martes, 29 de abril de 2025

India y Paquistán: el viejo conflicto de Cachemira se asoma al abismo nuclear


 

El subcontinente indio, una de las regiones más densamente pobladas y sensibles del planeta, vuelve a estremecerse. Tras el brutal atentado en Pahalgam, Cachemira, que dejó 26 muertos —en su mayoría turistas indios—, las tensiones entre India y Pakistán han escalado peligrosamente, reavivando un conflicto que durante décadas ha oscilado entre el enfrentamiento abierto y la tensa calma militarizada.

El atentado que encendió la mecha

El 22 de abril, hombres armados irrumpieron en la popular estación montañosa de Pahalgam. Las víctimas, mayoritariamente hindúes, fueron atacadas en un asalto que evocó los peores años de violencia en Cachemira durante la década de 1990. La reivindicación del ataque por parte del Frente de Resistencia (TRF), un grupo insurgente vinculado a Lashkar-e-Taiba, conocido por su historial de atentados en India, no ha servido para calmar los ánimos. Nueva Delhi señala directamente a Pakistán, acusándolo de seguir patrocinando el “terrorismo transfronterizo”. Islamabad lo niega tajantemente.

Las respuestas no tardaron en llegar: India suspendió unilateralmente el Tratado de Aguas del Indo —un acuerdo vital para la seguridad hídrica de Pakistán desde 1960—, prohibió el acceso aéreo a aerolíneas pakistaníes, redujo su representación diplomática y expulsó a 5.000 ciudadanos paquistaníes residentes den Delhi. Pakistán, por su parte, expulsó diplomáticos indios, cerró su espacio aéreo y advirtió que cualquier manipulación del caudal del Indo sería considerada “acto de guerra”.

Actores e intereses en juego

India: una potencia emergente bajo presión

El gobierno del primer ministro Narendra Modi, inmerso en una campaña electoral anticipada, se enfrenta al reto de mantener su narrativa de fortaleza nacionalista. Desde la revocación en 2019 del estatus de autonomía especial de Jammu y Cachemira, el Ejecutivo indio ha prometido una “normalización” de la región. El atentado, sin embargo, pone en cuestión ese relato y exige una respuesta contundente.

Para Modi, el conflicto también es una cuestión de prestigio internacional. India, convertida ya en la quinta economía del mundo, con un crecimiento del productor bruto interno de entre el 7 y 8% anual, aspira a reformar el multilateralismo global y a obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU​. Ceder ante un atentado sería incompatible con esa ambición.

India tiene una de las industrias de defensa más grandes del mundo después de los Estados Unidos, Rusia, China y Alemania. El país fabrica helicópteros, drones y artillería además de armas ligeras. Al mismo tiempo, India se ha convertido en uno de los principales compradores de armas a nivel mundial debido a la creciente amenaza de seguridad y la necesidad de modernizar su Ejército. La India ha estado invirtiendo en el desarrollo de una fuerza militar moderna y se ha comprometido a aumentar sus compras de armamento para fortalecer su seguridad.

Pakistán: atrapado entre la presión interna y el aislamiento exterior

Pakistán, bajo el liderazgo de Shehbaz Sharif, atraviesa una profunda crisis económica y de legitimidad política. Aislado de sus antiguos aliados árabes, que ahora priorizan la modernización económica sobre el respaldo ideológico, Islamabad ha volcado sus esfuerzos diplomáticos en China e Irán​. Su tradicional estrategia de internacionalizar el conflicto de Cachemira encuentra ahora poco eco en las cancillerías occidentales y árabes.

Para Sharif, aceptar las acusaciones de India sería políticamente suicida en un país donde Cachemira sigue siendo una causa nacionalista transversal. A su vez, responder de manera desproporcionada podría desencadenar una guerra abierta que Pakistán, debilitado, difícilmente podría sostener.

Otros actores: el papel de las grandes potencias

Estados Unidos, en plena redefinición de su política exterior tras el desgaste en Ucrania y Oriente Medio, mantiene una postura ambigua, llamando a la “moderación” pero sin ofrecer una mediación activa. Irán y Egipto han ofrecido sus buenos oficios para una posible negociación, aunque con escasas perspectivas de éxito real​.

China, aliada estratégica de Pakistán pero también rival de India en los Himalayas, observa los acontecimientos con interés pero evita por ahora un involucramiento directo que pueda afectar sus propios planes de expansión económica en Asia meridional.

Aunque India y Pakistán son los protagonistas de esta historia, China también posee una pieza estratégica del rompecabezas. En la parte noreste de la región, Shaksgam y Aksai Chin son administradas por el gigante asiático, pero reclamadas por India. Si bien el valle de Shaksgam apenas está habitado debido a su difícil geografía, Aksai Chin es crucial para la conectividad terrestre entre Tíbet y la región occidental de Xinjiang.

China estableció su control sobre Aksai Chin en la década de 1950 por medio de la construcción de una carretera que unía Xinjiang con Tíbet, atravesando un territorio reclamado por India. Este país se opuso a la presencia china en la zona, y las tensiones se intensificaron hasta la breve pero intensa guerra chino-india de 1962. Después de ese conflicto, China retuvo el control de Aksai Chin y lo ha administrado desde entonces. En los últimos años, Pekín ha ampliado su presencia militar a lo largo de la disputada Línea de Control Real, destinada a demarcar la frontera entre China e India, lo que ha llevado a frecuentes enfrentamientos entre tropas de ambos bandos.

¿Un nuevo conflicto armado?

La dinámica de escalada recuerda peligrosamente a la crisis de Pulwama de 2019, cuando India lanzó ataques aéreos en territorio paquistaní tras otro atentado en Cachemira​. Esta vez, sin embargo, el escenario es aún más inestable: se han destruido los pocos puentes de diálogo que quedaban, incluidos los acuerdos bilaterales de Simla (1972) y el marco de cooperación sobre el agua.

Los analistas temen que un pequeño error de cálculo pueda desembocar en un conflicto mayor entre dos potencias nucleares. La militarización extrema de Cachemira —con más de 750.000 soldados indios desplegados— y la presencia de grupos insurgentes bien armados elevan el riesgo de incidentes imprevisibles.

Además, el retiro de moderadores regionales —como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, centrados en su transformación interna— deja a India y Pakistán sin canales de mediación efectivos​.

