Venezuela frente al abismo

 

Los intercambios de disparos registrados en la noche del lunes en las inmediaciones del Palacio de Miraflores no fueron un episodio aislado ni un mero sobresalto urbano. Fueron, más bien, el síntoma audible de un poder que se resquebraja. Tras la detención de Nicolás Maduro y ante la incapacidad de la presidenta Darcy Rodríguez para consolidar el control político y militar, Venezuela se adentra en su fase más peligrosa: la de la fragmentación del Estado, la proliferación de actores armados y la amenaza concreta de una guerra civil que tendría consecuencias devastadoras para toda América Latina.

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La madrugada en Caracas volvió a llenarse del sonido de los disparos y del vuelo de drones. En la zona de Miraflores, corazón simbólico y operativo del poder venezolano, se escucharon intercambios de disparos, se desplegaron unidades armadas sin identificación clara y circularon versiones contradictorias sobre enfrentamientos entre facciones de seguridad. El Gobierno habló de “incidentes controlados”. En los barrios cercanos, la lectura fue otra: algo se está rompiendo en el centro mismo del poder.

Desde una perspectiva estratégica, esos intercambios de disparos adquieren un significado preciso. No se trató de un intento clásico de golpe de Estado ni de una ofensiva coordinada, sino de una señal de fragmentación del monopolio de la fuerza. Cuando distintas unidades armadas operan en un mismo perímetro estratégico sin una cadena de mando unificada y precisa, el mensaje es inequívoco: el Estado ya no controla plenamente su núcleo duro.

La detención de Nicolás Maduro, lejos de cerrar la crisis venezolana, ha abierto un escenario de alta volatilidad. Durante más de una década, el expresidente concentró poder político, control institucional y arbitraje entre facciones militares y económicas. Su caída dejó un vacío que la presidenta Darcy Rodríguez no ha logrado llenar. Su autoridad es formal, pero su capacidad de mando real —en especial sobre las Fuerzas Armadas— es limitada y decreciente.

Los informes que circulan en ámbitos diplomáticos y de seguridad regional coinciden en un punto central: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya no actúa como un bloque cohesionado. Gobernadores militares que responden a intereses locales, comandantes regionales con autonomía operativa y unidades que priorizan la protección de economías ilícitas antes que la obediencia institucional configuran un mapa inquietante. El riesgo no es una sublevación frontal, sino una disolución progresiva del mando.

En ese contexto, el mayor peligro para Venezuela no es un cambio de régimen fallido, sino la implosión del Estado unificado. La experiencia comparada —de Libia a Irak, de Siria a ciertas regiones del Sahel— muestra que cuando cae el poder central sin un reemplazo legítimo y funcional, el territorio se fragmenta. Y cuando eso ocurre, los actores mejor posicionados no son los políticos civiles, sino los grupos armados y las redes criminales.

Venezuela reúne todos los factores de riesgo. Desde hace años, vastas zonas del país funcionan al margen del Estado de derecho. El Arco Minero del Orinoco, las rutas del narcotráfico hacia el Caribe y el Pacífico, y los corredores fronterizos con Colombia y Brasil están controlados por una constelación de actores: organizaciones criminales, disidencias guerrilleras, colectivos armados y estructuras híbridas donde se entrelazan militares, contrabandistas y caciques locales.

La caída de Maduro no desmanteló ese entramado criminal. Por el contrario, amenaza con liberarlo de los últimos mecanismos de coordinación central que aún existían. Desde un enfoque estratégico, este es el escenario clásico previo a una guerra civil de baja intensidad: múltiples focos de violencia, alianzas cambiantes y una población civil atrapada entre poderes armados que compiten por territorio, rentas y legitimidad.

La hipótesis de guerra civil en Venezuela no remite a un conflicto convencional entre dos bandos definidos. Se perfila, más bien, una violencia fragmentada, prolongada y difícil de contener. Un conflicto sin frentes claros, pero con un enorme potencial de contagio regional. América Latina ya conoce los efectos de Estados colapsados: expansión del narcotráfico, tráfico de armas, migraciones masivas y desestabilización política en los países vecinos.

En este tablero, el papel de Estados Unidos ha sido cuidadosamente delimitado en el plano discursivo. El presidente Donald Trump ha evitado cualquier referencia a democracia, elecciones o transición política. Su narrativa es inequívoca: Washington define su accionar como una operación policial ampliada, orientada a cortar el flujo de drogas desde Venezuela y a desarticular redes criminales que, según sus agencias, convirtieron al país en un nodo central del narcotráfico hemisférico.

Trump ha sido igualmente explícito en otro punto clave: el petróleo. La administración estadounidense plantea la gestión y explotación de los recursos energéticos venezolanos a través de empresas estadounidenses como un objetivo estratégico. No se trata, en su discurso, de reconstrucción institucional ni de reconciliación política, sino de seguridad y control de activos. Ese enfoque refuerza la percepción, dentro y fuera de Venezuela, de que el futuro inmediato del país se discute más en términos geoeconómicos que democráticos.

Del lado venezolano, la presidenta Darcy Rodríguez tampoco ha ofrecido señales de distensión. No ha anunciado elecciones, ni una apertura política, ni una amnistía para presos políticos y exiliados. Tampoco ha tendido puentes creíbles hacia una oposición fragmentada y debilitada. Desde el punto de vista estratégico, esta ausencia de horizonte político es un factor multiplicador del riesgo: sin una salida institucional visible, los actores armados ganan centralidad.

El escenario más inquietante es la emergencia de señores de la guerra. Oficiales que controlan regiones, recursos y hombres armados, y que comienzan a presentarse como garantes del orden frente a un poder central vacilante. Venezuela ya ha mostrado indicios de este fenómeno, con mandos militares convertidos en autoridades políticas de facto y con unidades involucradas directamente en economías ilícitas.

Para la región, el deterioro venezolano plantea un dilema de primer orden. Una guerra civil o una balcanización del país tendría efectos inmediatos sobre Colombia, Brasil y el Caribe, pero también sobre el conjunto de América Latina. El éxodo migratorio podría intensificarse de manera dramática y las redes criminales encontrarían un espacio aún más favorable para expandirse.

Los disparos escuchados en Miraflores no fueron solo un episodio de seguridad. Fueron una advertencia. La historia venezolana demuestra que la estabilidad autoritaria puede colapsar de forma súbita cuando se rompe el equilibrio interno de poder. Pero también enseña que la caída de un liderazgo no garantiza, por sí sola, la reconstrucción democrática.

Hoy, el mayor riesgo no es el retorno del autoritarismo clásico, sino algo más caótico y más peligroso: un país sin Estado, disputado por actores armados, convertido en epicentro de inestabilidad continental. Evitar ese escenario exige algo que, por ahora, no aparece en el horizonte: conducción política, acuerdos amplios y control efectivo del monopolio de la fuerza. Sin ello, Venezuela corre el riesgo de deslizarse hacia una guerra civil silenciosa y prolongada, cuyas consecuencias se sentirán mucho más allá de sus fronteras.