestionamientos prácticos y políticos que ponen en duda su
viabilidad y sus efectos en la sociedad venezolana.
Una
estrategia tripartita con el petróleo como eje
Según
declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, a principios de enero de 2026, la
primera fase consiste en “estabilizar” Venezuela para evitar que el
vacío de poder tras la captura de Maduro lleve al país al caos social y
económico. El control del sector petrolero —el corazón de la economía
venezolana— es el instrumento central de esta etapa: Washington ha incautado
decenas de millones de barriles de crudo retenidos y planea venderlos en los
mercados internacionales bajo su supervisión, manteniendo los ingresos en
cuentas controladas por Estados Unidos para “beneficio del pueblo
venezolano” y no de funcionarios corruptos o de grupos armados.
La
segunda fase, denominada recuperación, supone atraer inversión
extranjera —especialmente de empresas estadounidenses y occidentales— para
rehabilitar infraestructura crítica, reconstruir servicios básicos y reinsertar
a Venezuela en la economía global. Paralelamente, Rubio ha señalado que se
comenzaría un proceso de reconciliación interna, que podría incluir amnistías
y la liberación de presos políticos, algo que ha comenzado en el día de hoy,
y el retorno de exiliados.
La
última etapa, la transición política, sería el momento en que se
transferiría gradualmente la autoridad a actores venezolanos mediante un
proceso que todavía no ha sido detallado de manera pública. Esta fase pretende
culminar con elecciones democráticas y con un sistema de gobierno legítimo
reconocido internacionalmente.
Rubio
ha señalado que algunas actividades económicas y políticas de la segunda y
tercera fase podrían solaparse temporalmente, dejando abierta la
posibilidad de que las transiciones no sean estrictamente secuenciales sino, en
cierta medida, simultáneas.
¿Un
plan realista o un armazón sin base local?
La
implementación práctica de esta estrategia enfrenta obstáculos profundos.
En primer lugar, aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha mostrado una
aparente cooperación con Washington, figuras de la cúpula chavista que aún
detentan poder real dentro del aparato militar e institucional venezolano
podrían rechazar categóricamente la entrega de control político y económico.
Rodríguez misma ha negado que Venezuela sea colonia y ha exigido la liberación
de Maduro, al tiempo que el chavismo moviliza estructuras de poder residual en
Caracas.
Además,
varios de los altos jerarcas chavistas siguen requeridos por la justicia
estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, un
factor que complica cualquier negociación de cara a su participación en un
proceso de transición que, por definición, exige ciertas garantías de
legitimidad e inclusión. La reticencia de estos actores a aceptar un plan
sujetado a condiciones judiciales estrictas y a la supervisión de Estados
Unidos podría estancar la agenda antes de que se consolide.
Desde
el punto de vista económico, la idea de controlar indefinidamente las
exportaciones petroleras venezolanas ha sido criticada como una forma de neo-protectorado
económico que podría generar rechazo popular y resistencia tanto dentro
como fuera de los sectores tradicionales. Expertos advierten que el proceso de
reconstrucción de la industria petrolera —de infraestructura colapsada y con
capacidad de producción reducida drásticamente— demandará inversiones a
largo plazo, no solo gestión administrativa.
Una
oposición dividida ante el control estadounidense
La
reacción de la oposición venezolana no ha sido monolítica. Sectores
importantes, incluyendo figuras prominentes que han abogado por elecciones
libres y supervisadas internacionalmente, han expresado cautela ante un plan
que —aunque promete democracia— mantiene al chavismo en el poder durante un
tiempo indefinido y con influencia decisiva de actores externos. Algunos
líderes opositores han advertido que un proceso supervisado desde Washington
podría ser percibido como una sustitución de una hegemonía por otra, más
que como un retorno genuino de soberanía al pueblo venezolano.
Organizaciones
opositoras han señalado también que el tiempo político de Venezuela no puede
estar sujeto estrictamente a los ritmos de la Casa Blanca y que la
expectativa de elecciones y de normalización debe ser gestionada desde adentro
del país, no impuesta desde el exterior. Este escepticismo pone en entredicho
la tercera fase del plan: sin respaldo doméstico amplio, cualquier intento de
transición podría fracasar o, en el peor de los casos, reavivar tensiones que
desemboquen en violencia.
Conclusión:
¿transición, ocupación o transición bajo tutela?
El
plan de tres fases de la Administración Trump representa un enfoque audaz y
profundamente intervencionista que busca combinar estabilidad económica,
reforma institucional y transición política en Venezuela. Sin embargo, la
falta de detalles operativos, la resistencia de sectores chavistas con poder de
facto, las ambigüedades sobre la secuencia de fases y el escepticismo de la
oposición venezolana plantean serias dudas sobre su implementación exitosa.
Más
allá de la retórica de apoyo democrático, el desafío central será responder a
una pregunta crucial: ¿puede Estados Unidos diseñar una salida que devuelva
el protagonismo al pueblo venezolano sin reproducir dinámicas de dominación
externa? La respuesta a esa pregunta marcará no solo el destino inmediato
de Venezuela, sino también el legado histórico del plan que hoy se debate en
Washington y Caracas.
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