Crisis de gobernabilidad en Ecuador

 

Acorralado por el Parlamento que impulsaba su destitución mediante un juicio político por corrupción, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso renunció, disolvió a la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones generales.

Contenido

Acosado por los legisladores opositores (especialmente los seguidores del expresidente Rafael Correa) que controlaban el poder legislativo, la Asamblea Nacional, y que amenazaban con destituirlo mediante un juicio político por corrupción, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso decidió renunciar, clausurando al mismo tiempo al Parlamento y convocando a elecciones generales.

En esta forma, Lasso se convierte en el cuarto presidente ecuatoriano que no puede concluir su mandato presidencial en los últimos 36 años. Lo mismo ocurrió anteriormente, en 1997 a Abdala Bucaram, en 2000 a Jamil Mahuad, en 2005 a Lucio Gutiérrez y ahora al actual mandatario.

Lasso apeló al artículo 148 de la constitución de 2008 que faculta al presidente durante los primeros tres años de su mandato (el mandato de Lasso comenzó el 24 de mayo de 2021) y por única vez a disolver a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales.

El artículo 148 condiciona la disolución del Parlamento bajo alguna de las siguientes circunstancias: que la Asamblea “se hubiese arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional”, y, en segundo caso: “si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo”.

La tercera causal, que es precisamente la que invocó Lasso, se refiere a la existencia de una grave crisis política y conmoción interna”.

La constitución también establece que, en un plazo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, deberá convocar a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años hasta 2025.

Hasta la instalación de las nuevas autoridades electas, el presidente Lasso podrá gobernar hasta seis meses a través de decretos – ley únicamente en materia de urgencia económica.

Es la primera vez, en quince años de vigencia, que un presidente implementa el mecanismo de “muerte cruzada”.

Lasso debió apelar al mecanismo de muerte cruzada debido al continuo hostigamiento de la Asamblea Nacional, un cuerpo legislativo de 137 miembros distribuidos en diez bancadas y donde tan sólo 25 legisladores apoyaban al primer mandatario.

En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso, en medio de violentas protestas y huelgas indígenas contra el alto costo de vida, que arrojaron un saldo de al menos 20 muertos. Los legisladores opositores fracasaron en su intento de reunir los 92 votos necesarios, les faltaron 12 votos.

En los últimos días, los legisladores opositores llevaban a cabo un nuevo intento de destitución mediante un juicio político.

Los legisladores acusaban a Lasso de malversación de fondos públicos, lo que ha sido negado por el presidente y la oposición tampoco ha podido probar.

El juicio político está relacionado con un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas Tanker Pool, una compañía internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.

Aunque el caso se remonta a 2018, cuando aún gobernaba Lenin Moreno, al mandatario se le señala de haber firmado un nuevo contrato con la firma internacional el año pasado, a pesar de que la Contraloría General del Estado emitió un informe en 2021 señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar “la conveniencia y pertinencia de continuar” con la asociación.

Las pérdidas del sector público podrían haber sido de unos seis millones de dólares, según indicó el asambleísta Esteban Torres, uno de los interpelantes, en la sesión del pleno del Parlamento el martes donde arrancó el juicio político.

En esa misma sesión, la legisladora Viviana Veloz, otra de las interpelantes, mostró un video del vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPEC, quien declaró que en el Gobierno de Lasso sí se firmaron contratos con Amazonas Tanker Pool, pero no aportó pruebas de ello.

Frente a estas denuncias, Lasso declaró ante el Parlamento el martes, donde acudió a defenderse, que “no hay contratos ni adendas firmados” por su Gobierno.

En su alocución este miércoles añadió que el juicio político es “un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo”; y que los legisladores han hecho "lo que sea" para “alcanzar su objetivo” de destituirlo.

 

Más allá de las alegaciones de las partes, la oposición en el Parlamento en esta ocasión sí contaría con los 92 votos necesarios para destituir al presidente, por lo cual Lasso decidió anticiparse a la votación en la Asamblea Nacional implementando la “muerte cruzada” para evitar pasar a la historia como un presidente destituido por corrupto.

