La difusión de
un informe de Amnistía Internacional referido a las tácticas militares
empleadas por las fuerzas armadas de Ucrania en la defensa de su país desata
una crisis de credibilidad sobre la independencia de la ONG Amnistía
Internacional.
Frecuentemente asistimos a intentos de instrumentar la legítima
defensa de los derechos humanos para el logro de determinados objetivos
políticos por parte de algunos gobiernos y especialmente, por ciertas oscuras
ONG globalistas.
Organizaciones globalistas como Amnistía Internacional y
Human Rights Watch tratan de difundir estándares en materia de derechos humanos
y otros temas sociopolíticos construidos sobre parámetros vigentes en ciertos
Estados de alto desarrollo económico y científico tecnológico o situaciones
políticas muy diversas y complejas que se presentan en geografías y sociedades
del mundo en desarrollo.
Las denuncias e informes de estas organizaciones en la
mayoría de los casos presentan un marcado sesgo ideológico y un carácter
condenatorio que estas ONG no tienen ningún derecho o autoridad para adjudicarse,
especialmente por la opacidad de sus patrocinadores y financistas.
Amnistía Internacional se presenta como una ONG defensora
de los derechos humanos que afirma en su página web que “desarrolla su
trabajo con independencia económica y política. Somos una organización que no
percibe subvenciones de gobierno ni donaciones de partidos políticos para
nuestro trabajo de investigación y compañías. Nuestro objetivo es preservar la
imparcialidad y libertad de acción.” Esta afirmación constituye una
absoluta falacia.
Amnistía proclama bien fuerte que no recibe fondos de
ningún gobierno, sin embargo la ONG israelí “Non Governmental Organization Monitor”,
creada en 2002 y basada en Jerusalén, que se encarga de supervisar las
actividades de las organizaciones activistas mundiales, ha publicado un informe
en el que se denuncia que: “Aunque Amnistía afirma que no acepta donaciones
de gobiernos o partidos políticos”, en 2008, los activistas recibieron una
subvención por cuatro años del Departamento de Desarrollo Internacional del
gobierno británico por más de tres millones de libras, incluyendo más de
ochocientos cuarenta mil libras solo en 2011.
Amnistía también habría recibido fondos de la Comisión
Europea, así como del gobierno de los Países Bajos, Estados Unidos y Noruega.
En 2009, Amnistía habría recibido 2,5 millones de euros de diversas entidades
gubernamentales.
Uno de sus principales sostenes económicos es la
cuestionada ONG Open Society Foundation, del polémico magnate húngaro George
Soros. La Open Society financió a Amnistía Internacional para que llevara a cabo
una campaña de apoyo a la legalización del aborto en Irlanda. Bajo el lema “Mi
cuerpo, mis derechos”, Amnistía impulsó el aborto en Irlanda, que era uno
de los pocos países europeos con políticas restrictivas en cuanto a esa
práctica violatoria de los derechos humanos de los niños por nacer.
Debido a esta financiación ilegal, la Standarsin
Publice Office Commission de Irlanda ordenó, en 2017, a Amnistía devolver
ciento sesenta mil dólares recibidos de la Open Society.
Algo similar ocurrió en Argentina, durante el proceso
legislativo para legalizar el aborto. El 16 de noviembre de 2020, mientras se
trataba esta legislación en el Congreso, Amnistía Internacional iluminó de
verde los edificios del Cabildo porteño y del ministerio de Salud para “visibilizar
el reclamo urgente de dar luz al aborto legal”. Todo en sintonía con los
propósitos de la Open Sociaty, quien suministró los fondos para llevar a cabo
la campaña.
Promover el aborto y financiar a las clínicas que lo realizan
es una forma sutil pero efectiva de controlar la natalidad, al más puro estilo
de las políticas neomalthusianas promovidas por ONG globalistas como el Club de
Roma, en la década de los setenta.
