El Estado plurinacional de Bolivia ha entrado en una
crisis económica e institucional, producto del habitual agotamiento del modelo
populista latinoamericano, con un final incierto.
El modelo populista boliviano ha cumplido el habitual
ciclo de dispendio desenfrenado, malas inversiones y corrupción. Ahora enfrenta
las inevitables consecuencias de estás políticas.
El populismo llegó a Bolivia en 2006, cuando el líder
cocalero Evo Morales se convirtió en presidente. El país inició una época de
prosperidad aprovechando los altísimos precios de las materias primas que
exportaba.
Además, la economía del país del Altiplano se veía
beneficiada con la exportación de sus pobres y la recepción de las remesas que
envían los emigrantes. La población de Bolivia es de algo más de 12 millones de
habitantes. Según Naciones Unidas, los bolivianos distribuidos por el mundo son
870.000, pero esta cifra está superada en todas las estimaciones reales que
hablan de siete millones de bolivianos residiendo en el extranjero.
La mayor cantidad de emigrantes bolivianos reside en
Argentina. Según el censo argentino realizado en 2022 los bolivianos residentes
serían 345.000. Pero esta cifra posiblemente refleje tan solo los bolivianos
con residencia legal en Argentina, porque la Federación de Asociaciones
Bolivianas (FACBOL) estima entre 2 y 3 millones los bolivianos que viven en el
país del Plata. Tan sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano
residirían 1,5 millones de bolivianos.
Luego siguen, como importantes receptores de migración
boliviana: los Estados Unidos y España en ese orden.
La gran mayoría de los miembros de la colectividad
boliviana son gente sumamente trabajadora dedicados a la producción y
comercialización de productos de huerta en los medios rurales y en las ciudades
a trabajar en la industria textil y de la construcción. Sin embargo, también es
necesario destacar que muchos son beneficiarios de planes sociales (subsidios
del Estado argentino) y una minoría están ligados al narcotráfico.
En Bolivia, la etapa de prosperidad, entre 2006 y 2014,
fue desaprovechada con dispendiosos gastos sociales, inversiones caprichosas e
improductivas y corrupción, mucha corrupción.
Ejemplo de este despilfarro fueron los U$S 127,7
millones de dólares saqueados del fondo indígena, las construcciones
inservibles como un museo para el presidente Morales, la Villa Olímpica de
Cochabamba o comprar las conciencias de empresarios, periodistas y “otras
yerbas”.
Entre 2014 y 2019, durante el gobierno de Evo Morales,
cuando Luis Arce oficiaba de ministro de Economía y Finanzas, se gastaron o
invirtieron U$S 8.625 millones de dólares de las reservas del país, que a
comienzos de 2014 alcanzaban a U$S 15.500.- millones y constituían casi la mitad
del PBI boliviano.
La crisis actual se desató por problemas políticos en
Santa Cruz, el motor industrial y agroganadero del país, el creciente déficit
fiscal y el enorme presupuesto estatal, donde los bolivianos deben pagar por
funcionarios y empresas públicas totalmente deficientes e inútiles, que en
lugar de mejorar y simplificar la vida de los ciudadanos la empeoran.
Aunque, por el momento, la economía de Bolivia debería
ser estable; porque la inflación interanual de 2022 fue de tan solo 3% la menor
de América Latina, la cotización del dólar de 6,89 era estable desde 2011 y alrededor
del 90% de los depósitos y créditos están nominados en la moneda nacional.
Sin embargo, las reservas del Banco Central de Bolivia,
que el 24 de enero de 2023 se habían reducido a 620 millones, pasaron a ser de
tan solo 372 millones el 8 de febrero. Arce espera que Argentina pague una
deuda de 600 millones de dólares generada por sus compras de gas natural, algo muy
poco probable debido a los problemas de reservas en dólares que también
enfrenta el gobierno de Alberto Fernández.
Después de años en que los ingresos provenientes de
las exportaciones de gas cimentaron la prosperidad de Bolivia, el hecho que
detonó la actual crisis del modelo populista boliviano ha sido el incremento de
las importaciones de combustibles, que en 2022 llegaron a ser de U$S 4.200.- millones
de dólares, el 32% de las importaciones totales. Al mismo tiempo, las
exportaciones de gas solo fueron de U$S 3.400.- millones de dólares, lo que
convirtió a Bolivia, después de muchas décadas, en importador de hidrocarburos.
Debido en gran medida al agotamiento de yacimientos que redujo la producción de
gas a un tercio de lo que generaban en 2014.
Como reflejo de la crisis actual, la calificadora de
riesgo estadounidense JP Morgan que en enero situaba el riesgo país de Bolivia
en los 564, sesenta días más tarde lo sitúa por encima de los 1.000 puntos.