 

Desde el comienzo de su mandato, el presidente ecuatoriano, un empresario conservador y promercado, de 67 años, ha enfrentado revueltas carcelarias, ataques de los narcotraficantes y violentas protestas organizadas por la poderosa Confederación Nacional Indígena de Ecuador (CONAIE) y ha tenido que declarar el estado de emergencia en varias regiones del país, llegando incluso a permitir la libre portación de armas por parte de la población civil para frenar los crímenes violentos.

 

No obstante, durante el actual gobierno, el Ecuador ha registrado algunas de las tasas de homicidios cada 10.000 habitantes más latas de América Latina y no ha podido frenar la expansión de las bandas del narcotráfico ni solucionar la crisis de seguridad pública.

 

Finalmente, en abril pasado, Lasso declaró a los grupos criminales organizados como bandas terroristas, declaración que permitió a las fuerzas armadas intervenir en la lucha contra el narcotráfico.

 

Las elecciones

 

Si bien no hay fechas oficiales, ha trascendido que los comicios se realizarían el próximo 20 de agosto y la segunda vuelta presidencial, de ser necesaria, se llevaría a cabo el 15 de octubre y las nuevas autoridades asumirían sus cargos en los primeros días de noviembre.

 

El presidente Lasso puede ser nuevamente candidato, pero su muy bajo nivel de popularidad afecta las posibilidades de retener el gobierno.

 

Todos los observadores aprecian que la decisión presidencial de apelar a la “muerte cruzada” terminará favoreciendo a las fuerzas correístas, que responden al expresidente prófugo de la justicia y asilado en Bélgica, Rafael Correa (2007 – 2017), quienes resultaron vencedoras en los últimos comicios municipales y provinciales.

 

En esta forma Ecuador será el tercer país de Sudamérica en concurrir a las urnas para elegir presidente además de Paraguay (abril) y Argentina (octubre) y, además Guillermo Lasso se suma a los presidentes de la región que dejan sus cargos con serias acusaciones y hasta condenadas por corrupción: Dilma Rousseff, Luis Inacio “Lula” da Silva o Cristina Fernández de Kirchner.

 

Crisis de gobernabilidad en Ecuador

Por el Dr. Adalberto C. Agozino

Acorralado por el Parlamento que impulsaba su destitución mediante un juicio político por corrupción, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso renunció, disolvió a la Asamblea Nacional y convocó a nuevas elecciones generales.

Contenido

Acosado por los legisladores opositores (especialmente los seguidores del expresidente Rafael Correa) que controlaban el poder legislativo, la Asamblea Nacional, y que amenazaban con destituirlo mediante un juicio político por corrupción, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso decidió renunciar, clausurando al mismo tiempo al Parlamento y convocando a elecciones generales.

En esta forma, Lasso se convierte en el cuarto presidente ecuatoriano que no puede concluir su mandato presidencial en los últimos 36 años. Lo mismo ocurrió anteriormente, en 1997 a Abdala Bucaram, en 2000 a Jamil Mahuad, en 2005 a Lucio Gutiérrez y ahora al actual mandatario.

Lasso apeló al artículo 148 de la constitución de 2008 que faculta al presidente durante los primeros tres años de su mandato (el mandato de Lasso comenzó el 24 de mayo de 2021) y por única vez a disolver a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales.

El artículo 148 condiciona la disolución del Parlamento bajo alguna de las siguientes circunstancias: que la Asamblea “se hubiese arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional”, y, en segundo caso: “si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo”.

La tercera causal, que es precisamente la que invocó Lasso, se refiere a la existencia de una grave crisis política y conmoción interna”.

La constitución también establece que, en un plazo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, deberá convocar a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años hasta 2025.

Hasta la instalación de las nuevas autoridades electas, el presidente Lasso podrá gobernar hasta seis meses a través de decretos – ley únicamente en materia de urgencia económica.

Es la primera vez, en quince años de vigencia, que un presidente implementa el mecanismo de “muerte cruzada”.

Lasso debió apelar al mecanismo de muerte cruzada debido al continuo hostigamiento de la Asamblea Nacional, un cuerpo legislativo de 137 miembros distribuidos en diez bancadas y donde tan sólo 25 legisladores apoyaban al primer mandatario.