Escenarios posibles

1. Escenario más favorable: Contención diplomática y desescalada progresiva

En el mejor de los casos, la presión internacional —particularmente de China, Estados Unidos y la Unión Europea— lograría imponer una lógica de contención. Bajo este escenario, ambas partes aceptarían establecer canales de comunicación de emergencia, quizás a través de Egipto o Irán como mediadores discretos.

India reduciría sus operaciones militares a medidas antiterroristas internas en Cachemira, evitando ataques a gran escala contra Pakistán. Islamabad, a su vez, actuaría para limitar las actividades de grupos insurgentes en su territorio, incluso si es solo de forma simbólica.

Aunque la tensión seguiría latente, se restaurarían parcialmente los acuerdos de cooperación sobre el agua y se reabrirían canales diplomáticos básicos. La violencia disminuiría a niveles "controlados" y ambos países podrían centrarse en sus desafíos económicos internos.

2. Escenario más probable: Conflicto de baja intensidad prolongado

El escenario más probable apunta a una prolongación de la crisis bajo la forma de un conflicto de baja intensidad. En este contexto, se producirían enfrentamientos regulares en la Línea de Control, atentados esporádicos en Cachemira y campañas diplomáticas hostiles en foros internacionales.

Nueva Delhi incrementaría su presencia militar y adoptaría medidas más duras en Cachemira, mientras Islamabad reforzaría su retórica de apoyo a los derechos de los cachemires. La ruptura del Tratado del Indo añadiría nuevas tensiones medioambientales y humanitarias.

Este escenario mantendría a ambos países atrapados en una espiral de desconfianza, sin un conflicto abierto pero con un riesgo constante de escalada accidental.

3. Escenario menos probable: Escalada militar y guerra limitada

En el peor de los casos, un nuevo atentado o un incidente fronterizo grave podría desencadenar ataques militares directos. India podría optar por ataques "quirúrgicos" sobre campamentos de insurgentes en territorio pakistaní, como ya hizo en 2016 y 2019.

Pakistán respondería militarmente para evitar aparecer débil, lo que iniciaría una guerra limitada a Cachemira, con combates terrestres y ataques aéreos. A pesar de la posesión de armas nucleares por ambas partes, los analistas creen que existe un umbral "convencional" antes de cualquier consideración nuclear. Sin embargo, el riesgo de error de cálculo sería extremadamente alto, con consecuencias desastrosas para toda la región.

En este escenario, además del colapso económico y humanitario en ambas naciones, el conflicto podría internacionalizarse si China o Estados Unidos se ven obligados a intervenir de algún modo

sábado, 26 de abril de 2025

Marruecos acelera hacia el futuro


Con el sonido inaugural del silbato ferroviario en la estación de Rabat - Agdal, Marruecos ha vuelto a marcar un hito en su modernización no solo del Reino sino también que impulsa el progreso de todo el continente africano.

Contenido:

El Rey Mohammed VI, acompañado por responsables del Gobierno y directivos del sector ferroviario, dio luz verde, el pasado jueves, a las obras de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Kenitra-Marrakech. Se trata de una infraestructura que no sólo simboliza el progreso técnico del país, sino que refleja una ambición continental: convertir al Reino en un referente africano en movilidad sostenible y conectividad regional.

La futura línea, de 430 kilómetros y con una velocidad prevista de 350 km/h, permitirá unir Tánger con Marrakech en apenas 2 horas y 40 minutos, una hazaña impensable hace una década. El ahorro de tiempo, que llega a superar las dos horas en algunos trayectos, supone una transformación radical de la movilidad y del acceso entre los principales polos económicos y turísticos del país.

La visión de un monarca modernizador

Desde que en 2018 se inaugurara el primer tren de alta velocidad africano —el Al-Boraq, que une Tánger con Casablanca— Marruecos se posicionó como pionero del sector ferroviario en el continente. Detrás de este impulso se encuentra la figura del monarca alauí. El Rey Mohammed VI ha convertido el desarrollo ferroviario en un eje central de su proyecto de país: moderno, integrado y competitivo. Su implicación directa en los lanzamientos, como el de esta nueva LAV, no es casual. Representa una visión estratégica que combina innovación, cohesión territorial y sostenibilidad.

Bajo su liderazgo, Marruecos ha trazado un ambicioso plan de inversiones: 96.000 millones de dirhams (unos 9.600 millones de dólares) destinados no solo a la construcción de nuevas líneas, sino también a la renovación integral de la flota ferroviaria y a la creación de un ecosistema industrial propio. De esta inversión, 53.000 millones serán asignados exclusivamente a la línea Kenitra-Marrakech.

Francia, país que se ha convertido en socio estratégico del proyecto ferroviario marroquí fue el primer Estado en felicitar a Su Majestad el Rey Mohammed VI por el exitoso lanzamiento de este innovador proyecto ferroviario.

“¡Viva la amistad entre Marruecos y Francia!”, se felicitó Macron en sus cuentas oficiales de Instagram y X, aplaudiendo el hecho de que “¡la cooperación franco-marroquí avanza a gran velocidad!”.

“Su Majestad el Rey Mohammed VI inauguró la nueva línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech. Es el resultado concreto de las asociaciones establecidas entre nuestras empresas (en referencia a la Oficina Nacional de Ferrocarriles -ONCF- de Marruecos y la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses -SNCF-) durante mi visita de Estado a Marruecos el pasado octubre”, subrayó el jefe de Estado francés.

Un país sobre raíles

La Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF), verdadero brazo ejecutor del plan ferroviario, ha lanzado un programa sin precedentes para adquirir 168 nuevos trenes, entre los que se incluyen 18 unidades de alta velocidad, 60 lanzaderas rápidas y 50 trenes para redes metropolitanas en Casablanca, Rabat y Marrakech. Estas ciudades, que concentran más del 65 % del PIB nacional, se verán así conectadas de manera más eficaz con los aeropuertos, puertos y zonas industriales del país.

Más allá del impacto sobre los tiempos de desplazamiento, esta nueva red permitirá liberar capacidad en las líneas convencionales, que se reorientarán hacia servicios de cercanías y trenes regionales. La meta es clara: que el tren no sea sólo una opción para los grandes desplazamientos, sino una alternativa cotidiana al automóvil en los entornos urbanos.