Mientras que Fitch Rating disminuyó las calificaciones de incumplimiento de
emisor de largo plazo para moneda extranjera y local de “B” a “B-“,
pasó de la calificación de “estable” a “negativa” y reveló que el
gobierno había empleado los Derechos Especiales de Giro (DEG).
El Banco Central se vio obligado a vender dólares al
cambio oficial porque los bancos privados no los tenían, pero solo en
cantidades reducidas e insuficientes (hasta U$S 500.- por persona y por única
vez) y solamente en la ciudad de La Paz, lo que provocó que en el resto del
país surja una cotización más alta, constituyendo una devaluación de facto,
después de once años de cambio fijo.
Al mismo tiempo, se produjo un brusco retiro de fondos
de los ahorristas del Banco Fassil (sospechado de estar formado por capitales
venezolanos y argentinos) y se formaron colas, desde las 4.00 horas de la
mañana, en las puertas de todos los bancos en la ciudad de Santa Cruz.
La falta de dólares es un problema que paraliza las
actividades informales, que en Bolivia constituyen el 85% de la actividad
económica. Los trabajadores y pequeños comerciantes informales son en esencia contrabandistas
que traen productos de los países vecinos.
Los importadores legales de insumos industriales deben
formar las mismas colas con los contrabandistas y no pueden pedir montos
mayores. Durante el año 2022, las importaciones bolivianas demandaron 13.049
millones de dólares a un promedio de 1.087 millones por mes.
La oposición
Mientras se incrementan los problemas económicos, el
presidente Luis Arce enfrenta una enconada disputa por el poder con su antiguo
mentor Evo Morales quien lo acusa de corrupto y con la oposición. Arce y
Morales han pasado del amor al odio, proporcionando un ejemplo más de que los
gobiernos por procuración no acaban bien. Tal como pueden atestiguarlo: Lenin
Moreno y Correa en Ecuador o Alberto Fernández y Cristina Kirchner en
Argentina.
Las acusaciones de Morales aluden al hijo de Arce, que
estaría haciendo una fortuna con las compras de combustibles que hace al
exterior la empresa estatal del petróleo, YPFB, por las que paga a las empresas
proveedoras elevadas “comisiones”. YPFB paga actualmente entre U$S 300 y 400
dólares de comisión a las empresas proveedoras por metro cúbico de gasolina o
diésel importada, a pesar de que en 2021, esa comisión era solamente de U$S 13
dólares.
Los partidarios de Arce y de Morales, además
intercambian frecuentes acusaciones sobre vínculos con el narcotráfico y
negociados en el manejo de la explotación del Litio que involucran a China y al
millonario estadounidense Elon Musk.
Arce no ha dudado en aplicar mano dura a los
opositores internos. La justicia está procesando a la expresidenta Jeanine Áñez
por haber realizado un “golpe de Estado” destituyendo al entonces
presidente Evo Morales, luego de que este implementara una elecciones
consideradas fraudulentas por la OEA. Arce también ordenó el encarcelamiento bajo
la acusación de terrorismo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho
y de al menos otros 130 presos políticos.
Las dos fuerzas opositoras “Comunidad Ciudadana”,
que tiene como referente al expresidente Carlos Mesa y “Creemos”,
liderado por Camacho, han hecho denuncias de persecución política tanto a nivel
nacional como internacional.
Los problemas internacionales
También la política internacional populista del
presidente Luis Arce enfrenta problemas. Arce instruyó a su embajador en
Naciones Unidas para que apoye a Rusia en los debates sobre la invasión a
Ucrania y se niega a condenar los crímenes de la dictadura de Nicaragua.
Además, Arce se ha recostado en sus vínculos con Cuba,
Irán, el Nuevo Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla.
En esta forma, la política exterior de Bolivia gira en
torno a sus compromisos ideológicos y la margina de muchas naciones prósperas
que podrían aportarle capitales, créditos y tecnología para su desarrollo.
Por otra parte, el gobierno de Luis Arce enfrenta
tensiones en sus fronteras con Perú y Chile.
Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas
desde 1978, cuando rompieron los últimos vínculos debido al reclamo boliviano
de una salida al mar.
Bolivia reclama a Chile los 400 kilómetros de costa y
128.800 kilómetros cuadrados de territorio que Chile le arrebató durante la
Guerra del Pacífico (1879 – 1884). Los límites internacionales actuales provienen
del tratado de 1904, en el cual Bolivia, tras ser derrotada, debió ceder su
Departamento del Litoral a Chile convirtiéndose en un país sin salida al mar.
Las actuales tensiones se deben al flujo de migrantes
irregulares desde Bolivia a Chile. Un flujo continuo de unas 400 personas
indocumentadas de diversos países que llegan a Chile a través de la frontera
con Bolivia.