En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso, en medio de violentas protestas y huelgas indígenas contra el alto costo de vida, que arrojaron un saldo de al menos 20 muertos. Los legisladores opositores fracasaron en su intento de reunir los 92 votos necesarios, les faltaron 12 votos.

En los últimos días, los legisladores opositores llevaban a cabo un nuevo intento de destitución mediante un juicio político.

Los legisladores acusaban a Lasso de malversación de fondos públicos, lo que ha sido negado por el presidente y la oposición tampoco ha podido probar.

El juicio político está relacionado con un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas Tanker Pool, una compañía internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.

Aunque el caso se remonta a 2018, cuando aún gobernaba Lenin Moreno, al mandatario se le señala de haber firmado un nuevo contrato con la firma internacional el año pasado, a pesar de que la Contraloría General del Estado emitió un informe en 2021 señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar “la conveniencia y pertinencia de continuar” con la asociación.

Las pérdidas del sector público podrían haber sido de unos seis millones de dólares, según indicó el asambleísta Esteban Torres, uno de los interpelantes, en la sesión del pleno del Parlamento el martes donde arrancó el juicio político.

En esa misma sesión, la legisladora Viviana Veloz, otra de las interpelantes, mostró un video del vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPEC, quien declaró que en el Gobierno de Lasso sí se firmaron contratos con Amazonas Tanker Pool, pero no aportó pruebas de ello.

Frente a estas denuncias, Lasso declaró ante el Parlamento el martes, donde acudió a defenderse, que “no hay contratos ni adendas firmados” por su Gobierno.

En su alocución este miércoles añadió que el juicio político es “un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo”; y que los legisladores han hecho "lo que sea" para “alcanzar su objetivo” de destituirlo.

 

Más allá de las alegaciones de las partes, la oposición en el Parlamento en esta ocasión sí contaría con los 92 votos necesarios para destituir al presidente, por lo cual Lasso decidió anticiparse a la votación en la Asamblea Nacional implementando la “muerte cruzada” para evitar pasar a la historia como un presidente destituido por corrupto.

 

Desde el comienzo de su mandato, el presidente ecuatoriano, un empresario conservador y promercado, de 67 años, ha enfrentado revueltas carcelarias, ataques de los narcotraficantes y violentas protestas organizadas por la poderosa Confederación Nacional Indígena de Ecuador (CONAIE) y ha tenido que declarar el estado de emergencia en varias regiones del país, llegando incluso a permitir la libre portación de armas por parte de la población civil para frenar los crímenes violentos.

 

No obstante, durante el actual gobierno, el Ecuador ha registrado algunas de las tasas de homicidios cada 10.000 habitantes más latas de América Latina y no ha podido frenar la expansión de las bandas del narcotráfico ni solucionar la crisis de seguridad pública.

 

Finalmente, en abril pasado, Lasso declaró a los grupos criminales organizados como bandas terroristas, declaración que permitió a las fuerzas armadas intervenir en la lucha contra el narcotráfico.

 

Las elecciones

 

Si bien no hay fechas oficiales, ha trascendido que los comicios se realizarían el próximo 20 de agosto y la segunda vuelta presidencial, de ser necesaria, se llevaría a cabo el 15 de octubre y las nuevas autoridades asumirían sus cargos en los primeros días de noviembre.

 

El presidente Lasso puede ser nuevamente candidato, pero su muy bajo nivel de popularidad afecta las posibilidades de retener el gobierno.

 

Todos los observadores aprecian que la decisión presidencial de apelar a la “muerte cruzada” terminará favoreciendo a las fuerzas correístas, que responden al expresidente prófugo de la justicia y asilado en Bélgica, Rafael Correa (2007 – 2017), quienes resultaron vencedoras en los últimos comicios municipales y provinciales.

 

En esta forma Ecuador será el tercer país de Sudamérica en concurrir a las urnas para elegir presidente además de Paraguay (abril) y Argentina (octubre) y, además Guillermo Lasso se suma a los presidentes de la región que dejan sus cargos con serias acusaciones y hasta condenadas por corrupción: Dilma Rousseff, Luis Inacio “Lula” da Silva o Cristina Fernández de Kirchner.