Sostenibilidad como principio rector

El componente ecológico es otro de los pilares del proyecto. Gracias a que el 90 % de los trenes operarán con electricidad y bajo criterios de eficiencia energética, se estima que se evitará la emisión de un millón de toneladas de CO al año. El tren se consolida así como la punta de lanza de la descarbonización del transporte en Marruecos, país que aspira a cumplir con los objetivos climáticos globales y a liderar la transición verde en el norte de África.

El Plan Raíl Marruecos 2040, diseñado por la ONCF, pretende extender las líneas de alta velocidad hasta los 1.500 kilómetros y conectar 43 ciudades con más de 100.000 habitantes, 15 aeropuertos internacionales y 12 puertos comerciales. La LAV Kenitra-Marrakech es sólo la primera gran pieza de ese rompecabezas.

Un motor económico nacional

A este esfuerzo estructural se suma la creación de un ecosistema ferroviario industrial local. Más del 40 % del programa será producido con integración marroquí, lo que supondrá la creación de miles de empleos y el surgimiento de nuevas pymes proveedoras del sector. La colaboración con empresas extranjeras —como Alstom (Francia), Hyundai Rotem (Corea del Sur) y CAF (España)— no sólo ha permitido dotar al país de trenes de última generación, sino también formar a centenares de técnicos e ingenieros locales.

La ONCF ha calculado que sólo el plan Cap 2030 generará más de 10.000 empleos directos y multiplicará por cuatro la oferta diaria de trenes, alcanzando los 1.000 servicios diarios. En 2024, el sistema ferroviario marroquí transportó a 53 millones de pasajeros, una cifra que se espera duplicar con la entrada en funcionamiento de las nuevas líneas, en especial ante el desafío logístico que supondrá la organización del Mundial de Fútbol de 2030, compartido con España y Portugal.

Para dimensionar con mayor exactitud la importancia del proyecto ferroviario que está implementando Marruecos basta con señalar que en América Latina y el Caribe no existe ninguna línea ferroviaria de alta velocidad.

Marruecos como hub continental

El impulso de Mohammed VI no se limita al ámbito nacional. Marruecos, gracias a su privilegiada posición geográfica, se perfila como puerta de entrada al África occidental y centro logístico estratégico entre Europa y el continente africano. Las conexiones ferroviarias de alta velocidad refuerzan esa vocación, proyectando la red nacional hacia el futuro corredor magrebí y abriendo el camino a futuras cooperaciones regionales.

El Rey no ha dudado en calificar la alta velocidad como una “palanca económica estratégica”. Una afirmación que ya empieza a tomar forma sobre los raíles y que promete redefinir el mapa del Marruecos del siglo XXI.

 

 

 

jueves, 24 de abril de 2025

La Argentina alienta al optimismo


 

El fin de siete años de cepo cambiario y la reducción de la inflación crean un panorama esperanzador para la Argentina gobernada por el libertario Javier Milei después del desquicio provocado por dos décadas de populismo kirchnerista.

A contracorriente de los vientos proteccionistas que azotan la economía global, y con una región marcada por el estancamiento, Argentina se perfila este 2025 como una excepción de peso en el mapa latinoamericano. El Fondo Monetario Internacional, tradicionalmente escéptico respecto a las variables argentinas, ha tenido que reconfigurar sus previsiones para ubicar al país austral entre las cinco economías con mayor crecimiento del planeta. La causa de esta mutación económica tiene un nombre propio: Javier Milei.

La economía argentina, tras dos años de contracción consecutiva, ha experimentado un rebote sorprendente. El Producto Interior Bruto creció un 5,7% interanual en febrero y el FMI estima un 5,5% de crecimiento total para el año. Aunque aún se trata de una recuperación desde una base baja, el ritmo y el contexto macroeconómico en que se produce son inéditos. La recuperación se da sin recurrir a políticas expansivas tradicionales, ni a controles de precios ni subsidios generalizados, sino más bien con una política de ajuste del gasto fiscal que ha sido tan severa como efectiva.

El fin del cepo

El pasado 11 de abril, el Gobierno de Milei anunció el desmantelamiento del cepo cambiario, vigente desde 2019, y la entrada en vigor de la Fase 3 de su plan económico. Lejos de provocar una corrida cambiaria, el levantamiento fue seguido por una apreciación del peso, que sorprendió incluso a los operadores más optimistas. El tipo de cambio oficial, ahora dentro de bandas de flotación, ha sido entregado al mercado, eliminando la noción de “dólar atrasado” tan arraigada en la historia económica argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, articularon una estrategia que conjuga disciplina fiscal, independencia monetaria y liberalización cambiaria. Esta arquitectura técnica ha logrado estabilizar precios relativos sin desatar la hiperinflación que algunos auguraban. El FMI lo resumió con una fórmula precisa: “ajuste fiscal fuerte y recuperación de la confianza”.

Una macroeconomía sobria

El éxito técnico contrasta, sin embargo, con el estilo político de Milei. Su liderazgo, incendiario en redes sociales y frontal en las formas, ha generado fisuras en el Congreso y tensiones con sectores moderados de la oposición. El desafío es claro: lograr que las reformas estructurales—tributaria, previsional y laboral—no sólo sean aprobadas, sino que adquieran carácter irreversible, aun en caso de alternancia política.

La paradoja argentina reside hoy en su convivencia entre una macroeconomía ortodoxa, digna de manuales liberales, y una praxis política más cercana a los vaivenes de la polarización global. “La brecha más difícil de cerrar ya no es la cambiaria, sino la institucional entre la macro y la política”, señala un asesor gubernamental.

El motor de la recuperación

Detrás del rebote económico destacan sectores puntuales como la gestión financiera (+30,2%), la pesca (+28,3%) y el comercio (+7,4%). La reactivación del crédito, ha revitalizado a las fintech y a la banca tradicional. La minería, otro pilar estratégico, también ha contribuido al nuevo impulso productivo.

No obstante, el crecimiento es desigual. Servicios esenciales como la salud (-0,5%) y la educación (+0,5%) siguen rezagados. El recorte del gasto público, necesario para sanear las cuentas fiscales, ha afectado a las capas más vulnerables, especialmente a los pensionados y trabajadores informales. La pobreza, aunque se redujo sustancialmente del 52,9% heredado del gobierno de Alberto Fernández al 38,1% de la población, una significativa caída de 14,8 puntos porcentuales, aún se mantiene escandalosamente alta.