Las autoridades chilenas calculan que unas 21.553
personas ingresaron caminando a Chile el año pasado a través de Colchane, una
comuna fronteriza en la norteña región de Tarapacá de 1.680 habitantes, situada
a unos dos kilómetros del límite internacional.
Los migrantes indocumentados provienen en su mayoría
de Venezuela, pero también de Colombia, Haití y El Salvador (incluso
integrantes de organizaciones criminales, como las Maras, que buscan escapar a
la persecución del gobierno Nayib Bukele).
El gobierno de Luis Arce expulsa a los caminantes del
éxodo venezolano por ser críticos de Nicolás Maduro y de la revolución chavista.
Mientras que el gobierno de Gabriel Boric, que
pretende “proteger su frontera para asegurar una migración que sea regular,
segura y ordenada”, recurre al procedimiento de deportar a los migrantes irregulares,
pero choca con la negativa de los gobiernos de Venezuela y Bolivia de
recibirlos.
El gobierno boliviano alega que no existe un acuerdo
bilateral para la “reconducción de migrantes”. Por lo que, el
vicecanciller boliviano Freddy Mamani ha señalado que “esos temas deben ser
abordados con las autoridades de las nacionalidades de la migración de origen,
evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda
vulnerar derechos humanos.”
Por el momento, el gobierno de Gabriel Boric ha
enviado seiscientos militares a controlar la frontera con Bolivia y ha
instalado cámaras térmicas y mejorado las comunicaciones satelitales para la
detección a distancia de personas y para el monitoreo de la zona. Pero el
diferendo sigue abierto.
Con Perú el conflicto se inició con el desplazamiento
del presidente golpista Pedro Castillo y la instalación del gobierno presidido por
Dina Boluarte. El nuevo gobierno peruano ha impedido el ingreso a su territorio
de Evo Morales y cerró su frontera con Bolivia desde principios de enero.
El gobierno boliviano por su parte se niega a
reconocer a Boluarte y demanda la liberación y restitución en el cargo del
expresidente Pedro Castillo.
El
cierre de la frontera común perjudica el comercio bilateral, pero,
especialmente los flujos ilegales de pasta base de coca y de sulfato de cocaína
que llegan de Perú a Bolivia regularmente, junto con oro de la minería ilegal.
Las
cargas ilegales recorren el territorio de la provincia de peruana de Puno,
desde el río amazónico Madre de Dios hasta las márgenes del lago Titicaca, a
4.000 metros sobre el nivel del mar. Incluidos los embarques provenientes del
Valle de los Ríos Apurimac, El Ene y Mantaro (VRAEM), donde opera el grupo
narcoterrorista PCP- Sendero Luminoso controlando el negocio de la coca, la
droga y el oro.
En
Puno la mayoría de la población pertenece a la etnia andina aymará, muy
extendida también en Bolivia, por lo cual la injerencia de los dirigentes
cocaleros del Chapare boliviano que responden a Evo Morales y los llamados “Ponchos
Colorados” del Movimiento al Socialismo, así como el tráfico de armas y
municiones desde Bolivia han disparado las denuncias del gobierno peruano y de
los parlamentarios de ese país que han advertido la presencia de ciudadanos
bolivianos en las protestas.
Algunos
de esos parlamentarios dijeron que los bolivianos enviados desde Chapare portan
banderas llamadas Wiphala, hecha de cuadrados pequeños del color del arco iris,
como las que usan las organizaciones LGTB a rayas, con los mismos colores.
Esa
bandera fue proclamada como la “segunda bandera de Bolivia” por parte del
gobierno de Evo Morales con el argumento de que representaba a los pueblos
nativos de este territorio cuando llegaron los conquistadores, algo que los
historiadores nacionales, peruanos y españoles han desmentido.
El
gobierno y los políticos peruanos consideran la presencia de esa bandera
indigenista como la prueba de la intromisión boliviana en las protestas. Se ha
visto esa bandera incluso en Lima, entre los manifestantes que incendiaban
edificios y atacaban a la policía. Por lo cual, Perú ha movilizado a sus tropas
para custodiar la frontera con Bolivia.
En medio de la
crisis se multiplican las voces que demandan la renuncia del presidente Luis
Arce o su destitución por vía de un proceso revocatorio y el adelantamiento de
las elecciones presidenciales que deberían realizarse en 2025. Este es el
objetivo principal de Evo Morales y sus partidarios el MAS, el líder cocalero aspira
a un cuarto mandato presidencial.
Por el momento
la crisis recién parece estar comenzando y su final permanece abierto. Lo
cierto es que Bolivia se suma al conjunto de países latinoamericanos donde el gobierno
populista ha fracasado estrepitosamente al desquiciar la economía mientras sus
dirigentes, sin saber cómo sacar al país de la crisis, se dedican a disputarse
descarnadamente el poder.
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