Es decir, que Amnistía Internacional no es una ONG independiente,
sino que está financiada por ciertos intereses que promueven una determinada
agenda y concretos objetivos económicos a nivel global.
Amnistía Internacional se preocupa por proteger los
derechos humanos de los terroristas mientras guarda silencio ante el asesinato
de agentes de la ley y el dolor de las víctimas de esos asesinos, apoyan a los
movimientos separatistas en Catalunya y el Sáhara marroquí, como una forma de
debilitar a los Estados nacionales soberanos, además de promover la
legalización del aborto, entre otros temas.
No resulta extraño que tanto Amnistía Internacional como
Human Rights Watch demonicen a gobernantes y países que no se someten a sus
puntos de vista sesgados ideológicamente. Para lo cual, la ONG se dedica a la
captación y el financiamiento de influyentes periodistas e intelectuales que
replican las afirmaciones y conclusiones de sus informes.
También reclutan a políticos y funcionarios relevantes para
promocionar sus causas. Según una denuncia de la ONG Centro Europeo de Derecho
y Justicia, 16 de los 100 jueces que integraron el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, entre 2009 y 2019, son antiguos funcionarios o colaboradores de ONG
globalistas: doce estuvieron vinculados a la Open Society Foundation, tres a
Amnistía Internacional y uno a Human Right Watch.
El último escándalo, que involucra a Amnistía
Internacional con la manipulación de la información para servir a oscuros
intereses en la difusión, los primeros días de agosto de 2022, de un informe
donde sostiene que Ucrania viola las leyes de guerra y pone en peligro a los
civiles al desplegar equipos militares y armas en escuelas, hospitales y áreas
residenciales.
La difusión del informe provocó una crisis interna que
culminó con la renuncia de la directora de la oficina de Amnistía Internacional
en Kiev, Oksana Pokltschuk, anunciada el sábado 6 de agosto. La renunciante
directora consideró a ese documento como “propaganda rusa” y no estuvo de
acuerdo con las apreciaciones vertidas en él.
La reacción del gobierno ucraniano ante el informe de
Amnistía no se hizo esperar. La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, acusó a
la ONG de “distorsionar la imagen real” y de no comprender la situación
sobre el terreno. La funcionaria dijo que los soldados fueron desplegados en
ciudades y áreas pobladas para defenderlos del ataque ruso.
Mientras que, Oleksii Reznikov, ministro de defensa de
Ucrania, dijo que: “cualquier intento de cuestionar el derecho de los
ucranianos a resistir el genocidio, a proteger a sus familias y hogares… es una
perversión”.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por su
parte, acusó a la ONG de excusar al “Estado terrorista” de Rusia y de poner
a un mismo nivel a la “victima y el agresor”.
No obstante, las protestas del gobierno ucraniano,
Amnistía Internacional ha ratificado que mantiene sus afirmaciones y no tiene
intenciones de retractarse de las conclusiones de su informe. “Las conclusiones
de nuestro comunicado de prensa, que documentan las violaciones del derecho
internacional humanitario por parte del Ejército ucraniano, se basan en las
pruebas recogidas durante diversas investigaciones sobre el terreno”,
afirmaron los voceros de la ONG globalista.
Resulta evidente que al menos en este caso los
compromisos de Amnistía Internacional con sus patrocinadores son más
importantes que la verdad y que los heroicos esfuerzos del pueblo ucraniano por
defender su soberanía
Para estas ONG que patrocinan espurios intereses
globales, el mundo parece dividirse en dos categorías, quienes se ajustan a sus
singulares parámetros en materia de derechos humanos y quienes no, sin atender
a las diversidades políticas y sociales imperantes en cada país o en cada
conflicto.
Todos estos antecedentes hacen evidente que para Amnistía
Internacional y quienes financian sus actividades los derechos humanos son un
gran negocio para promocionar sus intereses, maximizar sus fabulosas ganancias
especulativas y atacar a quienes estiman los puedan obstruir.
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