Perspectivas y desafíos

El plan económico de Milei ha logrado sortear con éxito lo que históricamente ha arrastrado a sus antecesores: una crisis cambiaria con efectos hiperinflacionarios. Hoy, con una brecha cambiaria bajo control, inflación contenida y confianza en ascenso, Argentina ofrece señales de previsibilidad que vuelven a seducir a los inversores.

Pero el gran desafío es la sostenibilidad. Como lo señala Jorge Vasconcelos, economista jefe del IERAL, la estabilidad macro es condición necesaria pero no suficiente. Hace falta una fiscalidad ordenada, un marco laboral moderno y una apertura económica con sesgo productivo. Es decir, el "triángulo del crecimiento sustentable": estabilidad, sustentabilidad fiscal e inserción global.

En octubre, las elecciones legislativas pondrán a prueba el modelo Milei. El presidente deberá demostrar que puede construir mayorías parlamentarias estables sin ceder a la lógica del clientelismo o la improvisación. Por el momento, al menos, todo parece indicar que el gobierno de Javier Milei implementa un cambio estructural en la historia económica argentina.

Conclusión

Argentina parece haber encontrado en Milei una figura capaz de implementar un plan económico coherente y duradero, en un país donde la coherencia ha sido históricamente efímera. Si logra cerrar la brecha entre la institucionalidad técnica y la política, el país podría no solo recuperar terreno, sino marcar el inicio de un nuevo ciclo económico permanente. Si fracasa, el péndulo podría oscilar nuevamente hacia el populismo económico, una trágica historia por demás conocida.

 

miércoles, 23 de abril de 2025

El Tren de Aragua, la megabanda criminal venezolana que pone en jaque a Sudamérica


 

Por Adalberto Agozino

Su crecimiento como organización criminal transnacional ha convertido al Tren de Aragua en la principal amenaza para la seguridad interna de varios países de la región. Desde Venezuela hasta Chile, su presencia se atestigua por el incremento de la violencia, trata de personas y vínculos con otras mafias internacionales.

Contenido:

Una cárcel en Venezuela fue el punto de partida de uno de los grupos criminales más temidos del continente. Lo que nació como una banda de reclusos bajo el mando de un joven asesino conocido como el Niño Guerrero es hoy una estructura delictiva con presencia confirmada en más de diez países y considerada una amenaza mayor que el narcotráfico tradicional. Su nombre: el Tren de Aragua.

Desde su cuartel general en la Cárcel de Tocorón, el grupo fue construyendo un imperio criminal que combinaba la violencia extrema con una sorprendente capacidad de organización. Tocorón, intervenida en septiembre de 2023 por más de 11.000 efectivos venezolanos, no era una cárcel común: dentro de sus muros había una discoteca, campos deportivos, piscina y hasta un zoológico, según las investigaciones judiciales. El líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, (los Estados Unidos ofrecen cinco millones de dólares por información que permita su captura) vivía allí como un capo de película. Hasta que escapó, días antes del operativo, junto a unos 400 de sus hombres. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Pero el Tren de Aragua no desapareció con Tocorón. Al contrario: la banda multiplicó su presencia regional, operando con redes descentralizadas que se replican en barrios pobres, pasos fronterizos y centros urbanos. Hoy se encuentra activa en Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Honduras e incluso Estados Unidos, donde ha sido reconocida como organización terrorista por el gobierno de Donald Trump este mismo año.

Exportando la violencia

Lo que distingue al Tren de Aragua no es solo su expansión geográfica. Es la brutalidad de sus métodos y su capacidad para adaptarse a distintos mercados delictivos. Desde la extorsión a comerciantes en Bogotá hasta la trata de mujeres en Santiago, desde la explotación de mineros ilegales en Venezuela hasta el narcotráfico en alianza con el Primer Comando de la Capital, en Brasil, la organización actúa como una multinacional del crimen.

En Perú, más de 520 integrantes han sido detenidos en los últimos 12 meses. En Chile, el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ejecutado con una precisión que recuerda a los carteles mexicanos, encendió todas las alarmas. En Colombia, su presencia en la frontera con Venezuela ha agravado la violencia en ciudades como Cúcuta y en zonas estratégicas para el contrabando de drogas y armas.

“El Tren de Aragua se instala allí donde el Estado no llega”, afirma un investigador chileno que prefiere mantenerse en el anonimato. “Se alimenta de la desesperación de los migrantes y del colapso institucional que vivimos en muchos países”.

Un sistema, no una banda

A diferencia de otras organizaciones criminales tradicionales, el Tren de Aragua no depende de un único rubro, sino que actúa como una red flexible que se ajusta a las oportunidades del entorno. Extorsión, secuestros, cobros ilegales, microcréditos usurarios, ciberdelitos, robos de viviendas, tráfico de armas, migrantes y drogas: todos estos rubros han sido documentados por organismos como INTERPOL, que lo considera ya una de las “principales amenazas transnacionales del hemisferio”.

Su estructura, al mismo tiempo jerárquica y celular, dificulta su desmantelamiento. Aunque las autoridades han capturado a figuras clave —como “Larry Changa”, uno de los responsables de su expansión en Chile—, la organización se rearma en forma de células locales con alto grado de autonomía.

En paralelo, se integra a redes delictivas preexistentes. En Brasil colabora con el Primer Comando de la Capital; en Colombia, con grupos como el Clan del Golfo; y en Chile, ha tejido lazos con bandas menores, en algunos casos desplazando a las locales con métodos de tortura y represión que recuerdan más a paramilitares que a simples pandilleros.

La amenaza de la fusión criminal

Los analistas advierten de un escenario aún más preocupante: la posible fusión del Tren de Aragua con otras organizaciones más grandes, como forma de supervivencia ante la presión policial. En algunos países ya se observan señales de que miembros de la banda han sido absorbidos por carteles regionales, lo que podría dar lugar a un nuevo actor híbrido, más peligroso y difícil de rastrear.

Mientras tanto, la organización sigue reclutando entre los sectores más vulnerables de la diáspora venezolana. Migrantes sin papeles, sin redes de apoyo, sin protección estatal. Es allí donde el Tren ofrece “seguridad” a cambio de silencio, obediencia o complicidad.

“La clave está en el terror”, señala una fuente policial en Lima. “Controlan barrios enteros sin disparar una bala, solo con su fama. Y cuando actúan, lo hacen con saña. Matan, descuartizan, filman. La idea es que nadie quiera enfrentarlos”.

