El régimen dictatorial y represivo del
chavismo en Venezuela ha hecho de las violaciones a los derechos humanos algo
habitual. Ahora hacer justicia a las víctimas y sancionar a los responsables de
la tortura se presenta como uno de los dilemas centrales de la justicia en una
transición democrática
Contenido:
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“…y la noche no termina en los pasillos”, escribía un sobreviviente de El
Helicoide, la siniestra sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN) en Caracas. Para cientos de opositores, periodistas y defensores de
derechos humanos, esa frase no es metáfora: es la arquitectura —física y
psicológica— de un régimen que ha convertido la tortura en herramienta de
dominación política.
Desde
las protestas masivas de 2014, 2017 y hasta las más recientes, las fuerzas de
seguridad del Estado venezolano han practicado violaciones sistemáticas de
derechos humanos contra quienes disienten del gobierno bolivariano. La
evidencia acumulada por organizaciones internacionales, la ONU y ONG’s es
abundante: detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, violencia
sexual, incomunicación forzada y tratos degradantes han sido documentados con
rigor.
El
Helicoide: de mall futurista a centro de tortura política
El
Helicoide, un edificio de curvas futuristas construido en los años 60, devino
con el chavismo en uno de los centros de detención política más temidos de
América Latina. Hoy funciona bajo control del SEBIN y es referido por víctimas,
abogados y activistas como el principal centro de tortura de Venezuela.
Allí
han sido recluidos, aislados y maltratados opositores prominentes como Freddy
Superlano, coordinador de Voluntad Popular, y el periodista Roland Carreño,
sometidos a incomunicación durante largos períodos sin acceso a defensa legal
ni transparencia judicial.
Los
testimonios recopilados por ONG’s y la propia ONU consignan métodos de tortura
que incluyen golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico,
posiciones de estrés prolongadas y violencia sexual, así como la negación de
atención médica y contacto con el exterior.
Este
patrón estructural de tortura —planificado, sistemático y con múltiples casos
documentados en décadas— recuerda, en su función política y su construcción de
terror, a lugares emblemáticos de represión ideológica del pasado, como la Lubianka
en tiempos de Iósif Stalin en la desaparecida Unión Soviética. Como aquella
sede del NKVD-KGB, El Helicoide ha sido un espacio donde el Estado neutraliza
la disidencia no simplemente por medio del encarcelamiento, sino mediante la
degradación del cuerpo y la mente del opositor.
La
evidencia internacional
Informes
de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la
ONU han concluido que las acciones del Estado venezolano constituyen crímenes
contra la humanidad, destacando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB), el SEBIN y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en una
estrategia coordinada de persecución política desde al menos 2014.
La
represión no ha sido accidental ni aislada: los mecanismos del Estado
venezolano han sido utilizados para intimidar, castigar y neutralizar la
crítica política. Según Amnistía Internacional, cientos de defensores de
derechos humanos, como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y
Kennedy Tejeda, han sido detenidos arbitrariamente y mantenidos en El Helicoide
con violaciones claras al debido proceso.
La
gravedad de estos hechos ha suscitado la apertura de una investigación penal
ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2021 por presuntos crímenes de
lesa humanidad cometidos en Venezuela, aunque la cooperación del régimen ha
sido mínima y ha dificultado avances sustanciales.
Los
nombres detrás de la represión
Los
mecanismos de represión del chavismo no han operado en el vacío. La comunidad
internacional ha identificado a varios funcionares y miembros de las fuerzas de
seguridad como responsables de violaciones graves de derechos humanos:
- Alexander Granko Arteaga, coronel y
jefe de la unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM, ha sido señalado por
múltiples informes de la ONU por su papel en torturas, ejecuciones
extrajudiciales y maltratos dentro de las celdas de la DGCIM. Estados
Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido le han impuesto sanciones
personales.
- Bladimir Lugo Armas, brigadier
general de la Guardia Nacional Bolivariana, ha sido objeto de sanciones
por su implicación en abusos contra periodistas, políticos y civiles
opositores, incluidos arrestos arbitrarios y violencia física directa.