¿Una respuesta a tiempo?

El desafío que plantea el Tren de Aragua exige más que redadas y detenciones esporádicas. Especialmente, porque una vez detenidos varios integrantes del Ten de Aragua en un mismo penal, al poco tiempo estos criminales toman el control internos de los establecimientos, sobornan o intimidan el personal penitenciario y captan a un grupo de internos y a través de ellos comienzan a cobrar “impuesto penitenciario” al resto de los internos. Por otra parte, los líderes del Tren de Aragua suelen coordinar y dirigir sus negocios ilícitos de fuera del penal desde sus lugares de reclusión sin mayores inconvenientes.

Según un informe de INTERPOL, es necesario un rediseño integral de los sistemas judiciales y penitenciarios de la región, con legislaciones más duras, mayor cooperación transfronteriza y cuerpos policiales blindados contra la corrupción.

Sería conveniente apelar a un conjunto de estrategias de seguridad de tipo radical, tales como el empleo de policías y magistrados “sin rostro”, complementados con penales de alta seguridad similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo, inaugurado en 2023, por el presidente Nayib Bukele, en El Salvador.

Estados como Perú, Ecuador y Argentina han dado un paso simbólico al declarar al Tren de Aragua como organización terrorista. Pero los expertos advierten que la ventana para erradicarlo se está cerrando. Si logra consolidarse, podría transformar zonas vulnerables del continente en territorios gobernados por el crimen, como ya sucede en partes de México o Centroamérica.

En esa dirección, la prioridad parece clara: impedir que el Tren de Aragua eche raíces definitivas en los países donde ya ha puesto un pie. Porque una vez dentro, la historia muestra que es mucho más difícil sacarlo.


Con información de INTERPOL, Insight Crime, CNN, y fuentes judiciales de América Latina.

 

sábado, 19 de abril de 2025

Marruecos refuerza su posición en el Sáhara gracias a una diplomacia estratégica liderada por el Rey Mohammed VI


 

La Propuesta de un Plan para la Negociación de un Estatuto de Autonomía para la Región del Sáhara, presentado por Rabat ante Naciones Unidas, en 2007, sigue cosechando en forma abrumadora respaldos internacionales en un contexto de creciente aislamiento de Argelia.

En una coyuntura diplomática cada vez más favorable para Marruecos y bajo una ofensiva internacional cuidadosamente diseñada por el Rey Mohammed VI, La ropuesta para la Negociación de un Plan de Autonomía para la Región del Sáhara, presentado por Rabat en 2007 ante las Naciones Unidas, gana terreno como única alternativa viable para la resolución de uno de los conflictos más antiguos y artficial del continente africano. La lista de países que han expresado su respaldo se ha convertido en un catálogo de apoyos estratégicos que refuerza, semana tras semana, la posición del Reino Magrebí.

Uno de los últimos en sumarse ha sido una nación árabe y musulana: el Sultanato de Omán. En el marco de la séptima comisión mixta entre ambos países, el ministro de Asuntos Exteriores del Sultanato, Badr Bin Hamad Al Busaidi, anunció desde Rabat que Mascate reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y considera el plan de autonomía como “una base seria y realista” para la resolución definitiva del conflicto. No se trató de una declaración simbólica: el Sultanato anunció su voluntad de abrir consulados en Dajla y El Aaiún, alineándose con potencias regionales como Emiratos Árabes Unidos, Jordania o Comoras que ya han formalizado su presencia diplomática en las provincias del sur.

La arquitectura del Plan de Autonomía

La propuesta marroquí, registrada oficialmente ante la ONU en abril de 2007, se enmarca en una solución política negociada bajo soberanía marroquí y prevé un régimen amplio de autogobierno para la región del Sáhara marroquí. El plan propone que los saharauis administren sus propios asuntos en áreas como la economía, la cultura, el medio ambiente o el desarrollo social, mientras que el Estado marroquí mantendría el control sobre la defensa, la seguridad nacional y las relaciones exteriores.

Este modelo ha sido saludado por numerosos actores internacionales como una “solución seria, creíble y realista” —fórmula que se repite en todos los comunicados oficiales emitidos por los países aliados—. Bajo esa lógica, la resolución 2.756 del Consejo de Seguridad de la ONU (octubre de 2024) ha servido de catalizador para nuevos posicionamientos favorables a Rabat, en un contexto de aislamiento progresivo de Argelia, principal sostenedora del Frente Polisario.

Europa del Este: nuevos respaldos, nuevas dinámicas

En los últimos días, Hungría, Croacia, Moldavia y Estonia han dado un paso al frente en el tablero diplomático. En Chisináu, el ministro moldavo Mihai Popșoi calificó el plan marroquí como “la base más seria y creíble” para una solución duradera. Durante la visita oficial de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, ambos países firmaron cinco acuerdos estratégicos que consolidan sus relaciones bilaterales.

Desde Tallin, Estonia también mostró su respaldo inequívoco. El ministro Margus Tsahkna expresó su entusiasmo por una solución basada en la propuesta de 2007 y animó a otros Estados europeos a sumarse a esta línea política.

En la misma jornada, Hungría reafirmó su compromiso con el plan, dando instrucciones a su embajador en Rabat para visitar la región del Sáhara y evaluar sobre el terreno la situación política y socioeconómica.

Las potencias occidentales: coherencia en el respaldo

España, Francia, Estados Unidos y Reino Unido figuran entre los apoyos más destacados y antiguos al plan de autonomía. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró que la propuesta marroquí es “la base más seria, realista y creíble” para resolver el contencioso, en plena sintonía con las prioridades expresadas por el Gobierno de Rabat y reconocidas por Naciones Unidas.

Francia, por su parte, ha calificado su posición de “intangible”. El Quai d'Orsay recordó, tras una reunión entre Bourita y el ministro francés Jean-Noël Barrot, la carta que el presidente Emmanuel Macron envió a Mohammed VI en julio de 2024, en la que se afirmaba que “el presente y el futuro del Sáhara Occidental se enmarcan en la soberanía marroquí”.

Estados Unidos, aunque con una retórica más discreta, mantiene desde 2020 su reconocimiento explícito a la soberanía marroquí sobre el Sáhara, decisión adoptada bajo la administración Trump y no revertida por el presidente Joe Biden. Fuentes diplomáticas en Nueva York aseguran que Washington “está decidido a cerrar el expediente del Sáhara Occidental” en el marco del 50º aniversario de la Marcha Verde.

Tras la reciente gira del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, por varias capitales europeas, cuatro países europeos, a saber España y Francia reafirmaron su posición constante.

Por su parte, Eslovenia, a través de su viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores, Tanja Fajon, subrayó el viernes que aprecia la iniciativa de autonomía, presentada por Marruecos en 2007, como una buena base para una solución definitiva al diferendo regional sobre el Sáhara marroquí.

Esta posición de Eslovenia, actualmente miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, fue expresada en una conferencia de prensa tras la reunión mantenida en la capital eslovena entre Bourita y Fajon.

Latinoamérica y Centroamérica: Marruecos, socio estratégico

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN), que agrupa a seis países —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana— reiteró en Rabat su pleno respaldo a la integridad territorial de Marruecos. En declaraciones desde la capital marroquí, su presidente, Carlos René Hernández, enfatizó el respeto del organismo a la soberanía de los Estados y elogió los avances en infraestructura, salud y educación en las provincias del sur del Reino.

Este tipo de posicionamiento responde también a la intensa política de cooperación Sur-Sur impulsada por Rabat en la última década, donde Marruecos ha sido percibido como un puente entre África, América Latina y Europa.

Argelia, en la retaguardia

La creciente ola de reconocimientos al plan marroquí representa un revés profundo para la estrategia diplomática argelina. Argel, que durante décadas ha brindado apoyo político, financiero y militar al Frente Polisario, observa cómo varios de sus antiguos aliados se alinean progresivamente con la tesis de Rabat. El caso de Omán ha sido especialmente doloroso: pese a recientes visitas oficiales argelinas a Mascate, el Sultanato optó por apoyar sin ambigüedad la soberanía marroquí.

La diplomacia del rey Mohammed VI

Todo este entramado diplomático encuentra su arquitectura en la figura del Rey Mohammed VI. Desde su ascenso al trono, el monarca ha articulado una política exterior basada en la diversificación de alianzas, la estabilidad institucional y la defensa inquebrantable de la integridad territorial. A través de gestos simbólicos, visitas estratégicas y una diplomacia de desarrollo, ha conseguido situar el conflicto del Sáhara en el centro de las preocupaciones internacionales.

Con cada nuevo respaldo, Marruecos refuerza la percepción de que su propuesta de autonomía no sólo es una oferta de buena fe, sino un modelo exportable de resolución pacífica de conflictos territoriales en el siglo XXI. La batalla por el Sáhara se libra ya no solo en los despachos de la ONU, sino también en cada consulado que abre sus puertas en El Aaiún o Dajla.

El mapa político del Magreb se redefine lentamente, y Marruecos, con su Plan de Autonomía, parece haber convencido a una parte significativa de la comunidad internacional de que la solución al Sáhara no está en la confrontación, sino en el compromiso, el diálogo y la paz. Y ese compromiso tiene un nombre: autonomía bajo soberanía marroquí.

 

martes, 15 de abril de 2025

Sudán, la guerra olvidada



Una cruenta guerra civil azota a la nación sudanesa desde hace dos años con su secuela de víctimas civiles, trece millones de desplazados, violaciones a los derechos humanos y atroces hambrunas ante la criminal indiferencia de las principales naciones. Mientras el mundo clama por los niños palestinos muertos y heridos nadie menciona a los niños sudaneses que mueren de hambre o son reclutados como soldados.

Contenido:

La República de Sudán​ es uno de los cincuenta y cuatro estados que forman el continente africano. Su capital es Jartum y la ciudad más poblada es Omdurmán.

Está situado al noreste de África y comparte frontera con Egipto al norte, con el mar Rojo al noreste, con Eritrea y Etiopía al este, con Sudán del Sur al sur, con la República Centroafricana al suroeste, con Chad al oeste y con Libia al noroeste.

La población de Sudán es una combinación de africanos originarios con lengua madre nilo-sahariana y descendientes de emigrantes de la península arábiga. Debido a un proceso de arabización, común al resto del mundo musulmán, hoy en día la cultura islámica predomina en Sudán.

El país tiene una larga historia, que se remonta a la Edad Antigua, cuando se entrecruza profundamente con el pasado de Egipto, y con el periodo de dominación colonial europea hasta obtener su independencia el 1° de enero de 1956. Sudán sufrió diecisiete años de conflicto armado durante la Primera Guerra Civil Sudanesa (1955-1972), seguidos de conflictos étnicos, religiosos y económicos entre la población del norte árabe-musulmana y la población del sur animista, nilótica-cristiana y negra que desembocaron en la Segunda Guerra Civil (1983-2005).

Debido al continuo desequilibrio político y militar, se llevó a cabo un golpe de Estado en el año 1989 encabezado por el entonces brigadier Omar Hassan Ahmad al-Bashir, quien terminó autoproclamándose, en 1993, presidente de Sudán. La segunda guerra civil terminó tras la firma, en 2005, del Acuerdo General de Paz que supuso la redacción de una nueva constitución​ y le dio autonomía a lo que en aquel momento era la región sur del país. En un referéndum llevado a cabo en enero de 2011,​ dicha región obtuvo los votos necesarios para independizarse, hecho que concretó el 9 de julio de 2011. El nuevo Estado secesionista adoptó la denominación de República de Sudán del Sur.

Desde hace dos años este sufrido Estado africano vive una cruenta guerra civil, en la cual el país más grande de África ha quedado reducido a un campo de batalla sin reglas, sin rumbo y sin testigos. Mientras los combates entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan y las milicias paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo —alias Hemedti— continúan desangrando al país, la comunidad internacional observa en silencio. El precio lo pagan, como siempre, los civiles: más de 13 millones de desplazados, 30 millones en necesidad urgente de ayuda humanitaria y regiones enteras sumidas en la hambruna y el colapso sanitario.

Un conflicto entre generales

El conflicto sudanés no tiene matices. Dos hombres luchan por el poder absoluto en un país donde la democracia fue apenas un espejismo tras la caída de Omar al-Bashir en 2019. Lo que comenzó como una alianza militar contra el autoritarismo terminó devorándose a sí misma tras el golpe de Estado de 2021. Desde entonces, Al-Burhan y Hemedti han convertido Sudán en un tablero de guerra. Las armas sustituyeron al diálogo. Las balas, a las urnas. Y la esperanza, al miedo.