- Altos mandos del SEBIN y DGCIM han
sido incluidos en amplios paquetes de sanciones internacionales por su
papel central en la represión —incluyendo miembros del aparato de
inteligencia y cadenas de mando vinculadas directamente con Maduro— aunque
Venezuela sigue resistiendo cualquier responsabilidad doméstica por estos
crímenes.
Hasta
la fecha no hay constancia pública de notificaciones rojas oficiales de
Interpol emitidas contra altos cargos chavistas por crímenes de derechos
humanos, dado que las notificaciones rojas se gestionan sobre la base de
solicitudes de países o tribunales concretos y en virtud de delitos comunes —no
exclusivos de derechos humanos— y su publicación es restringida a las fuerzas
de seguridad.
Un
caso colateral y polémico ha sido la solicitud del propio régimen chavista para
que Interpol emita una notificación roja contra el líder opositor Leopoldo
López, quien vive en España y es acusado por Caracas de “traición y
conspiración”. Dicha petición fue anunciada por la Fiscalía venezolana, pero
Interpol no ha confirmado su publicación, y organizaciones de derechos humanos
han advertido sobre el uso político de estos mecanismos.
La
trampa de la justicia: ¿castigo o reconciliación?
La
cuestión de castigar a los responsables de torturas y crímenes de lesa
humanidad en Venezuela plantea un dilema clásico de las transiciones desde
regímenes represivos: ¿cómo equilibrar justicia con estabilidad política?
Por
un lado, la rendición de cuentas es esencial para romper con la cultura de
impunidad que ha permitido que las torturas sistemáticas sean parte de la
política estatal. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas,
sino que normaliza la violencia como instrumento político y socava las bases de
una sociedad democrática. La Corte Penal Internacional, a pesar de obstáculos
como la falta de cooperación estatal, sigue siendo un foro clave para
documentar, procesar y eventualmente condenar a quienes han cometido crímenes
atroces contra la población civil.
Sin
embargo, la búsqueda de justicia internacional puede tensar aún más la delicada
transición en Venezuela. El gobierno de Maduro ha utilizado reiteradamente las
amenazas de enjuiciamiento y sanciones internacionales como herramientas de
legitimación interna, presentando a Venezuela como víctima de lo que denomina “injerencia
extranjera”. En este contexto, un proceso de justicia penal internacional
puede ser instrumentalizado por sectores del régimen como un pretexto para
reforzar narrativas de victimización, polarizar aún más la sociedad o
justificar una represión adicional en nombre de la “soberanía nacional”.
Además,
sin una clara separación de poderes ni un sistema judicial independiente, la
persecución selectiva de figuras políticas —aunque sean responsables de graves
abusos— corre el riesgo de ser percibida por amplios sectores como justicia
victoriosa, no justicia legítima. Este riesgo es especialmente elevado en un
país donde las instituciones han sido funcionales al proyecto político
hegemónico del chavismo durante más de dos décadas.
El
largo camino hacia la democracia
En
Venezuela, la justicia y la democracia están entrelazadas con los debates sobre
memoria, verdad y reparación. El registro oficioso de las torturas en El
Helicoide y otros centros de detención no solo documenta abusos; también
simboliza el desafío de una sociedad que debe procesar un pasado reciente de
violencia estatal sin repetirlo.
Desmontar
—o incluso reformar— las estructuras de poder que permitieron estos abusos
implica, a su vez, promover una cultura de legalidad y respeto por los derechos
humanos que hoy brilla por su ausencia. Pero también exige instituciones independientes,
mecanismos mixtos de justicia transicional (verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición) y voluntad política, tanto interna como
internacional, para acompañar un proceso que vaya más allá de la mera
sustitución de nombres en los cargos del poder.
La
cuenta regresiva hacia una Venezuela democrática no puede prescindir de
la memoria de quienes resistieron en las oscuras galerías del Helicoide, ni de
la exigencia de justicia para quienes sufrieron torturas sistemáticas. Pero
tampoco puede obviar que, sin un equilibrio estratégico entre justicia y
reconciliación, la transición estará condenada a repetir las mismas fracturas
que han marcado la historia reciente del país.
El
pasado inmediato de tortura y represión en Venezuela es una página de horror.
El reto democrático de mañana es escribir, sin repeticiones, las páginas de una
justicia verdaderamente universal.
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