Las FAR, que nacieron como una amalgama de milicias irregulares en la región de Darfur, se consolidaron bajo el mando de Hemedti como una maquinaria autónoma y brutal, con acceso a minas de oro, rutas de contrabando y aliados externos. El ejército regular, en cambio, apuesta por una imagen institucional y el control del espacio aéreo, mientras mantiene el apoyo de países como Egipto y, recientemente, Irán.

En medio de esta pugna, el Estado sudanés se ha disuelto. Ya no existe un Gobierno funcional. No hay justicia, ni servicios, ni seguridad. Solo hay guerra, hambre y muerte.

Un país dividido

Hoy, el norte y el este del país están en manos del ejército. El oeste y el sur, especialmente la región de Darfur, están bajo dominio de las FAR. La capital, Jartum, ha sido escenario de batallas encarnizadas y, tras ser recuperada por las fuerzas de Al-Burhan, ahora es símbolo de un gobierno militar que intenta reorganizarse.

Pero la guerra está lejos de terminar. La región de Darfur se ha convertido en el nuevo epicentro de los combates. Las FAR han intensificado su ofensiva y, según datos de Naciones Unidas, solo en la última semana más de 400 personas murieron en ataques a campos de desplazados como el de Zamzam, en Darfur Norte. La estrategia es clara: consolidar un gobierno paralelo en el oeste del país, controlando cuatro de las cinco capitales de Darfur. Si El Fasher, la última ciudad en disputa, cae, Sudán quedará definitivamente partido en dos.

Mujeres y niños, las víctimas invisibles

El 88% de los desplazados son mujeres y niños, según ACNUR. Son los rostros más invisibles de esta tragedia. Expuestas a la violencia sexual sistemática —documentada por Amnistía Internacional como crimen de lesa humanidad—, a la desnutrición y a la falta total de asistencia médica, muchas de ellas vagan sin rumbo entre fronteras o sobreviven en campos improvisados donde ya no llegan ni medicamentos ni alimentos.

La red sanitaria del país ha colapsado. Más del 70% de los hospitales no funciona. Los centros médicos son tomados por los combatientes. Médicos sin Fronteras ha denunciado el secuestro de personal sanitario por parte de las FAR para atender a sus heridos. Brotes de cólera, sarampión y difteria se extienden sin control. El sistema está tan destruido que muchas operaciones de urgencia ya no se realizan, y enfermedades tratables se convierten en sentencias de muerte.

Indiferencia global

Pese a la magnitud de la crisis, la respuesta internacional ha sido tibia, cuando no inexistente. A dos años del inicio del conflicto, solo el 6,6% de los fondos humanitarios solicitados por Naciones Unidas ha sido cubierto. La ONU no ha conseguido aprobar un embargo de armas integral, pese a las evidencias de crímenes de guerra en ambos bandos. Las principales potencias han evacuado a su personal diplomático y cerrado embajadas, mientras los países vecinos —Egipto, Chad, Sudán del Sur— reciben a millones de refugiados con infraestructuras al límite.

“El mundo ha decidido mirar hacia otro lado”, denuncia Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional. “Vergüenza para los perpetradores, pero también para los gobiernos que permiten que esta barbarie continúe”.

España, por ejemplo, ha destinado apenas 1,5 millones de euros este año a la ayuda humanitaria en Sudán. Una cifra simbólica frente a una catástrofe humanitaria que, según la propia AECID, se ha triplicado en gravedad en los últimos doce meses.

La paz imposible

Ni Al-Burhan ni Hemedti han mostrado voluntad alguna de negociar. Las iniciativas impulsadas por Arabia Saudita, Egipto, la Unión Africana o la ONU han fracasado estrepitosamente. Las treguas duran horas, y cada nuevo intento de diálogo es desmentido a cañonazos.

La reciente conferencia organizada en Londres por la Unión Europea, Francia, Alemania y Reino Unido ni siquiera invitó a las partes en conflicto. El gesto, simbólico, refleja el grado de aislamiento en que han caído los beligerantes… y también el agotamiento de la diplomacia.

Entretanto, las FAR amenazan con lanzar una ofensiva desde Darfur hacia el norte. Atacan infraestructuras clave, como presas y aeropuertos, con drones de dudoso origen. El ejército responde con ataques aéreos masivos. Y el país se desangra.

La revolución traicionada

En 2019, Sudán fue símbolo de esperanza. Una revolución popular, liderada por jóvenes, mujeres y profesionales, tumbó a un dictador que llevaba tres décadas en el poder. Pero la transición democrática naufragó en apenas dos años, arrastrada por los mismos militares que prometieron protegerla. Hoy, aquellos manifestantes están muertos, exiliados o silenciados.

Sudán, cuna de civilizaciones antiguas, vuelve a ser rehén de sus guerras contemporáneas. Una tierra rota por la ambición de sus líderes y la indiferencia del mundo. Una típica tragedia africana sin titulares, pero con millones de víctimas.

 

lunes, 14 de abril de 2025

Los oscuros vínculos del Frente Polisario con el terrorismo


Un informe exclusivo de The Washington Post revela que cientos de mercenarios del autodenominado Ejército Popular Saharaui, brazo armado de los separatistas del Frente Polisario, entrenados por Irán, fueron capturados por el gobierno provisional sirio, después de haber combatido en las filas del exdictador Bashar al-Assad, durante la cruenta guerra civil de Siria.

Contenido:

La caída del régimen sirio de Bashar al-Assad ha desvelado una de las redes más opacas de la geopolítica regional: la colaboración entre la República Islámica de Irán y el Frente Polisario, grupo separatista saharaui con base en los campamentos de Tinduf (Argelia). Fuentes diplomáticas y de inteligencia revelan que este vínculo va más allá del apoyo político y diplomático, incluyendo entrenamiento militar, tráfico de armas y lazos con redes yihadistas en el Sahel.

Según un informe publicado por The Washington Post, las nuevas autoridades sirias han detenido a centenares de combatientes del Polisario en Alepo y otras regiones del país. Estos milicianos, afirman fuentes occidentales, fueron enviados a Siria por Irán y Argelia, con pasaportes argelinos, y recibieron instrucción en técnicas de combate urbano y uso de drones, en colaboración con asesores militares iraníes.

La información ha sido confirmada por el Frente de Salvación Nacional de Siria, cuyos portavoces señalan que al menos 200 militantes del Polisario fueron desplegados en zonas sensibles como Daraa y Sweida, en bases militares controladas por Teherán. En paralelo, documentos obtenidos en antiguos centros de inteligencia sirios revelan la existencia de entrenamientos conjuntos entre el Polisario y la Guardia Revolucionaria iraní, una fuerza clave en la estrategia militar exterior de Irán.

Respecto a Siria, las relaciones entre la dinastía Al-Assad y el Polisario se remontan a 1978. Desde entonces, Damasco ha brindado apoyo diplomático y logístico a la milicia saharaui. Siria, bajo la dictadura de Bashard al-Assad, era además uno de las pocos estados en el mundo que reconocía a la inexistente República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Los vínculos con Teherán

Marruecos ya había roto relaciones con Irán en 2018, tras denunciar que la milicia libanesa Hezbollah, aliada de Teherán, estaba entrenando a combatientes saharauis en los campamentos de Tinduf. El ministro de Exteriores, Nasser Burita, aseguró contar con “pruebas concluyentes” de que diplomáticos iraníes en Argel actuaban como intermediarios entre Hezbollah y el Polisario, facilitando envíos de armas —incluidos misiles SAM-9 y Strela-3— y cursos de táctica de guerra.

La conexión entre el régimen iraní y la causa saharaui no es nueva, pero sí ha adquirido una dimensión más peligrosa en el contexto actual de tensiones en el norte de África. El rearme del Polisario, sus ataques esporádicos contra posiciones marroquíes en el Sáhara y su papel en zonas de conflicto internacional, han desdibujado las fronteras entre insurgencia local y terrorismo internacional.

Del separatismo al yihadismo

El Frente Polisario asesino a 289 ciudadanos españoles durante las décadas de los años 70 y 80. Los pescadores españoles que faenaban en la zona de El Aaiún o los trabajadores que picaban piedras en las minas de fosfato de Fosbucraá fueron aniquilados en masa. Barcos con toda la tripulación pasada a machete, secuestros, torturas físicas y psicológicas o fusilamientos con ráfagas de ametralladora eran algunas de las desastrosas “postales” que dejaron los terroristas separatistas que nunca fueron debidamente investigadas ni sancionadas, según afirma la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE).

Uno de los casos más paradigmáticos, registrados recientemente, es el de Adnan Abu Walid al-Sahraoui, antiguo miembro del Polisario y fundador del grupo Estado Islámico en el Gran Sáhara. Desde 2015, al-Sahraoui lideró ataques en Mali, Burkina Faso y Níger, incluidos atentados contra tropas francesas, nigerinas y estadounidenses. Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por su captura antes de su muerte en 2021.

Fuentes marroquíes y europeas han advertido que los campamentos de Tinduf se han convertido en un “caldo de cultivo” para la radicalización. El propio Mohamed Lamin Buhali, exministro de Defensa de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), admitió en una entrevista al diario ABC la presencia de al menos 25 saharauis en las filas de Al Qaeda y otros grupos salafistas en el Sahel.

Un informe del Instituto Flamenco para la Paz, una prestigiosa institución financiada por la Unión Europea, vincula además al Polisario con el tráfico de armas procedentes del colapso del régimen de Muhammad Gadafi en Libia. Fusiles, lanzacohetes y otros pertrechos fueron redistribuidos por miembros del grupo saharaui, algunos de los cuales combatieron como mercenarios en la guerra civil libia.

El Congreso de EE UU considera designar al Polisario como grupo terrorista

La escalada de denuncias ha llevado a sectores del Congreso estadounidense a considerar la clasificación oficial del Frente Polisario como organización terrorista extranjera. Joe Wilson, congresista republicano y miembro del Comité de Relaciones Exteriores, ha promovido un proyecto de ley que respalda exclusivamente el plan de autonomía marroquí y denuncia la “conexión directa” del Polisario con Irán y grupos radicales.

“El verdadero camino hacia la paz en la región pasa por una autonomía real bajo soberanía marroquí”, declaró Wilson tras reunirse con el ministro marroquí Nasser Bourita. Según el congresista, el Polisario “amenaza la seguridad del norte de África y de aliados estratégicos como España y Francia”.

España y Europa en alerta

El Ministerio de Defensa español ha advertido en varias ocasiones sobre el riesgo de atentados y secuestros en la región de Tinduf y otras zonas del Sahel. En 2011, tres cooperantes europeos —la madrileña Ainhoa Fernández Rincón, el mallorquín Eric Gonyalons y la italiana Rossella Urru— fueron secuestrados en Rabuni, sede administrativa del Polisario en Argelia, por elementos del grupo en colaboración con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Fueron liberados tras el pago de un rescate que no fue oficialmente cuantificado.

Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ya había advertido en 2008 sobre el desvío sistemático de ayuda humanitaria en Tinduf, en colaboración entre altos cargos del Polisario y autoridades argelinas, lo que refleja la economía paralela en que se sustenta parte de la estructura saharaui.

Mauritania sufre la presión separatista

Mauritania, vecina de la zona en conflicto, ha recibido también presiones directas por parte del Polisario. El 23 de noviembre de 2023 se presentó en Nuakchot, una delegación del Frente Polisario encabezada por Mohamed Salem Ould Salek entregó al presidente Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani una carta del secretario general del Polisario, Brahim Ghali, en la que advertía que la estabilidad regional dependía del “respeto a las fronteras”. Fuentes diplomáticas interpretan esta misiva como una amenaza velada en caso de que Nuakchot refuerce sus lazos con Rabat.

¿Hacia una redefinición internacional del Polisario?

El Frente Polisario ha evolucionado, según múltiples informes, desde un movimiento de liberación nacional hacia un grupo terrorista internacional con ramificaciones en el crimen organizado, el yihadismo y las alianzas geopolíticas más controvertidas del mundo árabe. Sus vínculos con Irán, Hezbollah y grupos salafistas en el Sahel ponen en cuestión su legitimidad como representante de la minoría saharaui retenida en Tinduf.

La comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y Naciones Unidas, enfrenta ahora el desafío de revisar su postura ante un grupo terrorista que, bajo el amparo de una falsa causa identitaria, participa activamente en redes de desestabilización regional. En este escenario, ignorar la evidencia ya no es una opción.